Los nexos con el «bolichico» Alejandro Betancourt le costaron el cargo a Mauricio Claver-Carone

Caracas. – Las relaciones con el empresario venezolano acusado de corrupción, Alejandro Betancourt, y el haberlo empleado para acercarse al narcorégimen interino de Delcy Rodríguez, le costó el cargo a Mauricio Claver-Carone, el influyente asesor informal de la administración Trump para el caso Venezuela, cuya salida del Gobierno estadounidense se conoció este pasado viernes.

La agencia de noticias Reuters, la cual fue una de las primeras en revelar el despido de Claver-Carone, citó fuentes con conocimiento directo sobre el tema. Según los datos recabados, el exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejercía sus funciones en calidad de ciudadano particular, sin un cargo formal en el gobierno estadounidense.

De hecho, en una entrevista con la citada agencia de noticias, el operador petrolero de EE. UU. en Venezuela, reconoció en una entrevista con Reuters, que el “bolichico” Alejandro Betancourt, primo de Leopoldo López y acusado de uno de los mayores desfalcos de la historia de Venezuela a través de contratos fraudulentos en el sector energético, funge como enlace entre el régimen de Delcy Rodríguez y el tutelaje estadounidense.

Al ser consultado por reporteros del servicio informativo de Reino Unido, en una entrevista, sobre algunas relaciones demasiado estrechas con algunos operadores políticos venezolanos, Claver-Carone admitió que, en el marco de las operaciones petroleras entre EE. UU. y la tiranía chavista, “Betancourt ha sido de utilidad porque entiende bien el negocio petrolero en Venezuela” y ayudó a entablar puentes entre las partes.

Las conversaciones entre bastidores de Claver-Carone, quien se desempeñó ‌brevemente como enviado especial de Trump para América Latina al comienzo ⁠de su segundo mandato, llegaron a caracterizar el enfoque de Washington hacia la Venezuela post-Maduro.

Claver-Carone fue ⁠clave para que la firma estadounidense Centerview se adjudicara un contrato —por valor de más de USD$ 150 millones y sin licitación pública— para reestructurar la deuda venezolana, que asciende a unos 200.000 millones de dólares.

También ayudó a organizar las conversaciones entre el gobierno venezolano y miembros de la oposición, previstas para el 1 de agosto, e intervino en acuerdos petroleros, incluidos algunos casos en los que se adjudicaron a empresas ​yacimientos ​potencialmente lucrativos, según ocho fuentes.

Reportaba al secretario de Estado Marco Rubio, quien dirige la política hacia Venezuela. Aunque carecía de cargo formal, Claver-Carone se convirtió en una de las figuras más influyentes de Washington en asuntos venezolanos desde la incursión estadounidense del 3 de enero, en la que fuerzas de EE. UU. capturaron al presidente Nicolás Maduro.

Claver-Carone afirmó que su salida fue voluntaria. Varias fuentes cercanas al asunto aseguraron, sin embargo, que autoridades lo forzaron a abandonar el rol en las últimas semanas.

Exdiputado de ilegítima AN 2015 confiesa que parlamentarios «opositores» cobraban USD$ 2.130 hasta 2025

Caracas. – Uno de los exdiputados electos en la ya extinta e ilegítima Asamblea Nacional (AN) de 2015, Armando Armas, confesó este pasado lunes que el sueldo cobrado por los parlamentarios de esa instancia política, hasta el 2025 —aun cuando ya no legislaban— era de USD$ 2.130 mensuales.

Armas reveló la cifra en una entrevista que concedió al programa Republik, difundido en la plataforma Youtube, a cargo del creador de contenido Augusto Navarro y Melanio Escobar.

En la conversación, Armas reveló la cifra explicando que para su cobro empleaban la herramienta ofrecida por la web Airtm, la cual les permitía acceder a las divisas de manera digital, con lo cual los parlamentarios de 2015 lograban evadir las limitaciones impuestas por las sanciones.

En la entrevista, Armas admitió que la mención de esa cifra en dólares pueda generar reacciones adversa, en la población de un país golpeado por el hambre, la miseria y las fallidas políticas económicas impuestas por la Narcotiranía chavista.

