Edmundo González y CIDH hablaron sobre violación sistemática de DDHH en Venezuela

Caracas. – Una conversación sobre la violación sistemático de los Derechos Humanos en Venezuela, por parte del narcorégimen de Nicolás Maduro, sostuvo este sábado en Costa Rica el presidente electo, Edmundo González Urrutia, con la presidenta del Corte Interamericana de DDHH (CIDH), la jueza Nancy Hernández López.

«Hablé largo con la presidenta de la CorteIDH, la jueza Nancy Hernández López. La violación de DDHH, sistemática y generalizada, en Venezuela es un tema que está atendiendo la Corte con mucha precisión. Las ONG venezolanas hacen un gran trabajo de actualización sobre los hechos dentro del país. Ese registro hará historia», señaló González Urrutia en sus redes sociales.

También, resaltó el trabajo de las oenegés venezolanas, con respecto a la actualización de los hechos que ocurren en el país y sentenció: “Ese registro hará historia”.

Desde hace años, la CIDH ha estado monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela, denunciando crímenes de lesa humanidad y emitiendo informes, en el último de ellos denuncia una práctica de “terrorismo de Estado” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Además, durante su estadía en la nación centroamericana, González Urrutia se reunió con cinco exmandatarios de ese país: Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), José María Figueres Olsen (1994-1998), Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), Óscar Arias Sánchez (1986-1990 y 2006-2010) y Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018).

En esta reunión, discutieron estrategias para restaurar la democracia y garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos. 

Costa Rica, como miembro de los 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que rechazaron la legitimidad de la investidura presidencial de Maduro, ha sido un aliado clave en las denuncias internacionales contra el narcorégimen de Maduro.

Liberaron a 88 rehenes bajo medidas cautelares en Tocorón

Caracas. – Unos 88 rehenes del chavismo narcoterrorista dirigido por Nicolás Maduro, fueron excarcelados este pasado viernes en la noche en el penal Tocorón (Aragua), según lo informó la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve).

No obstante, las liberaciones fueron relativas, ya que los ciudadanos recibieron medidas cautelares.

“Unos 88 acusados de terrorismo e incitación al odio habrían obtenido medidas cautelares. Entre ellos se encuentran Emmanuel Padilla, Antony Quijada y José Gregorio Pérez, presos políticos cuyos familiares se han convertido en destacados activistas y defensores de los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela”, indicó la organización a través de su cuenta en X.

La ONG celebró que estas personas puedan regresar a sus casas con sus familiares, al tiempo que advirtió que «más de 400 presos políticos postelectorales aún esperan las boletas de excarcelación en Tocorón».

«Estas liberaciones son el fruto de la incansable lucha de madre, familiares, amigos, activistas, organizaciones y defensores de los derechos humanos que siguen exigiendo respeto a las garantías fundamentales», agregó.

Esta ronda de liberaciones solamente se registró en Tocorón. En los centros de tortura El Helicoide, El Rodeo I, Ramo Verde y Yare III, no se reportaron medidas similares.

Fallece otro preso político bajo custodia de la Narcotiranía

Caracas. – Otro preso político condenado por la Narcotiranía, César Mayora, falleció este pasado jueves en horas de la madrugada, en el interior de una celda en el Fuerte Guaicaipuro, donde lo mantenían recluido desde 2022.

Mayora fue víctima de un infarto fulminante a las 3:00 am, según revelaron fuentes que conocieron el caso y las cuales denunciaron el hecho ante varias ONG dedicadas a la defensa de los DDHH.

Las denuncias indican que Mayora fue víctima de torturas tanto físicas como psicológicas, mientras estuvo recluido y bajo custodia del fallido narcoestado que impera en Venezuela.

«Hoy, a las 3:00 a.m., falleció Cesar Mayora en la cárcel del Fuerte Guaicaipuro tras sufrir torturas físicas y psicológicas. Su infarto fulminante es otra muestra de la brutalidad del régimen asesino. ¡Exigimos justicia y libertad para Venezuela! #DDHH», señala una de las publicaciones que denuncian su caso.

Mayora formaba parte del grupo de militares y policías condenados en marzo de 2024, acusados de supuestamente participar en una operación denominada por la tiranía como «Honor y Gloria».

