Veppex denuncia la creciente vulnerabilidad de miles de venezolanos deportados por EE. UU.

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) emitió este viernes una denuncia la creciente vulnerabilidad y la falta de amparo que atraviesan miles de connacionales en el exterior. La organización centró su alerta en la alarmante situación de los venezolanos sometidos a deportaciones hacia terceros países, destacando casos enviados al continente africano, al tiempo que cuestionó de forma severa la inacción y la falta de respuestas oportunas tanto del régimen venezolano como de la dirigencia opositora.

Ante este panorama crítico, la dirigencia de VEPPEX presentó un plan de acción formal compuesto por cuatro peticiones concretas dirigidas a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y del Congreso de EE. UU., orientadas a revisar las garantías procesales y establecer mecanismos de asistencia legal e independiente. Asimismo, instó a los liderazgos políticos a ir más allá de los discursos electorales y asumir responsabilidades reales en la defensa de la diáspora.

A continuación, se reproduce de manera íntegra el texto del comunicado oficial:

«Miami, Florida – 30 de octubre de 2026

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) expresa su profunda preocupación ante el deterioro de las condiciones que enfrentan miles de venezolanos fuera de su país, especialmente aquellos sometidos a procesos de deportación, persecución política e incertidumbre migratoria.

Resulta inaceptable que mientras venezolanos son enviados a países africanos, separados de sus familias y expuestos a situaciones de vulnerabilidad, no exista una respuesta suficientemente contundente y coordinada de quienes afirman representar los intereses del pueblo venezolano.

El gobierno venezolano tiene responsabilidades que no puede eludir, pero la dirigencia opositora también debe responder por su silencio y falta de iniciativas concretas ante esta crisis.

La defensa de los venezolanos no puede limitarse a discursos sobre democracia, transición política o futuras elecciones mientras quienes tuvieron que abandonar el país enfrentan problemas urgentes que amenazan su seguridad, libertad y estabilidad.

Por esta razón, VEPPEX propone:

  1. Solicitar formalmente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos información sobre las deportaciones de venezolanos a terceros países, especialmente hacia África.
  2. Promover ante el Congreso estadounidense una revisión de las garantías procesales aplicadas a los venezolanos deportados, particularmente aquellos que cuentan con protección judicial contra su devolución a Venezuela.
  3. Impulsar un mecanismo independiente de documentación y asistencia que permita identificar a los venezolanos afectados y canalizar sus casos hacia organizaciones de derechos humanos y representación legal.
  4. Exigir a los principales sectores políticos venezolanos, tanto oficialistas como opositores, que informen públicamente qué acciones concretas han realizado para defender los derechos de los venezolanos en el exterior.

No se puede hablar de libertad para Venezuela mientras se ignora la situación de quienes fueron obligados a vivir en el exilio.

VEPPEX continuará defendiendo los derechos de los venezolanos perseguidos, independientemente de las posiciones partidistas y de los intereses políticos de quienes pretenden representarlos.

Los venezolanos en el exilio no necesitan más promesas. Necesitan acciones, protección y resultados.

José Antonio Colina
Presidente de VEPPEX
Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio
www.veppex.org«

VEPPEX solicita a países y organismos proteger a militares venezolanos disidentes en el exterior

Caracas. – La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) solicitó este miércoles a varios países y organismos, a través de un informe, dar protección internacional a los militares disidentes venezolanos que se encuentren en el exterior.

El documento fue dado a conocer en Miami (Florida), por el presidente y fundador de la organización, José Antonio Colina, quien pidió a gobiernos como Colombia, Chile y EE. UU. evitar deportaciones o devoluciones a Venezuela, sin evaluar antes el alto riesgo de tortura y persecución que podría padecer cada caso.

El texto sostiene que los cambios políticos registrados en Venezuela durante 2026 no implican necesariamente la desaparición de los riesgos de persecución, detención arbitraria o tortura para integrantes y antiguos integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana identificados como disidentes.

