Las reformas judiciales aprobadas por el Sejm han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional de Polonia, y los polacos ya están hablando de un #PolExit si la Unión Europea impone sanciones.
El pasado jueves 7 de octubre, el Tribunal Constitucional (TC) de Polonia resolvió que la Constitución Nacional del país prevalece sobre la legislación europea, ya que ven una discrepancia entre las leyes supranacionales y las emitidas por el Parlamento polaco. Esto causó a que se abra un nuevo episodio de tensiones entre el país del este europeo y la Unión Europea.
El órgano constitucional se ha pronunciado respecto a una petición del primer ministro Mateusz Morawiecki, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión (TUE) dictaminase que las reformas judiciales emprendidas de manera legítima por el Gobierno podían suponer una violación de las leyes comunitarias.
Estas reformas judiciales fueron aprobadas por el Sejm (Parlamento polaco) en 2019, y permiten que la Comisión de Disciplina de la Corte Suprema multe o remueva a jueces que participen en actividad política. “Actividad política” se define en un sentido amplio, incluyendo desde actividad partidaria hasta la promoción de la ideología de género.
La dirigencia de la Unión Europea asegura que con esta ley, el gobierno conservador, que domina la Corte Suprema habiendo puesto el 60% de los jueces que componen los 120 magistrados del máximo tribunal, tendrá un mecanismo para sancionar a los jueces que tengan una ideología de izquierda, contraria a la del gobierno.
Sin embargo, la Suprema Corte en Polonia permanece como un órgano independiente del Ejecutivo y no hay evidencia alguna para dudar de la autonomía de este poder, como no la había cuando la izquierda controlaba el tribunal antes del 2015.
De esta forma, el Tribunal Constitucional (TC), presidido por la conservadora Julia Przylebska, ha sentenciado que las regulaciones comunitarias en temas judiciales son incompatibles con las nuevas leyes aprobadas en el Sejm, y que la Constitución Nacional debe prevalecer por sobre las leyes europeas.
“El intento de interferir en el Poder Judicial polaco por parte del TUE viola el principio del Estado de Derecho, el principio de supremacía de la Constitución y el principio de preservación de la soberanía en el proceso de integración europea”, ha concluido el dictamen del Tribunal Constitucional, a lo que Przylebska agregó que “los órganos de la Unión Europea operan fuera de los límites de los poderes conferidos por la República de Polonia en los tratados”.
De los 15 jueces del TC, hubo solo dos que expresaron su rechazo a la sentencia. Los otros 13 han subrayado que “en la jerarquía de fuentes del derecho, el Tratado de la Unión Europea está por debajo de la Constitución, al igual que todo acuerdo internacional ratificado”, en palabras del juez Bartlomiej Sochanski, portavoz del fallo.
“Mientras los órganos de la Unión Europea operen bajo los poderes delegados, mientras esta etapa de cooperación no prive a la Constitución de la República de Polonia de su primacía, Polonia conservará las funciones de un Estado soberano y democrático“, finalizó Sochanski.
Esta decisión ha generado un enorme malestar en Bruselas, sede de la Unión Europea, donde ven esta decisión judicial de Polonia como un directo desacato a la supremacía de la confederación de países en el Viejo Continente.
Según fuentes cercanas a Ursula von der Leyen, la presidente de la Comisión Europea, estas acciones de Polonia deben ser respondidas con severas sanciones, al igual que las últimas medidas de Hungría y otros países alineados al Visegrad.
Muchos en Polonia han empezado a pedir un #PolExit, especialmente en redes sociales, que no es otra cosa que la salida del país con capital en Varsovia de la Unión Europea. “La Unión Europea se está convirtiendo en una nueva Unión Soviética, pero esta vez con el apoyo de la dirigencia europea“, indicó un usuario en Twitter.
Otros tuitearon que los países alineados al Visegrad (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia) deben salir de la Unión y hacer su propio bloque comercial, sin las imposiciones políticas del Parlamento europeo.