Diez funcionarios fueron condenados a 30 años de prisión, acusados de ejercer presuntamente terrorismo, conspiración y asociación. Los sentenciados fueron: Alexi Jiménez, Deivis Malavé, Justo Salamanca, José Yeguez, Marcos Fuente, Luis Lira, Juan Carlos Macualo, Jesús Castro, Víctor Rodríguez y el fallecida César Mayora.

Desde que había sido apresado en 2019, ya varias fuentes periodísticas, entre ellas la comunicadora Sebastiana Barráez, denunciaba la precaria situación que atravesaban los secuestrados por este caso, entre quienes figuraba Mayora, quien padecía una deformidad en uno de sus brazos a causa de los maltratos recibidos.

Es el cuarto preso político fallecido bajo custodia de la tiranía, luego de las elecciones presidenciales del año pasado.

Adolescente secuestrada durante protestas postelectorales en Carabobo intentó suicidarse

Caracas. – Familiares de la adolescente Mariana Victoria González Febles claman por su liberación inmediata, ya que la joven estudiante, secuestrada en Carabobo durante las protestas postelectorales y recluida en una cárcel común, ha sido víctima de agresiones y ha intentado quitarse la vida.

La joven de apenas 16 años, y estudiante del 5to año de bachillerato, fue raptada el 29 de julio en Naguanagua, cuando regresaba de comer perros calientes con su novio.

Actualmente se encuentra privada de libertad en el Comando de la Policía Municipal de Tocuyito (Carabobo), y ha sido acusada, de manera injusta y sin pruebas evidentes, como todos los jóvenes detenidos durante aquellos días, por los supuestos delitos de Terrorismo, que está atravesando por una grave crisis de estado ansioso y depresivo. Esperaba ser liberada durante las recientes excarcelaciones, pero al no ser así, su estado de ánimo empeoró.E

n estos momentos se encuentra junto a presas comunes, y ha sido agredida por estas reclusas, además de ser acosada por los custodios. El desespero a la cual se encuentra sometida es tal, que intentó suicidarse.

Advierten que las violaciones físicas y psicológicas de las que ha sido víctima desde el día de su detención, están deteriorando agresivamente su salud mental, poniendo en serio riesgo su vida. Por ello, claman que sea excarcelada de inmediato.

ONG venezolanas denuncian persecución y hostigamiento del narco régimen a defensores de DDHH

Caracas. – Sesenta organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas denunciaron este jueves, que el narco régimen intimida y persigue a defensores de derechos humanos, a raíz de la citación policial que recibió esta semana el director de PROVEA, Óscar Murillo.

Las ONG denunciaron, a través de un comunicado que difundieron por plataformas digitales, que en el país suramericano «la lucha por los derechos humanos y la justicia social enfrenta constantes desafíos arbitrarios e ilegales», pese a lo cual reiteraron que mantendrán su trabajo, aun cuando hay varios activistas detenidos y acusados por delitos como terrorismo.

En este sentido, acotaron en el texto: «Condenamos que un Estado -en cuya Constitución se denomina democrático, de derecho y justicia- intimide y persiga a quienes luchan por la justicia y la dignidad humana. La defensa de los derechos humanos y la protección a quienes los defienden no solo es una cuestión de justicia, sino un deber moral».

También, en relación a la citación de Murillo, quien rindió declaraciones por espacio de cinco horas en el CICPC, las ONG criticaron que nunca se explicó al convocado si acudiría en calidad de testigo, sospechoso o cuál era su vinculación con la investigación por la muerte de Edwin Santos, registrada en octubre pasado luego de que familiares denunciaran su desaparición.

Al respecto, denunciaron en el comunicado que la citación a Murillo, es un intento de hacer ver como un delito, el haber denunciado las presuntas irregularidades cometidas en torno a un hecho, como fue en este caso, la muerte de Santos, quien fue visto por testigos cuando fue detenido por esbirros del SEBIN.

«Nos preocupa profundamente que estemos frente a un acto de criminalización de la defensa de derechos humanos, así como de los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión. Podría ser, además, un intento de intimidar y silenciar a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela», sentenció el comunicado.

Amnistía Internacional denuncia que la situación de los DD. HH. empeoró en Venezuela

Caracas. – Los análisis realizados por Amnistía Internacional (AI) sobre Venezuela, concluyen que, inevitablemente, la situación en lo referente a los Derechos Humanos (DD. HH.) ha empeorado en el país durante la última década.

