El régimen de relación entre Estados Unidos y la República de las Islas Marshall se sustenta en un Pacto de Libre Asociación (COFA) firmado en 1983 y vigente desde 1986. Bajo este acuerdo, las Islas Marshall son un Estado soberano e independiente, con gobierno propio, presidente, constitución y asiento en la ONU. Sin embargo, ceden a Washington la autoridad total sobre su defensa y seguridad a cambio de asistencia económica periódica, derechos migratorios amplios (viaje, residencia, estudio y trabajo en Estados Unidos sin visa) y la posibilidad de enrolarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses. El pacto también incluye compensaciones históricas por las pruebas nucleares realizadas en Bikini y Enewetak entre 1946 y 1958, y garantiza a Estados Unidos el uso estratégico de instalaciones como el atolón de Kwajalein.
Este modelo de soberanía condicionada no es una anomalía. Es una de las formas más claras en que Washington ha estructurado relaciones de poder con territorios de alto valor estratégico.
El Plan Marshall, por su parte, fue el instrumento visionario que, entre 1948 y 1952, reconstruyó la Europa occidental devastada por la guerra. No fue solo dinero. Fue un vehículo de contención del comunismo y de restablecimiento de prosperidad y libertades públicas. Contó con un liderazgo político efectivo y responsable: Clement Attlee y Ernest Bevin en el Reino Unido, Vincent Auriol, Georges Bidault y Robert Schuman en Francia, Konrad Adenauer en la naciente República Federal Alemana, Alcide De Gasperi en Italia, Paul-Henri Spaak en Bélgica, entre otros. Tras haber pulverizado el fascismo, estos hombres asumieron la tarea de reconstruir sin el lastre de las viejas élites derrotadas ni el contagio de las fuerzas que amenazaban desde el Este.
Venezuela, hoy, se encuentra en una encrucijada análoga, aunque con una diferencia decisiva: produce el petróleo suficiente para autofinanciar su propio Plan Marshall. No necesita limosnas. Necesita algo que no tiene: un equipo de conducción nacional incuestionable, ajeno al cáncer politiquero que ha destruido al país durante un cuarto de siglo.
La cuestión venezolana demanda la atención de Washington no por caridad, sino por interés estratégico. Venezuela es un enclave de suministro de petróleo al cual Estados Unidos no estará dispuesto a ceder ni a dejar nacionalizar o intervenir por rivales globales nunca más.
Acerca de no volver a ser el país libérrimo que fuimos hasta 1999, ese es el precio que los venezolanos pagamos por el chavismo.
La oportunidad de una independencia absoluta fuera del chavismo fue asfixiada por la vergüenza llamada interinato. Ese experimento, que pretendió ser transición y terminó siendo una prolongación de la crisis, demostró que la oposición tradicional no estaba preparada para gobernar ni para romper de verdad con el sistema que decía combatir.
Sería un gesto de buena voluntad por parte de los Estados Unidos —y de realismo estratégico— que el Departamento de Estado descartara tanto a la oposición colaboracionista como al chavismo residual, y promoviera la selección de un equipo de dirigentes comprometidos con la reconstrucción, inicialmente sostenidos, si fuera necesario, por el poder estadounidense. Cualquiera sea el modelo de asociación que luego impere —COFA, protectorad de facto, o un arreglo más sofisticado—, la selección de ese liderazgo no es una decisión exclusivamente venezolana. Y no necesita serlo.
Lo que Venezuela requiere no es otra ronda de negociaciones entre los mismos actores que han fracasado. Requiere un equipo de conducción nacional ajeno a los bandos, con autoridad real y con el respaldo suficiente para imponer el orden mínimo sin el cual ninguna reconstrucción intentada será viable.
Dentro de una incontable secuencia de factores que pudieran orbitar alrededor del caudillo de turno que hace lo que le da la gana menos lo que dice la ley, nuestra región ha necesitado —o no le ha quedado otra opción— que recibir la presencia correctora de nuestro hermano continental del norte: los Estados Unidos de América.
Desde la Doctrina Monroe (el Monroe de Trump es otra cosa) y su “Big Stick” en el Caribe y Centroamérica a comienzos del siglo XX, las intervenciones de la Guerra Fría para impedir “otra Cuba”, hasta la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 y la reacción inevitable derivada de los sismos gemelos del 24 de junio que dejaron al descubierto la podredumbre estructural del Estado venezolano —y que el chavismo en nada se parece al régimen de Saddam Hussein—.
En casi todos los casos el guion fue similar, porque las relaciones internacionales no se basan en el altruismo sino en los intereses, ya sean económicos o de seguridad. En todas las acciones se justificó el uso de la fuerza; se removió o debilitó al actor local; se instaló o se toleró un régimen cliente; y cuando la fuerza externa se retiró —o redujo su presencia—, quedó un vacío que las élites y políticos sobrevivientes, generalmente corrompidos o incapaces, no lograron llenar con instituciones reales. El resultado no fue democracia estable, sino un nuevo ciclo de inestabilidad, autoritarismo o criminalización del poder y la consecuente intervención.
Nuestra complicada historia con los Estados Unidos está llena de ejemplos. Las ocupaciones en Haití, República Dominicana y Nicaragua a principios del siglo XX crearon las condiciones para dictaduras posteriores. La intervención de 1954 en Guatemala derrocó a un gobierno reformista y abrió décadas de guerra civil y genocidio. El apoyo al golpe de 1973 en Chile desplazó a un gobierno que amenazaba con entrar en la órbita castrista por una dictadura atroz de derecha que, si bien abrió la economía, dejó una herencia de impunidad y desigualdad que aún pesa. La invasión de Panamá en 1989 eliminó a Noriega pero no eliminó las redes de narcotráfico ni construyó un Estado sólido y capaz de automejora. Cada intervención generó, en el mejor de los casos, una calma temporal; en el peor, un nuevo vacío llenado por actores aún más depredadores.
La diferencia de nuestro 3 de enero es que los depredadores siguen operando y sus colaboracionistas, etiquetados como “opositores”, siguen perdidos en el espacio.
En este contexto, la pregunta que ya formulamos se vuelve inevitable: ¿qué esquema de gobernabilidad emerge después de una intervención que remueve al tirano pero deja intacto el entramado criminal e institucional que lo sostuvo? La historia latinoamericana ofrece pocas respuestas que nos ayuden en esta línea de análisis. Las ocupaciones prolongadas terminan generando resentimiento y nuevas formas de dependencia. Los gobiernos surgidos tras la intervención suelen reproducir la corrupción y la debilidad institucional que justificaron la intervención. Las “transiciones pactadas” entre élites fallidas, por lo general, solo logran administrar el declive o, peor, legitimar nuevas rondas de latrocinio.
