Opinadores, opositores y algunos chavistas se han volcado en críticas y condenas al acuerdo petrolero. A este cronista le hubiera encantado que un debate de tal rigor se hubiera suscitado con respecto a la invasión cubana, el arreglo chino y ruso, incluyendo la destrucción total de Venezuela y su industria petrolera, cuando Chávez y Maduro estaban en apogeo de sus desmanes.
Al contrario, el debate político en casi tres décadas jamás tocó la invasión cubana, la presencia guerrera colombiana o la actividad del terrorismo musulmán. Todos artificiosamente enceguecidos, portando masivamente unos lentes de “cuero de cochino” —con los pelos pa’ dentro— de las fuerzas invasoras bienvenidas por el chavismo. Nadie hablaba. ¿Ahora sí?
Hemos comentado antes y debemos insistir en hacerlo, porque la clarificación demanda insistencia.
1. Legitimidad. Después del 3 de enero, la legitimidad la posee quien ejerce la fuerza. La Constitución chavista —madre de todas nuestras desgracias—, defendida a ultranza más por opositores que por chavistas, anulable de origen, ha dejado de facto de existir. Estados Unidos legitima los actos con su poder.
La fuerza hace el derecho. Ante el limbo de nuestra condición presente, una acción de corte ante la jurisdicción americana, en interpretación del estatuto y reglamentos donde se basaría nuestro tutelaje: ejemplos y precedentes sobran.
Este cronista interpuso esta pregunta en los foros que me tocó defender al holocausto petrolero. Tenemos registro. Ni el gobierno provisional del triunvirato títere, ni las acciones que comprometen la gobernabilidad y los recursos de la nación se rigen por el absurdo andamio legal chavista.
2. ¿Por qué esta comunión con los talibanes? Lo dijo claro el presidente Trump: “no queremos otro Irak”. ¿Qué pasó en Irak? El régimen de Saddam Hussein fue barrido de la faz de la tierra. Se pretendió imponer un régimen encabezado por el político exiliado Ahmed Chalabi, elemento crucial en persuadir y convencer al Departamento de Estado y al presidente Bush de invadir Irak y desmantelar el régimen de raíz. La misión se cumplió y Estados Unidos declaró victoria. El hipotético régimen de Chalabi no cuajó; la cacareada victoria era solo el principio de la etapa más sangrienta de la guerra.
Igual ocurrió en Afganistán: se pretendió erradicar a los talibanes con un gobierno impopular (Hamid Karzai) que solo hizo —después de cientos de soldados americanos muertos y casi dos décadas de ocupación— retardar el regreso de los mismos talibanes que quisieron erradicar.
Estados Unidos vivió en Latinoamérica el trauma de apoyar el débil liderazgo de Violeta Chamorro en Nicaragua, antesala a la etapa más espantosa del sandinismo.
Estados Unidos, durante los sesenta —trauma colectivo no superado—, apoyó al presidente de Vietnam del Sur, Ngô Đình Diệm, y a su hermano Ngô Đình Nhu, gobierno débil y corrupto, quienes murieron asesinados durante un golpe de Estado en 1963, el preámbulo de la toma total del Vietnam del Norte comunista, que condenó a la muerte a decenas de miles de jóvenes soldados norteamericanos.
Los objetivos de esas intervenciones no fueron cumplidos. Ellos quieren otro resultado para Venezuela: el proveedor seguro de petróleo no se puede perder. Las heridas en la experiencia de pasados desastres en ocupación de países por parte de los Estados Unidos les impone una política totalmente maquiavélica: “si no puedes con tus enemigos, únete a ellos”.
3. ¿Esto qué significa? Que, aun cuando el triunvirato, y sus empresarios y estructuras de poder, siguen operando bajo consentimiento del tutor, paradójicamente ellos siguen imputados por sus crímenes y, aun con todo y promesas de inmunidad por parte de la potencia de ocupación, esos crímenes pueden ser re-imputados y los acusados arrestados en cualquier momento. Ellos lo saben. Actúan sintiendo la brisa que resopla en el cuello desnudo ante la inminente guillotina.
¿Por qué aquellos opositores que se creen legítimos no gobiernan y parece que no podrán hacerlo en un buen tiempo? Estados Unidos, en respuesta a sus recientes y remotos traumas internacionales, compara con mucha razón a nuestros opositores —colaboracionistas o no— con los hermanos Đình, con los Chalabi y con los Karzai. Lección aprendida.
Roymer A. Rivas B., un simple estudiante comprometido con la verdad, teórico del Creativismo Filosófico, lo demás no importa.
“… El gobierno estadounidense, o cualquier otro, al obligar a los emisores de stablecoins a respaldar su token con bonos de deuda, en realidad se está asegurando financiamiento casi gratuito (…)”
[*]Desde hace un tiempo, la tokenización de instrumentos financieros del mercado tradicional (TradFi), que consiste en crear una representación digital de un activo físico —inmobiliario, arte, materias primas— o financiero —acciones, bonos— en una red BlockChain[1], a tomado bastante impulso, especialmente la tokenización de deuda pública —con EE. UU. en la delantera, con gran diferencia—. Tan sólo en lo que respecta a éste último, y para dimensionar el asunto, note que, a principios de 2023, la capitalización de mercado de deuda tokenizada era inferior a los USD$ 100 millones, pero a mediados de 2025 esta cifra se ha disparado a más de USD$ 7.400 millones, con algunos informes situándola en USD$ 5.600 millones a finales de abril de 2025[2].
Lo anterior representa un crecimiento superior al 5500% en dos años, si la base es la de 5.600 millones, o más de 7370% en poco más de dos años, si la base es 7.400 millones, impulsado por la creciente demanda de los inversores de rendimientos de bajo riesgo que sean nativos del entorno On-Chain. No conforme con esto, proyecciones de la industria, como las de McKinsey, estiman que el mercado global de activos tokenizados podría alcanzar los USD$ 2.000.000.000.000 para 2030[3], a medida que se vayan adoptando masivamente. ¡Y todo ello excluyendo las criptomonedas!
En este escenario, resaltan proyectos como ChainLink, Ondo Finance, XRP Ledger —Ripple—, Harbor, entre otros, con sus respectivos tokens nativos, creadas especialmente con el fin de abarcar el mercado de la tokenización de activos del mundo real[4] (RWA, en inglés). Sin embargo, pocos son los que reparan en los riesgos y beneficios de la tokenización, y, paralelamente, mucho menos observan cómo la tokenización de deuda, en particular, responde a la naturaleza del Estado de financiar sus gastos —siempre crecientes— de la forma más barata posible, sin ajustarse los cinturones, y de manera coactiva.
Por ello, con el fin de dar luces sobre el tema, exploraremos los beneficios y riesgos inherentes de la tokenización de activos, los aspectos negativos de erigir este puente entre los “activos del mundo real” y lo “digital” en el mundo financiero, con un enfoque estrictamente técnico, pero sin dejar de abordar el análisis político sobre cómo el Estado se quiere aprovechar del ecosistema BlockChain para llevar su deuda a un público masivo, accediendo con ello a más financiamiento y abaratando los costos de su deuda para financiar el déficit público. Si bien, antes de ello Comencemos.
Sobre los aspectos positivos de la tokenización
En principio, viendo el lado positivo, el proceso de tokenización (i) reduce la dependencia de intermediarios, ya que BlockChain actúa como un sistema de confianza y registro descentralizado donde las transacciones se validan mediante un consenso de la red —no por una sola entidad— y se registran en un libro de transacciones que es inmutable y compartido, permitiendo así que las partes —comprador y vendedor— realicen transacciones de forma más directa —peer-to-peer—, eliminando o reduciendo drásticamente la necesidad de tantos intermediarios que en el TradFi sólo llegaron para aportar confianza y validación, porque esto es algo que las funciones de la propia tecnología ya provee.
En las finanzas tradicionales, en cambio, cualquier transacción requiere de múltiples intermediarios. Por ejemplo, en la compra de acciones es necesario un bróker que te conecte al mercado; la bolsa de valores, que es donde ocurre la compra; una cámara de compensación encargada de verificar que el comprador tenga el dinero y el vendedor las acciones; y un depositario central que custodia las acciones; añadiendo cada uno de ellos tiempo y costes al proceso —cobran comisiones—. Empero, con la BlockChain hay menos intermediarios y, por consiguiente, menores costes y menos burocracia.
También, (ii) se acortan los ciclos de liquidación[5], porque ya no se tendría que esperar, por ejemplo, en los mercados de acciones el famoso ciclo de liquidación en el que se espera uno o dos días —conocido como T+1 o T+2, respectivamente— para que se transfieran los activos y el dinero de forma definitiva a quien corresponda, o en el mercado de bienes raíces no se esperaría semanas o meses entre notarios, registros de propiedad y bancos, pues en la BlockChain la transferencia del token —el activo— y del pago —stablecoin, por ejemplo— ocurren simultáneamente y de forma automática en la misma transacción. A este tipo de transacciones se le conoce como “liquidación atómica”, porque no hay que esperar a que varias entidades verifiquen y/o concilien sus cuentas en días, semanas o meses, sino que se libera capital mucho más rápido —en minutos o segundos—.
Asimismo, (iii) democratiza el mercado financiero, permitiendo que los pequeños inversionistas —como usted y yo— participen del “gran pastel” del que llevan años beneficiándose las grandes instituciones, en virtud de que la tokenización permite la propiedad fraccionada de forma muy sencilla, o simplemente hace las operaciones más atractivas a las personas comunes por ser ahora poder hacer lo mismo que los grandes inversionistas de forma más fácil y rápida, aunque en menor escala. La barrera de entrada altísima que existía para las personas comunes simplemente desaparece por completo o parcialmente. A modo de ilustración, en el TradFi difícilmente puedas comprar USD$ 100 de un rascacielos, pero la tokenización permite tomar dicho activo de USD$ 10 millones y dividirlo en 10 millones de tokens de USD$ 1 cada uno. Con ello, pequeño inversionista puede comprar 100 tokens por USD$ 100 y ser dueño del 0.001% del edificio, recibiendo la parte proporcional de los alquileres. Esto, a su vez, (iv) facilita la liquidación de activos que antes estaban atrapados en sistemas rígidos y basados en papel, es decir, hace más fácil la venda de los activos. Al convertir los activos en tokens, se pueden comerciar en mercados secundarios globales que operan 24/7, haciendo que, por ejemplo, vender el 0.001% del rascacielos sea tan fácil como vender una acción en una app, en lugar de un proceso legal de meses.