Igualmente, el informe revela preocupación por los militares que mantienen solicitudes de protección internacional, pendientes de resolución en los tres países. “Los cambios políticos no significan que haya desaparecido la persecución contra los militares venezolanos disidentes. Su vida, libertad e integridad deben ser protegidas”, advierte VEPPEX en su documento.

De hecho, la organización ya ha alertado sobre las graves amenazas que enfrentan los militares disidentes, contra su integridad física si son retornados a territorio venezolano, en línea con reportes de organismos internacionales sobre centros de detención en el país.

Vale la pena recordar el lamentable caso del teniente del Ejército, Ronald Ojeda Moreno, quien fue secuestrado por una célula del Tren de Aragua en Chile, y horas después su cadáver fue localizado enterrado bajo cemento en un galpón.

La justicia chilena, que ya ha condenado a dos implicados en el caso y espera juzgar a otros sospechosos ya detenidos en suelo austral, sostiene que el asesinato de Ojeda fue ordenado por el narcorégimen chavista, y apunta directamente a Diosdado Cabello como el autor intelectual que habría dado la orden.

Por ello, el informe mostrado por Colina también explica, que persisten estructuras de inteligencia y contrainteligencia militar y señaló que determinadas órdenes de captura, investigaciones o acusaciones podrían continuar vigentes pese a las transformaciones políticas ocurridas en el país.

VEPPEX mencionó como factores de riesgo las denuncias sobre torturas y malos tratos durante detenciones, la falta de reformas integrales de los organismos de seguridad y la vulnerabilidad particular de militares señalados por deserción o discrepancias políticas.

No obstante, la organización reconoce en el documento que no todos los militares venezolanos se encuentren bajo el mismo nivel de riesgo, y en consecuencia no pretende solicitar protección automática para todos ellos.

“La seguridad de los militares venezolanos disidentes no puede determinarse exclusivamente a partir de los cambios políticos de 2026”, precisa el texto. Igualmente, subrayó que la condición de militar, la deserción o la disidencia no otorgan automáticamente el estatuto de refugiado, pero sostuvo que tampoco deberían utilizarse para descartar una solicitud sin examinar posibles riesgos de persecución política o tortura.

El documento también fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A la CIDH, solicitó dar seguimiento a los posibles riesgos asociados con la devolución de militares venezolanos disidentes, y considerar el asunto dentro de sus mecanismos de monitoreo.

Mientras, a ACNUR la organización le pidió tomar en consideración los riesgos diferenciados que podrían enfrentar los militares identificados como disidentes, y promover el uso de información actualizada sobre las condiciones existentes en Venezuela.

VEPPEX presenta informe internacional sobre el agravamiento de los riesgos para militares venezolanos exiliado

La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) presenta un informe internacional en el que expresa su preocupación por el agravamiento de los riesgos que enfrentan los militares venezolanos disidentes, especialmente aquellos que mantienen solicitudes de protección internacional pendientes en Colombia, Chile y EE. UU.

En este sentido, VEPPEX advierte que los cambios políticos ocurridos en Venezuela no garantizan la seguridad de los militares perseguidos, debido a la persistencia de estructuras de inteligencia, contrainteligencia y mecanismos de represión que representan un peligro para quienes han sido identificados como disidentes.

Asimismo, solicita a los gobiernos de Colombia, Chile y EE. UU. que no procedan a devolver a Venezuela a militares que puedan enfrentar persecución, detención arbitraria o tortura, y que garanticen una evaluación individual y rigurosa de sus solicitudes de protección.

Tambien, remite este informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), solicitando su atención a esta problemática, y señalando que «los cambios políticos no significan que haya desaparecido la persecución contra los militares venezolanos disidentes. Su vida, libertad e integridad deben ser protegidas.«

Puede revisar el informe aquí.

VEPPEX pidió a EE. UU. investigar a 17 funcionarios y exfuncionarios del narcochavismo por torturas

Caracas. – La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) solicitó este miércoles, al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) evaluar e investigar denuncias sobre presuntas torturas y graves violaciones de derechos humanos, que son atribuidas a 17 funcionarios y exfuncionarios de la Narcotiranía chavista.