La devastación actual venezolana impone un replanteamiento radical. No se trata de elegir entre intervención extranjera o soberanía abstracta. Se trata de reconocer que el vacío de poder es real y que llenarlo con las mismas fuerzas que lo crearon —o que lo consintieron bajo torneos electorales conocidos de antemano como fraudulentos y jugosos negociados— solo prolonga la agonía. La solución no puede ser otro pacto entre los mismos actores que han demostrado su incapacidad histórica. Tampoco puede ser una ocupación indefinida que convierta a Venezuela en un territorio bajo tutela de facto, aunque los precedentes “insulares” ofrezcan alguna cobertura de derechos básicos.
Lo que se requiere es un gobierno de emergencia nacional integrado por ciudadanos independientes de los bandos, con méritos probados —muchos de ellos en el exilio—, dispuesto a utilizar el apoyo militar temporal de los Estados Unidos para desmantelar el aparato criminal chavista, recuperar el control territorial y sentar las bases mínimas de un Estado de derecho. Solo entonces, cuando exista capacidad real de proteger a la población y de organizar procesos electorales limpios, podrá hablarse de una transición hacia la democracia. No antes. Las elecciones precipitadas en medio del caos solo servirán para que el cartel reconquiste por vía electoral lo que perdió por vía militar.
La historia de las intervenciones en América Latina demuestra que la fuerza externa puede romper estructuras criminales enquistadas, pero no puede —ni debe— sustituir la construcción de instituciones locales. Ese es el vacío que ni la potencia del norte ni las élites vernáculas han sabido llenar. Venezuela tiene hoy la oportunidad —y la obligación— de romper ese ciclo. De lo contrario, el próximo capítulo de este largo apocalipsis latinoamericano ya está escrito.
Mauricio Hernández, estudiante de bibliotecología en la UCV, coordinador local senior de EsLibertad Venezuela y dirigente de Tomos UCV
“(…) nos encontramos ante una generación de funcionarios del sector de seguridad sin escrúpulos ni sentido de vocación real, a raíz de la inacción y la ausencia de protestas internas por la misma, al igual que por la faceta de oportunismo que muchos han usado para aprovecharse de la situación [del 24 de junio].”
Desde pequeños, al venezolano le han dicho que el amarillo representa la riqueza, que el azul son los cielos y que el rojo es la sangre derramada en las luchas por la independencia. Hoy, sus riquezas se encuentran en las manos equivocadas a falta de una reivindicación nacional, y el azul de sus cielos se tornó en el rojo de la sangre que sigue cayendo en sus calles. No obstante, la virtud más rara del venezolano demostró que su desorden acopló perfectamente las piezas y sus potestades para lograr en días lo que un Estado incompetente como este controlado por el chavismo haría en años.
En la coyuntura que tenemos al frente, producto de los sismos que sufrió el país el pasado 24 de junio de 2026, caemos en tres verdades innegables: (1) que la sociedad civil se organizó de manera esporádica para ayudar a su propia gente desde las pocas capacidades de las cuales las personas comunes presiden; (2) que nos encontramos ante una generación de funcionarios del sector de seguridad sin escrúpulos ni sentido de vocación real, a raíz de la inacción y la ausencia de protestas internas por la misma, al igual que por la faceta de oportunismo que muchos han usado para aprovecharse de la situación; y (3) que Venezuela no estaba preparada a nivel civil para una catástrofe así, por lo que la centralización de las atribuciones económicas en manos del Estado hará que la reconstrucción de la vida de cada individuo sea un proceso casi intratable.
En concordancia con lo anterior, podemos ver que, históricamente, el actuar del venezolano en decisiones de gran magnitud a través del tiempo ha vislumbrado un comportamiento errático y, a veces, espontáneo —derivado del impulso—. Y eso es algo que podemos notar en los siguientes dos puntos:
La cultura de improvisación y planificación, la cual cobró prominencia en la era del boom petrolero, el derroche masivo de capital y el aumento exponencial de la deuda externa en la década de 1980. Tras la crisis de 1973, el precio del petróleo se multiplicó por cuatro. Posteriormente, Carlos Andrés Pérez nacionalizó el recurso y el hierro, al tiempo que lanzó un plan de inversiones masivas. En consecuencia, se creó una cantidad absurda de empresas estatales y se implantó la costumbre de importar todo lo que se consumía, hasta terminar acumulando una deuda externa colosal.
Eventualmente, los precios del petróleo cayeron de forma desmesurada y las tasas de interés internacionales subieron cuando la deuda externa ya se encontraba en un punto de erosión. Asimismo, dichos aconteceres indujeron al país en una imposibilidad de mantener tantas empresas —las cuales quebraron—, generando una acumulación de pasivos que en ese momento se tornó impagable. Todo esto en virtud de que, tanto los gobiernos de ese entonces como las personas, no vislumbraban una visión a futuro, sino una busqueda inmediata de beneficios y un consumismo extremo para la calidad de vida, perseguian ganancias masivas y dejaban en un segundo plano el tan importante ahorro. Todo ello derivó, más temprano que tarde, en la crisis.
La tendencia al abanderamiento populista que, históricamente, ha marcado la dinámica electoral nacional. Dicha premisa se enfoca en que la población se ha visto envuelta en elecciones cuya competencia por el mandato, aunque no todo el tiempo ha sido profundamente polarizada, sí ha estado enmarcada por una costumbre de captación y selección hacia actores con tendencia populista, poseedores de narrativas divisorias y supuestos sentidos de «pertenencia» o «nacionalistas». Estos líderes tuvieron por objetivo abordar a los votantes a base de apegarse a los sentimientos de manera excesiva y mediante acciones volátiles; debido a ello, podemos resumir esto en una carencia de análisis crítico por parte de la población.
El regimiento electoral, en el sentido previamente planteado, ha sido un hilo trascendental. Empezando por el caudillismo —antes del concepto de populismo que hoy conocemos—, ya que ante el vacío de poder después de la independencia, militares con poder usaban discursos nacionalistas y divisores para movilizar a la población, contando con actores como José Antonio Páez y Ezequiel Zamora. Progresivamente, se pasó por la premisa de Juan Vicente Gómez sobre la imposibilidad de la población para mantenerse por sí misma y lo imprescindible que resultaba un «Gendarme Necesario», además de la narrativa de «estás con el progreso o en contra de la nación». Después, se transitó por la era del boom petrolero y las narrativas de los candidatos de Acción Democrática sobre la repartición justa de los fondos de la industria del petróleo, lo cual dividió a la sociedad en sus propios intereses y discursos de polarización ideológica —cabe aclarar que, aunque esta fue vista como una época que impulsó grandes cambios a nivel democrático, de igual forma funcionó bajo el mismo hilo conductor—.