A todo ello se suman (v) los beneficios de la automatización y la transparencia que brinda un sistema BlockChain. En el TradFi, la gestión de activos requiere trabajo administrativo —lo que se conoce como “back-office”— para calcular la distribución de dividendos, verificar datos, enviar pagos o, en el caso de bonos, gestionar el pago de intereses —cupones—, pero todo ello queda eliminado en la BlockChain al contar con algún Smart Contract, que no es más que un programa informático que se ejecuta automáticamente en la red y cuyas reglas están vinculadas directamente con el token. De este modo, los reembolsos, el cumplimiento y los cronogramas de intereses se cumplen en los términos del contrato programado.
Un claro ejemplo de automatización podría ser la programación de un Smart Contract para que el primer día de cada mes tome los fondos —alquileres, dividendos— depositados en una dirección para distribuirlos automáticamente a todas las direcciones que posean un token específico, en proporción a la cantidad de tokens que tengan cada dirección.
En lo que refiere a la transparencia, algunos de los problemas del TradFi es que los registros de propiedad suelen ser opacos, porque se encuentran en bases de datos privadas de bancos, gobiernos o notarías, o simplemente están entre un cúmulo de papeles que, todo junto, hace difícil auditar quién es dueño de qué cosa en tiempo real. Sin embargo, la Blockchain soluciona estos problemas de facto, en cuento su misma naturaleza es la de ser un libro de registro de transacciones público —o semi-público— e inmutable, dejando vía libre para que cualquier persona pueda verificar el historial completo de un token: cuándo se creó, todas las transacciones que ha tenido y quién los posee actualmente —o, mejor dicho, qué dirección de cartera los posee y cuánto—. En otras palabras, la tokenización en la Blockchain deja un registro de propiedad —procedencia u origen— perfecto, auditable y confiable, lo cual reduce el riesgo fraude o errores humanos y aumenta la confianza en el sistema.
Los riesgos inherentes en la tokenización
Ahora bien, además de los pétalos, toda rosa tiene sus espinas que obligan a tomarla con cuidado. Hasta el momento se ha alabado los beneficios que ofrece el uso de la BlockChain para operar activos del TradFi, pero esto no necesariamente significa que se elimine el riesgo de impago por parte de la entidad emisora del token —imagina una deuda—, puesto que depende de ella, y no de los Smart Contracts o el sistema, contar con los fondos suficientes para responder a las mismas. Dicho de otro modo, la tecnología Blockchain —gracias a los Smart Contracts— es solo un mecanismo de ejecución, no una fuente de dinero; aunque resuelve problemas de proceso —cómo se paga, cómo se transfiere la propiedad—, no resuelve el problema fundamental de la solvencia —la capacidad de pago del deudor—. Así, si la entidad emisora quiebra, por ejemplo, no tendrá dinero para pagar a sus acreedores; sin importar si esos acreedores tienen un bono de papel o un bono tokenizado; el resultado es el mismo: no cobran. Los Smart Contracts no pueden obligar a la empresa a pagar si no cuenta con el dinero para ello, por lo tanto, no estamos ante nada nuevo en cuanto a la naturaleza del instrumento, sino sólo en cuanto a su forma.
Asimismo, te puedes encontrar con errores que pueda tener algún Smart Contract mal programado —porque, al final, es programada por un humano y éste puede cometer errores en el proceso—; riesgo de las plataformas custodia[6]; la incertidumbre regulatoria[7]; la volatilidad, entre otras cosas. De allí la importancia de escoger bien el espacio en donde se accede a los instrumentos, lo cual significa necesariamente que se debe estar bien informado —la responsabilidad recae más que nunca en el inversor—, porque ya no solo depende de analizar la salud financiera de la empresa —la naturaleza del activo—, sino también de analizar la seguridad de la plataforma, la calidad del Smart Contract y la reputación de los custodios —la forma del activo—.
Los aspectos negativos de la tokenización, especialmente el de deuda estatal
Desde luego, la naturaleza y la forma de los activos sólo hacen requerir de las personas cierto conocimiento para que tomen mejores decisiones, mitigando riesgos y obteniendo beneficios, por lo cual no es algo malo en sí mismo, sino simplemente el mercado financiero adaptándose al progreso de la sociedad, de la mano con la tecnología, y con ello expandiéndose y obligando a las personas a que se adapten a ella, según sus gustos. Pero esto no puede solapar un hecho que muchos parecen ignorar, a saber: con la tokenización —especialmente de deuda— se abre puerta a que las mismas puedan ser usadas como garantías o colaterales en operaciones apalancadas —trading—, exponiendo así al mundo cripto —más— a cualquier problema geopolítico y/o de liquidez —se crean nuevas vías para la transmisión de riesgos entre mercados—, aumentando la probabilidad de efectos en cascada en los protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi). Es decir, la misma tecnología que hace a los mercados financieros más eficientes y rápidos —tokenización— también los hace increíblemente frágiles y vulnerables a un colapso en cadena a una velocidad nunca antes vista. Si bien, para entender el riesgo a cabalidad se hace necesario entender la situación en la que nos encontramos actualmente.
Recuerde que el TradFi —acciones, bonos, bienes raíces, entre otros— está conformado por mercados maduros, altamente regulados y, aunque tienen sus propias crisis —como 2008—, se caracterizan por tener una baja volatilidad comparativa —particularmente la deuda de alta calidad, como un Bono del Tesoro de EE. UU.—. Esto la separa del mundo DeFi —criptoactivos como Bitcoin, Ethereum, entre otros—, que son mercados totalmente nuevos, menos regulados —o regulados de forma diferente— y se caracterizan por una extrema volatilidad —es más común, por ahora, más fácil ver que un criptoactivo caiga un 20% en un día a que lo haga un activo del TradFi[8]—. Al estar relativamente separados ambos mundos, ambos cuentan con diferentes inversores, diferentes culturas de riesgo y, sobre todo, diferente volatilidad —un bono del Tesoro es relativamente estable; Bitcoin es extremadamente volátil—, por lo que, si el precio de Bitcoin colapsa mañana, los inversores de bonos del Tesoro de EE. UU. apenas se inmutan —el riesgo de uno no se transmite fácilmente al otro—.
Sin embargo, la tokenización crea un puente entre ambos mundos, por lo cual tendrías en una misma plataforma un token de un activo bastante volátil junto a un token que representa un activo estable, pudiendo intercambiarlos entre sí al instante y, con ello, infectando a los TradFi relativamente estables —token de deuda, bono— con la volatilidad de las DeFi —token cripto—. Ahora bien, el riesgo no responde sólo a la coexistencia de los activos en el mismo ecosistema, sino también al cómo interactúan en los protocolos DeFi, ya que en estos el apalancamiento funciona pidiendo prestamos, por lo cual una persona puede poner como colateral los activos tokenizados para pedir préstamos de otro activo. Es decir, alguien podría depositar USD$ 100 de un activo A —colateral— para pedir prestados USD$ 70 de otro activo —activo B—, con el fin de operar con más dinero del que realmente posee.
Si pensamos en la deuda tokenizada, un inversor podría tomar su token de deuda —que representa deuda estable, percibida como segura, de la TradFi— y usarlo como garantía en un protocolo DeFi para pedir prestado un activo volátil como Ethereum y especular, pudiendo dar paso a que se comience a tratar los tokens de bonos del Tesoro de EE. UU. con la misma mentalidad de pánico y euforia con la que tratan a las criptomonedas, introduciendo una volatilidad que nunca antes habían tenido. En tiempos de estrés, al mercado tokenizado no tener —para bien y/o para mal— ciertos cortafuegos del TradFi —como las interrupciones por horarios de mercado, los tiempos de liquidación y los intermediarios—, cuando los inversores comiencen a vender, ya no será a una velocidad “humana” —o mediada por el humano—, sino a una velocidad de los algoritmos, creando un efecto dominó instantáneo si se venden masivamente los tokens —existen Smart Contracts programados para reducir el riesgo y que, al detectar caídas, automáticamente vende los tokens para protegerse, haciendo que el precio caiga aún más—. Este pánico podría propagarse a los tokens de bienes raíces, y así sucesivamente.
A modo ilustrativo, piensa que el sistema financiero actual es como un edificio con múltiples compartimentos y puertas cortafuegos. Si se inicia un incendio en una habitación —algún mercado—, las puertas —fricciones— ayudan a contenerlo, dando tiempo a los bomberos —reguladores o agentes más o menos interesados en evitar una crisis— para llegar y apagarlo antes de que queme todo el edificio —o al menos intentarlo—. En contraste, sin embargo, el sistema financiero total o parcialmente tokenizado es como un enorme almacén de planta abierta, sin paredes ni puertas, lleno de material inflamable, por lo que, si se inicia una chispa en una esquina, el fuego se propagará instantáneamente por todo el espacio sin nada que lo detenga, ardiendo todo al instante.
Siguiendo con el tema de las posiciones apalancadas, imagina que un trader toma una decisión arriesgada, deposita USD$ 1 millón de tokens de bonos del Tesoro como colateral de la solicitud de un préstamo en un protocolo DeFi —y éste, al ver que es una garantía de alta calidad, le presta USD$ 800.000 en USDT—, para luego usar ese dinero en compras de criptoactivos, apalancando su posición. Justo en ese momento, ocurre un evento que causa pánico y los inversores comienzan a huir de forma masiva al dólar en efectivo o activos refugio, o el Banco Central sube las tasas de interés de forma inesperada y agresiva, haciendo que el valor de los bonos existentes se desplome. Con esto, el valor real del Bono del Tesoro de EE. UU. cae un 5% en los mercados tradicionales debido al pánico, y como el token bono es un reflejo digital de dicho bono, su valor también cae instantáneamente un 5%, haciendo que el protocolo DeFi donde el trader depositó su colateral se active y liquide automáticamente el colateral para proteger el dinero de los prestamistas —el colateral de USD$ 1 millón ahora vale USD$ 950k—.
Esto significa que el protocolo DeFi vende los tokens de deuda al mejor postor en los exchanges descentralizados del mundo cripto, y en un escenario donde miles de otros traders han hecho la misma operación —más liquidaciones a la bolsa—, los exchanges se inundan con órdenes de venta de los tokens de deuda, provocando que su precio se desplome mucho más rápido y violentamente. A esto ahora se suma que todo el proceso se replica en los demás protocolos que también aceptaban los tokens de deuda como colateral, por lo cual se añaden más liquidaciones al ecosistema y genera una crisis de liquidez, porque nadie querrá comprar los tokens que se están liquidando.
