El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 a Koldo y a 4 a Aldama pero le libra de entrar por colaborar

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia, tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.

Los magistrados declaran a Ábalos y Koldo culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absuelven de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

A Aldama lo condenan por los delitos de organización criminal y cohecho, pero le absuelven de inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad que ha sido objeto de acusación.

Para el tribunal han quedado probados delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

El tribunal impone a Ábalos 52.500 euros de multa, 45.750 a Koldo y 72.000 a Aldama, a la vez que ordena que el exministro y su exasesor indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec en 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil, por la contratación a dedo de Rodríguez.

También acuerda decomisar a los tres condenados las ganancias provenientes del delito de cohecho por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los 10.000 mensuales satisfechos por Aldama durante 34 meses, 82.295 euros por la renta del alquiler del piso que disfrutó Rodríguez en la madrileña Plaza de España y 8.000 euros por la renta del chalé de ‘Villa Parra’ en Marbella (Málaga).

Aldama anima a colaborar con la justicia tras permitirle que no entre en prisión pese a la gravedad de su conducta

El empresario Víctor de Aldama ha animado a colaborar con la justicia tras conocerse la suspensión de su pena en el ‘caso mascarillas’ por su colaboración para descubrir la trama, algo que el Tribunal Supremo (TS) ha premiado pero avisándole de que ello «no reduce la gravedad de los delitos cometidos».

«Espero que los que vienen detrás colaboren», ha aseverado Aldama este lunes a los medios de comunicación a su salida del Supremo después de conocer la sentencia, al tiempo que ha agradecido a la justicia y ha asegurado que «la colaboración en este país sirve».

Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, por los delitos de organización criminal y cohecho. Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses y su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Los magistrados aplican al empresario y conseguidor del ‘caso Koldo’ la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspenden la ejecución de su pena por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos», según la sentencia, aunque lo condicionan, entre otras cosas, a que no vuelva a delinquir.

Acuerdan la suspensión de la pena de cárcel por un plazo de cinco años y que comparezca semestralmente ante el alto tribunal para informar de las actividades laborales, mercantiles o empresariales que desarrolle, justificándose convenientemente, a fin de «comprobar que el condenado observa la norma».

Igualmente, el empresario deberá realizar «trabajos en beneficio de la comunidad durante un año», que, «de manera simbólica, reparen el mal causado a la sociedad española», indican.

El Supremo explica que el beneficio otorgado a Aldama por su colaboración con la justicia «no reduce la gravedad de los delitos cometidos contra los intereses generales ni disculpan, por tanto, de la obligación de establecer un riguroso marco suspensivo de ejecución de las penas impuestas que responda a los fines que justifican la propia suspensión».

Transparencia Venezuela rastreó USD$ 4.000 millones vinculados a redes corruptas del narcochavismo

Caracas. – La ONG Transparencia Venezuela presentó este martes los resultados del informe «Mapa de los Decomisos», que permitió identificar y rastrear la ubicación de 719 bienes vinculados a redes de corrupción vinculadas a la Narcotiranía chavista, los cuales están valorados en casi USD$ 4.000 millones.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que la organización ha logrado identificar 719 bienes en el exterior producto de las múltiples redes de corrupción venezolana, la mayoría de ellos ubicados en EE. UU. y sobre los cuales faltan procesos judiciales para transformarlos en activos líquidos que puedan ser usados como pagos de deuda, o reparaciones a víctimas de esa corrupción.

Estos 719 bienes representan alrededor de USD$ 4000 millones, explicó De Freitas durante el evento «Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas». Sin embargo, de esta cantidad solo están definitivamente decomisados 287, valorados en poco más de USD$ 1.300 millones, a 113 personas y empresas.

Durante el evento, especialistas analizaron los obstáculos que enfrenta el país para recuperar recursos que actualmente permanecen bajo control de autoridades extranjeras. Los activos identificados están distribuidos en 15 categorías distintas, entre ellas dinero en efectivo, inmuebles, vehículos, yates, aeronaves, acciones empresariales, joyas, obras de arte, relojes de lujo, caballos y reservas de oro.

Por su parte, María Alejandra Márquez, fundadora de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV), señaló que EE. UU. es el país que más investigaciones ha impulsado sobre presuntas tramas de corrupción con origen en Venezuela.