En resumidas cuentas, el venezolano se deja llevar por los primeros instantes que le propicien la suficiente emoción como para no evaluar si dicha opción se considera viable a largo plazo o pertinente para la situación. No obstante, aun actuando de manera “machucada”, este ser puede llegar a disponer de un alineamiento casi natural con la inmediatez de las situaciones, pudiendo solventar de forma temprana —más no perdurable— diversas contingencias. Tal y como lo plantea Axel Capriles en La picardía del venezolano o el triunfo de Tío Conejo:
«El pícaro no puede esperar. Su horizonte temporal es el instante. En la viveza criolla, la previsión y el ahorro de energía para metas a largo plazo son sustituidos por el destello de la oportunidad. No se trata de construir un edificio, sino de encontrar el hueco en la pared para pasar hoy.»
Por lo tanto, la atención de este artículo radica en entender que el desorden por el cual nosotros mismos nos hemos criticado demasiadas veces, fue en ese preciso instante nuestra peor virtud y nuestro mejor defecto. Y que, a distancias de contar con el apoyo institucional y cotidiano de una nación “normal”, evidenciamos lo que para muchos de los venezolanos será visto como la nueva cúspide del descaro por parte de la dictadura. En consecuencia, nos podríamos encontrar en vísperas de un próximo estallido social. Esperemos…
Conversando con mi amigo Ricardo Escalante, le contaba entre un capuchino y un té que, de tantas cosas horrorosas y simultáneas que nos ocurren en Venezuela, no hallaba de qué escribir. Le pregunté: «¿A dónde vamos?». Y él me sugirió este título para la nota de esta semana. Una vez más, Ricardo tenía razón.
Venezuela es el producto de muchos desaciertos consecutivos, notables y evitables. Hemos llegado a esta estación de pavor y, en la desesperación, nos preguntamos: ¿cómo salimos del laberinto?
Lo cierto es que no ha habido mejor gobierno para hacerse rico —aquellos que pudieron impunemente— que el chavismo. Eso explica, en buena medida, el desastre. El chavismo incorporó el escenario de elecciones perpetuas, en una magnífica interpretación de una generación de políticos activistas que siguen entendiendo el activismo político como un acto de comercio y desconocen —o no quieren aprender— a ser estadistas.
El chavismo entregó la soberanía venezolana a la tiranía cubana e introdujo en el continente las causas más peligrosas del mundo, comenzando por el terrorismo musulmán árabe y el odio a la nación de Israel, sentimientos que nunca formaron parte del espíritu libertario y tolerante de nuestra nación.
La pérdida de la soberanía no comenzó el 3 de enero. Comenzó el día del hara kiri electoral que entregó el poder a alguien como Chávez y su compañía.
La piña con cereza que decora el jamón es la calamidad de los sismos gemelos en tiempo del consulado compartido de los gemelos siniestros, allende del dolor y muerte, la verdadera tragedia ocurrió antes del antojo natural, pasó cuando Venezuela dio el salto atrás chavista.
Para colmo de males, Venezuela propició —por permitirse que el chavismo durara más que cualquier dictadura en nuestra historia— la intervención más no ortodoxa jamás hecha por los Estados Unidos. Donde la orden del día es controlar recursos y dividendos, y el pueblo de Venezuela que se espere.
Pagan así los venezolanos, los pecados de unas oposiciones camaleónicas, complacientes e incondicionalmente inutiles. Con un liderazgo actual encumbrado por el reconocimiento mundial, que emergió en condenar a los colaboracionistas, que volvió a validar a Maduro participando en su último fraude, y que se retrata en Panamá con todos aquellos que condenó y que dio origen a su esperanza “diferente”.
Mientras tanto el pueblo observa a los esbirros cuidando las caletas entre ruinas, y aplaude a las tropas americanas. ¿A dónde vamos? No se sabe aún. Lo cierto es que no será a lo que creíamos que fuimos desde 1810.
Mariangel Sophia Carvajal, politólogo de la Universidad de los Andes (ULA) y Coordinadora Local Senior de EsLibertad Venezuela.
“(…) Los terremotos del 24J demostraron que el centralismo gubernamental no solo es ineficiente, sino peligroso. Pese a ello, en medio de las ruinas, (…) bastó la coordinación espontánea de millones de voluntades autónomas —fuera y dentro del país— para salvar vidas allí donde el Estado solo ofreció escombros..”
El terremoto doble del pasado 24 de junio sacudió a Venezuela: destruyó edificios, arrebató vidas y ocultó bajo los escombros a muchas personas que, a día de hoy, siguen desaparecidas, y es probable que muchas sean encontradas sin vida. Aunque es cierto que los milagros, después de cinco días, hasta el 29 de junio, siguen sucediendo, porque aún aparecen personas con vida, no es menos cierto que se pudieron haber salvado más vidas si el Estado venezolano hubiese permitido que las personas se prepararan para ello —quizá hasta incentivándolo él mismo—. Por esta razón, podemos afirmar que los sismos también sacudieron al régimen venezolano encabezado ahora por Delcy Rodríguez, a la infraestructura institucional y al chavismo en general; dos cosas quedaron demostradas: por un lado, el deterioro acumulado en 27 años de chavismo, por otro lado, el alto nivel de indiferencia hacia el sufrimiento de la sociedad venezolana.
Actualmente, según la ONU, asciende a 50.000 personas la cifra de desaparecidos a raíz del terremoto; además, un estudio preliminar publicado por la NASA indica que unos 59.000 edificios sufrieron daños estructurales (EFE, 2026). Ahora bien, hablando de heridos y de muertes confirmadas hasta el 01 de julio por Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional chavista: hay 11.267 heridos y 2.295 muertos (página web de la AN, 2026). Sin embargo, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (Efecto Cocuyo, 2026) o la Organización Panamericana de la Salud (El Nacional, 2026), apuntan que las cifras son superiores y que ha habido un registro inadecuado de víctimas, siendo totalmente probable que el régimen venezolano altere datos. Asimismo, la OIM estima que los terremotos afectaron aproximadamente a 6,76 millones de personas (Efecto Cocuyo, 2026). Estas cifras son importantes para dimensionar lo que significó el terremoto en Venezuela, porque, a pesar de que los eventos sísmicos significan y pesan diferente para cada país, la diferencia radica especialmente en el nivel de preparación frente a desastres, insumos en hospitales y construcción segura antisísmica de los edificios.
Tras los destructivos sismos, muchos venezolanos salieron a ayudar a sus compatriotas con recursos escasos y conocimientos limitados. Sin embargo, el deseo de cooperar y la premura de ayudar a aquellos entre los escombros, superó a la coordinación macro necesaria -que no existió- para responder con efectividad, especialmente ante un Estado incapaz de actuar en favor de los necesitados.
