Por Anthony Parra, voluntario de Estudiantes por la Libertad Venezuela.
Por encomio a la estructura de la igualdad de género se ha retrocedido en los avances legales, políticos y estructurales del poder que se había conseguido. Esto no es nuevo, desde hace años se viene aplicando el modelo forzado y discriminante de estructurar los puestos laborales, y en aberrantes casos los escaños de los órganos legislativos para que estos les den según los resultados de una cantidad igual en hombres e igual en mujeres. Este fenómeno puede observarse en países como Etiopía; México, en el cual el ex-presidente Enrique Peña Nieto celebró que el Instituto Nacional Electoral implementara medidas en materia de paridad de género para reducir la “brecha”; y ahora, a juzgar por el inciso 2 del artículo 6 de la pasada propuesta de constitución política, Chile tiene visto ese nuevo camino.
Temo no saber filosofar si esta igualdad es en broma o es en serio. Pero por la agenda política parece que sí. Cuando trabajamos y entregamos el poder como lo hacemos en un sistema legislativo lo hacemos asumiendo que ese poder será ostentado por las personas más preparadas para ese fin, adquiriendo la responsabilidad y el carácter de representar la figura de autoridad de defender las libertades ciudadanas sin perseguir fines privados, de clase o de otra segregación social.
Si seguimos esta estructura de igual representación de hombres y mujeres usando esta distinción de género como único criterio por la “paridad” no sólo estamos promoviendo el hecho de que las personas que están allí estén selectas por fines antagónicos y privados, sino que se discrimina el mérito y, no conforme con esto, contradicen la meta de un parlamento.
Seleccionando un grupo de personas a partir de su sexo, destruimos la posibilidad de que personas capacitadas ocupen ese puesto, y además discriminamos a las personas que quieran adquirir ese escaño. Por ejemplo, si hay mujeres que quieren ejercer una función dentro del parlamento, y esas mujeres están más capacitadas que muchos hombres allí y más, pero limitamos el número de mujeres que pueden acceder al cargo para conseguir paridad con hombres, entonces, esos hombres podrán acceder por el privilegio de sus sexos —mas no de sus capacidades— a ese cargo que pudo ser ejercido de manera más productiva por alguna de las mujeres excluidas. Lo mismo pasa en el caso contrario.
Como podemos apreciar se discrimina al mérito, colocando a los sexos por encima de las metas de un parlamento que son el fortalecimiento del estado de derecho, el desarrollo de leyes y la formación de democracias liberales sólidas. Entendiéndolo de esta manera, si el fin de que exista una igualdad de sexos forzada puede obstruir el correcto ejercicio de las funciones parlamentarias, ¿podemos considerar siguiendo este modelo de igualdad de hombres y mujeres eficaz la actuación legislativa, y, por lo tanto, las funciones por las cuales son realmente convocados todos y cada uno de ellos?
Es por eso que este modelo es solo un método de alcance de votos, y se promueve como un logro. Obvio no se toma en cuenta que cuando generamos esa inclusión las personas son atacadas en la ley natural más primaria que poseen: su dignidad como seres humanos. Ahora el ataque es a su dignidad y a sus funciones por no poseer el estándar de sexo que deberían según las directrices y planificación del bien común.
Cuando el esnobismo cae en manos de los políticos estos suelen abrazarlos más con alegría que con el discernir. Y esa falta de discernimiento enfocada en el populismo vuelve un escenario fuente de tratos discriminatorios y la ley se regirá en base a la ideología de turno la cual proyectará sus visiones a la acción humana en la economía del mercado y a la democracia generando problemas futuros. Cada vez más, la política —a través de estas efímeras demostraciones— nos demuestra que necesita menos la representación de los ciudadanos y más las expresiones fáticas democráticas para hacerse con el poder.