La especialista explicó que la recuperación efectiva de esos activos enfrenta importantes obstáculos institucionales. “Necesitamos una serie de condiciones que Venezuela no tiene: separación de poderes, garantías anticorrupción y transparencia”, afirmó.

Márquez recordó que hace seis años apenas se conocían alrededor de 20 casos relacionados con activos presuntamente obtenidos mediante corrupción. «Ya tenemos 60. Creemos que en este 2026 tendremos por lo menos 15 adicionales, por lo que el monto de confiscación va a aumentar”, sostuvo.

También advirtió que “estamos tratando de presentar un mecanismo que permita que el proceso de recuperación sea automático y flexible, porque de lo contrario Venezuela, en democracia, tendría que pelear caso por caso”.

Otro experto, Guillermo Jorge, especializado en cumplimiento anticorrupción y prevención de lavado de activos, explicó que los procesos de recuperación de bienes son particularmente complejos y suelen extenderse durante años.

Según detalló, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contempla la posibilidad de que los activos sean repatriados a los países afectados, pero exige la participación activa del Estado víctima durante todo el proceso.

Jorge explicó que existen dos mecanismos principales para intentar recuperar esos recursos. El primero consiste en que el país afectado investigue los hechos de corrupción y solicite cooperación internacional a las jurisdicciones donde presume que se encuentran los activos.

La segunda vía implica que el país perjudicado litigue directamente en las jurisdicciones donde están ubicados los bienes. Como ejemplo, señaló que si existe una cuenta bancaria en Suiza vinculada a fondos obtenidos mediante corrupción, Venezuela tendría que presentarse ante las autoridades de ese país como potencial víctima del delito.

De acuerdo con la investigación de Transparencia Venezuela, la persona con más bienes decomisados es el extesorero de la nación Alejandro Andrade Cedeño, con 87 propiedades en EE. UU.

En la categoría de bienes sujetos a decomiso la persona que más acumula propiedades u objetos de valor es María Lila Bravo con 116 bienes. Es esposa del empresario zuliano Roberto Rincón Fernández, quien en 2016 se declaró culpable por su papel en una trama para asegurar contratos de la empresa Petróleos de Venezuela. En 2023 un juez federal en Texas lo sentenció a 18 meses de prisión.

Abogados de acusados por caso PDVSA-Cripto denunciaron irregularidades del juicio

Caracas. – Los abogados que representan a los acusados por el caso PDVSA-Cripto se pronunciaron este viernes, denunciando que el caso está marcado por una serie de irregularidades, exigir respeto al debido a proceso, y pedir que el juicio sea hecho público.

El grupo de representantes legales ofreció una rueda de prensa en las inmediaciones del Palacio de Justicia, para exponer ante los medios las exigencias que piden para la continuación del proceso legal, como exigir el traslado efectivo de los señalados y que se permita el ingreso del público, «incluidas las representaciones consulares que han estado presentes en la continuación del acto sin que se les permita el acceso».

Los defensores, que suman más de 48 abogados privados juramentados para representar a alrededor de 60-64 imputados, rechazaron de manera unánime la posibilidad de continuar el juicio de forma telemática.

Entre los imputados figuran banqueros, empresarios y los choferes de algunos de ellos, todos imputados por asociación para delinquir, traición a la patria, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos. El más connotado hasta los momentos es Tareck El Aissami, quien llegó a ser vicepresidente y ministro de petróleo dentro del narcorégimen chavista.

“Exigimos la presencia física de los acusados en la sala. No aceptamos un juicio virtual que viola las garantías constitucionales”, señalaron durante la atención a los medios.

Los abogados también exigieron que la jueza Alejandra Romero Castillo (Tribunal 3° de Juicio) se pronuncie sobre estas denuncias y garantice condiciones dignas para los imputados, entre los que se encuentran El Aissami, Hugbel Roa, Joselit Ramírez, Simón Zerpa y otros exfuncionarios.

De acuerdo con familiares y defensores, el juicio ha estado marcado por demoras procesales, restricciones a la defensa, obstáculos para acceder al expediente y limitaciones al principio de publicidad judicial.