Ahora bien, esta desconexión entre la voluntad civil y la parálisis institucional no es un fallo accidental, sino la consecuencia directa de la práctica de un modelo ideológico que hemos vivido los venezolanos desde hace mucho, a saber: el socialismo. En esta catástrofe, Venezuela ha demostrado, una vez más, que la promesa de un Estado protector que lo gestiona todo es, en realidad, una ilusión peligrosa que, en última instancia, también termina por socavar la capacidad de coordinación de la sociedad civil. Para desentrañar tal dinámica es útil analizar el marco conceptual de Hayek en torno a la planificación estatal —siempre en detrimento de la descentralización—.
En este sentido, Hayek plantea que la planificación dirigida por el Estado contiene dos principios, a saber: (1) que debe existir una igualdad absoluta y completa de todos los individuos; y (2) que la gente considere que esa igualdad sea deseable (citado por Borgucci, E., 2012). No obstante, es claro que esa igualdad es imposible de lograr, por tanto, “el discurso del planificador planteará entonces una lucha por una mayor igualdad. En consecuencia, el Estado planificador se debe hacer cargo en su totalidad de las personas a quienes les sirve. Es decir, el Estado planificador tiene ante sí un problema político central” (Hayek, citado por Borgucci, E., 2012, p.360).
¿Qué quiere decir lo anterior? Que el Estado, bajo la premisa planificadora y de la “igualdad”, terminará centralizando todo el poder en su afán y deseo de controlar lo que sucede en la economía del país, lo cual implica, también, darse vía libre a controlar precios, expropiar propiedades, controlar inclusive, en situaciones extremas, donaciones. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos que pueda hacer el planificador central restringiendo y regulando todo —o eso intenta—, chocan con una realidad que ya Ludwig von Mises explicó a principios del siglo XX, esto es: sin precios libres, realizar cálculos económicos es sencillamente imposible, y, por tanto, que se asignen correctamente los recursos al tiempo oportuno. Todo ello responde al hecho de que, como también señala Hayek, “ningún planificador central podría poseer suficiente información para lograr la eficiencia (Trescott, P., 2021)”. Es decir, solo se centralizaría el poder, se intentaría imitar las reglas de decisión de una economía competitiva (Trescott, P., 2021) y se intervendría en la acción del mercado, pero igualmente no se lograría la eficiencia ni la prosperidad mantenida a largo plazo.
Ahora, ¿por qué Hayek relaciona la planificación económica por parte del Estado con el surgimiento del un Estado totalitario? Como bien resume Trescott, P. (2021): “Los esfuerzos por persuadir a la gente para que trabajara en pos de un conjunto común conducirían a la propaganda y a la represión del debate libre y la disidencia. (p.1)”.
Todo esto es precisamente lo que sucede en Venezuela desde hace algunos años. Todos hemos visto la represión a la libertad de expresión y la violación al derecho de la manifestación pacífica —consagrado en la Constitución venezolana en el artículo 68—. En general, se sabe que varios derechos humanos y derechos políticos han sido violados por el régimen venezolano. No obstante, el régimen no solo intentó por años centralizar el poder, la economía, la riqueza, etc., sino que, actualmente, también están cometiendo la insolencia de querer centralizar la ayuda, el rescate de personas que quedaron bajo los escombros de los edificios y la distribución bajo control militar. Se reportaron persecuciones a voluntarios que se inscribieron en plataformas digitales para colaborar como traductores con equipos de rescate internacionales. La presión fue tal que la página que concentraba dichos datos tuvo que cerrarse.
El doblete sísmico del 24 de junio ya ha comprobado que toda esta “planificación central” liderada por el Estado en los últimos 27 años de gobierno chavista no tuvo resultados eficientes ni efectivos, porque la mayoría de los edificios e infraestructuras pertenecientes a la “Gran Misión Vivienda Venezuela” -programa habitacional del chavismo lanzado en 2011 para construir viviendas en sectores populares- colapsaron, específicamente en los sectores Caraballeda y Catia La Mar, que se ubican en el litoral central del país, específicamente en La Guaira, Estado Vargas, que fueron de las zonas más afectadas y destruidas de la región central (Diario Las Américas, 2026). Es importante mencionar que, según el Diario Las Américas (2026): “Al menos dos de las cinco estructuras que forman parte del conjunto de la Misión Vivienda se derrumbaron (p.1)”.
El régimen venezolano comenzó con la planificación central y ha terminado desarrollando poderes dictatoriales con el tiempo. Esto es algo que se sabe desde hace años en el país. Pero los resultados de su dictadura y de su “trabajo”, si bien se han podido percibir anteriormente, por ejemplo, con la escasez de alimentos del año 2016, nunca habían sido tan palpables como esta vez con lo sucedido el pasado miércoles 24 de junio. La falta de un gobierno organizado y preocupado por su gente, fuerzas armadas indiferentes e incapaces de coordinar un rescate básico y los edificios mal construidos. Suma a esto ahora el hecho de que no dejen a la sociedad civil coordinarse y que la misma no esté preparada para responder adecuadamente a la crisis, porque no existen nociones básicas para ello, porque el Estado ha querido arrogarse absolutamente todo para ellos, porque “eran nuestros salvadores”.
El terremoto doble del 24J no ocasionó las ruinas de Venezuela, solo las hizo visibles. Lo acontecido el 24 de junio es la demostración empírica y el ejemplo del fracaso de la planificación centralizada que Friedrich Hayek denunció: un sistema diseñado, establecido y aferrado al poder, netamente enfocado en someter al ciudadano, pero totalmente inútil e indiferente para salvarlo.
En un sistema libre y descentralizado, la competencia y la responsabilidad legal obligan a cumplir normas de construcción que harían que los edificios fueran antisísmicos, es decir, pudieran resistir a sismos. La Gran Misión Vivienda Venezuela fue un proyecto que, en 2014, años después de sus inicios, según Transparencia Venezuela (citada por Diario Las Américas, 2026) alertó: “permaneció cubierto por la desidia y la corrupción (p.1)”. Los edificios colapsados y devastados son el resultado de la falta total de ingeniería de calidad, porque la lealtad partidista y los intereses propios prevalecieron sobre la preocupación por la vida de los ciudadanos que habitarían allí.