También, admitió que hablar de esa cifra podría generar críticas, debido a que se trata de una población sometida a un salario mínimo que no llega ni siquiera a un dólar, y en la cual los promedios de los sueldos son de entre cinco a 30 dólares en algunos casos.

No obstante, admitió que estos pagos se hicieron hasta el año pasado, es decir, continuaron cobrando cinco años después de que esa AN quedara anulada legalmente después de 2020.

Según Armas, los parlamentarios de 2015 presuntamente acordaron este año que ya no continuarían devengando ese salario, por lo que en los meses transcurridos de 2026, aparentemente, ningún diputado «opositor» ha cobrado ese salario.

También, el exdiputado argumentó que sus colegas parlamentarios tenían derecho a continuar devengado ese sueldo, porque aunque se considerara que «los políticos lo que hacen es hablar paja», asumían un costo de exponer su reputación en un país polarizado políticamente, con consecuencias impredecibles para quienes decidieran ejercer la política en ese contexto.

La acusación popular se opone a que Begoña Gómez pueda salir de España por «fundado riesgo de fuga»

La acusación popular ha mostrado su «oposición definitiva y total» a que el juez Juan Carlos Peinado, que ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda autorizarle salir de España, como ella le ha solicitado, porque consideran que existe un «fundado riesgo de fuga».

Así lo han comunicado las acusación popular unificada, liderada por Hazte Oír, en un escrito en el que piden a Peinado que rechace la solicitud de Gómez de permitirle desplazarse a Ankara (Turquía) y Londres (Reino Unido).

A ojos de la acusación popular, la «concatenación de desplazamientos no hace sino ampliar el período de exposición al riesgo de sustracción a la acción de la justicia, dificultando extraordinariamente cualquier mecanismo de supervisión».

Ante ello, recuerda que el magistrado acordó el pasado 20 de junio la retirada del pasaporte de Gómez en el marco de su investigación contra ella. Tras ello, la esposa del presidente solicitó que a Peinado que le deje viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara y a Londres para la graduación de su hija.

«Tales medidas obedecen a la existencia de indicios racionales de criminalidad y a un fundado riesgo de fuga, de suerte que lo ahora pretendido de contrario no es sino el alzamiento parcial y temporal de una medida cautelar vigente, lo que reclama un escrutinio especialmente riguroso», señala, en referencia a la retirada de su pasaporte.

En este sentido, incide en que el destino elegido, esto es, la República de Turquía, «agrava de manera particular ese riesgo», al ser «un Estado ajeno a la Unión Europea, no vinculado por el sistema de la orden europea de detención y entrega y respecto del cual los mecanismos de extradición resultan notoriamente más lentos, inciertos y sujetos a condicionamientos de oportunidad política».

Y añade: «La eventual sustracción de la investigada en tal territorio situaría su recuperación para el proceso en una situación de grave dificultad, cuando no de práctica imposibilidad».

Con respecto a la autorización para acudir a la graduación de su hija en Londres, la acusación afirma que dicho evento, «por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad cuando la investigada se halla formalmente procesada y pendiente de enjuiciamiento».

Asimismo, remarca que la cooperación internacional entre España y Reino Unido tras el ‘Brexit’ «ha experimentado una merma significativa respecto al régimen anterior de la euroorden».

Y enfatiza que Gómez se enfrenta a hasta 24 años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. «A mayor gravedad de la condena potencial, mayor es el incentivo para la huida, y mayor el daño irreparable para el proceso penal en caso de que esta se produzca», razona.

Y por último, la acusación popular arguye que «no consta en el escrito presentado por la representación de la investigada acreditación documental alguna de que el acto de graduación invocado vaya efectivamente a celebrarse en Londres en las fechas indicadas».

A su juicio, «la mera afirmación de la parte no constituye, por sí sola, acreditación suficiente a los efectos de justificar el alzamiento, siquiera temporal, de una medida cautelar de la gravedad de la prohibición de salida del territorio nacional».