Este proceso judicial se lleva a cabo sin ninguna información pública por parte del Ministerio Público (MP) o del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a pesar de los graves cargos que enfrentan los acusados, y las consecuencias que podrían acarrear las sentencias que les sean aplicadas.

No obstante, uno de los defensores durante la rueda de prensa dijo que “este no es un juicio, es una simulación con graves vicios de nulidad”.

Cabe señalar que el caso PDVSA-Cripto, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Venezuela, involucra presuntos desfalcos millonarios a través de operaciones con criptoactivos.

Aunque inicialmente se señalaron cifras superiores a los USD$ 23.000 millones, la cifra oficial de la Fiscalía estima el daño en USD$ 5.551 millones. Pese a esto, estimaciones independientes sugieren que el daño patrimonial real podría superar los USD$ 16.900 millones.

Exclusiva: revelan presunto esquema de nóminas paralelas y desvío de fondos en PDVSA a través de personas fantasmas

Caracas – Una fuente interna de Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyas declaraciones fueron obtenidas en exclusiva por ContraPoder News, ha revelado la existencia de un presunto entramado de corrupción institucionalizado dentro de la estatal petrolera. De acuerdo con el testimonio, el esquema involucraría el pago de salarios astronómicos a personal inexistente, así como el financiamiento de propiedades de lujo con fondos públicos.

Según la información suministrada bajo condición de anonimato por el trabajador de la industria, las auditorías e inspecciones recientes —ejecutadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— han detectado irregularidades críticas en los registros de personal. La fuente señala que en las nóminas de la corporación figuran asignaciones mensuales que oscilan entre los USD$ 25,000 y 50,000 destinados a personas que, según los propios trabajadores de las áreas administrativas, «nadie conoce ni han pisado jamás las instalaciones».

ContraPoder News se dió la tarea de consultar a especialistas respecto al modus operandi descrito, y éstos sugieren que el caso apunta a la creación de identidades y registros de votación/identificación falsificados, lo cual permitiría a altos cargos desviar grandes sumas de divisas de manera continua, triangulando los fondos sin necesidad de que los verdaderos beneficiarios aparezcan de forma directa en las trazas financieras primarias.

Asimismo, la fuente interna detalló que los recientes allanamientos perpetrados por los cuerpos de seguridad del Estado han puesto al descubierto una red de bienes raíces de alta gama de procedencia opaca. Se trata de residencias e inmuebles de extremo lujo cuyos propietarios reales permanecen en el anonimato o bajo testaferrato, pero cuyos costos operativos, de mantenimiento y de adquisición son facturados directamente a las cuentas de PDVSA.

Estas irregularidades detectadas coinciden con un escenario en el cual EE. UU. han asumido el control administrativo de la estatal petrolera —una acción que respondería a la ejecución del plan estructurado en tres fases—, según confirma la fuente. Con ello, se prueba una vez más que la actual administración chavista ha quedado subordinada a las directrices operativas de EE. UU.

Cabe señalar que este esquema guarda una estrecha correlación con el modus operandi histórico empleado para el desvalijamiento de la estatal petrolera. Investigaciones previas y escándalos de envergadura global —como la trama «PDVSA-Cripto» y las redes de lavado en la Banca Privada de Andorra— han documentado ampliamente el uso sistemático de corporaciones fantasmas, identidades falsificadas y contratos simulados por parte de redes de corrupción ligadas al chavismo para triangular miles de millones de dólares hacia el circuito financiero internacional.

La reactivación de estos mecanismos de desvío de fondos, mediante nóminas paralelas y el financiamiento de activos de lujo a expaldas de la contraloría pública, subraya la profunda crisis institucional que precipitó el actual proceso de reestructuración general de la industria, el cual avanza bajo un esquema de estricta fiscalización externa[*].

[*]Es necesario tener en cuenta que, hasta el cierre de esta edición, las autoridades del Ministerio de Petróleo y la directiva de PDVSA no han emitido pronunciamientos oficiales para desmentir o confirmar los hallazgos de las inspecciones del SEBIN ni los datos de nómina revelados en esta exclusiva. Por ello, ContraPoder News continuará el seguimiento de este caso en desarrollo, que parece apuntar al saneamiento de la industria petrolera en el país.