Adicionalmente, otra de las tesis de Hayek fue comprobada a través del “orden espontáneo” que sucedió al desastre natural del 24 de junio. Como ya mencioné, los valores del venezolano, la resiliencia y la empatía del mundo para con personas —en gran medida— desconocidas, se unieron por el mismo acontecimiento destructivo que sacudió al país —para aquellos venezolanos que vivieron el terremoto en alguno de los estados sacudidos— y por la solidaridad hacia quien lo perdió todo —para aquellas personas, venezolanas o no, dentro o fuera del país, que se solidarizaron difundiendo lo que había sucedido o donando recursos-; demostraron que el orden espontáneo significa, más allá del mercado o de la economía, humanidad.
Como explica Hayek (1966), el orden espontáneo se fundamenta en la reciprocidad y los beneficios mutuos. A diferencia de los sistemas verticales, su estructura “no se basa en una jerarquía única de fines y, por consiguiente, no asegura, en general, que lo más importante llegue antes que lo menos importante (p.185)”.
A este fenómeno el autor lo define como “Catalaxia”, un término derivado del griego ‘Katallattein’, que significa ‘admitir en la comunidad’ y ‘convertir de enemigo en amigo’” (p.184). Es el orden que emerge espotáneamente del intercambio libre, y lejos de exigir una escala de valores o fines centralizada y unitaria, no requiere planificación central ni jerarquía de fines: basta con que cada persona actúe desde su propio conocimiento, permite que los miembros de una sociedad libre tengan “una buena oportunidad de hacer un uso exitoso de sus conocimientos individuales para el logro de los propósitos individuales que efectivamente tengan.” (Hayek, F., 185)
Ahora bien, se sabe que este caso, tal y como lo describe Hayek, no es el caso de Venezuela, pero frente al evento extraordinario que sucedió, los venezolanos antepusieron la preocupación por la vida a la preocupación por ser perseguidos por las fuerzas armadas del país. Y es precisamente allí donde se relaciona lo citado anteriormente con el terremoto en Venezuela. Mi país fue testigo de una catalaxia en su estado más puro y urgente, por cuanto, ante la parálisis y la indolencia del centralismo gubernamental, los venezolanos se movilizaron de forma autónoma para ayudar a sus semejantes. Cada individuo activó su conocimiento local: unos mapeando zonas de desastre en redes sociales, otros difundiendo listas de desaparecidos, otros viajando de otros estados del país para ayudar, y muchos arriesgando su vida en los escombros. El propósito individual de algunos era encontrar a su familia; el de otros, el impulso voluntario de salvar a un extraño; y el de unos últimos, el sentimiento de deber moral de ayudar donando a aquel que lo había perdido todo. Y lo único que limitó esta respuesta ciudadana fue el mismo Estado —en el pasado y ahora—. Con todo, sin un plan central, la libre convergencia de estos fines particulares dio forma a un orden espontáneo de rescate que ha logrado que todo el mundo mire a Venezuela, mire a los damnificados y tenga un nuevo propósito individual: ayudar.
Los terremotos del 24J demostraron que el centralismo gubernamental no solo es ineficiente, sino peligroso. Pese a ello, en medio de las ruinas, la ausencia de autoridades en las primeras horas y la indiferencia estatal, quedó en evidencia la mayor lección hayekiana de nuestra historia reciente: Mi país fue testigo de una catalaxia en su estado más puro y urgente. Bastó la coordinación espontánea de millones de voluntades autónomas —fuera y dentro del país— para salvar vidas allí donde el Estado solo ofreció escombros.
BBC News Mundo. (2026). Así te lo contamos: asciende a más 1.900 el número de muertos tras los terremotos en Venezuela mientras disminuye la esperanza de hallar sobreviviente. En: https://www.bbc.com/mundo/live/czxq45p430lt
Borgucci, E. (2012). La descentralización en el discurso (neo)liberal entre 1940 y 1980. Espacio Abierto, vol. 21, núm. 2. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. En: https://www.redalyc.org/pdf/122/12222378007.pdf
Issing, O. (1999). Hayek – Competencia monetaria y Unión Monetaria Europea. Discurso del profesor Otmar Issing, Conferencia Anual en Memoria de Hayek, organizada por el Instituto de Asuntos Económicos. En: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/1999/html/sp990527.en.html
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“La fama ha reemplazado al mérito, la popularidad ha reemplazado a la capacidad y el populismo ha reemplazado a la responsabilidad..”
María José Salinas
Durante años nos han dicho que debemos preocuparnos por quienes acumulan riqueza, que los empresarios ganan demasiado dinero, que nadie debería tener tanto, que hay que poner límites a la riqueza. Sin embargo, casi nadie habla de algo mucho más peligroso: la acumulación de poder. Resulta curioso que existan personas convencidas de que un empresario no debería acumular tanta riqueza, pero consideren perfectamente normal que un político pase treinta o cuarenta años viviendo del presupuesto público; nos preocupa la concentración de capital, mas no la concentración de poder. Y la historia demuestra que el poder suele ser mucho más peligroso.
Un empresario arriesga su patrimonio; un político administra el patrimonio de todos. Uno pone en juego su dinero; el otro decide sobre recursos que no le pertenecen. Aun así, la sospecha suele dirigirse hacia quien produce riqueza y no hacia quien administra impuestos.
La consecuencia está a la vista: hemos normalizado ver políticos rodeados de privilegios que jamás aceptaríamos en cualquier otro empleado. Camionetas blindadas, escoltas, choferes, asistentes, viajes, restaurantes exclusivos, propiedades millonarias, patrimonios que crecen de manera sorprendente al ocupar cargos públicos. Lo observamos una y otra vez y nunca nos detenemos a preguntar algo elemental: ¿de dónde salió ese dinero?
La historia latinoamericana está llena de ejemplos. Fidel Castro construyó un régimen basado en la condena de la riqueza privada, pese a que la revista Forbes estimaba su fortuna en alrededor de 900 millones de dólares. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción y la justicia argentina ordenó el decomiso de cientos de millones de dólares en bienes vinculados a sus causas judiciales. En Venezuela, mientras millones de personas enfrentaban escasez, apagones, inflación y pobreza extrema, las autoridades acumulaban denuncias internacionales por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Los nombres cambian, las banderas cambian, los discursos cambian; la tentación del poder permanece. Lo verdaderamente preocupante no es que alguien tenga dinero. Lo preocupante es que quienes viven de recursos públicos terminen acumulando fortunas imposibles de explicar con los ingresos que ellos mismos reportan. Más grave todavía es que muchos ni siquiera cumplen con las responsabilidades básicas para las que fueron elegidos.
La función principal de un gobierno no es repartir favores. No es regalar dinero. No es inaugurar obras con su nombre. No es aparecer en conferencias de prensa. La función de un gobierno es garantizar seguridad, justicia e igualdad ante la ley. Y precisamente ahí es donde demasiados gobiernos fracasan.