La organización, creada por el militar disidente, José Antonio Colina, expuso su exigencia en un comunicado, que fue difundido por redes sociales y diversas plataformas.

La solicitud, remitida directamente a la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP) de la División Criminal de la entidad estadounidense, exhorta a evaluar la responsabilidad de los señalados bajo el amparo de las leyes federales que respaldan el enjuiciamiento de crímenes de tortura cometidos fuera del territorio estadounidense.

El documento institucional elevado por VEPPEX se fundamenta en los estándares contemplados en la legislación de EE. UU., la cual habilita perseguir penalmente a perpetradores de tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando las víctimas o las circunstancias cumplan los criterios legales previstos en los tratados internacionales.

También, señaló que informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de organizaciones internacionales, han documentado durante años denuncias de abusos relacionados con organismos represivos como la DGCIM, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el CICPC.

Entre las 17 personas cuya actuación VEPPEX solicita evaluar individualmente figuran:

  • Iván Hernández Dala.
  • Gustavo González López.
  • Alexander Granko Arteaga.
  • Rafael Franco Quintero.
  • Rafael Blanco Marrero.
  • Hannover Guerrero Mijares.
  • Carlos Calderón Chirinos.
  • Elio Estrada Paredes.
  • Douglas Rico González.
  • Jhonny Salazar Bello
  • Danny Ramón Ferrer Sandrea.
  • Alexis Rodríguez Cabello.
  • Javier Marcano Tábata.
  • Néstor Reverol Torres.
  • Manuel Cristopher Figuera.
  • Hildemaro Rodríguez Múcura.
  • Rubén Darío Santiago Servigna.

La organización solicitó además que cada caso sea analizado de forma independiente, sobre la base de las evidencias disponibles, las leyes aplicables y el debido proceso.

Igualmente, pidió evaluar posibles responsabilidades individuales, coordinar cuando corresponda con el FBI y HSI, preservar evidencias y establecer mecanismos confidenciales para recibir testimonios de víctimas y testigos.

“La búsqueda de responsabilidades resulta esencial para combatir la impunidad y proteger los derechos de las víctimas de persecución política”, sostuvo VEPPEX en su misiva.

VEPPEX pide ampliar las investigaciones por tortura a toda la estructura de poder venezolana

La reciente ampliación de los cargos penales por parte de la justicia de EE. UU. contra el genocida dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores representa un punto de inflexión decisivo en el cerco judicial internacional contra los altos mandos del régimen venezolano.

Tras años de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tratos crueles, las autoridades norteamericanas han formalizado acusaciones directas por conspiración para cometer tortura de forma sistemática contra disidentes políticos y civiles.

Este desarrollo judicial no solo refuerza las investigaciones previas por narcoterrorismo, sino que sitúa los abusos sistemáticos contra los derechos humanos en el centro de la acción penal penalizando directamente la cadena de mando.

Ante esta coyuntura, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha emitido un posicionamiento institucional para fijar su postura sobre el alcance de estas acciones judiciales.

La organización enfatiza la necesidad de extender el foco de las investigaciones hacia los operadores clave del aparato estatal y de seguridad que han garantizado la sostenibilidad del modelo represivo en el país.

Asimismo, rechaza de manera categórica que cualquier eventual proceso de diálogo, acuerdo diplomático o transacción política internacional pueda utilizarse como moneda de cambio para garantizar la impunidad de los responsables.

El comunicado en concreto expresa:

Miami, 9 de octubre de 2026.— La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) considera que la nueva acusación presentada por autoridades estadounidenses contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración para cometer tortura constituye un hecho de enorme importancia para las víctimas de la represión en Venezuela.

La acusación describe graves métodos de tortura y un presunto sistema utilizado contra opositores y detenidos. Estos cargos deberán ser probados ante los tribunales. Para VEPPEX, la investigación no puede detenerse en Nicolás Maduro y Cilia Flores. Si se investiga la existencia de un aparato de represión y tortura, corresponde determinar las responsabilidades individuales de quienes ocuparon posiciones fundamentales dentro de las estructuras políticas y de seguridad del poder venezolano.