El resultado final de todo lo descrito es que los protocolos no pueden vender el colateral lo suficientemente rápido para cubrir las deudas, lo que resulta en pérdidas masivas para los prestamistas del protocolo, paralizando todo el sistema. Así, podemos inferir que el mayor peligro de esto es que se usen los tokens de deudas —que provienen de la TradFi— como colaterales “seguros” y se genere una falsa sensación de robustez, porque los participantes creerán que el sistema es más fuerte, lo que los anima a tomar más riesgos y a apalancarse más, asegurando que, cuando la crisis llegue, el colapso sea aún más profundo.
No conforme con esto, ahora toca dar una visión un tanto más político —porque no hay economía sin política—.
El tema del financiamiento barato para los Estados
Muchas veces, por no decir siempre, los movimientos económicos o regulatorios importantes, especialmente los de una superpotencia como EE. UU., deben interpretarse también como un movimiento político. Las leyes financieras no se crean en un vacío, y entre sus fundamentos puede estar el servir a los intereses estratégicos del Estado. Diáfana ilustración de lo expresado es el hecho de que, hace poco, EE. UU. ha sacado la Ley Genius para establecer un marco regulatorio para las stablecoins respaldadas por el dólar, vendiéndolo como una ley cuyo objetivo es aumentar la transparencia y la estabilidad del ecosistema. Si bien, lo cierto es que exige que las stablecoins sean respaldadas por reservas de 1:1 con dólares estadounidenses o Bonos del Tesoro —deuda estatal—, por lo cual se puede poner en duda el fin inicial y pensar que sólo quieren asegurarse un flujo de dinero en un mercado con crecimiento exponencial en el corto plazo[9] —y que sin duda explotarán a su beneficio, como apunta dicha ley—.
El objetivo declarado —lo que dicen— es muy bonito, ¿Quién no estaría de acuerdo con que se incremente la transparencia y la estabilidad?, pero el mecanismo real —lo que hacen— es exigir a los emisores de stablecoins —como USDC o USDT—, que son tokens cruciales para operar en el ecosistema cripto, que sus emisiones estén respaldadas estrictamente por la moneda o la deuda emitida por el Estado. El gobierno estadounidense, o cualquier otro, al obligar a los emisores de stablecoins a respaldar su token con bonos de deuda, en realidad se está asegurando financiamiento casi gratuito, en la medida en que, además de que democratiza su deuda para que personas comunes puedan tenerla, acrecentando aún más su financiamiento, dicha demanda masiva asegurada puede traducirse en tasas de endeudamiento marginalmente más bajas de lo que serían de otra manera.
Podríamos decir que el Estado ve una oportunidad muy buena, pues encontró una fuente de financiamiento que le serviría de gallina de los huevos de oro por unos cuantos años, y con el pasar de los años cada vez mejor, porque el mercado de los RWA en la BlockChain está creciendo exponencialmente. Y todo apunta a que el experimento del Tesoro estadounidense está funcionando perfectamente, porque cada nuevo inversor en criptomonedas, cada nueva stablecoin emitida, se traduce en una presión de compra sobre su deuda estatal. Dicho de un modo más simple: con la Ley Genius, el gobierno de EE. UU. ha creado una fuente masiva y creciente de demanda forzada para su propia deuda. Si el mercado de stablecoins crece y domina las transacciones on-chain —lo cual es la tendencia—, y el marco regulatorio estadounidense se consolida como el estándar global, estaríamos hablando de que EE. UU. se posicionará como el financiador principal del ecosistema financiero digital global, seguido de cerca por algunos pocos estados —posiblemente—, y que el dólar y la deuda estadounidense serían los pilares de la economía BlockChain con el más mínimo esfuerzo, porque EE. UU. no tiene que buscar compradores para su deuda, sino simplemente regular el mercado cripto para conseguirlos.
Este escenario le da maniobra a EE. UU., o cualquier otro Estado que apele a ello, para el control total sobre el nuevo sistema financiero digital, a través de dos formas: (i)por el financiamiento y la dependencia de los Bonos del Tesoro —y con ello de la salud de EE. UU.—, haciendo que toda la economía blockchain global —DeFi, NFTs, entre otros— tengan como pilar y colateral fundamental de deuda estadounidense; y (ii) por vía de la regulación y supervisión estricta —poder político—, imponiendo reglas de operación, como asegurar que el ecosistema, aunque digital, siga los estándares Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) de la ley estadounidense, dando al Estado influencia directa y capacidad de supervisión sobre los puntos de entrada y salida más importantes del ecosistema —los emisores de stablecoins—. Y, con ello, se tira por tierra toda la filosofía por la cual surgieron las criptomonedas y la BlockChain, a saber: oponerse al sistema financiero global controlado por los Estados y sus Bancos Centrales. En contra de lo esperable, el sistema que se creó para oponerse al control estatal se está convirtiendo, por la vía regulatoria, en el mecanismo más novedoso y eficiente para financiar a ese mismo Estado y extender su control a la esfera digital.
En suma, la regulación de las stablecoins, tal y como se está presentando —porque en ningún momento se vende la idea de que no deban regularse—, a todas luces es el un caballo de Troya de los Estados, con EE. UU. dirigiendo la campaña, para absorber el ecosistema cripto, neutralizar su amenaza filosófica y convertirlo en una herramienta para reforzar el propio poder financiero y político, nacional y global.
Conclusión y reflexión: hay un punto positivo, la tokenización como camisa de fuerza para el Estado
El recorrido técnico y político que se ha realizado hasta el momento es para reflexionar y poner el ojo en cómo el mundo está cambiando y cómo los Estados apelan a estrategias para aumentar su control sobre diversos ámbitos de la vida humana. Pero, haciendo un inciso, quizá, y sólo quizá, en todo esto hay un punto a favor de la comunidad cripto, a saber: el puente que se teje entre ambos mundos (TradFi y DeFi) podría servir como una camisa de fuerza para las instituciones reguladoras —Bancos Centrales, principalmente, y políticas absurdas, que es por naturaleza lo que proviene de los Estados— al momento de tomar una decisión que podría afectar como efecto dominó a todos los mercados.
Esta conexión entre ambos mundos haría que el costo de un error regulatorio o de una política estatal aumente, porque el riesgo de un colapso en cadena que afecte a todos los mercados es mucho mayor y más rápido, lo cual podría obligar a las autoridades a tomar decisiones más prudentes —como evitar subir las tasas de interés de forma agresiva—. En este estricto sentido, sólo en este estricto sentido, aunque parezca irónico o contraintuitivo, dado lo expuesto hasta ahora, capaz todos esos riesgos técnicos son buenos, porque, en el fondo, esos riesgos técnicos del ecosistema interconectado hacen que el Estado, aunque se asegure financiamiento, quede atado al mismo, por el hecho de que si el sistema tokenizado colapsa debido a una política imprudente de algún ente regulatorio, el Estado no solo pierde una fuente de financiamiento, sino que desestabiliza la base de la nueva economía digital que se esforzó por controlar y de la cual depende ahora la salud de su propia deuda. En esencia, la propia herramienta que el Estado está coaptando para su beneficio se puede convertir en una restricción, en cuanto aumenta drásticamente la penalización por una mala política.
[*] Este texto fue originalmente publicado en: Humano Insurrecto. Fue escrito en 2025, aunque no ve luz hasta ahora.
[1] En el fondo, la tokenización convierte los derechos de propiedad de un activo en un token digital que se puede gestionar dentro de la BlockChain. Si desea profundizar al respecto, puede ver: Jame Holdsworth, Matthew Kosinski. 2023. ¿Qué es la tokenización?. Publicado en el portal de IBM. Puede acceder en: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/tokenization (Consultado el 20/10/2025).
[4] Curioso que lo llamen así, como si acaso no fuera “real” lo digital.
[5] La “liquidación” es el momento en que una operación se cierra definitivamente, es decir, en el que el comprador recibe el activo y el vendedor recibe su pago.
[6] Irónicamente, aunque la BlockChain permite que seamos nuestros propios custodios —guardando los tokens en una wallet—, la mayoría de las personas usa plataformas o “exchanges” —como Coinbase, Binance, o plataformas de tokenización específicas— por comodidad. Pero al hacer esto se reintroduce a un intermediario en el que ahora confiamos en que no sea hackeada, no quiebre —como el caso de FTX— y no congele nuestros fondos. Haciendo un paralelismo, este es un riesgo que no existe si guardas el dinero bajo tu colchón, por ejemplo, pero sí existe si lo guardas en un banco o, en el caso que nos compete, en una plataforma cripto.
[7] La tecnología se mueve más rápido que las regulaciones a ella. En lo que compete al Estado, todavía están decidiendo qué son estos tokens —¿Son valores, como acciones? ¿Son materias primas? ¿Son un nuevo tipo de activo?—, y existe el riesgo de que un Estado cambie las reglas del juego a mitad de partido, o podrían incluso prohibir ciertos tokens, imponer nuevos impuestos o declarar ilegal la plataforma que estás usando para acceder al ecosistema. Sin duda alguna, esta “incertidumbre” dificulta la planificación a largo plazo, aunque también es cierto que los Estados están avanzando en ello y, en líneas generales, no han sido del todo hostiles con la nueva tecnología.
[8] El 10 de octubre de este año, por ejemplo, BTC abrió en 121.662,41, para luego caer a 102.000,00 en la plataforma Binance, todo en sólo minutos —representando un -16,16%—, y cerró en 112.774,50 —representando un +10,56% desde el piso—. En cambio, NVIDIA abrió en 192,25, cayó a 180,90 —representando un -7,51%, es decir, menos de la mitad de lo que cayó BTC—, para luego cerrar en 181,12 —representando un +0,12% desde el piso—, y movimientos similares podemos encontrar en ETFs como SPY (S&P500), monstrando más volatilidad en el la red DeFi que en TradFi.
[9] Recuerde las proyecciones de McKinsey expuestas al inicio de este texto: se estima que el mercado global de activos tokenizados podría alcanzar los USD$ 2.000.000.000.000 para 2030.
En estos días el notable ancla televisivo Fareed Zakaria, quien es una seria y destacada voz liberal en los Estados Unidos, trataba de interpretar los tiempos a través de un específico vehículo cultural cotidiano: la película La Odisea, de Christopher Nolan.
Zakaria dividía en dos el pensamiento de la civilización occidental: el primero, que favorece al fuerte y lo predestina; el segundo, el elemento compasivo e igualador expresado en el Sermón de la Montaña.
Zakaria nos cuenta su alarma ante la boga y la reverencia hacia el seminal pensamiento occidental no impactado aún por la influencia judeocristiana, expresada no solo en el sector conservador aquí en el poder, sino en los propios empresarios del sector digital y de la inteligencia artificial, este último campo aún no del todo regulado, cuyos resultados no son autónomos, más sí condicionados por los valores e ideas de su programador.