Millones de ciudadanos viven con miedo a la delincuencia. Miles enfrentan procesos judiciales lentos, costosos e injustos. La impunidad sigue siendo la regla para innumerables delitos. No obstante, quienes deberían resolver esos problemas suelen vivir protegidos por los privilegios que el ciudadano común jamás tendrá. El privilegio más escandaloso no siempre es económico: es jurídico.
A diferencia de una persona común, que puede pasar años intentando demostrar su inocencia o reclamando justicia, muchos políticos cuentan con fueros, influencias, estructuras partidistas y redes de protección que los mantienen alejados de las consecuencias que enfrentaría cualquier otro ciudadano.
La igualdad ante la ley debería ser el principio más sagrado de una república. Cuando la ley es más indulgente con el gobernante que con el gobernado, deja de existir justicia: lo que existe es privilegio.
Hemos desarrollado una extraña costumbre de tratar a los políticos cual celebridades. Los seguimos. Los defendemos. Los justificamos. Los convertimos en figuras de admiración. Les aplaudimos por hacer aquello para lo que fueron contratados. Aplaudir a un político porque cumple con su trabajo es tan absurdo como aplaudir a un cajero automático porque entrega el dinero que nos pertenece. No está haciendo un favor: está cumpliendo una obligación.
No debería sorprendernos que la calidad de la clase política siga deteriorándose. Para dirigir una empresa se exigen resultados, experiencia, referencias y capacidad demostrada; para dirigir un país parece bastar con la popularidad.
Cada vez es más común ver a influencers, celebridades, actores, deportistas o personajes mediáticos ocupar cargos públicos únicamente gracias a su nivel de reconocimiento. La fama ha reemplazado al mérito, la popularidad ha reemplazado a la capacidad y el populismo ha reemplazado a la responsabilidad.
Ninguna empresa seria entregaría su dirección a alguien solo por ser famoso. Sin embargo, millones de personas están dispuestas a entregar el destino de una nación bajo ese mismo criterio. Si algunos creen que la riqueza debe tener límites, también deberían preguntarse si el poder debería tenerlos.
¿Por qué una persona puede pasar cuarenta años viviendo de la política? ¿Por qué consideramos normal que alguien construya una carrera entera alrededor del presupuesto público? La vieja frase sigue vigente: “los políticos son como los pañales; deben cambiarse con frecuencia y por la misma razón”.
El poder prolongado rara vez mejora a las personas. Con demasiada frecuencia las convence de que las instituciones les pertenecen, de que los recursos públicos son suyos y de que las reglas existen para los demás. Las sociedades libres no se construyen vigilando obsesivamente a quienes generan riqueza: se construyen vigilando a quienes ejercen el poder. El dinero puede comprar comodidad. El poder puede comprar impunidad. El dinero puede perderse. El poder puede utilizarse para manipular leyes, proteger aliados, castigar adversarios y administrar recursos que pertenecen a millones de personas.
La pregunta no es cuánto dinero tiene una persona. La pregunta es cuánto poder estamos dispuestos a tolerar que acumule alguien antes de olvidar que trabaja para nosotros.
El día que dejemos de admirar a los políticos y empecemos a evaluarlos con un rigor semejante al de cualquier empleado; el día que exijamos resultados en lugar de discursos; el día que la ley trate igual al gobernante que al ciudadano; el día que entendamos que el presupuesto público no es propiedad de quienes lo administran, sino de quienes lo financian, habremos dado un paso enorme hacia una sociedad más libre. Pues el mayor privilegio nunca ha sido la riqueza: el mayor privilegio siempre ha sido el poder sin límites.
Por Oriana Aranguren, licenciada en Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Senior de EsLibertad Venezuela[*].
El pasado 24 de junio (2026), la tierra tembló dos veces con una violencia que mi memoria jamás olvidará. Día feriado en Venezuela, por tanto, no laborable, la mayoría de las personas se encontraban descansando en sus casas o en asuntos familiares cuando el doblete sísmico de que sacudió a Venezuela, con magnitudes de 7.2 y 7.5, fracturó el pavimento y derribó estructuras enteras en el norte del país. Muchos me cuentan que creyeron que era un «temblor normal», como esos que siempre han ocurrido en el país varias veces, pero pronto nos dariamos cuenta de la magnitud del desastre que desgarro el tejido cotidiano de miles de familias.
Cuando el estruendo cesó y el polvo comenzó a asentarse sobre la costa, el panorama en La Guaira era desolador: el principal puerto incomunicado, infraestructuras hechas añicos y un silencio pesado que pronto fue sepultado por los gritos de auxilio. Al ver las primeras imágenes de algunas zonas de Caracas, pero, especialmente, las imagenes aéreas de Caraballeda y Catia La Mar, con edificios de varios pisos reducidos a escombros y cerros que se habían venido abajo, sentí una mezcla de terror y profunda empatía por todos. Tras esto, miles de venezolanos de bien fueron se dispusieron a apoyar en lo que pudieran a los necesitados.
Llegar a la zona más afectada como voluntaria significó chocar de frente con una realidad brutal que los noticieros no logran transmitir. El olor a concreto pulverizado, el eco de las réplicas que ponían a temblar las piernas y las miradas desorbitadas de quienes lo habían perdido TODO en cuestión de minutos marcaron mis primeras horas en el terreno. La sociedad civil, con sus limitados conocimientos y herramientas, movidos por la solidaridad, se organizó rápido, entre el caos y las lágrimas, para remover escombros con las manos desnudas o con lo que tuvieran a la mano, buscando señales de vida.
Sé de algunos que lograron ayudar a sus vecinos a salir de los escombros, y cada vez que lograban sacar a alguien con vida, la emoción contenida estallaba en un llanto colectivo que les devolvía las fuerzas. No obstante, no todos corrieron con la misma suerte; a pesar de los esfuerzos, a muchos les tocó enfrentar el dolor insoportable de recuperar cuerpos sin vida y consolar —si es que acaso es eso posible— a algunos familiares atrapados en el desespero. La tragedia se sentía a flor de piel, en cada caja de suministros que se cargába, en cada botella de agua que se racionaba y en el cansancio físico que desaparecía ante la urgencia de ayudar.
En medio de ese dolor, la indignación no tardó en aparecer al constatar el abandono institucional. Mientras la emergencia humanitaria escalaba y los hospitales locales colapsaban por la falta de insumos, el Estado venezolano demostró una alarmante incapacidad y negligencia para atender la crisis como correspondía. Las respuestas oficiales fueron lentas, burocráticas y totalmente insuficientes para la magnitud de un desastre que dejó miles de edificios destruidos y un saldo trágico de vidas perdidas. Faltó maquinaria pesada, faltó coordinación logística y, sobre todo, faltó la voluntad de proteger a los más vulnerables en el momento más crítico. La ausencia de un plan de contingencia real dejó en evidencia que las prioridades de quienes gobiernan están muy alejadas de las necesidades del ciudadano de a pie.