Así lo confirmó este viernes Agnès Callamard, secretaria general de esa organización, a una agencia internacional de noticias. Los estudios realizados revelan que, en materia de Derechos Humanos, no hay avances en el país, sino un deterioro evidente.

La funcionaria subrayó que su organización tiene «el mismo diagnóstico» sobre el país latinoamericano que el que hizo recientemente la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que estableció el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En este sentido, aseguró que no ha habido progresos en el país y que la represión se ha intensificado tras las controvertidas elecciones de julio, en las que Nicolás Maduro fue fraudulentamente declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.

Según la investigación de AI, realizada durante los últimos cinco años, evidencia múltiples violaciones, incluyendo «ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y la estigmatización de defensores de derechos humanos».

Callamard destacó, además, que tras las elecciones, la represión ha escalado considerablemente, con al menos 2.000 personas detenidas, incluidos activistas pro-derechos humanos.

La secretaria general también señaló que la situación ha sido particularmente grave para los menores y la sociedad civil.

«Sabemos que al menos 25 personas han fallecido por el uso de fuerza letal, incluidos menores», afirmó. Además, denunció la aprobación de una ley anti-ONG y el maltrato a jóvenes que continúan bajo custodia.

Asimismo, se expresó a favor de quienes han sido injustamente secuestrador por la tiranía. Exigió «la liberación incondicional de quienes estén detenidos por la expresión pacífica de sus puntos de vista políticos o de otro tipo».

«Debemos pedir el fin de las detenciones arbitrarias, debemos pedir rendición de cuentas por todo lo que ha pasado…», sentenció Callamard.

Saab amenaza nuevamente a Edmundo: «no habrá otro intento de usurpación»

Caracas. – El fiscal general del narco régimen, Tarek William Saab, lanzó una clara amenaza a Edmundo González, al afirmar que la tiranía no permitirá «otro intento de usurpación», en referencia a la juramentación que al presidente electo le corresponde celebrar el próximo 10 de enero.

Saab concedió una entrevista al portal Sputnik, en la cual dejó claro que la Narcotiranía hará todo lo posible, para que sea Nicolás Maduro quien se coloque la banda presidencial, a pesar de haber sido derrotado de manera apabullante por el exdiplomático.

Saab calificó a las pretensiones legítimas de asumir la presidencia por parte de González, como un episodio similar al protagonizado por Juan Guaidó, cuando se juramentó como un supuesto presidente interino.

«Aquí no va a ocurrir un Guaidó 3.0 ni ningún intento de usurpación. El 10 de enero de 2025 está claro que el presidente reelecto Nicolás Maduro será juramentado ante la Asamblea Nacional por el mandato que le corresponde con base a las elecciones que él limpiamente ganó el 28 de julio de este año 2024, eso es lo que va a ocurrir», advirtió Saab, quien también ha dicho que González será detenido de manera inmediata, si se atreve a regresar a Venezuela.

También, fue enfático en subrayar que el organismo chavista que dirige, se ha convertido en un presunto «baluarte de la institucionalidad», al querer decir que ese ministerio público es, hoy día, el principal muro de contención con el cual cuenta Maduro y su Narcotiranía.

Falleció el preso político Jesús Martínez en Anzoátegui bajo custodia del narco régimen

Caracas. – Jesús Manuel Martínez (36), un preso político del narco régimen, detenido el pasado 29 de julio solo por haber sido testigo de mesa durante las elecciones presidenciales, falleció este jueves, 14 de noviembre, bajo custodia de la tiranía.

Sus familiares confirmaron su deceso al medio digital El Pitazo. Además, el político opositor en el exilio Eduardo Battistini también informó de la muerte de Medina en su red social X.

El delicado estado de salud -sin que se le brindara la atención médica requerida- por el cual atravesaba Martínez, ya había sido denunciado a principios de noviembre a través de las redes sociales. «Tiene diabetes tipo II y un problema cardíaco. En la sede de la policía donde estaba detenido en Lechería, estado Anzoátegui, le salieron unos nacios (abscesos en la piel que se llena de pus) nunca le prestaron atención médica hasta que se le infectó toda la pierna», publicó en ese entonces, en su cuenta de la red social X, el exfiscal Zair Mundaray.

Sus dolencias físicas se agravaron por las condiciones inhumanas que sufría en el calabozo policial donde fue recluido, según denunciaron sus familiares. El joven padecía una enfermedad cardiaca y diabetes, a lo que se sumó infecciones que ya venía presentando.