Yo comparto su alarma en base a múltiples expresiones y posturas cotidianas. La intervención Americana a Venezuela sin duda está en la órbita de Odiseo y lejos de los valores compasivos del sermón de la montaña.
Este sábado anterior, amanecimos con las nuevas de cómo el Ejecutivo estadounidense piensa incrementar sus reservas estratégicas petroleras con el crudo no aún producido venezolano. Se establecen mecanismos de iniciativa privada (compañías petroleras), pero el marco comercial en sí mismo se conocerá eventualmente.
Hemos dicho y seguiremos repitiendo hasta el cansancio que estamos pagando las consecuencias del brinco al abismo por haber elegido a Chávez presidente, el entreguista de Venezuela. A ojos conservadores en el poder americano es imperdonable que Venezuela se haya convertido en un Estado sirviente de un país como Cuba. Cosa que expiró apenas el pasado 3 de enero.
¿Es válido el tuit del presidente Trump hablando de las reservas venezolanas como propiedad de los Estados Unidos? ¿Es legítimo y plausible? No voy a decir que es o no lo es, o que si esa política es más parecida a Odiseo que a Woodrow Wilson. Odiseo está de moda.
No voy a decir que reserva estratégica es un concepto de posesión de activos energéticos petroleros ligado al imperium territorial (territorio del país que las posee) donde reposan, y que Venezuela no es un territorio de los Estados Unidos. Y nada formalmente aún indica lo contrario.
No vale la pena decir que el ordenamiento jurídico venezolano, a partir de 1975, no contiene la posibilidad legal de estimar “nuestras reservas” petroleras dentro de los libros contables de otra nación, inclusive asumiendo como válida la Constitución chavista, que no lo es.
Lo que sí voy a comentar es que cada día es notorio que una cosa son los hechos y otra cosa son las formalidades. Que existen dos realidades de grueso verificables: una, la formal, expresada en recurrentes incapacidades y rebatiñas (como nos repartimos el oro de Londres, por ejemplo, que es emblemático), léase mesa de diálogo, el vuelo de las guacamayas o toda manifestación cotidiana igual de bizarra o ridícula que la politiquería venezolana no se cansa de ofrecernos y que, añeja, se acerca a tres décadas.
La otra está expresada por los canales comunicacionales de los Estados Unidos. Los entreguistas han probado serlo y de una naturaleza espeluznante que hace corta cualquier estimación conocida antes del 3 de enero. Por seguir habitando Miraflores entregan hasta su madre.
Mientras tanto, materialmente, los signos de una incorporación de Venezuela con los Estados Unidos, bajo cualquiera de las modalidades conocidas, sigue su curso dialéctico.
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“En un país donde la violencia se vuelve paisaje, el Estado amplía sus capacidades de identificación, los contrapesos pierden fuerza y el poder exhibe a sus críticos. La libertad también se pierde cuando una sociedad se acostumbra a cederla.”
María José Salinas
México no está en guerra. No existe una invasión extranjera, las alarmas antiaéreas no interrumpen nuestras noches y ningún ejército enemigo avanza sobre el territorio nacional. No hay una declaración formal de guerra ni ciudades sitiadas por tropas extranjeras. Y, sin embargo, durante 2025 el país registró preliminarmente cerca de 28 mil homicidios.
La cifra debería bastar para incomodarnos sin necesidad de compararla con ningún conflicto extranjero. La pregunta verdaderamente perturbadora es cómo consiguió un país que formalmente vive en paz acostumbrarse a contar sus muertos por decenas de miles cada año. Quizá hemos construido una categoría propia: una paz en la que se asesina, se extorsiona y se desaparece; una normalidad donde millones de personas modifican horarios, rutas y costumbres para reducir la posibilidad de convertirse en la siguiente estadística.
Aquí no hay sirenas que anuncien bombardeos, pero sí comerciantes que reciben mensajes exigiendo derecho de piso. No vemos tropas extranjeras, pero conocemos carreteras que evitamos por miedo. No existen refugios subterráneos, pero hay madres que recorren terrenos y fosas clandestinas buscando a sus hijos con herramientas que, demasiadas veces, tuvieron que comprar ellas mismas. La violencia primero ocupa las primeras planas, después se transforma en una cifra y finalmente se incorpora a la rutina. México no está en guerra: ha aprendido a enterrar a sus muertos en tiempos de paz.
Frente a semejante realidad cabría esperar un Estado obsesionado con perseguir criminales, profesionalizar policías, fortalecer fiscalías, combatir la extorsión, localizar desaparecidos y reconstruir un sistema de justicia capaz de devolverle al ciudadano la confianza perdida. Sin embargo, mientras seguimos esperando resultados en esas materias, el propio Estado amplía sus mecanismos para identificar a quienes sí puede localizar: los ciudadanos que cumplen la ley.
Un Estado que identifica, pero no siempre protege
Desde 2026, las líneas móviles deben estar vinculadas con una persona física o moral. La medida ha sido presentada como un instrumento para combatir la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad. El objetivo puede parecer razonable; la pregunta democrática, sin embargo, sigue siendo indispensable: ¿en qué momento la incapacidad estatal para perseguir eficazmente a quienes delinquen justifica imponer nuevas obligaciones de identificación a millones de ciudadanos que no han cometido ningún delito?
Las compañías telefónicas realizan la vinculación y resguardan los datos; según la autoridad reguladora, no existe una base gubernamental única que concentre todos los registros. No obstante, ante investigaciones relacionadas con delitos, las autoridades competentes pueden solicitar información a las empresas conforme a las disposiciones legales aplicables. El debate, por tanto, no debe reducirse a la disyuntiva infantil de estar a favor de la seguridad o a favor de los delincuentes. Una democracia madura puede combatir el crimen y, al mismo tiempo, discutir los límites del poder. De hecho, debe hacerlo.
La contradicción de fondo resulta difícil de ignorar: vivimos en un país donde miles de familias continúan buscando a personas desaparecidas mientras el aparato estatal desarrolla mayores capacidades para identificar a quienes sí están presentes. Dicho de otra manera, el mismo Estado que demasiadas veces no logra encontrarte cuando desapareces quiere tener certeza de quién eres cuando te comunicas. Puede tener razones legítimas para buscarlo; precisamente por eso los ciudadanos debemos exigir reglas legítimas, controles verificables y consecuencias ante cualquier abuso.
La discusión sobre privacidad suele quedar atrapada en un error recurrente: evaluamos las facultades del Estado según la confianza que sentimos por quien ocupa temporalmente el gobierno. Si confiamos en esa persona, las herramientas parecen inofensivas; si desconfiamos, descubrimos sus riesgos. Pero las instituciones no pueden diseñarse pensando únicamente en quien gobierna hoy. Deben resistir también a quien podría gobernar mañana. Esa es la diferencia entre confiar en un gobernante y construir una república.
Las libertades no pueden descansar sobre la promesa de que la autoridad utilizará correctamente sus atribuciones. Si dependieran de su buena voluntad, dejarían de ser derechos para convertirse en concesiones. La privacidad tampoco consiste en esperar que el gobierno se porte bien, sino en establecer reglas y contrapesos capaces de impedir que se porte mal sin enfrentar consecuencias. Por eso las preguntas son inevitables: ¿quién puede solicitar información?, ¿en qué circunstancias?, ¿quién autoriza su entrega?, ¿quién supervisa el procedimiento?, ¿puede el ciudadano impugnarlo? Y, sobre todo, ¿qué institución conserva la independencia suficiente para decirle que no al poder cuando sea necesario?
El contrapeso que debe proteger al ciudadano
Esa última pregunta conduce al Poder Judicial. El sistema mexicano nunca fue perfecto: durante décadas acumuló señalamientos por corrupción, nepotismo, lentitud, privilegios y decisiones incomprensibles. Defender su independencia no exige idealizar a los jueces ni negar los vicios históricos de la institución. México necesitaba -y continúa necesitando- una justicia más eficiente, accesible y confiable. Sin embargo, reconocer la necesidad de una reforma no obliga a aceptar que cualquier transformación fortalece automáticamente al sistema.
La reforma judicial modificó profundamente el mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros. La primera elección judicial federal registró una participación cercana al 13 por ciento y estuvo rodeada por una discusión pública sobre los llamados ‘acordeones’, materiales que recomendaban determinadas candidaturas. Desde 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido sobre posibles afectaciones a la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de derecho.
La discusión nunca debió reducirse a escoger entre defender una vieja élite judicial o respaldar incondicionalmente el nuevo modelo. La pregunta esencial es otra: ¿quién protegerá al ciudadano cuando sea el propio gobierno quien vulnere sus derechos? La independencia judicial importa no porque los jueces sean moralmente superiores, sino porque alguien debe ser capaz de detener al poder.
Durante décadas, el juicio de amparo ha sido una de las herramientas fundamentales del ciudadano frente a los actos de autoridad. Un juez puede suspender una decisión, frenar un daño potencialmente irreparable y recordar al Estado que incluso una mayoría política encuentra límites en la Constitución. Por eso la independencia del árbitro es más importante que su simpatía ideológica: la justicia no debe estar cerca del gobierno ni de la oposición, sino conservar la distancia suficiente para revisar a ambos.
Cuando el Ejecutivo, la mayoría legislativa y una parte sustancial de las instituciones encargadas de revisar sus actos comparten un mismo proyecto político, la cuestión de los contrapesos deja de ser académica. Se convierte en una pregunta ciudadana: ¿quién puede decir que no? Una Constitución puede enumerar decenas de derechos, pero un derecho sin una institución independiente capaz de hacerlo valer frente al poder corre el riesgo de convertirse en una promesa escrita con excelente caligrafía.
Cuando el poder individualiza a sus críticos
Dentro de ese contexto adquiere una dimensión distinta una escena reciente que debería incomodar a cualquier demócrata, independientemente de sus simpatías políticas. Desde una conferencia presidencial se proyectaron nombres y cuentas de periodistas, comunicadores, medios y ciudadanos críticos. El gobierno defendió el ejercicio como un análisis de tendencias digitales. Precisamente ahí comienza el problema: una democracia no solo debe preguntarse si el gobierno puede hacer algo, sino qué mensaje envía cuando decide hacerlo.
Si el objetivo era estudiar una conversación digital, ¿resultaba indispensable individualizar públicamente determinadas cuentas desde la principal tribuna política del país? Si se pretendía responder argumentos, ¿por qué colocar identidades particulares frente a una maquinaria de comunicación gubernamental cuya capacidad de amplificación supera por mucho a la de cualquier ciudadano? Y si no existía intención de señalar, ¿por qué tantas personas interpretaron el ejercicio precisamente como un señalamiento?