Sin embargo, lo que el gobierno no pudo o no quiso hacer, lo resolvió la propia población a fuerza de pura solidaridad. Buena parte de la salvación de La Guaira no llegó en caravanas oficiales, sino en las manos de la misma gente afectada, de los vecinos que arriesgaron sus vidas para salvar a otros y de las oleadas de voluntarios civiles que llegamos desde distintas partes del país. Vimos a personas que habían perdido sus propias casas compartiendo lo poco que les quedaba, organizando cocinas comunitarias y tejiendo redes espontáneas para distribuir medicamentos y ropa. Esa resiliencia y hermandad genuina demostraron que el corazón de Venezuela sigue latiendo con fuerza en su gente. Fuimos nosotros, o en presente, somos nosotros… los ciudadanos unidos por el dolor y el amor a nuestra tierra, junto a la ayuda internacional que llegó apenas pudo —sin duda alguna, muy necesaria—, quienes hemos sostenido al país, aunque todo lo demás se caiga a pedazos. Y seguiremos siendo nosotros, también aceptando la ayuda internacional que disponga hacerlo, quienes mantengamos a flote este país, a pesar de las circunstancias.
[*] Apedagos a la solicitud de la autora, no se colocó fotos en esta oportunidad, dado el mensaje y el contexto que dió origen al texto.
La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, habla de la ira de Dios y de cómo el hombre, provisto de libre albedrío, al apartarse de la sabiduría —entendida como comunión sincera con su Creador— y entregarse al pecado, recibe el merecido y terrible castigo.
La mujer de Lot fue convertida en mogote de sal por desobedecer la instrucción divina de huir de Sodoma y Gomorra sin mirar atrás. El arca de Noé fue construida para salvarlo a él, a su familia y a los animales de la creación. Las siete vacas flacas del sueño del faraón de Egipto —aquel que debía su supervivencia ante la inminente hambruna a un modesto joven hebreo, intérprete de sueños e investido de la gracia de Dios, vendido por sus hermanos como esclavo— anunciaron siete años de escasez tras siete de abundancia.
En otras palabras, como decía mi abuela Ángela: “Dios castiga”. ¿Pero por qué se enseña esto con Venezuela? ¿Por qué en 27 años no pegamos una? Las respuestas están todas con nosotros. Todos sabemos lo que nos ha pasado. Venezuela es una llaga abierta, infestada y adolorida, antes incluso de que este par de terremotos simultáneos devastaran Caracas y se ensañaran nuevamente con Vargas.
El espectáculo de la devastación expone a la banda que aún permanece en el poder, sostenida por la administración Trump. Ellos hacen lo que saben hacer: reprimir, impedir el voluntariado de quienes aún sobreviven, incomodarse ante la ayuda internacional y querer encerrar en un hangar de La Carlota a los corresponsales extranjeros para esconder y evadir la flagrancia de su crimen.
La banda en el poder es el verdadero terremoto que devastó a Venezuela. Destruyó sus instituciones, sus símbolos, su infraestructura, sus hospitales, sus escuelas, sus fábricas y sus industrias. Arrastró la vida de sus ciudadanos al éxodo en todos los confines del planeta, a la cárcel, a la muerte, obligándolos a beber del Guaire para seguir adelante.
Por eso aparecen en la zona de desastre después de los rescatistas salvadoreños o mexicanos. Porque los esbirros no saben rescatar. No les interesa. Ellos no saben servir: reprimen, matan, torturan, encierran y hacen añicos a diario la dignidad de los venezolanos.
En Japón y en otros países proclives a catástrofes naturales cotidianas también hay muertos y heridos. La diferencia es que son menos, la mayoría se salva, ellos siempre están preparados. Nosotros no. Nosotros, muchos años antes de ocurrir el evento, ya estábamos destruidos.
No hay esbirro sin opositor. Este cronista ya está convencido de que, aunque en público veamos fariseísmos, vestiduras rasgadas, lágrimas de cocodrilo, golpes de pecho y dramáticas manifestaciones de pesar, este año no habrá elecciones. Y ese es su verdadero dolor. Como los otros reprimen y matan, si de instintos hablamos, estos impresentables solo tienen uno: buscar hacer elecciones aunque se las roben. ¿Cómo hacer campaña y elecciones con centenares de muertos y desaparecidos?
Los chinos escriben la palabra “crisis” con dos símbolos: uno significa peligro y el otro, oportunidad. Vendrán los líderes paridos de esta desgracia, los genuinos, los indispensables.
Las manifestaciones de solidaridad que vemos con asombro en el pueblo sobreviviente —sin distingo de clase, unidos por el dolor y la hermandad— llevan en su seno la promesa de que la nación no ha sido destruida. Existe. Ha sobrevivido y sobrevivirá al chavismo.
La sanación de la desgracia más larga y destructiva jamás sufrida por nación latinoamericana alguna advierte su dramática caída. Y eso no lo va a poder condicionar ni detener ni siquiera quienes cargaron con Maduro y compañía.
A partir del 3 de enero de 2026, Venezuela rompió, por virtud de una acción militar, su capacidad de apelar a los ciclos recurrentes de sucesión interna como bitácora de referencia. El malandro que se había enconchado en Miraflores fue capturado y extraído del país. Vendrán otros ciclos en el futuro. Primero hay que vivirlos.
En los años recientes, mientras el chavismo silenciaba la voz crítica de la opinión pública, inauguramos un ciclo de verdades inconvenientes que se volvieron prohibidas. Se las presumía inexistentes —actitud respaldada por el silencio cómplice de buena parte de la dirigencia política— y, al no decirlas, se las trataba como irreales. Todo intento de devolver democracia y soberanía fracasó cuando las estrategias carecieron de todos los elementos necesarios para alcanzar sus objetivos.
Ejemplo paradigmático: la presencia cubana. Tras los hechos de la embajada el 11 de abril de 2002, Cuba “no existió” —y sigue sin existir— en la memoria política tanto oficial como opositora. Cuba jamás nos “ocupó”. Todos sabemos, sin embargo, que estábamos invadidos. ¿Cómo se pretendía vencer al chavismo omitiendo a su principal soporte cogobernante durante casi de tres décadas?
Pero este no es el tema central de esta nota. El problema que nos ocupa es el vacío constitucional de Venezuela y su retorno a la legalidad plena sin impunidad.
Venezuela ha vivido fuera del marco jurídico durante 27 años. El mecanismo utilizado por la última Corte Suprema de Justicia presidida por Cecilia Gómez Sosa —consentir por fórceps la figura del referéndum dentro de la Constitución de 1961, que no la contemplaba— constituyó un golpe de Estado de facto. En una eventual comisión de la verdad, esa decisión deberá ser explicada y juzgada.