Manolín, como era conocido en el municipio Aragua, del estado Anzoátegui, fue finalmente intervenido para amputarle una de sus piernas, pero resultó que ya era demasiado tarde.

Murió en el hospital Luiz Razzetti de Barcelona, donde estuvo recluido mientras era atendido a destiempo.Su muerte generó consternación entre muchas figuras y partidos de la «oposición» venezolano. Muchos voceros coincidieron en afirmar, que el único delito de Martínez fue haber sido testigo electoral en la escuela Guzmán Bastardo del municipio Aragua en Anzoátegui, en la cual colaboró para resguardar las actas electorales.

Cabello admitió que si hay niños y adolescentes arbitrariamente detenidos

Caracas. – El ministro chavista de relaciones interiores, Diosdado Cabello, reconoció este pasado miércoles, que si hay menores de edad injustamente secuestrados, y puestos tras las rejas, luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

La admisión de estos hechos la realizó durante la transmisión de su programa «Con el mazo dando», en el cual no tuvo más remedio que aceptar que el narco régimen mantiene detenidos a niños y adolescentes.

No obstante, no admitió la realidad del motivo: haberse rebelado en contra del robo de las elecciones presidencias ejecutado por Nicolás Maduro. En lugar de ello, optó por culpar -sin argumentos- a los padres de estos jóvenes.

Aunque asumió que si se tratan de niños y adolescentes arbitrariamente privados de libertad, no dejó de ser sarcástico al respecto. “Pobres niños que están detenidos”, ironizó Cabello. “Ahí están presionando con los pobres presos políticos, con esos niños que están detenidos”, añadió.

«Van los padres y hacen vigilias. ¿Dónde estaban el 29 y 30 de julio esos padres, que permitieron que sus hijos se fueran a guarimbear? ¿Por qué no les pusieron reparo a sus hijos? ¿Dónde estaban ellos? Ahora los malos somos nosotros», dijo para responsabilizar a los representantes de los jóvenes.

Según la ONG Foro Penal, en el país hay un total de 69 menores de edad, de entre 14 y 17 años, que permanecen detenidos desde el 29 de julio.

Entre velas, pancartas y lágrimas, madres de presos políticos han realizado denuncias sobre las irregularidades en los procesos judiciales de los jóvenes. También en vigilias en las afueras de las cárceles de Tocuyito, Tocorón y Yare III han pedido la liberación de sus hijos. La realidad es que han sido sometidos a terribles torturas, y las condiciones de encarcelamiento son infrahumanas. Al menos tres casos de intento de suicidios, han sido reportados entre estos jóvenes.

Frank Osuna, un violador de Derechos Humanos, es el nuevo inspector de la GNB

Caracas. – Un oficial acusado por la justicia argentina de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela es el nuevo inspector nombrado por la Narcotiranía para la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Este se trata del general Frank Osuna.

Según la denuncia realizada por la periodista Sebastiana Barráez en una nota periodística, Osuna es uno de los 14 oficiales a quien el fiscal federal argentino, Carlos Stornelli, imputó en julio de 2023, y este año el juez Sebastián Ramos ordena detener por presuntos crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014.

La comunicadora recordó que «el tribunal argentino, bajo el principio de justicia universal, libró órdenes de captura internacional con alerta roja de Interpol contra los dos hombres fuertes del régimen y los militares que serían parte de los responsables de la brutal represión contra manifestantes en el año 2014».

En este sentido, señaló que Osuna fue culpado, al ser el comandante de la GNB durante las protestas postelectorales. La actuación de los efectivos y oficiales a su mando, registraron no solo muchos ciudadanos secuestrados, sino también varios muertos y heridos de gravedad.

Barráez señala que, a pesar de las acusaciones y orden de captura en su contra, el Ministerio chavista de Defensa, designó en la Inspectoría de la GNB al «GD Frank Alonzo Osuna Díaz, quien reemplaza al GD retirado Alexis Jesús Moya Marcella».

Asimismo, advierte: «Osuna es uno de los oficiales investigados por la justicia argentina, que tiene jurisprudencia en materia de Derechos Humanos, en el marco de la violación de derechos humanos en Venezuela; él era el comandante del Destacamento Nr. 24 de la GNB en el año 2014».

La periodista también destaca que, entre las órdenes de aprehensión emitidas por la justicia argentina, también figuran Nicolás Maduro y Diosdado Cabello junto a los otros 14 oficiales señalados.