No hace falta compartir una sola opinión de quienes aparecieron en aquella exposición para comprender el riesgo. Esa es, de hecho, la prueba decisiva: la libertad de expresión no fue creada para proteger únicamente las ideas con las que coincidimos, sino para garantizar el desacuerdo. El poder, además, siempre encuentra términos amables para describir sus facultades. La vigilancia puede justificarse como seguridad; la propaganda, presentarse como información; el señalamiento, explicarse como derecho de réplica; y una relación pública de nombres, describirse como análisis.
Nada de ello significa que toda acción gubernamental de esa naturaleza constituya automáticamente autoritarismo. Significa algo más elemental: ninguna debe quedar exenta de escrutinio solo porque la autoridad asegure tener buenas intenciones. Cuando desde el poder se exhibe a ciudadanos críticos, el mensaje no termina en quienes aparecen en una pantalla. También lo reciben periodistas, académicos, empresarios, activistas, estudiantes y personas comunes que quizá mañana tengan algo incómodo que preguntar.
Ahí surge uno de los mecanismos políticos más antiguos y eficaces: la autocensura. Un gobierno no necesita silenciar directamente a millones de personas si consigue que suficientes ciudadanos concluyan que hablar puede traerles problemas. El miedo político alcanza su máxima eficiencia cuando deja de necesitar una orden y el ciudadano comienza a censurarse solo.
La erosión que se vuelve costumbre
Solemos imaginar las tiranías como una escena cinematográfica: tanques entrando a una plaza, militares clausurando un Congreso, periódicos cerrados y opositores encarcelados. A veces ocurre así; muchas otras, no. Las democracias también pueden erosionarse lentamente mediante procesos legales, reformas aprobadas por mayorías, controles justificados por emergencias, instituciones que pierden autonomía y pequeños abusos que la sociedad aprende a tolerar porque cada uno, observado por separado, parece insuficiente para encender todas las alarmas.
El peligro está en la secuencia. Primero se desacredita a los contrapesos porque son corruptos; después se transforma su composición porque deben democratizarse; más tarde se amplían las capacidades de identificación porque necesitamos seguridad; finalmente se exhibe a críticos porque el gobierno también tiene derecho a defenderse. Cada argumento puede contener una parte de verdad. La pregunta está en el resultado conjunto.
¿Cuándo comienza exactamente una tiranía: cuando se encarcela al primer opositor, cuando se clausura un periódico o mucho antes, cuando la sociedad considera razonable que el gobierno determine cuáles voces son legítimas y cuáles merecen ser señaladas? ¿La libertad de expresión desaparece únicamente cuando está prohibido hablar, o empieza a deteriorarse cuando hacerlo adquiere un costo suficientemente alto para que muchos prefieran callar? Ningún proyecto autoritario anuncia que desea menos libertad; siempre encuentra una causa noble -la seguridad, la justicia, la igualdad o la voluntad popular- para solicitar un poco más de poder.
Por eso la democracia no consiste en desconfiar únicamente de los gobernantes que detestamos. Consiste en limitar también a aquellos que admiramos.
La protesta que cambió de relación con el poder
Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que una parte importante de la sociedad mexicana encontraba perfectamente legítimo cuestionar al presidente desde las calles, las universidades, los medios y las redes. Movimientos como #YoSoy132 o las movilizaciones posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron expresiones distintas de una misma idea democrática: el poder debe soportar la incomodidad de una ciudadanía que pregunta.
Hoy siguen existiendo razones para indignarse. Persisten la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad; continúa la discusión sobre la militarización de tareas civiles, y a ella se suman cuestionamientos sobre la privacidad, los contrapesos institucionales y la manera en que el poder responde a sus críticos. ¿Dónde está, entonces, aquella capacidad de movilización?
Durante décadas, una parte importante de la izquierda latinoamericana desarrolló una enorme habilidad para organizar el descontento, articular movimientos, construir consignas y convertir agravios legítimos en presión política. Eso, por sí mismo, no es condenable: es política. El problema aparece cuando los estándares para juzgar al poder cambian dependiendo de quién lo ocupa. Entonces la protesta que ayer era resistencia se convierte en conspiración; la crítica que representaba conciencia ciudadana pasa a describirse como golpismo; el periodista incómodo que cuestionaba al gobierno anterior era valiente, pero quien cuestiona al propio se transforma, convenientemente, en mercenario.
Las causas no desaparecieron y las víctimas tampoco. Lo que cambió, para muchos, fue su relación con el poder. De ahí una frase incómoda que resume la contradicción: la protesta no murió; cambió de nómina. Sin embargo, el fenómeno no pertenece exclusivamente a la izquierda. La derecha ha cometido el mismo pecado cuando justifica abusos, corrupción o excesos de gobiernos propios mientras denuncia con furia los del adversario.
Ese es el punto: quien condena un abuso cuando lo comete su enemigo, pero encuentra una excusa cuando lo comete su partido, no defiende un principio, sino una identidad política. El abuso no cambia de naturaleza según el color de quien lo comete; la censura no se vuelve democrática porque provenga del partido correcto, ni la vigilancia se transforma en libertad porque la administre un gobierno popular. Los derechos que solo defendemos para quienes piensan como nosotros dejan de ser derechos y se convierten en privilegios ideológicos.
Mientras alguien conserve su voz
La relación de periodistas, comunicadores y ciudadanos exhibidos desde la conferencia presidencial puede encontrarse en redes sociales. Vale la pena buscarla, no para convertir automáticamente a cada persona que aparece ahí en héroe ni para asumir que todas sus opiniones son correctas, sino para leer, escuchar, contrastar y decidir por cuenta propia. Seguir una voz crítica no significa obedecerla; significa defender la existencia de un espacio en el que pueda hablar.
Si el propósito de exhibir determinadas voces era desacreditarlas, la respuesta de una ciudadanía libre debería ser ampliar la conversación. Si se pretendía aislarlas, podemos escuchar sus argumentos y juzgarlos nosotros mismos. Y si alguien esperaba que el señalamiento produjera silencio, la respuesta más democrática es multiplicar las voces. El gobierno posee instituciones, presupuestos y transmisiones oficiales; el ciudadano conserva algo aparentemente más frágil, pero decisivo: su criterio.
Sería fácil terminar esta reflexión desde el pesimismo. La violencia se ha normalizado hasta niveles que deberían resultarnos intolerables; las instituciones atraviesan transformaciones profundas y la tecnología amplía las capacidades del Estado. A ello se suma el cansancio producido por tantos escándalos, cifras, muertos y promesas. Quizá el mayor peligro no sea únicamente el miedo, sino el agotamiento: ese momento en que una sociedad deja de preguntar porque concluye que preguntar ya no sirve.
Pero la historia nunca queda completamente en manos del poder. Cada gobierno que intentó administrar la verdad encontró ciudadanos dispuestos a cuestionarla; cada proyecto que quiso uniformar el pensamiento enfrentó alguna voz que se negó a repetir el libreto. Ahí reside la esperanza: no en esperar que el gobierno decida voluntariamente limitarse, ni en sustituir un caudillo por otro, sino en una ciudadanía suficientemente adulta para comprender que ningún gobernante es su dueño, ninguna mayoría posee facultades ilimitadas y ningún proyecto político merece lealtad incondicional.
La democracia no consiste solamente en votar, sino también en vigilar a quien ganó, especialmente si votamos por él. Consiste en defender el derecho de nuestros adversarios a decir cosas que detestamos, porque algún día podemos ser nosotros quienes necesitemos esa misma protección. Y consiste en preguntar cada vez que el poder solicite un poco más de confianza, más información o menos resistencia: ¿por qué?, ¿hasta dónde?, ¿quién te vigila a ti?
Hoy fueron algunos nombres en una pantalla. Mañana puede ser cualquier ciudadano que formule una pregunta incómoda. Sin embargo, mientras exista una persona dispuesta a hacerla, otra decidida a defender su derecho a formularla y muchas más capaces de negarse a entregar su criterio a cambio de comodidad, el silencio nunca será completo.
La libertad rara vez desaparece de un día para otro; a veces se pierde porque dejamos de ejercerla, de preguntar y de incomodarnos. También puede sobrevivir porque alguien decide que existe una frontera que el poder no debe cruzar, porque alguien se niega a callar o porque alguien recuerda que ser ciudadano significa algo más que ser gobernado.
México no está en guerra. México entierra a sus muertos, discute sus libertades y decide todos los días cuánto poder está dispuesto a entregar a cambio de la promesa de sentirse seguro. La historia todavía no está escrita: mientras haya ciudadanos dispuestos a preguntarle al poder quién lo vigila, a defender el derecho del adversario a disentir y a recordar que la libertad no se hereda intacta, permanecerá algo que ningún gobierno podrá administrar por completo: nuestra decisión de seguir siendo libres. Mientras esa decisión permanezca viva, todavía hay esperanza.
Referencias
INEGI. Estadísticas preliminares de defunciones registradas por homicidio, 2025.
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pronunciamiento sobre la reforma judicial en México y sus posibles efectos en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho, 2024.
Instituto Nacional Electoral. Cómputos y participación ciudadana de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, 2025.
Majo Salinas, La libertad no se agradece al poder: se ejerce, se defiende y se vigila.liberalesdisidentes.com
Oriana Aranguren es licenciada en Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Local Senior de EsLibertad Venezuela.
“(…) si las circunstancias realmente no tuvieran ningún impacto sobre el destino de los individuos, resultaría completamente absurdo oponerse al socialismo, al colectivismo o a cualquier régimen totalitario.”
Oriana Aranguren
No pocas veces he escuchado a algunos liberales decir que “el pobre es pobre porque quiere”, aludiendo a la idea de que son las decisiones lo que indica el camino que recorrerás durante toda tu vida, independientemente de las circunstancias. No obstante, esto es una simplificación burda que distorsiona los principios fundamentales del liberalismo, por cuanto el verdadero liberalismo jamás ha sostenido que las circunstancias carezcan de importancia. De hecho, la estructura teórica del liberalismo se sostiene en ideas que buscan transformar y erradicar un conjunto específico de circunstancias, a saber: la opresión del absolutismo, el privilegio concedido por el Estado y la arbitrariedad del poder.
En este sentido, entonces, aquel liberal que diga que importan únicamente las “decisiones” incurre en una contradicción, porque al poner de lado las circunstancias, implícitamente deja el camino abierto para que alguien pueda decirle: “si no importan las circunstancias, entonces no importa que el sistema sea socialista, porque, al final, son las decisiones lo único que determina la vida humana”, es decir, aquel liberal que sostenga que solamente importan las decisiones tendría que aceptar que no tiene sentido, entonces, luchar en contra del estatismo. Dicho de otro modo, si las circunstancias realmente no tuvieran ningún impacto sobre el destino de los individuos, resultaría completamente absurdo oponerse al socialismo, al colectivismo o a cualquier régimen totalitario, puesto que una persona orientada al éxito lo lograría sin importar las tramas burocráticas o la falta de derechos de propiedad.
