El panorama político venezolano atraviesa un momento de máxima tensión geopolítica bajo la tutela de la administración estadounidense y los planes trazados por el Secretario de Estado, Marco Rubio. En este marco, mientras Washington y diversos sectores políticos concentran sus esfuerzos urgentes en el terreno electoral —negociando la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) con el chavismo residual encabezado por Delcy Rodríguez—, crecen las alertas dentro y fuera del país sobre los vacíos de seguridad de esta estrategia.

Algunos críticos y analistas advierten que cualquier acuerdo puramente político corre el riesgo de convertirse en un pacto institucional vacío si se ignora el control que las mafias militares corruptas y los aparatos de inteligencia criminal (como la DGCIM y el SEBIN) mantienen sobre los centros de votación y el Plan República. En este escenario de alta volatilidad, la presión recae sobre la Casa Blanca para que no priorice la estabilidad formal a cambio de una amnistía de facto que deje las armas en manos de los actuales mandos de la Fuerza Armada.

Ante esto, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha enviado una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, señalando lo propio, a saber: que cualquier avance hacia un nuevo CNE será completamente inútil e indefenso si no va acompañado, de forma simultánea e innegociable, de una reestructuración profunda de la Fuerza Armada Nacional que desarticule a las mafias militares y los aparatos de inteligencia criminal.

La carta en concreto expresa:

Asunto: Carta abierta al Secretario de Estado de Estados Unidos.
De: Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX).
Para: Honorable Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América.

Honorable Secretario Rubio, le escribimos en representación de los miles de venezolanos, civiles y militares en el exilio, agrupados en la organización VEPPEX. Conocemos su histórica y firme postura en defensa de la libertad del hemisferio y su entendimiento claro de la naturaleza criminal de la estructura que ha secuestrado a Venezuela. Por ello, acudimos a usted en un momento que consideramos de altísimo riesgo geopolítico para la transición venezolana.

Observamos con profunda preocupación que los esfuerzos actuales tutelados por su administración se están concentrando con urgencia en el terreno político y electoral, específicamente en la negociación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) con el chavismo residual.

Como militares y perseguidos políticos que conocemos desde las entrañas el funcionamiento de los cuarteles, le alertamos con absoluta firmeza que un nuevo CNE sería una institución de papel que completamente inútil e indefensa si no va acompañada de forma simultánea, obligatoria e indisoluble por una Reestructuración de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

Señor Secretario, un proceso electoral no garantizará la estabilidad ni la verdadera democracia en Venezuela si se ignoran los siguientes factores críticos de seguridad nacional, los cuales solicitamos que la administración estadounidense exija como condiciones innegociables:

1. El Plan República no puede seguir en manos de mafias: ningún árbitro electoral, por muy independiente que sea, tendrá poder real si la custodia de los centros electorales, el traslado del material y el resguardo de las actas permanecen bajo el control del cuerpo de generales corruptos o de mandos medios que responden a los intereses del cartel de los soles y del chavismo residual.
2. Desmantelamiento inmediato de la inteligencia criminal: mientras los aparatos de persecución y contrainteligencia militar (como la DGCIM y el SEBIN) sigan intactos, no existirán garantías para el libre ejercicio político. Estos organismos de terror deben ser depurados previamente para desarticular la capacidad del chavismo residual de chantajear o deponer cualquier acuerdo democrático.
3. El peligro de una amnistía de facto en los cuarteles: permitir un cronograma electoral dejando intacta la estructura militar corrupta, a cambio de una supuesta estabilidad, es una trampa. Los generales vinculados a economías ilegales usarán las armas para protegerse de la justicia. Su administración debe mantener la línea de que la transición exige justicia penal para los altos mandos, no cohabitación.
4. Rescate de la base profesional e institucional: la reestructuración de la FAN debe ser la oportunidad histórica para separar a los criminales, pero también para dignificar y dar predictibilidad a los oficiales profesionales e institucionales de rango medio. Ellos necesitan saber que la transición respaldada por EE. UU. busca rescatar la doctrina constitucional occidental y no destruir las fuerzas de seguridad del Estado.

Señor Secretario, la dirigencia política tradicional suele pecar de ingenuidad institucional al creer que las dictaduras se desmontan firmando actas. Le pedimos que EE. UU. utilicen su inmenso poder de presión para evitar que se negocien votos a cambio de impunidad militar. No permitiremos que los años de sacrificio y persecución terminen en un pacto que deje las armas en manos de los verdugos del pueblo venezolano.

Confiamos en su visión de Estado y en su compromiso inquebrantable con la justicia internacional.

Atentamente,
José Antonio Colina,
Presidente de VEPPEX.
En Dios Confiamos.

Esta semana, el criminal que fungía como fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la encargada de la genocida dictadura que somete a Venezuela, Delcy Rodríguez, lo designó como Defensor del Pueblo encargado.

Ante esto, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) expresa su más profundo rechazo a las movida de fichas del régimen, que reasigna puestos de poder a personajes de sus filas, algunos de ellos señalados como violador de DD. HH. igual que la cúpula chavista.

Además, hace un llamado al gobierno de EE. UU. para que «exijan de manera firme y pública la inmediata revisión de esta designación», condicionando «cualquier proceso de normalización o apoyo a la transición democrática en Venezuela a que se coloquen en cargos clave de instituciones de derechos humanos —como la Defensoría del Pueblo— a personas independientes, sin vínculos con la revolución chavista, sin historial de represión y con trayectoria probada en la defensa genuina de los derechos humanos.»

El comunicado en concreto expresa:

«La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) expresa su más enérgico rechazo a la designación temporal de Tarek William Saab como Defensor del Pueblo de Venezuela, anunciada por la Asamblea Nacional el 25 de febrero de 2026.

Esta designación representa una burla flagrante a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y una maniobra más del régimen para perpetuar la impunidad y el control sobre instituciones que deberían proteger a la ciudadanía. Tarek William Saab, quien durante casi una década fungió como Fiscal General, ha sido ampliamente señalado por organismos internacionales de derechos humanos, opositores democráticos y exiliados políticos como uno de los principales operadores de la represión judicial contra disidentes, presos políticos y ciudadanos que han ejercido su derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Su historial incluye el aval y la persecución de cientos de casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, lo que lo convierte en una figura incompatible con el rol de Defensor del Pueblo, cuya misión constitucional es precisamente velar por la defensa de los derechos humanos y la atención a las víctimas de abusos de poder.

VEPPEX considera esta designación no solo como una provocación, sino como una continuidad del secuestro institucional que ha caracterizado al chavismo durante años. Nombrar a quien fue artífice de la persecución política para ahora «defender» al pueblo es un insulto a la memoria de las víctimas, a los presos políticos aún detenidos y a todos los venezolanos que han sufrido las consecuencias de un sistema judicial politizado.

Por ello, hacemos un llamado urgente a los Estados Unidos, principal garante de la presión internacional por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, a que exijan de manera firme y pública la inmediata revisión de esta designación. Instamos al gobierno estadounidense a condicionar cualquier proceso de normalización o apoyo a la transición democrática en Venezuela a que se coloquen en cargos clave de instituciones de derechos humanos —como la Defensoría del Pueblo— a personas independientes, sin vínculos con la revolución chavista, sin historial de represión y con trayectoria probada en la defensa genuina de los derechos humanos.

Solo con instituciones depuradas de operadores del antiguo régimen se podrá avanzar hacia una verdadera reconciliación, justicia transicional y restauración del Estado de Derecho en Venezuela.
Miami, Florida – 26 de febrero de 2026

Jose Antonio Colina,
Presidente de Veppex.
En Dios Confiamos.»