«En consecuencia, la solicitud carece, en este punto, de la mínima base documental exigible, lo que constituye un motivo autónomo y adicional para su desestimación», concluye.

Para el caso de autorizarse, la acusación popular solicita subsidiariamente que «se supedite al cumplimiento de las condiciones informativas y de reintegro del pasaporte», documentándose los datos del viaje «en pieza separada de carácter reservado durante el desarrollo del desplazamiento, con su ulterior incorporación a la causa una vez producido el regreso».

El PP solicita al juez la imputación de la directora de la Guardia Civil en el ‘caso Leire Díez’

El PP, que lidera la acusación popular en el ‘caso Leire Díez’, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa que llame como imputada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Así consta en un escrito en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo realiza esa petición al juez Santiago Pedraz en nombre de las acusaciones populares del caso, en el que se investigan presuntas maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Los ‘populares’ también piden que cite como imputados al anterior director general, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

A su juicio, que los tres puedan ser llamados como testigos es «incompatible con el contenido material de los indicios que pesan» sobre los tres y supondría «un fraude procesal en perjuicio del derecho de defensa y del propio principio de igualdad de armas, en la medida en que les impone la obligación de declarar bajo juramento, con riesgo de incurrir en falso testimonio».

Y encajan los hechos de modo «indiciario» en presuntos delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, revelación de secretos por funcionario público, y pertenencia o cooperación con organización criminal.

Esta petición se produce un día después de la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la ‘comisión Koldo’ del Senado, donde defendió el «buen hacer» de Mercedes González y rechazó haber mentido o dado versiones contradictorias sobre los contactos entre Leire Díez y la jefa de la Guardia Civil.

Feijóo dice que «el PSOE tiene el mismo número de imputados que de diputados»

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este lunes en Murcia, durante la Junta Directiva regional del partido, «el momento clave de nuestra historia democrática» con «el peor gobierno de nuestra historia desde el punto de vista de gestión, de la corrupción y de la decencia de las cosas públicas», ya que, con las imputaciones conocidas este lunes «el ‘sanchismo’ ya tiene los mismos imputados que diputados: 121 imputados, 121 diputados».

Por tanto, ha insistido, «estamos ante el peor gobierno de nuestra historia desde la óptica de los valores democráticos, un gobierno que no gobierna, que no ha tenido presupuestos durante toda la legislatura y que no son capaces de solucionar los problemas de los españoles, que cada día pagan más impuestos, tienen más deuda pública y los servicios públicos funcionan peor cada día».

Núñez Feijóo no entiende que el Gobierno no contemple no seguir cuando Pedro Sánchez es el presidente con «más sospechas de corrupción de nuestra historia: 16 sumarios y 20 tipos delictivos y peticiones a esos tipos delictivos que están en los sumarios, de acuerdo con el Código Penal, de 2.300 años de prisión si sumamos todos».

Este mismo lunes, ha recordado, han imputado a la presidente de la SEPI y a 24 personas más, «por tanto es oficial, el ‘sanchismo’ tiene los mismos imputados que diputados: 121 imputados, 121 diputados», ha reiterado.

Es más, ya hay dos sentencias: «una de 24 años a la mano derecha de Sánchez y otra a aquel que guardó celosamente los avales, que dormía con ellos, esos dos ya están condenados, además del Fiscal General del Estado. Sólo con esas dos sentencias, cualquier presidente del Gobierno hubiese dimitido».

Pero no cree que presente la dimisión y convoque elecciones, por lo que «no nos vamos a cansar de pedir elecciones, porque es fundamental para devolver la ética a la vida pública, la decencia a los cargos del país que pidieron el voto para un gobierno limpio y empezaron a robar el primer mes». Esto, ha advertido, «no es una crítica, es una crónica».

A esto hay que añadir al ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, «imaginaros cómo de culpable debe ser para que su defensa se base en anular las pruebas, no en contradecir los hechos».