Las decisiones humanas ocurren dado un contexto, una circunstancia, especialmente social, por tanto, todo lo que compete a las leyes, el sistema económico y, en general, institucional, influye en dicho proceso de elección. La libertad requiere un marco institucional preciso para poder desplegarse con efectividad, y es precisamente por eso que los liberales luchamos en contra del estatismo, porque reconocemos que el entorno institucional importa mucho. Un sistema que destruye el mercado libre, prohíbe la iniciativa privada y concentra el poder en el Estado genera un conjunto de circunstancias sofocantes que anulan la capacidad de elección real de las personas, sofocando de raíz cualquier posibilidad de progreso individual. Precisamente por eso alguien con buenas ideas tendría un camino más tortuoso al éxito —sea como sea que lo perciba— en Venezuela que en Estados Unidos.
Aquellos analistas o estudiosos que, haciéndose llamar liberales, pretenden ignorar los condicionantes estructurales cuando se trata del origen de la pobreza, pero sí los enarbolan con vehemencia al criticar las intervenciones estatales, incurren en la incoherencia. La pobreza rara vez es una simple elección voluntaria —que, ojo, sí hay quienes lo son por elección—, con extrema frecuencia es la consecuencia directa de marcos institucionales extractivos, mercados cerrados, monopolios protegidos, monopolios educativos de pésima calidad y leyes que impiden a los desfavorecidos capitalizar su esfuerzo. Quien atribuye la vulnerabilidad económica únicamente a una falla moral o a la falta de voluntad, olvida que la libertad requiere opciones reales, y que cuando las reglas del juego están amañadas, la mera determinación personal resulta insuficiente para salir adelante.
Por esta razón, la defensa genuina de la libertad exige reconocer que las reglas e instituciones dictan el abanico de posibilidades al que puede aspirar una persona. El liberalismo bien entendido no es una apología del determinismo moralista ni un consuelo para el estatus quo, sino una crítica incisiva contra los impedimentos que traban el desarrollo humano. Luchar por la libertad implica trabajar para que el origen de un individuo no defina implacablemente su destino, lo que exige remover las barreras artificiales —estatales, legales o corporativas— que privan a las personas de la oportunidad de prosperar.
Así, la libertad de elección solo cobra verdadero sentido cuando existen las condiciones mínimas para que dicha elección sea viable y productiva. Y con esto no quiero decir que el Estado deba garantizar esas condiciones mínimas, pues, bien sabemos que el Estado es el principal enemigo a enfrentar en nuestro camino al éxito, simplemente ataco la idea de que la consistencia del pensamiento liberal no se halla en negar la realidad de los condicionantes sociales, sino en distinguir cuáles de ellos son inherentes a la condición humana y cuáles son impuestos de forma coercitiva por el poder.
Como bien ya expresé, defender la libertad y combatir los modelos colectivistas cobra sentido únicamente porque se reconoce que el entorno institucional puede aplastar el potencial de un individuo. Un liberal coherente y maduro debe rechazar con la misma firmeza la tiranía del Estado y el mito de que el contexto no importa, reafirmando que el objetivo final de la libertad es, precisamente, construir una sociedad donde las circunstancias de nacimiento no clausuren los sueños ni el esfuerzo de nadie.
Reiteramos la evidencia material de que la legitimidad de las negociaciones habidas entre la oposición y el chavismo es proveída por el tutor.
Y es otra realidad de que una cosa es prioritaria para el contubernio —ejemplo el oro inglés, quién nombra a quién en el TSJ, CNE, etc.— y otra las prioridades de los Estados Unidos.
Enhorabuena.
Debemos estar atentos a lo que hace el tutor, en términos del discurrir lógico de este sin precedentes tránsito político nacional: la mesa de negociaciones es la “verdad formal” y las decisiones de los Estados Unidos con respecto a las bases de la transición es la “verdad verdadera”.
¿Cuánto valemos, cuánto debemos, cuánto cuestan las cosas realmente? Los venezolanos tenemos ya muchas décadas, específicamente desde el viernes negro (1983), cuando nuestro signo monetario, y su valor, se convirtió en misterio dentro de un enigma de subsidios y especulaciones, de devaluaciones tras devaluaciones, de un país de espaldas al mundo financiero, siendo el origen de las más horrendas de las pobrezas, injusticias y de las más egoístas de las desigualdades sociales en virtud del ingreso.
El poder monetario pertenecía al poder y sus acólitos. ¡Ya basta!
La depravación oficial hacia una política irresponsable y populista que buscaba la ilusión de un poder adquisitivo falso expresado en billetes sin valor es la tiranía real que ha padecido el pobre pueblo rico venezolano.
La democracia y el chavismo —este último en grado de enloquecimiento— usaron la máquina de hacer billetes sin valor orgánico a extremos que han llevado a los venezolanos a aclamar al dólar como moneda de adopción. Y tienen toda la razón en dicha elección.
Ha trascendido en la prensa especializada que, por voluntad del tutor, se ha decidido nombrar al profesor de economía de la universidad Johns Hopkins, Steve Hanke, como el nuevo zar monetario de Venezuela.
Hanke, conocido en el mundo político norteamericano como “Money Doctor” (Médico Monetario), no es desconocido en Venezuela: estuvo asesorando al segundo gobierno de Caldera con recomendaciones similares de corrección monetaria que, opuestas a ellas por el Congreso de entonces, nos ubican hoy como las víctimas de la hiperinflación más grande del mundo (400% anual).
Su receta ha sido simple: atar el signo monetario local al valor del dólar, y en paridad idéntica evitar así el recurrente vicio de un liderazgo latinoamericano que unánimemente celebra crear un populismo que promete un bienestar falso, llenando de papeles sin valor el bolsillo de la gente.
En Venezuela el camino es más claro y expedito: no convertibilidad entre signos monetarios; el dólar se adopta y punto.
Hanke viene de hacer labor de reparación monetaria en el Ecuador de los 90s, economía basada en el dólar cuya receta provee a esa nación, hoy por hoy, de la tasa más baja de inflación en el subcontinente.
Estuvo también reestructurando las políticas monetarias de las naciones antes conocidas como Yugoslavia, salvando la vida entonces de un intento de asesinato ordenado por Milosevic, quien lo catalogó de espía francés. Su devenir profesional lo ha llevado a múltiples asesorías en el orbe.
Con la introducción de Hanke a la indispensable corrección y normalización del poder adquisitivo de los venezolanos, los Estados Unidos incorpora un elemento de protección a la justicia incuestionable en contra de la por todos temida impunidad.
Por primera vez en casi medio siglo, los venezolanos sabrán en realidad inédita para los jóvenes de hoy el valor real de bienes y servicios; estarán protegidos por valores equitativos reales de a trabajo igual-salario igual; renacería la clase media a través de la restitución del crédito; reaparecería la industria de la aseguranza de bienes, dentro de términos más allá de formalidades demagógicas y en premio del sacrosanto valor de los costos reales adquiridos en moneda fuerte.
Será el derribo de las mafias cambiarias y el mercado negro, expresión de un gobierno poseído por una organización criminal.
Venezuela como nación hará un esfuerzo para saldar sus deudas en paridad a sus ingresos petroleros, y podrá estimar el valor de sus reservas y planificar la reconstrucción de su casi absoluta destrucción de todo orden para la felicidad de las mayorías.
En esta ausencia de valor real de nuestra economía, una vez materializada la instauración del dólar como moneda nacional, nuestro petróleo tiene una posición de importancia que, a paridad de la moneda del norte, deberá ser un vehículo de redención social, transformado en educación, calidad de vida y una invitación blindada a la labor empresarial y creación de industrias generadoras de riqueza.
La revista Forbes, esta semana, informa que Venezuela está produciendo solo 1,1 millones de barriles al día, alrededor del 1,3 % del total mundial y un tercio de los barriles logrados en la era pre-Chávez de 3,4 millones en 1998. Sorprendentemente, es solo un poco más del 7 % más que antes de la salida de Maduro. Esta aceleración en sí misma es alentadora.
El país encara tal vez el boom petrolero más significativo en la historia de la civilización. Hoy, Venezuela está extrayendo solo el 0,2 % de sus 380 mil millones de barriles del total de sus reservas cada año. La nación tardaría 350 años en agotar solo la mitad de su suministro subterráneo. La tasa de agotamiento de Venezuela es una cuarta parte de la cifra saudí del 1,2 %, y una quinta parte del 1,5 % de Kuwait. El número de ExxonMobil y otras productoras se estima en el rango del 6 % al 7 % (de consumo de reservas anuales), lo que significa que cuando nuestros icónicos competidores desaparezcan, nosotros seguiremos teniendo el petróleo suficiente para continuar en el negocio.
Acelerando la producción a niveles pre-Chávez, Venezuela tendría alrededor de dos siglos de reservas disponibles, sobreviviendo a los actuales líderes de producción en el mundo. Estimar sus reservas en dólares como moneda local hace de esa riqueza algo inestimable en su promesa de justicia social.
Prioridad es aumentar la producción de petróleo como boleto para reestructurar la carga de la colosal deuda venezolana, estimada en 250 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 150 % del PIB, el número más alto de América Latina y el cuarto del mundo. Caracas estaba enviando crudo a China como parte de un programa de reembolso debido a la deuda chavista con los chinos (15 mil millones de dólares); igualmente se le debe a los rusos. Hoy nuestro petróleo regresa a las refinerías del Golfo de México, quienes no pagan por “trueque” sino con dinero constante y sonante.
Hanke, en sus declaraciones a Forbes, considera que, a pesar de la masiva emigración de venezolanos, existe un talento humano de considerable capacidad (foreign intelligentsia), incluyendo a los millones que permanecen en el exilio; dentro de ellos, las miles de víctimas del holocausto petrolero de inicios de los 2000s.
La acelerada producción de petrodólares no convertidos en moneda devaluada accesible a todos pone a Venezuela en directa solución de sus deudas con la comunidad internacional de acreedores petroleros; también depone las amenazas hacia actuales activos embargados en el exterior, y lo más importante es que igualmente crea las condiciones para indemnificar los daños infringidos por el chavismo a la clase meritocrática petrolera, a la familia institucional militar y a todos aquellos grupos con quienes se ensañó brutalmente el poder por el pecado de disentir.
Al momento de cerrar esta nota, el torturador que se asume líder del parlamento sostenido por las armas americanas arremete de nuevo en contra de un opositor para oponerse a la dolarización. No es de este personaje siniestro la decisión en contrario.