Por esta razón, VEPPEX solicita al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar las posibles responsabilidades de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, así como de cualquier otro funcionario respecto del cual existan elementos probatorios. Debe establecerse quién ordenó, quién facilitó, quién ejecutó y quién encubrió actos de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos.

VEPPEX considera igualmente que ninguna negociación política, económica o diplomática puede convertirse en un mecanismo de impunidad. Los acuerdos sobre el futuro de Venezuela no pueden construirse sacrificando el derecho de las víctimas a obtener verdad y justicia. La tortura no se negocia. La justicia no puede ser selectiva. Quien resulte responsable debe responder ante la justicia, independientemente de su nombre, cargo o posición política.

José Antonio Colina,
Presidente de VEPPEX,
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.
En Dios Confiamos.

VEPPEX rechaza criminalización de venezolanos: exige diferenciar entre delincuentes y migrantes

Caracas. – La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) rechazó este lunes la campaña de criminalización desatada hacia muchos migrantes connacionales, como ocurre en EE. UU., por ejemplo, exigiéndoles emplear medidas para poder diferenciar «entre delincuentes, migrantes y solicitantes de protección internacional».

En un comunicado difundido por redes sociales, la organización, fundada por el militar disidente José Antonio Colina, se expresó en contra de las medidas que implique criminalizar a los venezolanos por su nacionalidad y advirtió sobre los riesgos de las expulsiones colectivas y las deportaciones hacia terceros países, sin garantías de protección.

El mensaje, publicado bajo el título «Ser venezolano no es un delito», asegura que los ciudadanos de ese país bajo el dominio de la Narcotiranía chavista, no salieron del territorio con el propósito de convertirse en «una amenaza» para las naciones que los reciben.

Por lo contrario, aclara que fue una necesidad impulsada por el terror que desataron Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en contra de quienes los adversaban: «Huimos de la persecución, la represión y una crisis que todavía no ha terminado».

En este sentido, VEPPEX reconoció que los gobiernos tienen derecho a implementar medidas para combatir el delito y garantizar la seguridad, pero subrayó que esas acciones no deben convertirse en mecanismos de criminalización por nacionalidad.

“Los gobiernos tienen derecho a combatir el delito, pero no a criminalizar una nacionalidad, ejecutar expulsiones colectivas ni deportar personas hacia terceros países donde quedarían indocumentadas, desamparadas y sin garantías”, advirtió la organización en el comunicado.

Enfatizó que “combatir el crimen es legítimo”, pero calificó como “inaceptable” que las acciones contra la delincuencia terminen afectando de manera generalizada a la población venezolana. “Combatir el crimen es legítimo. Criminalizar al pueblo venezolano es inaceptable”, concluyó la organización en su mensaje.

Veppex advierte que la salida de Maduro no significa fin de persecución política en Venezuela

Caracas. – La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) advirtió este pasado sábado que la salida de Nicolás Maduro del poder que usurpaba no implica, por sí misma, el fin de la persecución política en Venezuela.

En un comunicado que difundió por redes sociales, el organismo fundado por el militar disidente venezolano, José Antonio Colina, alertó que el aparato represivo del narcochavismo continúa operando y haciendo estragos en Venezuela.

“Cambiar al jefe del gobierno no significa desmontar el aparato represivo. La pregunta fundamental es otra: ¿siguen activos y con poder los funcionarios, organismos de inteligencia, mandos militares y grupos que persiguieron a los opositores? La respuesta es sí”, señaló Veppex en su cuenta de la plataforma X.

La organización se pronunció sobre una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, en inglés), que, según Veppex, puede tener consecuencias en los casos de asilo de miles de venezolanos.

De acuerdo con la organización, la BIA determinó en el caso Matter of A-E-V-M- que la salida de Maduro y la transferencia del poder constituyen un cambio en las condiciones del país que debe ser considerado al evaluar las solicitudes de asilo.