«Zapatero ha pasado del faro moral a la fosa moral del ‘sanchismo’, la joya de la corona, el señor Zapatero se ha desvanecido», ha señalado el presidente del PP, quien ha añadido que «tenemos al Gobierno que menos respeta la voluntad de los españoles, ya que la legitimidad de un responsable público se la dan los votos y se la ratifica la Cámara, pero el señor Sánchez perdió las elecciones generales en el 2023, no tenía por tanto la legitimidad electoral como primera fuerza política».

«Pero la Cámara le dio cuatro diputados más que a nosotros y le nombró presidente del Gobierno. Ahora esa misma Cámara le acaba de pedir, por mayoría absoluta, su dimisión como presidente del Gobierno y él se ríe de la Cámara», ha lamentado.

A su juicio, «Sánchez resiste porque tiene miedo, porque es el único que sabe todo lo que ha hecho» y «cuando uno está tranquilo no tiene miedo, si a uno le imputan hechos falsos y le difaman, está tranquilo si lo que se le imputan es falso», pero considera que Sánchez no lo está.

Para el presidente del PP, Sánchez esta legislatura «consiguió una mayoría en la investidura, pero nunca tuvo mayoría para gobernar». Ha defendido que España «necesita que le devuelvan la voz, que pase página, un gobierno honrado y preparado para hacer frente a los desafíos de nuestro país».

«A Sánchez no le queda tiempo por el día para pensar en los problemas de los españoles después de no poder dormir por la noche pensando en los suyos», ha reiterado.

El juez imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la pieza de presuntos amaños del ‘caso Leire’

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas en la pieza del ‘caso Leire Díez’ sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

Así consta en una providencia en la que el magistrado citará próximamente como investigados a directivos de empresas y dirigentes de SEPI al hallar «indicios de criminalidad», tales como el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el fundador de Forestalia, Fernando Samper, entre otros.

De esta manera, Pedraz accede a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de citar como investigadas a 25 personas, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

En dicho documento, las fiscales apuntan a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández —ya imputado— compartió en el grupo ‘Hirurok’ un archivo en el que «consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos» sobre el rescate de la empresa Tubos Reunidos, «haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria».

Además, señala que también constaba «el compromiso» de Gualda con Francisco Irazusta, el entonces CEO de Tubos Reunidos, empresa vasca de la que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 112,8 millones de euros que recibió.

Según el relato del Ministerio Público, el directivo de la SEPI Miguel Ángel Figueroa informó a Vicente Fernández de que «BG —siglas utilizadas para referirse a la presidenta Belén Gualda— tenía la intención de ‘sacar’ operaciones», como la «correspondiente a Tubos Reunidos».

Y añaden que Figueroa, que también ha sido citado como investigado, mandó un documento que «contemplaba la estimación de la solicitud de apoyo financiero público temporal presentada por Tubos Reunidos» y que contaba con «la aprobación» de Gualda.

Asimismo, exponen que, según consta en la documentación aportada por la SEPI, Gualda «firmó la elevación al Consejo Gestor del FASEE —Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, vinculado a la SEPI y orientado a ayudas durante la Covid-19— de la propuesta relativa al expediente» de Tubos Reunidos.

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 a Koldo y a 4 a Aldama pero le libra de entrar por colaborar

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia, tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.

Los magistrados declaran a Ábalos y Koldo culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absuelven de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

A Aldama lo condenan por los delitos de organización criminal y cohecho, pero le absuelven de inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad que ha sido objeto de acusación.

Para el tribunal han quedado probados delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

El tribunal impone a Ábalos 52.500 euros de multa, 45.750 a Koldo y 72.000 a Aldama, a la vez que ordena que el exministro y su exasesor indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec en 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil, por la contratación a dedo de Rodríguez.

También acuerda decomisar a los tres condenados las ganancias provenientes del delito de cohecho por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los 10.000 mensuales satisfechos por Aldama durante 34 meses, 82.295 euros por la renta del alquiler del piso que disfrutó Rodríguez en la madrileña Plaza de España y 8.000 euros por la renta del chalé de ‘Villa Parra’ en Marbella (Málaga).