La Constitución de 1999, aunque usurpadora y anulable debido a los vicios habidos en su modo de creación, andamio justificante de los abusos para el poder que la impuso, fue derogada por la acción militar del 3 de enero. Seguir invocándola como marco vigente es un exabrupto jurídico y político.
¿Cuál es entonces la legitimidad de Delcy Rodríguez en este vacío? Su posición descansa en dos pilares: la continuidad institucional chavista —aunque no legitima— y el elemento de fuerza que hace imperium derivado de la nueva realidad de poder creada por EE. UU. El 3 de enero, el presidente Trump declaró —solo ese día— que “nosotros gobernamos a Venezuela ahora”. El hechizo de no repetirlo no borra la afirmación ni la situación de hecho imperante.
EE. UU. posee un abundante cuerpo de decisiones judiciales vinculantes —con fuerza de ley— conocidos como los Casos Insulares. En ellos se definen los límites constitucionales que rigen la relación tutelar entre EE. UU. y los territorios bajo su control. Recordemos que muchos fueron los territorios controlados en la historia de la primera potencia mundial. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Japón fueron considerados “no incorporados”, pero bajo control estadounidense.
Nosotros, Venezuela, somos hoy un territorio no incorporado. Es decir, no estamos completa ni formalmente establecidos como parte de la Unión. ¿Qué significa esto? Que la Constitución de los Estados Unidos de América rige para proteger a los ciudadanos venezolanos —aún no incorporados— en sus derechos básicos, pero no gozamos del resto de los derechos y deberes otorgados por la ciudadanía plena de un Estado norteamericano incorporado.
Si los venezolanos deciden asociarse a la Unión Americana, sería borrón y cuenta nueva. Podríamos darnos una constitución estadal autónoma y subordinada al control federal de la Unión, como la que tienen Tennessee o Texas.
Si, por el contrario, optamos por preservar nuestro devenir independiente, el primer paso debe ser, una vez dadas las condiciones, promover la elección de un Congreso Constituyente Constituido con mandato claro: restablecer la vigencia de la Constitución de 1961 con las enmiendas que la realidad actual exige.
Ese Congreso tendría atribuciones constituyentes para crear una Comisión de la Verdad, órgano por ley orgánica especial, ente substanciador de los delitos y abusos ocurridos en Venezuela a partir del asalto al poder en 1999, y un Tribunal Nacional Especialísimo —plenipotenciario y creado por ley emanada del propio Congreso— que juzgue al chavismo, a sus responsables y asociados-Cero impunidad. El ejemplo de Argentina en 1985 sería la ruta.
Veremos qué ocurre. Preocupante es no ver la voluntad política para promoverlo. Lo que se discuta en contrario busca preservar el horror y blindar la impunidad. De permitirse, volveremos a fracasar.
Damelys Malave, líder de capítulo Ladies Of Liberty Alliance Aragua
“En tiempos donde abundan los discursos que prometen grandes transformaciones sociales a costa de limitar libertades individuales, conviene recordar [que] la dignidad humana (…) pertenece a cada persona.”
Damelys Malave
En los debates políticos contemporáneos se ha vuelto común escuchar que poner al individuo en el centro de la sociedad es una postura egoísta, insensible o incluso contraria al bienestar colectivo. Desde distintas corrientes ideológicas se afirma que la verdadera justicia solo puede alcanzarse cuando los intereses individuales ceden ante las necesidades del grupo, la comunidad o la sociedad en su conjunto. Sin embargo, detrás de esta idea aparentemente noble se esconde una contradicción, a saber, el hecho de que es imposible defender la dignidad humana mientras se ignora la dignidad de cada ser humano concreto.
Con frecuencia se habla de «la sociedad», «el pueblo», «la comunidad» o «el colectivo» como si fueran entidades con existencia propia, separadas de las personas que las conforman. Pero la realidad es mucho más simple: la sociedad no es otra cosa que el conjunto de millones de individuos con sueños, aspiraciones, necesidades y proyectos de vida diferentes. Cuando se afirma que el bienestar colectivo debe prevalecer sobre los derechos individuales, inevitablemente surge una pregunta incómoda: ¿quién decide qué es lo mejor para todos?
La historia ofrece numerosas advertencias. Algunos de los mayores abusos contra la dignidad humana han sido cometidos precisamente por movimientos que aseguraban actuar en nombre del pueblo, de la igualdad o del bien común. Una vez que se acepta la idea de que ciertas personas pueden ser sacrificadas por un objetivo superior, los derechos dejan de ser universales y se convierten en concesiones sujetas a intereses políticos. Quienes disienten pueden ser silenciados, quienes piensan distinto pueden ser excluidos y quienes se resisten pueden ser obligados a obedecer, todo bajo la justificación de servir a una causa mayor.
Resulta paradójico que muchos de los discursos que afirman defender la dignidad humana terminen negando la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sus propias vidas. Se asume que individuos, familias y comunidades no son capaces de elegir correctamente y que, por tanto, una autoridad debe dirigirlos hacia el camino adecuado. Bajo esta lógica, la libertad se percibe como un riesgo y la autonomía como un problema. Pero tratar a las personas como incapaces de decidir por sí mismas no es una forma de proteger su dignidad; es una forma de negarla.
La verdadera dignidad humana implica reconocer que cada persona posee valor por sí misma, independientemente de su utilidad para una causa política, económica o social. Significa aceptar que los seres humanos no son piezas de un tablero ni recursos que pueden movilizarse según los intereses de quienes ostentan el poder. Cada individuo tiene derecho a pensar, elegir, equivocarse, aprender y construir su propio proyecto de vida.
Esto no significa ignorar los problemas colectivos ni abandonar la solidaridad. Por el contrario, las sociedades más fuertes son aquellas en las que las personas cooperan libremente, se ayudan mutuamente y participan activamente en la solución de los desafíos comunes. La diferencia es que dicha cooperación surge del respeto mutuo y no de la imposición.
En tiempos donde abundan los discursos que prometen grandes transformaciones sociales a costa de limitar libertades individuales, conviene recordar una verdad fundamental: la dignidad humana no existe en abstracto. No pertenece a los colectivos, a los partidos o a las ideologías. Pertenece a cada persona. Y cualquier proyecto que pretenda defenderla debe comenzar por respetar al individuo, porque no hay humanidad que proteger si primero se sacrifica a los seres humanos que la conforman.
En nuestra web utilizamos cookies para hacer tu navegación más personalizada en tus próximas visitas. Al hacer clic en "Aceptar" o navegar en la web, aceptas estas condiciones.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