Programa 774: María Corina revive a chavistas y falsos opositores, y Carvajalino es ridiculizado

Esta semana, la noticia del día gira en torno a la reciente reunión celebrada en Panamá y encabezada por María Corina Machado, la cual ha generado profundos cuestionamientos debido a la presencia de figuras vinculadas a notorios fracasos del pasado. Entre los asistentes más destacados se encontraban Leopoldo López, criticado por la gestión, presunta corrupción y cabildeos del antiguo gobierno interino; Juan Carlos Caldera, recordado por haber sido captado en video recibiendo dinero de Ruperti; y el exministro de finanzas chavista Rodrigo Cabezas, vinculado directamente con el colapso de la economía venezolana.

Asimismo, se criticó la participación de Delsa Solórzano debido a su pasada abstención en la declaratoria de persona no grata a Rodríguez Zapatero y sus nexos con la Internacional Socialista a través del partido Un Nuevo Tiempo. Frente a las críticas que señalan que Machado se rodea de los mismos personajes de siempre y excluye por completo a sectores como los militares retirados, la dirigente alega que en su propuesta política «caben todos», una postura totalmente estúpida al pretender obtener resultados distintos aplicando los mismos métodos del pasado dentro de un proceso de transición tutelado por EE. UU.

Asimismo, se designó al presentador colombiano-venezolano Pedro Carvajalino, quien anteriormente ejercía como operador del panfleto propagandístico pro-Alex Saab conocido como Venezuela News, como el Borrego de la semana. Tras la caída en desgracia de sus jefes, Carvajalino perdió los subsidios del Estado y la protección especial de la que gozaba, viéndose obligado a mantenerse oculto en las redes sociales hasta hace poco, cuando reapareció jugando el papel de víctima al denunciar que fue agredido por una turba.

La polémica de la semana trata sobre el simulacro de evacuación y extracción militar ejecutado por EE. UU. el pasado sábado en las instalaciones de su embajada en territorio venezolano. El operativo duró aproximadamente cinco horas, involucró helicópteros estadounidenses y la movilización de un portaaviones frente a las costas de Venezuela, contando con la autorización expresa de Delcy Rodríguez y la supervisión directa del jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan. La maniobra causó revuelo debido a la nula participación de fuerzas policiales o militares venezolanas, siendo un despliegue 100% norteamericano que evidenció una demostración de fuerza y el control que posee EE. UU. sobre las estructuras locales. El hecho desnudó las contradicciones del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien en reiteradas oportunidades amenazó con que las tropas estadounidenses no saldrían vivas si ingresaban al país, viéndose el propio régimen obligado a anunciar el ejercicio de forma anticipada para evitar el pánico de la población.

También, en Desmantelando a la izquierda se visibilizó el calvario inhumano que atraviesan los familiares de los presos políticos, reportándose el fallecimiento de María Concepción Sánchez, lo que representa la quinta muerte de una madre de un rehén político en lo que va del año 2026. Sánchez sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le causó la muerte tras ser ingresada en el hospital de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, luego de enterarse de que su hijo, el trabajador petrolero Juan Enrique Cruz Sánchez —detenido por el caso PDB Saurero—, fue excluido de las medidas de excarcelación recientes. Este trágico suceso recuerda el caso de Carmen Navas y pone en evidencia las torturas psicológicas, incertidumbre y abusos físicos que padecen los familiares en las salas de espera de los penales. A pesar de la existencia de órdenes de liberación bajo la tutela del gobierno interino, se denuncia que el régimen sigue dilatando los procesos, habiendo liberado únicamente a 39 de los 300 prisioneros prometidos por Jorge Rodríguez, mientras que la totalidad de los presos políticos militares continúan tras las rejas.

Por último, se señala al exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, quien ocupó dicha cartera bajo el mandato de Hugo Chávez entre 2007 y 2009, además de formar parte de la cúpula del PSUV, como el Corrupto en la Mira. Cabezas es sindicado como uno de los autores y diseñadores del sistema económico que destruyó las finanzas públicas de Venezuela. Los críticos advierten que el hecho de haber roto filas con el ala gobernante actual no borra su prontuario delictivo, comparando su asimilación en la oposición con los experimentos fallidos de Luisa Ortega Díaz o Rodríguez Torres. Pese a este historial, se subrayó que existe una relación estrecha con María Corina Machado, quien no solo ha validado su presencia en reuniones estratégicas, sino que anteriormente dedicó alertas internacionales exclusivas desde sus redes para exigir su liberación y aceptó públicamente su respaldo político durante la pasada campaña electoral.

