Caracas. – Ricardo Ramírez Thiel, empresario zuliano y quien se encontraba preso desde 2018, falleció este pasado domingo bajo custodia del narcoestado chavista en el retén de Sabaneta (Zulia), debido a las precarias condiciones de salud en la cual se encontraba.

A pesar de no estar considerado como un rehén político, según sus allegados, durante su reclusión enfrentó malos tratos y restricciones en el ingreso de alimentos y medicamentos, lo que habría contribuido al deterioro de su salud en los últimos días sin que se le concedieran medidas humanitarias o beneficios procesales, pese a que su condición se había vuelto crítica.

Ramírez Thiel era propietario de una compañía aduanera con operaciones en Puerto Cabello, dedicada al transporte marítimo hacia Colombia. En 2018 fue señalado públicamente por el entonces fiscal general, Tareck William Saab, como presunto vinculado a un caso de contrabando de gasolina en Táchira.

Posteriormente, el 31 de agosto de 2018, el Juzgado 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó orden de captura en su contra por los presuntos delitos de tráfico de materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

El suceso ha reavivado las demandas por esclarecimiento de las condiciones de reclusión y por una investigación independiente que arroje luz sobre las circunstancias de su muerte y posibles responsabilidades institucionales, mientras las autoridades chavistas aún no han ofrecido información oficial detallada.

Caracas. – Se espera que unos 379 rehenes políticos sean liberados durante este fin de semana, tal como lo anunció este pasado viernes el ilegítimo parlamentario del narcorégimen chavista, Jorge Arreaza.

Las 379 personas amnistiadas «deben ser excarceladas (…) entre la noche de hoy y la mañana de mañana (sábado)», anunció en una entrevista televisiva Arreaza, quien encabeza la ilegal comisión legislativa que redactó la ley, y sigue su supuesta aplicación.

Aunque la gestión de la encargada Delcy Rodríguez, otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, quedaban casi 650 presos políticos encarcelados antes de esta nueva tanda, según lo registra la ONG Foro Penal.

La misma ONG prometió este sábado, hacer seguimiento a las liberaciones, que se esperan sean masivas. No obstante, hasta la tarde de este sábado solo se confirmaban entre dos y tres excarcelaciones llevadas a cabo el sábado.

Tras el otorgamiento de libertad plena a Juan Pablo Guanipa, muchos actores políticos, medios y analistas, confían en que finalmente el narcorégimen, bajo la tutela de Rodríguez, ceda y proceda a abrir las rejas en los principales penales del país, luego de aprobada la ley de amnistía. Y la presión ejercida por EE. UU. ha tenido que ver mucho en esto.

No obstante, expertos dudan del alcance de esta ley aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso. Pues cientos de detenidos, especialmente militares supuestamente implicados en actividades «terroristas», pero que en realidad intentaron defender su patria de la genocida dictadura chavista, pueden quedar fuera.

“Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares”, dijo a una agencia internacional de noticias, Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un presunto intento de magnicidio con drones contra Maduro.

Por su parte, Jorge Rodríguez expresó este sábado desde el ilegítimo parlamento que preside, que la ley de amnistía debe ser interpretada también como una «reconciliación» entre el narcorégimen y el pueblo oprimido, idea que desde ya sufre fuerte rechazo por parte de muchos sectores de la sociedad, que adversan a la Narcotiranía que encabezó en su momento Hugo Chávez, y luego Nicolás Maduro.