Esta deuda al pueblo de Venezuela debe ser pagada porque sí.
Mauricio Hernández, estudiante de bibliotecología en la UCV, coordinador local senior de EsLibertad Venezuela y dirigente de Tomos UCV
“En cuanto más nos inducimos en la conformación ontológica de los cuerpos de seguridad venezolanos, más nos damos cuenta que la ceguera por la pérdida de valores humanos abrió paso a generaciones enteras de corruptos.”
En vista de la constante decadencia de los cuerpos de seguridad del Estado, y la tergiversación absoluta sobre la labor de servicio en Venezuela, actualmente nos vemos envueltos en el ápice del descaro e inutilidad por parte de los mismos. Militares y efectivos cuya trayectoria, desde el ingreso a su respectivo mundo hasta la salida y formación completa de generaciones de vergüenzas nacionales; estamos en presencia de las consecuencias del control institucional y el degradé de todos los aspectos que engloban este neo-sistema criminal. Esta caracterización no se limita a impresiones personales: organizaciones de derechos humanos documentaron en 2024 al menos 522 personas asesinadas por funcionarios de seguridad del Estado y 2.224 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que respalda la percepción de una institucionalidad que opera crecientemente al margen del orden constitucional.
De esta manera, no resulta para nada sorprendente que los cuerpos de seguridad sean vistos por la sociedad como un sistema criminal, y poco confiable. Tal desconfianza se alinea con los hallazgos de diversas organizaciones que describen patrones de asesinatos de manifestantes, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias cometidas por fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, lo que refuerza su imagen social como aparato represivo más que como instancia de protección en lo que respecta a primeras opciones cuando se amerita el carácter que “según” representan. E históricamente cobra la significancia del ¿por qué? Pues el daño de dicha vocación se fue moldeando a los intereses dictatoriales y la diosificación de la figura del militar, desviando el objetivo de la vocación a verlos como entes de poder, en vez de servidores sociales, al punto de necesitar un sistema que no proteja a su pueblo, sino que haga inviable seguir a quienes sí lo hacen. Al fin y al cabo, es más sencillo hacer que la sociedad le tenga miedo a seguir a un salvador que revelarse contra quien la oprime.
En ese sentido, este degradé institucional funciona como un sistema escalonado, el cual define las bases de adoctrinamiento y cultivación de la impropiedad ciudadana desde los ámbitos escolares, ya que, en su mayoría, es ahí donde se definen los próximos pasos en ámbitos de carreras en los jóvenes. Y tomando en cuenta que este régimen se encargó de implantar una cultura de banalidad, conformismo y marginalidad en muchos nichos societarios, resulta fácil seguir los patrones que se dan a la hora de ver la calidad de individuos que concurren a los cuerpos de seguridad en los últimos años. Jóvenes con calidad de educación tanto familiar como institucional paupérrima, donde la primera –en muchos casos– viene de la mano de una consecución generacional de conductas cuya idiosincrasia ha sido de índole marginalizada e inmoral. Tal y como se ha podido presenciar hace poco en un video de ciertos estudiantes de la UNES, cuya actitud representa este enunciado. Así, y tomando en cuenta las evaluaciones pertinentes sobre las tasas de mala conducta vislumbradas en el país, y la magnitud de ingresos a estas filas de funcionarios, a su correlación, tenemos generaciones de jóvenes dañados y un sistema permisivo que da a entender que ganarse la vida en un lugar donde portar un arma no es ilegal, es fácil, si quienes están por encima de ti se encuentran recubiertos también por el barro.
En consonancia con lo expuesto, los datos preliminares —cuya precisión se ve limitada por la opacidad de los registros oficiales— revelan cómo este patrón se manifiesta en los sectores sociodemográficamente vulnerables. Al analizar la etiología –causa de origen– del problema, se observa un proceso de degradación social enraizado en la ausencia de planificación y en la fractura de los proyectos de vida de la juventud. Esta realidad coincide con los hallazgos del informe Psicópata de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el cual señala que entre el 60% y el 70% de la población, incluidos los jóvenes, experimenta serias dificultades para proyectar su futuro. De este modo, la falta de horizontes temporales, en coexistencia con dinámicas de crianza disfuncionales y mecanismos de adaptabilidad distorsionados al entorno, genera una convergencia de múltiples factores. Esta realidad propicia que individuos con conductas o tendencias transgresoras sean absorbidos por los propios cuerpos de seguridad nacional, ya sea a través de un alistamiento voluntario por supervivencia o mediante procesos de reclutamiento institucional, trasladando así lógicas delictivas y de corrupción al interior del aparato del Estado y, a su vez, la permisividad del mismo ante esto. En un diagnóstico similar, el Centro de Investigación de la Realidad Social de la Universidad Católica Andrés Bello ha mostrado que «entre 60% y 70% de la población declara dificultades significativas para proyectar su futuro en el mediano plazo», subrayando la ruptura de los proyectos vitales en amplios sectores juveniles (Universidad Católica Andrés Bello, 2023, Informe Psicópata: Diagnóstico psicosocial de la población venezolana).
A la luz de ello, lo mismo cobra más veracidad al ver las estadísticas. Ya que, según análisis de la organización Monitor de uso de Fuerza Letal en Venezuela (2023), se arrojó que el ingreso de jóvenes de bajos recursos a organizaciones de seguridad se había incrementado drásticamente debido a la promesa de beneficios socioeconómicos y el porte de armas. Esto se complementa con las autoridades del MPPRIJP, las cuales informaron que a finales del 2025, 32,000 jóvenes se inscribieron para ingresar en la UNES, y la gran mayoría proveniente de zonas populares. Por lo mismo, parece que los delincuentes encontraron un refugio de la ley en los mismos entes que deberían pregonarla. Esto siempre y cuando se vean acoplados en el sistema de condicionamiento entre regentes y regidos, el cual se basa en el desempeño de actividades ilícitas, las cuales tienden constantemente a violar la constitución y todos los principios éticos que deberían presidir los altos mandos. En contraste, el regido hace la vista gorda ante estas situaciones, siendo consciente del sistema en el que se encuentra. Y por esa misma obediencia se le otorgan las atribuciones de actuar de la misma manera a estratos micros dentro de la sociedad, lo cual nos lleva a las típicas dinámicas de corrupción, estandarizadas en la figura de los funcionarios; actividades como el matraqueo en alcabalas, los sobornos permisivos y la extorsión, herramientas comunes en la labor corrupta de un sistema que premia la sublevación, aplaude a sus borregos la constante insolencia y procura que la supuesta imagen de predominancia que tienen hacia ellos mismo sea el norte que los mantenga arrodillados –mientras más soles y estrellas les regalen, mejor se sienten–.
Estos hechos, en conjunto con la viveza criolla, se juntan para erosionar en la fórmula perfecta que junta a fracasados sociales cuya existencia y razones de vivir se vuelven tan superfluas que cualquier mérito artificial que puedan recibir por arrastrarse, merme el hecho de la esencia prepotente por naturalidad que compone a la gran mayoría de individuos que circulan estos entes. Personas con daños antropológicos pertinentes que lograron conseguir un puente directo a sus intenciones paupérrimas a través de un sistema igual.
En consonancia con el proceso de acciones de disfunción de los cuerpos de seguridad, resulta inevitable referirnos al adoctrinamiento y la moral nacionalista procesada, la cual llevó a remplazar los valores que caracterizaban a los agentes por consignas ideológicas, con función en el desvío de las razones de su labor. A lo cual, nos remontamos al año 96; un militar se revela ante el gobierno de Rafael Caldera con ideales “nacionalistas” y con una fuerte influencia militarista. Ese era Hugo Chávez, el cual, bajo premisas populistas y profundamente marcadas por la lucha de clases y el antiimperialismo, sesgó visiones colectivas con narrativas que se basaban en un supuesto apoderamiento de las élites internacionales sobre los recursos del país, y la posible destrucción de la figura de libertadores como Simón Bolívar. Sus principios inicialmente se veían disfrazados de un gobierno de centro izquierda, con fuerte tendencia a la socialdemocracia, –hasta su posterior toma de poder– en la cual se terminó de revelar las intenciones socialistas y las reformas de índole extremas, las cuales preside si quería establecer un control tanto institucional como dicotómico en las diversas competencias del Estado.
En ese sentido, el sistema de seguridad de la Guardia Nacional y las distintas organizaciones de protección fueron el foco de esas operaciones. Empezando por la inducción a principios revolucionarios en las academias y liceos militares, tal y como lo plantaban explícitamente proyectos estatales como el Plan de la Patria (2013-2019): «La formación del oficial debe estar impregnada del pensamiento bolivariano, robinsoniano y zamorano… El socialismo bolivariano es la única vía para garantizar la defensa de la patria.» — Plan de la Patria (2013-2019), Objetivo Histórico N° 1. Del mismo modo, la implementación de consignas en la cotidianidad de sus entrenamientos y labores, las cuales, lejos de representar un sistema plural cuya obediencia debe ir dedicada a la protección nacional y los ciudadanos, se redirigen a dosificar su figura e ideales de izquierda. Lo cual dio inicio a una dicotomía que sirvió de herramienta para justificar injerencias y crímenes hacia la población bajo la premisa de ataques contra la revolución y el pueblo.
En conclusión, el análisis realizado a lo largo del artículo permite concluir que la actual configuración de los cuerpos de seguridad en Venezuela no es un accidente coyuntural, sino el resultado de un proceso prolongado de degradación institucional y moral que ha venido sedimentando durante décadas. Se ha incubado un modelo donde la vocación de servicio fue progresivamente sustituida por una lógica de poder y sometimiento, hasta dar forma a un neo-sistema criminal que opera desde las propias entrañas del Estado. Un sistema necesario en la dinámica de protección de un país, convertido en una burla y circo de intereses.
Bibliografía
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. (2013). Plan de la Patria: Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Objetivo Histórico N° 1. Caracas, Venezuela.
Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela. (2023). Informe sobre el uso de la fuerza letal y perfil socioeconómico de los integrantes de los cuerpos de seguridad.
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). (2025). Registro de aspirantes e ingresos a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Caracas, Venezuela.
Universidad Católica Andrés Bello. (2023). Informe Psicópata: Diagnóstico psicosocial de la población venezolana. Centro de Investigación de la Realidad Social (CIRS-UCAB). Caracas, Venezuela.
El amor, aunque un sentimiento mítico-sublime, es en sí un acto voluntario de cuidado y dedicación. No es apresurado, pero si constante.