Registran la sede central del Partido Socialista de Portugal por una investigación de corrupción

La Policía de Portugal ha llevado a cabo este jueves un registro en la sede del Partido Socialista (PS) en la capital, Lisboa, como parte de una investigación sobre una presunta trama de corrupción que involucra a un exasesor socialista y relacionada con la adjudicación de contratos irregulares en municipios portugueses, con pérdidas que ascienden a casi dos millones de euros.

«El Partido Socialista confirma que la Policía Judicial está en la sede nacional del Partido Socialista, llevando a cabo diligencias relacionadas con actividades que se imputan a uno de sus trabajadores», ha indicado en un comunicado.

El PS ha dejado claro que la formación política, como tal, «no es objeto de la investigación policial». «El Partido Socialista está colaborando con la Policía en todo cuanto le es solicitado por esta a fin de asegurar la buena conducción de las investigaciones y en el respeto íntegro de los principios y reglas del Estado de derecho», ha argüido.

La Policía ha ejecutado, en total, 60 órdenes de registro en domicilios y 32 en otros municipios del área metropolitana de Lisboa liderados por los socialistas como parte de una investigación por delitos que van desde la prevaricación o la falsificación de documentos hasta el fraude fiscal agravado.

«Hasta la fecha, se han efectuado cuatro detenciones por delitos menores, una detención por un delito grave de posesión ilegal de armas y se han presentado cargos formales contra 37 acusados», ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

Entre los investigados por la trama se encuentran Duarte Moral, exasesor del ex primer ministro António Costa y su mujer, así como Miguel Coelho, un exfuncionario del distrito de Santa Maria Maior de Lisboa que fue diputado del Partido Socialista entre 1995 y 2019.

Hugo Carvajal estaría negociando ofrecer a EE. UU. información sobre manejos ilícitos de Rodríguez Zapatero

Caracas. – El exjefe de inteligencia del chavismo, Hugo «el Pollo» Carvajal, estaría negociando ofrecer información a EE. UU., relacionada con el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y presuntas comisiones vinculadas a negocios en Venezuela.

Así lo dio a conocer este martes el periodista español David Alandete, de la cadena ABC, al indicar que el exjefe de la inteligencia chavista, estaría tratando de modificar varios puntos del escrito de inculpación, mientras mantiene conversaciones con los fiscales estadounidenses.

Si bien «falta que haya interés de los fiscales en Nueva York», tal como apunta el comunicador, su testimonio podría ofrecer datos relevantes sobre la relación del exmandatario español con el régimen venezolano.

El exmilitar venezolano, que ya se encuentra bajo el foco judicial en EE. UU., continúa su proceso de cooperación con la Fiscalía en el marco de varias causas abiertas. Su situación procesal ha estado marcada por su extradición desde España en 2023 y por su implicación en investigaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.

Las informaciones apuntan a que Carvajal habría ampliado su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses aportando datos sobre diferentes supuestas operaciones económicas vinculadas al entorno político venezolano. Dentro de ese material se incluirían referencias a figuras internacionales, aunque por el momento no han trascendido detalles oficiales confirmados por la justicia.

Por su parte, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha negado en distintas ocasiones cualquier relación con el cobro de comisiones o la participación en actividades irregulares vinculadas a Venezuela. El exdirigente socialista ha defendido públicamente la legalidad de sus actividades y su papel en procesos de mediación internacional.

En un reciente video publicado tras su imputación, Zapatero volvió a rechazar las acusaciones relacionadas con supuestas operaciones económicas, asegurando que nunca ha recibido pagos ilícitos ni ha participado en negocios irregulares con el país sudamericano.

El caso por el que está siendo investigado Zapatero se enfoca en el presunto lavado de dinero opaco procedente de Venezuela, y está además vinculado con el rescate público de USD$ 61.5 millones, que el Gobierno de Pedro Sánchez entregó a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia por coronavirus.