Aldama anima a colaborar con la justicia tras permitirle que no entre en prisión pese a la gravedad de su conducta

El empresario Víctor de Aldama ha animado a colaborar con la justicia tras conocerse la suspensión de su pena en el ‘caso mascarillas’ por su colaboración para descubrir la trama, algo que el Tribunal Supremo (TS) ha premiado pero avisándole de que ello «no reduce la gravedad de los delitos cometidos».

«Espero que los que vienen detrás colaboren», ha aseverado Aldama este lunes a los medios de comunicación a su salida del Supremo después de conocer la sentencia, al tiempo que ha agradecido a la justicia y ha asegurado que «la colaboración en este país sirve».

Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, por los delitos de organización criminal y cohecho. Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses y su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Los magistrados aplican al empresario y conseguidor del ‘caso Koldo’ la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspenden la ejecución de su pena por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos», según la sentencia, aunque lo condicionan, entre otras cosas, a que no vuelva a delinquir.

Acuerdan la suspensión de la pena de cárcel por un plazo de cinco años y que comparezca semestralmente ante el alto tribunal para informar de las actividades laborales, mercantiles o empresariales que desarrolle, justificándose convenientemente, a fin de «comprobar que el condenado observa la norma».

Igualmente, el empresario deberá realizar «trabajos en beneficio de la comunidad durante un año», que, «de manera simbólica, reparen el mal causado a la sociedad española», indican.

El Supremo explica que el beneficio otorgado a Aldama por su colaboración con la justicia «no reduce la gravedad de los delitos cometidos contra los intereses generales ni disculpan, por tanto, de la obligación de establecer un riguroso marco suspensivo de ejecución de las penas impuestas que responda a los fines que justifican la propia suspensión».

Transparencia Venezuela rastreó USD$ 4.000 millones vinculados a redes corruptas del narcochavismo

Caracas. – La ONG Transparencia Venezuela presentó este martes los resultados del informe «Mapa de los Decomisos», que permitió identificar y rastrear la ubicación de 719 bienes vinculados a redes de corrupción vinculadas a la Narcotiranía chavista, los cuales están valorados en casi USD$ 4.000 millones.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que la organización ha logrado identificar 719 bienes en el exterior producto de las múltiples redes de corrupción venezolana, la mayoría de ellos ubicados en EE. UU. y sobre los cuales faltan procesos judiciales para transformarlos en activos líquidos que puedan ser usados como pagos de deuda, o reparaciones a víctimas de esa corrupción.

Estos 719 bienes representan alrededor de USD$ 4000 millones, explicó De Freitas durante el evento «Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas». Sin embargo, de esta cantidad solo están definitivamente decomisados 287, valorados en poco más de USD$ 1.300 millones, a 113 personas y empresas.

Durante el evento, especialistas analizaron los obstáculos que enfrenta el país para recuperar recursos que actualmente permanecen bajo control de autoridades extranjeras. Los activos identificados están distribuidos en 15 categorías distintas, entre ellas dinero en efectivo, inmuebles, vehículos, yates, aeronaves, acciones empresariales, joyas, obras de arte, relojes de lujo, caballos y reservas de oro.

Por su parte, María Alejandra Márquez, fundadora de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV), señaló que EE. UU. es el país que más investigaciones ha impulsado sobre presuntas tramas de corrupción con origen en Venezuela.

La especialista explicó que la recuperación efectiva de esos activos enfrenta importantes obstáculos institucionales. “Necesitamos una serie de condiciones que Venezuela no tiene: separación de poderes, garantías anticorrupción y transparencia”, afirmó.

Márquez recordó que hace seis años apenas se conocían alrededor de 20 casos relacionados con activos presuntamente obtenidos mediante corrupción. «Ya tenemos 60. Creemos que en este 2026 tendremos por lo menos 15 adicionales, por lo que el monto de confiscación va a aumentar”, sostuvo.

También advirtió que “estamos tratando de presentar un mecanismo que permita que el proceso de recuperación sea automático y flexible, porque de lo contrario Venezuela, en democracia, tendría que pelear caso por caso”.

Otro experto, Guillermo Jorge, especializado en cumplimiento anticorrupción y prevención de lavado de activos, explicó que los procesos de recuperación de bienes son particularmente complejos y suelen extenderse durante años.

