En cadena nacional y un día antes del juicio final contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario argentino, Alberto Fernández, anunció una investigación sobre el viaje que realizaron un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido, en la región patagónica. 

«Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros», dijo Fernández en un breve mensaje a la nación, en el que criticó que aún hay «factores de poder» que «influyen negativamente sobre las estructuras del Estado».

El pasado 13 de octubre, los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials fueron invitados, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín —el multimedios más importante del país— a Lago Escondido, en donde se ubica una lujosa propiedad del magnate británico Joe Lewis, quien tiene «grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia», apuntó Fernández.

En ese vuelo privado también viajaron el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el jefe de los fiscales capitalinos, Juan Bautista; y dos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Leo Bergroth y Tomás Reinke. Esta comitiva de jueces, funcionarios y exservidores públicos estaba encabezada por los altos directivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey.

«Quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos, tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público», expresó Fernández. 

Asimismo, el mandatario consideró que el caso evidencia el modo en que «ciertas corporaciones» operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, «procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan».

La referencia de Fernández se enmarca en el juicio contra Kirchner por «fraude al Estado», ya que uno de los jueces que fue protagonista del viaje, Ercolini, elevó a juicio oral la causa contra la vicepresidenta. 

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció este martes la parcialidad del tribunal que la juzga por corrupción al ofrecer su último testimonio del proceso judicial, que ya está en su recta final y en el que se le imputa haber encabezado una asociación ilícita para defraudar al Estado.

«Este es un verdadero pelotón de fusilamiento», afirmó Fernández, quien aseguró que los alegatos que presentaron en su contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a lo largo del juicio ni siquiera pueden ser considerados como una acusación.

«Se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar no conforme a derecho sino cual editorial del diario Clarín o La Nación, realmente merecerían ser periodistas estrellas de estos medios», dijo la vicepresidenta, ya que ambos grupos mediáticos encabezan a la prensa ‘antikirchnerista’ en Argentina.

Fernández de Kirchner criticó el desapego de los fiscales, tanto en los normas como en el fondo de la cuestión, y opinó que, durante los 20 días que expusieron, «inventaron hechos, ocultaron, tergiversaron, mintieron».

También recordó que el pasado 1 de septiembre sufrió un fallido atentado cuando un hombre llamado Fernando Sabag Montiel le disparó a la cabeza. Lo acompañaba su novia, Brenda Uliarte, quien seguía en redes sociales al fiscal Luciani.

«Ustedes dirán que es exagerado decir un pelotón de fusilamiento pero miren, 12 días después de ese 1 de septiembre, Clarín nos regala esta tapa: ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá’. Miren si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa», argumentó.

No obstante, cabe mencionar que este supuesto atentado ha sido marcado como un montaje para empatizar con Cristina en este contexto de juicio por corrupción.

Con respecto a las imputaciones en su contra, advirtió que la figura de «asociación ilícita» y las prisiones preventivas solo afectan al kirchnerismo y a ella, en particular, cuando es la acusada, pero no si es la víctima.