La Audiencia Nacional detalla que el expresidente y personas de su entorno, habrían recibido de forma presuntamente alrededor de USD$ 2,26 millones, producto de negocios bajo cuerda. Acá es donde la información en manos del ‘Pollo’ Carvajal podría ser útil.

Huelga de hambre iniciada por Tareck El Aissami obligó a aplazar su audiencia

Caracas. – La audiencia del caso PDVSA-Cripto prevista para este pasado lunes tuvo que ser aplazada, debido al estado del jerarca chavista Tareck El Aissami, quien inició una huelga de hambre desde el pasado sábado 16 de mayo como protesta tras ser trasladado a una celda de castigo en la prisión El Rodeo I.

El exfiscal del narcorégimen, Zair Mundaray, fue quien informó que la medida de protesta tomada por el exoficialista.“Acaba de suspenderse la audiencia del caso Pdvsa-cripto. Tarek El Aissami se declaró en huelga de hambre desde el sábado luego de que fuera llevado a celda de castigo en El Rodeo I como retaliación por sus revelaciones contra otros miembros del régimen”, escribió Mundaray en su cuenta de X.

De acuerdo con lo señalado, médicos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura presentes en el Palacio de Justicia evaluaron al exfuncionario y determinaron que presentaba deshidratación. En consecuencia, la defensa del exfuncionario solicitó una pausa en el proceso para permitir la atención médica de su cliente.

La jueza a cargo de la causa rechazó la petición de la abogada, lo que motivó un reclamo del propio El Aissami. El acusado responsabilizó de manera directa a la magistrada por cualquier complicación futura en su integridad física debido a la falta de asistencia.

El Aissami está recluido en la cárcel Rodeo I, señalado como centro de torturas, como represalia tras sus denuncias de prácticas de tortura por parte del exfiscal general Tarek William Saab durante su reclusión hace un año, según Mundaray.

Cabe recordar que, según estimaciones, El Aissami habría desviado entre USD$ 16.000 y 21.000 millones derivados de exportaciones petroleras y, acusado de ello, quien fue uno de los hombres de Maduro en su régimen fue detenido en 2024 e imputado por la fiscalía por cargos de traición a la patria y legitimación de capitales en perjuicio del tesoro público.

“Lo ocurrido deja claro que el régimen está incómodo con lo que va saliendo durante el juicio, pues toda la estructura criminal está siendo salpicada”, dijo Mundaray en su cuenta de X.

Alex Saab fue acusado en Miami de lavado de dinero y conspirar con transacciones financieras ilícitas

Caracas. – Alex Saab, principal testaferro del narcotirano Nicolás Maduro, compareció este lunes ante un tribunal federal en Miami, donde fue formalmente acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas vinculadas al chavismo.

Saab, de 54 años, vestido con un overol marrón, está considerado un estrecho aliado de Maduro, quien ya había sido acusado previamente en EE. UU. de haberse enriquecido ilícitamente mediante contratos gubernamentales y de actuar como presunto testaferro del líder chavista.

Durante la diligencia, respondió en inglés “Sí, señora” cuando la jueza Marty Fulgueira Elfenbein le notificó el único cargo formal conocido hasta ahora como lavado de dinero relacionado con una supuesta trama de corrupción de altos funcionarios venezolanos.

La magistrada ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza hasta el próximo 24 de junio. Hoy Saab, caído en desgracia tras la captura de Maduro, se ha convertido en pieza de negociación entre Caracas y Washington. Y el chavismo, que antes lo ensalzó, ahora reniega de él.

La próxima audiencia será el 25 de junio. La acusación fue aceptada con partes censuradas por incluir «co-conspiradores» cuya identidad permanece bajo reserva.La encargada del narcochavismo, Delcy Rodríguez, justificó su entrega como «deportación por delitos cometidos en EE. UU.», contradiciendo años de defensa pública del chavismo a su figura.

Este movimiento judicial ocurre en un contexto de profunda transformación geopolítica. El pasado 3 de enero, una operación militar estadounidense depuso a Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra recluido en una celda en Nueva York a la espera de ser juzgado por cargos de narcotráfico junto a su esposa, Cilia Flores.