Nueva oficina de CPI en Venezuela genera reacciones encontradas en redes

Caracas. – El anuncio sobre la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, ha provocado reacciones encontradas en las redes sociales. Mientras algunos consideran que la cercanía del organismo, permitirá un mayor acceso para denunciar los crímenes de lesa humanidad, otros perciben que la presencia del fiscal Karim Khan tendrá otros resultados.

El tema ha generado controversias en diversas plataformas digitales. Los portales informativos se hacen eco de la información desde este pasado jueves, debido a la importancia que reviste.

Las decisiones que tome la CPI sobre el caso Venezuela son determinantes. La trascendencia que tendrán sus resoluciones, para bien o para mal de los venezolanos, podrían marcar un antes y un después, según las opiniones de expertos en derecho internacional, y también, según la sensatez de muchos internautas que han expuesto sus reflexiones sobre el tema.

Por ejemplo, la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Tamara Suju, asegura que hay graves problemas y fallas que el narco régimen no podrá ocultar a la CPI, una vez que comience a funcionar la oficina del ente en el país.

Con la debida presión mediática, las denuncias sobre estas situaciones podrían abrir una grieta y resquebrajar a la narcotiranía a niveles impensables, según han considerado algunos usuarios en las redes.

Algunas ONG’s, como Provea, consideran que la sede de la CPI es un paso importante, para que las averiguaciones y los señalamientos hacia los culpables de los crímenes, se aceleren y concreten.

Sin embargo, en otros casos, las expectativas son distintas. Muchos creen muy probable, que Maduro y sus jerarcas puedan llegar a influir en Khan, a través de sobornos y prebendas, logrando evitar las condenas que por ley les corresponden.

Piensan, que los altos niveles de corrupción podrían, de alguna manera, filtrar la nueva oficina de la CPI, desviando los objetivos y propósitos de esta en el país.

En estas dos opciones se debaten los usuarios de las redes, quienes en todo caso, apuestan por dejar que el tiempo decida cual facción tuvo razón al final.

ONG’s de Derechos Humanos denunciaron ante la CPI persecución del narco régimen

Caracas. – Un comunicado enviaron este viernes, 05 de octubre, más de 100 ONG’s venezolanas al fiscal de la CPI, Karim Khan, para denunciar el acoso del que han sido objeto por parte de la narcotiranía, por apoyar las investigaciones que dirige sobre los delitos de lesa humanidad.

En el comunicado, las organizaciones, en su mayoría dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, señalaron que la presencia del fiscal de la CPI en el país, provocó que el Sistema Nacional de Medios, perteneciente a la narcotiranía, impulsara una campaña mediática para desprestigiarlas, principalmente a quienes las dirigen.

Los aportes de información comenzaron a darse desde 2018, cuando la CPI informó que el caso de Venezuela entraba en una fase preliminar, a fin de determinar si había o no elementos para llevar a cabo una investigación.

Desde entonces, y hasta la fecha, las ONG’s han servido como fuentes de apoyo, para dar datos, testimonios y pruebas, sobre los homicidios, torturas y demás crímenes, cometidos por Maduro y sus esbirros, al menos desde 2017.

Las organizaciones indicaron en la misiva, que a raíz de la visita del fiscal Khan, los medios del gobierno se han dedicado a calumniarlas y a difundir mentiras sobre las acciones y hechos de los que han sido testigos sus activistas.

Resaltaron que prueba de estas coacciones, son las detenciones efectuadas este año, de los dirigentes de Fundaredes, cuyo director, Javier Tarazona, aún permanece tras las rejas.

CPI rechazó impugnación de la narcotiranía y decidirá investigaciones el 23 de julio

La solicitud presentada por Tarek William Saab, que buscaba retrasar el proceso judicial, aunque fue desestimada, podrá presentar sus pruebas hasta el próximo 21 de julio
Caracas. – La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), desestimó este lunes la impugnación realizada por la narcotiranía, sobre las acusaciones que se le siguen por delitos de lesa humanidad, al tiempo que le dio a la Fiscalía de la CPI, plazo tope hasta el próximo 23 de julio, para presentar su decisión, en cuanto a investigar o no los delitos de lesa humanidad en el caso de Venezuela.

La decisión fue dada a conocer por la CPI en un comunicado difundido por la web, en la cual explica que tras haber analizado las pruebas presentadas por la fiscalía en manos de Tarek William Saab, decidió desestimar el recurso solicitado por este ente, el cual buscaba impugnar y retrasar el proceso que se le sigue al narco régimen de Maduro.

No obstante, la sala otorgó un chance a Saab, de presentar las pruebas que demostrarían el nuevo giro tomado supuestamente por el sistema judicial de la narcotiranía, hasta el 21 de julio.

Dos días después, vendrá la respuesta del nuevo fiscal Karim Khan, quien develará la posición adoptada por el despacho que dirige acerca del examen preliminar, paso en el cual se elige si continuar o no las averiguaciones.

En todo caso, la intención de Saab, en cuanto a retrasar el proceso y de impedir el pronunciamiento de Kan, fue rechazada.

El mecanismo iniciado por la CPI continuará su desarrollo, y aunque la fiscalía de Saab envié pruebas el 21 de julio, habrá una respuesta el 23 la cual podría ser definitiva.

CPI asegura que se comenten crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional dirigida por Fatou Bensouda, emitió un informe en el cual asegura que de manera deliberada los organismos de seguridad han cometido crímenes de lesa humanidad desde, por lo menos, el año 2017.

En el informe se destaca el uso de torturas, la privación ilegal de libertad, violación y otros crímenes cometidos por civiles y organismos de seguridad del estado. Se señala de manera directa a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

También se menciona a los colectivos como promotores de estos crímenes, y se les coloca bajo la categoría de “civiles” afectos al régimen de Nicolás Maduro.

Esta decisión por parte de la CPI se esperaba debido a las innumerables pruebas y denuncias que se han hecho en contra de la tiranía venezolana. Indudablemente, esta decisión limita aún más la movilidad de los miembros del régimen venezolano a nivel internacional y es un paso extra en la batalla a nivel global que se debe realizar en su contra.