Caracas. – Este lunes, sin previo aviso, se realizó un traslado de rehenes políticos de la Narcotiranía con destino desconocido, según denunciaron los familiares de estos ciudadanos secuestrados.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó a través de una publicación en su cuenta en la red X, que los familiares aseguraron quedarse sorprendidos, cuando acudieron a llevarles ropa, alimentos y medicinas a los centros de reclusión en los cuales se encontraban sus allegados, pero al llegar recibieron la desagradable noticia sobre el traslado de estas personas a otros lugares.

«Este patrón persistente de traslados intercarcelarios arbitrarios, ejecutados sin orden judicial y sin notificación adecuada a las familias ni a los abogados de confianza, constituye una grave violación a los estándares nacionales e internacionales que protegen el derecho a la integridad, la seguridad personal y el debido proceso», alertó JEP en su publicación. Las familias se quedaron sin conocer las razones, ni los destinos a los cuales fueron enviados.

«Esta práctica no solo vulnera el derecho de las personas privadas de libertad a mantener comunicación con sus seres queridos y con su defensa legal, sino que también incrementa el riesgo de malos tratos, aislamiento forzado y situaciones que pueden comprometer su salud y su vida», denunció la ONG.

Por su parte, el reportero Jesús Medina Ezaine también denunció los traslados imprevistos en su cuenta de X, asegurando que varios de los rehenes, quienes se encontraban en comandos policiales ubicados en Caracas, fueron sacados de esas celdas para ser trasladado a otros lugares, cuya ubicación no ha sido informada todavía por el sistema carcelario del chavismo.

Caracas. – La esposa e hija del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, Leynys Malavé y Daliannys Díaz, rompieron el silencio y en sendos mensajes, denunciaron que fue asesinado por el narcorégimen de Nicolás Maduro.

A través de un video, Malavé rechazó la versión oficial de un infarto y responsabilizó a la cúpula del régimen venezolano por el suceso.

Sosteniendo un retrato de su esposo, cuestionó las circunstancias irregulares dentro de la celda momentos antes de la muerte. «¿Qué hacían tres policías que le metieron a él en su celda? ¿Para qué? ¿Qué hacían tres policías vigilando?», cuestionó.

«De un infarto no murió. Y pueden decir misa, pero Diosdado [Cabello] y [Nicolás] Maduro me lo mataron. Me lo mataron y me lo mataron; él no murió», denunció.

Malavé también señaló la responsabilidad del «Estado» chavista como custodio de la integridad física de los detenidos, cuestionando la falta de asistencia médica oportuna. «Si él sintió un dolor, ¿por qué no lo llevaron al médico a tiempo? Porque él estaba bajo la custodia de ustedes», reclamó.

Mientras, Daliannys Díaz, denunció en un video publicado en las redes sociales que, en el momento de ser arrestado, se comunicó a las autoridades que su padre tenía problemas de salud y que debía seguir un tratamiento.“Hicieron caso omiso, en un año y días lo mataron, mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho, incluso convulsionaba», dijo.

Caracas. – Con el asesinato de Alfredo Díaz, se elevó a 17 el número de rehenes políticos de la Narcotiranía chavista, que han fallecido bajo custodia del «Estado» desde 2014 hasta la fecha, según lo reveló la ONG Foro Penal.

Díaz, de 56 años, estaba encarcelado desde noviembre de 2024. Formaba parte de los 887 presos políticos, que según Foro Penal están tras las rejas en Venezuela. La mayoría son hombres, 770 y civiles, 713 contra 174 militares.

Fue arrestado durante la represión postelectoral de los comicios del 28 de julio de 2024 en los que Nicolás Maduro se declaró ilegalmente como ganador, pero que la oposición denunció como fraudulentos. Estaba preso en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) acusado de «terrorismo» e «instigación al odio».

Mientras, Alfredo Romero, director de Foro Penal, denunció este pasado sábado que al menos 17 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado desde 2014, una cifra que evidenciaría un patrón sostenido de violaciones de derechos humanos en los centros de reclusión del país.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Romero recordó que la responsabilidad sobre la vida e integridad de toda persona detenida recae directamente en las autoridades: «El Estado y quien ejerce la custodia son responsables de la vida y salud de la persona detenida», afirmó en su publicación.

En el caso de Díaz, se trata del sexto opositor que muere en la cárcel desde noviembre de 2024. Según denunció Romero, Díaz permaneció aislado durante un año, con acceso restringido a su familia —solo una visita de su hija— y sin atención médica adecuada.