No obstante, la organización rechazó el planteamiento de que los venezolanos puedan perder su asilo “simplemente porque Maduro ya no ocupe la presidencia”. Consideró que cada caso debe evaluarse individualmente tomando si quienes ordenaron su persecución y lo forzaron al exilio mantienen poder y capacidad de hacer daño.

En este sentido, Veppex solicitó a los jueces y autoridades migratorias de EE. UU. no confundir un cambio de liderazgo, con el restablecimiento del Estado de derecho en Venezuela porque “mientras el aparato represivo permanezca intacto, el retorno de numerosos venezolanos seguirá siendo peligroso”.

VEPPEX publica un informe sobre la deportación de venezolanos a terceros países desde EE. UU.

Hace poco, el gobierno de EE. UU. ha deportado masivamente a migrantes de diversas nacionalidades, algunos para sus respectivos países, otros para terceros países, con mucha opacidad en sus procesos, lo cual ha disparado las alarmas en las organizaciones de DD. HH. y los familiares de los afectados por las deportaciones.

En este marco, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha presentado un informe sobre la deportación de venezolanos hacia terceros paises desde Estados Unidos. La misma organización ha dado a conocer el informe a través de un comunicado, indicando que «el documento advierte sobre los riesgos que enfrentan los venezolanos enviados a naciones con las que no tienen vínculos, documentos de identidad, redes familiares ni posibilidades reales de regularización.»

En este escenario, «la situación es especialmente grave para quienes poseen protección bajo la Convención contra la Tortura o enfrentan persecución política», por lo cual VEPPEX «solicita al Gobierno de Estados Unidos suspender estas deportaciones, garantizar el debido proceso y evaluar individualmente el peligro que puede enfrentar cada persona en el país de destino.»

Caso contrario, «los venezolanos no pueden ser enviados a territorios donde podrían quedar desprotegidos, indocumentados y atrapados indefinidamente.»

Cabe señalar que el informe completo también se encuentra disponible en el portal oficial de VEPPEX, en: www.veppex.org.

Veppex pide explicaciones a Marco Rubio sobre el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela

Hace poco, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció un acuerdo histórico que otorgaría al país norteamericano el control mayoritario de 17 yacimientos y más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que EE. UU. obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, publicó el republicano en su cuenta de Truth Social.

Ante esto, y dada la opacidad de la información sobre mucho de lo que respecta al acuerdo, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha envíado una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, solicitando explicaciones sobre el acuerdo petrolero y la selección de North American Blue Energy Partners, empresa dirigida por Alejandro Betancourt.

La carta en concreto expresa:

¿Por qué la severidad es para el venezolano común y las oportunidades para las élites?

Señor secretario:

Escuchamos atentamente sus explicaciones sobre el acuerdo petrolero y la selección de North American Blue Energy Partners, empresa dirigida por Alejandro Betancourt.

Reconocemos que usted afirmó que el acuerdo fue publicado, que Estados Unidos revisó los antecedentes de Betancourt y que su empresa fue seleccionada por su capacidad operativa dentro de Venezuela.

Por eso, nuestra preocupación ya no se limita a la información disponible. Cuestionamos el criterio político y moral que transmite esta decisión.

Mientras miles de venezolanos comunes pierden sus protecciones migratorias, esperan durante meses sus permisos de trabajo, son detenidos o enfrentan la deportación, un empresario perteneciente a la élite económica surgida durante el chavismo recibe una oportunidad extraordinaria para participar en la explotación del principal recurso de Venezuela.

No desconocemos la capacidad operativa de Betancourt ni afirmamos que haya sido condenado. Pero la capacidad económica no puede pesar más que la confianza pública, los antecedentes conocidos y el ejemplo moral que exige la reconstrucción de una nación destruida por la corrupción.

Señor secretario: ¿Cómo puede Estados Unidos aplicar máxima severidad al venezolano común y, al mismo tiempo, conceder oportunidades extraordinarias a integrantes de las élites que prosperaron durante el chavismo?