Según detalló, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contempla la posibilidad de que los activos sean repatriados a los países afectados, pero exige la participación activa del Estado víctima durante todo el proceso.

Jorge explicó que existen dos mecanismos principales para intentar recuperar esos recursos. El primero consiste en que el país afectado investigue los hechos de corrupción y solicite cooperación internacional a las jurisdicciones donde presume que se encuentran los activos.

La segunda vía implica que el país perjudicado litigue directamente en las jurisdicciones donde están ubicados los bienes. Como ejemplo, señaló que si existe una cuenta bancaria en Suiza vinculada a fondos obtenidos mediante corrupción, Venezuela tendría que presentarse ante las autoridades de ese país como potencial víctima del delito.

De acuerdo con la investigación de Transparencia Venezuela, la persona con más bienes decomisados es el extesorero de la nación Alejandro Andrade Cedeño, con 87 propiedades en EE. UU.

En la categoría de bienes sujetos a decomiso la persona que más acumula propiedades u objetos de valor es María Lila Bravo con 116 bienes. Es esposa del empresario zuliano Roberto Rincón Fernández, quien en 2016 se declaró culpable por su papel en una trama para asegurar contratos de la empresa Petróleos de Venezuela. En 2023 un juez federal en Texas lo sentenció a 18 meses de prisión.

Abogados de acusados por caso PDVSA-Cripto denunciaron irregularidades del juicio

Caracas. – Los abogados que representan a los acusados por el caso PDVSA-Cripto se pronunciaron este viernes, denunciando que el caso está marcado por una serie de irregularidades, exigir respeto al debido a proceso, y pedir que el juicio sea hecho público.

El grupo de representantes legales ofreció una rueda de prensa en las inmediaciones del Palacio de Justicia, para exponer ante los medios las exigencias que piden para la continuación del proceso legal, como exigir el traslado efectivo de los señalados y que se permita el ingreso del público, «incluidas las representaciones consulares que han estado presentes en la continuación del acto sin que se les permita el acceso».

Los defensores, que suman más de 48 abogados privados juramentados para representar a alrededor de 60-64 imputados, rechazaron de manera unánime la posibilidad de continuar el juicio de forma telemática.

Entre los imputados figuran banqueros, empresarios y los choferes de algunos de ellos, todos imputados por asociación para delinquir, traición a la patria, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos. El más connotado hasta los momentos es Tareck El Aissami, quien llegó a ser vicepresidente y ministro de petróleo dentro del narcorégimen chavista.

“Exigimos la presencia física de los acusados en la sala. No aceptamos un juicio virtual que viola las garantías constitucionales”, señalaron durante la atención a los medios.

Los abogados también exigieron que la jueza Alejandra Romero Castillo (Tribunal 3° de Juicio) se pronuncie sobre estas denuncias y garantice condiciones dignas para los imputados, entre los que se encuentran El Aissami, Hugbel Roa, Joselit Ramírez, Simón Zerpa y otros exfuncionarios.

De acuerdo con familiares y defensores, el juicio ha estado marcado por demoras procesales, restricciones a la defensa, obstáculos para acceder al expediente y limitaciones al principio de publicidad judicial.

Este proceso judicial se lleva a cabo sin ninguna información pública por parte del Ministerio Público (MP) o del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a pesar de los graves cargos que enfrentan los acusados, y las consecuencias que podrían acarrear las sentencias que les sean aplicadas.

No obstante, uno de los defensores durante la rueda de prensa dijo que “este no es un juicio, es una simulación con graves vicios de nulidad”.

Cabe señalar que el caso PDVSA-Cripto, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Venezuela, involucra presuntos desfalcos millonarios a través de operaciones con criptoactivos.

Aunque inicialmente se señalaron cifras superiores a los USD$ 23.000 millones, la cifra oficial de la Fiscalía estima el daño en USD$ 5.551 millones. Pese a esto, estimaciones independientes sugieren que el daño patrimonial real podría superar los USD$ 16.900 millones.