Hoy pido dispensas a mis lectores por dos tópicos: primero, mi recurrente tendencia a fusilarme al Gabo para cubrir esta etapa no ortodoxa de la vida venezolana; y segundo, la premura por justicia y mi terror a que el chavismo quede impune, y por ello el a veces precipitarme en juzgar los hechos. Ahora mi esfuerzo consiste en ubicarme dentro de un cuadrante más objetivo; vuelvo a visitar el tópico de marras: la ocupación norteamericana de Venezuela y su interacción con el chavismo y la oposición.
Enfatizo hasta el aburrimiento que los Estados Unidos no han procedido con Venezuela de la manera que lo han venido haciendo en Latinoamérica en los últimos 250 años. Es meritorio destacar que, aunque no somos Irak, nosotros tenemos problemas graves de sectores agentes de la vida nacional en activa beligerancia. Estados Unidos ha llegado a ser el país que es porque ellos aplican las lecciones aprendidas.
Hoy, América danza con el chavismo y hasta lo elogia de lo bien que obedece los términos de la tutela. Claro que eso nos choca.
La dictadura hoy vive la analogía del preso liberado que debe retornar a la cárcel a firmar el libro de presentaciones. No hay presencia militar exorbitante, no hay autoridad civil o militar en directa gobernanza hacia los venezolanos; el chavismo sigue habitando en los espacios de poder de donde pensó no salir nunca. Pero saldrán.
Nos parece chocante la monopólica atención al petróleo, pero sabemos también que nadie ocupa algo sin interés. Como quiera, la situación geopolítica actual en occidente justifica y sirve de digestivo a la piedra sentida en el estómago.
El chavismo en Miraflores tiene libertad de seguir su narrativa, que agrada a los cada día más alzados grupos radicales. En su calendario festivo celebran el centenario del criminal a quien tanto deben: Fidel Castro.
¿Y al Departamento de Estado no parece importarle?
Hay elementos que hemos puesto al lado por nuestro afán de justicia expedita. Y es que los conflictos globales penden de eventos cuyos efectos dominó son anárquicos; incontrolables en sí mismos y pueden crear una pesadilla global violenta de escala impredecible.
Estoy seguro de que la mesa situacional de La Habana y el triunvirato local contemplan ese escenario. Estados Unidos lo gerencia y evita.
En Venezuela siguen orbitando grupos irregulares de larga data, pertenecientes al tráfico de narcóticos y al terrorismo internacional, con acceso a ilícitas actividades económicas y financieras, con poder de fuego y efectivos, con socios que ya entran en guerra total a raíz del triunfo de la derecha en Colombia. La limpia viene, progresivamente.
Hacer una movida de ocupación en Venezuela sacando de raíz el criminal statu quo podría ser la chispa que encienda la mecha de un esquema de guerra continental nunca contemporáneamente contemplado, la más aterradora pesadilla para Estados Unidos, hoy frentes bélicos en desarrollo globales. Recuerden a Sarajevo en 1914 y lo que ocurrió.
La transición es a fuego lento, con prioridades energéticas, sí, pero hay signos reveladores: en la mesa de negociaciones, puntos como la elección de poderes ajenos al control del cogollo contubernal son alentadores; las liberaciones de presos políticos son en sí mismas un acto de justicia inicial necesaria y no más impostergable.
Estos hechos nos demuestran que, más allá de que ya el glosario para nombrar los entes públicos y el gobierno tutelado no se autoetiqueta con los odiosos remoquetes “del poder popular revolucionario”, sino “gobierno nacional” a secas en papel bond blanco tipo carta sin membrete, es alentador: hay un proceso tangible de cambio.
El dinero del petróleo se pagará; antes lo regalaban o se lo embolsillaban.
Todos debemos orientar nuestro poder de la intención en no permitir la impunidad.
Desde mis días de estudiante en el antiguo ciclo básico venezolano, donde Cien años de soledad era de lectura obligatoria —que en mi caso fue un agrado—, empecé a hacer símiles entre mi país y Macondo. Esas comparaciones son hoy más agudas y evidentes. —Por cierto, la nueva versión de miniserie hecha por Netflix-Colombia, ahora en su segunda temporada, no tiene desperdicio y recomiendo su visita.—
En el relato mítico del Gabo, Macondo sucumbe al olvido: debían etiquetar el más mínimo objeto hasta que dicha epidemia, así como vino, se fue. En Venezuela padecemos el mal desde 1999, cuando el estamento político decide colaborar y no enfrentar el peine que nos terminó montando el chavismo con mucho éxito gracias a los “opositores”.
Desde entonces, el país nacional no puede o no debe participar en debatir, ¿qué nos pasó? Si se olvida, no existe. Hoy volvemos a ver diálogos, ahora no coordinados por noruegos o dominicanos sino por el Departamento de Estado. Esa es una garantía; prefiere llamarse más un “voto de confianza” con sus naturales reservas.
¿Por qué dicho evento —el diálogo— es ignorado por la prensa internacional? Podemos hacer volúmenes de posibilidades, pero hay una protuberante: a nadie, al final, le interesa y ahora hasta le aburre ver lo incompetentes que somos para resolver nuestros problemas.
Una vez más es un conciliábulo ajeno a la prensa. ¿Por qué? Por acuerdo de las partes. Esas discusiones tendrían que ser televisadas por ambas partes, tan afectas a términos de “soberanía” —entre otras de carga retórica populista—. Lo cierto es que hay mucha podredumbre, mucho sucio, muchos negociados; todos lo sabemos. La comprobación siempre es amena, pero no indispensable.
El hecho es que, al decir de Teodoro Petkoff, la Venezuela prechavista era una sociedad compleja con grupos cogobernantes, que el chavismo, con la violencia, la represión y la aquiescencia de la oposición, masacró. Para Petkoff, sectores cogobernantes básicos eran las Fuerzas Armadas y los empresarios —Fedecámaras, la que llegó hasta Carmona, no la arrodillada de hoy—. Y yo añadiría la meritocracia petrolera como fuerza de generación y fiscalización de la riqueza.
Los militares, aquellos obedientes y no deliberantes, formados en democracia, fueron aniquilados. Se mantuvieron las individualidades que decidieron venderse al régimen. Serían ellos, los sobrevivientes de este exterminado sector tan importante para Venezuela, quienes deberían manejar la reconstrucción militar. Nunca la oposición les ha reconocido ni su mérito, ni su existencia, ni en sus panfletos cacofónicos mal llamados programas; ni los mencionan. ¡No existen!
Los petroleros, expropiados y despojados igualmente de su ciudadanía y pertenencias —obvio de sus carreras y maneras de vivir—, son otras víctimas notables del olvido.
Esas cosas no ocurrieron si no se incorporan en la narrativa, punto.
Pero Gabo entraría en un asombro colosal de saber que no solo los olvidaron a ellos —militares y petroleros—: también ellos se han olvidado de sí mismos y no han sido capaces ni de recordarse ni de defenderse, y viven en un círculo vicioso de manipulaciones politiqueras y aniquiladoras realidades de desencanto y falta de perseverancia.
Este cronista es actor y testigo de esta tragedia.
Ambos sectores no solo necesitan el recuerdo, sino su voz genuina de seguir en protesta y perseverar en lograr sus merecidas reparaciones con base en su experiencia sufrida. La impunidad no permitirá un resultado sanador de estas heridas notables que prevalecen, y no reconciliarán ni ofrecerán la necesaria justicia, que tampoco forma parte de la obsesión llamada elecciones.
Más allá de los recientes terremotos hay mucho dolor no curado y mucho crimen no buscado ser reparado. Es muy preocupante.
El holocausto judío es tan recordado que, desde que tenemos uso de razón, los nacidos después de la última gran guerra, el visitarlo por cualquier medio en todo momento es implícitamente esperado por la cotidianidad de nuestras vidas.
¿Tendremos que esperar por justicia dos mil años después de que nuestro templo democrático lo derrumbaron?
Sí, la Aracataca mágica del Gabo que nos retrata a todos completamente.
En medio del caos nos preguntamos qué nos pasó, y es difícil incorporar una respuesta única que abarque todos los vectores que nos trajeron aquí.
Pasa por el liderazgo democrático enterrado por el chavismo. Otrora cómodo en la esterilla del puntofijismo y fracasando en una reforma del Estado que, además de necesitar elecciones regionales, lo primero era convertir de verdad a los venezolanos en ciudadanos, no más en militantes políticos.
Al no hacerlo, al chavismo le fue muy fácil arrasar con todo, como en efecto. Sin los atributos de la ciudadanía una nación no puede efectivamente proteger su Estado de derecho ni su república.
Hoy somos aún los rehenes de nuestros malhechores. Hoy nuestro Estado tutor tiene imperativos comerciales que cubrir, y para darle normalidad al interés pecuniario prevaleciente, trata de acomodar un Frankenstein de Estado hecho de partes chavistas y opositoras que se rechazan entre sí, producto de un cuarto de siglo de convivencia política de las más atípicas que recuerde la historia: te quiero como socio comercial, te odio a muerte como socio político.
El Departamento de Estado aparta y neutraliza el liderazgo Nobel-guacamayo, ese que se empeña en hacer las cosas a su antojo sin mediar racionalidad y sin el cual nada debe ocurrir de ninguna manera.
Sordo, mudo y ciego ante problemas escandalosos de violaciones de derechos humanos, (Ejemplo Holocausto Petrolero) grupo cuyo lenguaje corporal es macondiano, expresado en cantidades imprecisables de rosarios, abrazos y besos, y cuyo programa político —“Tierra de Gracia”, frase de un Colón contento de poder cumplirle la promesa a su reina católica financista de sus conquistas— es aún totalmente desconocido para los venezolanos y los estadounidenses.
Para los desplazados del convivio, los venezolanos no somos ciudadanos tampoco, somos “comanditos”, y quienes realmente lo han sido también han pagado un precio personal altísimo entre la tuntún y el olvido.
El diálogo, expresado durante el fin de semana en una llamada telefónica y dos comunicados separados e intrascendentes, es una bofetada a Estados Unidos. El señor Rubio debe saber que han habido 16 diálogos en la etapa chavista. Que para ellos el diálogo no es conceder, sino entretener, dar los mendrugos del pan a opositores que entienden la política como un acto de comercio donde luego nada cambia para los sinciudadanía venezolanos.
El presidente Trump, autor de la comunicación política contemporánea vía twitter (X) ha respondido por su cuenta de Truth Social, ante el fracaso: saca su mapa de Venezuela cubierto con la bandera americana y el número 51.
El mensaje es claro ante los incapaces de crear una república: a Venezuela solo le queda el camino de ingresar a la Unión. ¿Pensará el presidente Trump que será la manera de que los venezolanos nos sintamos ciudadanos de verdad verdad?
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