Esta contradicción necesita una respuesta. Venezuela no puede sustituir una estructura de privilegios por otra. Su reconstrucción debe apoyarse en instituciones, transparencia, integridad y las mismas reglas para todos.

Atentamente,

JOSÉ ANTONIO COLINA
Presidente,
Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX).
En Dios Confiamos

VEPPEX exige transparencia y garantías para Venezuela ante las negociaciones petroleras con EE. UU.

El anuncio conjunto entre la administración de EE. UU. y las autoridades venezolanas encabezadas por la jerarca del narcorégimen chavista Delcy Rodríguez, sobre un histórico pacto energético ha reactivado de forma inmediata el debate geopolítico e institucional sobre el futuro de los recursos estratégicos de la nación.

El convenio, que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, una proyección de inversión privada superior a los USD$ 100.000 millones y el acceso norteamericano a 65.000 millones de barriles en reservas probadas, representa la mayor apertura petrolera del país en décadas, prometiendo a su vez más de USD$ 209.000 millones en tributos fiscales para las arcas públicas.

Sin embargo, el despliegue de negociaciones comerciales de tal magnitud sin un marco regulatorio y de contraloría plenamente auditable ha encendido las alarmas de diversos sectores civiles, políticos y organizaciones en el exilio.

Ante los vacíos sobre los mecanismos de fiscalización, el destino real de los ingresos tributarios y la falta de salvaguardas explícitas sobre la institucionalidad del país, crecen las demandas internacionales para que el flujo de capital no se traduzca en opacidad ni postergue compromisos fundamentales en materia de institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos.

En este marco, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha solicitado, a través de un comunicado, que se expliquen públicamente su alcance, condiciones y mecanismos de supervisión, recordando que se deben garantizar beneficios verificables para los venezolanos, proteger el patrimonio nacional y prevenir la corrupción.

El comunicado en integro expresa:

Miami, Florida, 28 de agosto de 2026.

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), ante las informaciones periodísticas sobre negociaciones petroleras entre Estados Unidos y las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez, solicita que se expliquen públicamente su alcance, condiciones y mecanismos de supervisión.

VEPPEX reconoce que la inversión internacional y las relaciones comerciales con Estados Unidos pueden contribuir a la recuperación económica de Venezuela. Sin embargo, cualquier acuerdo que comprometa recursos estratégicos debe garantizar beneficios verificables para los venezolanos, proteger el patrimonio nacional y prevenir la corrupción.

En consecuencia, solicitamos:

  1. Transparencia sobre las condiciones del acuerdo: campos involucrados, duración, inversiones comprometidas, derechos otorgados y distribución de los ingresos.
  2. Identificación de las empresas, intermediarios y beneficiarios finales, con controles independientes para detectar conflictos de interés e impedir que redes de corrupción se beneficien de las negociaciones.
  3. Auditorías independientes y rendición pública de cuentas sobre los recursos obtenidos y su utilización para atender las necesidades de la población y recuperar los servicios esenciales.
  4. Explicación de los fundamentos jurídicos y procedimientos de autorización, así como de los mecanismos de fiscalización y revisión de los compromisos asumidos.
  5. Compromisos verificables en materia de derechos humanos y democracia. La cooperación económica debe acompañarse de la liberación plena de los presos políticos, el cese de la persecución y garantías para el retorno voluntario y seguro de los exiliados.

Las negociaciones comerciales no deben servir para encubrir responsabilidades individuales, obstaculizar investigaciones ni conceder impunidad a cambio de oportunidades de inversión.

Mientras no se conozcan las condiciones definitivas, no corresponde presentar como demostrados los beneficios ni los perjuicios del eventual acuerdo. Sí corresponde exigir información y garantías antes de comprometer el futuro del país.

El petróleo venezolano debe contribuir al bienestar de los venezolanos, con transparencia, justicia y rendición de cuentas.

José Antonio Colina
Presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio — VEPPEX

En Dios Confiamos.