María Corina liderará negociaciones con Delcy Rodríguez para lograr elecciones presidenciales

Caracas. – Tal como lo establece el Manifiesto de Panamá, el documento que incluye las propuestas acordadas por diferentes sectores de la oposición venezolana, será la dirigente política María Corina Machado quien encabezará una negociación con el narcorégimen interino de Delcy Rodríguez, orientada a la realización de una elección presidencial en el país.

«Expresamos nuestra determinación a impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del Gobierno de EE. UU.», indica el texto.

Según el documento, las negociaciones serán lideradas por Machado «en su rol de conductora del proceso democrático del país», en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y en consulta con las organizaciones de la sociedad venezolana.

Varios portales informativos destacaron que, según fuentes cercanas a este proceso a punto de iniciar, ya se ha producido el primer acercamiento con Jorge Rodríguez, hermano mayor de la encargada Delcy y jefe negociador del chavismo.

El equipo negociador de la oposición democrática estará conformado por técnicos, expertos y dirigentes de la Plataforma Unitaria y se elegirá un «responsable directo». En su comunicado, la oposición «considera necesario» que el gobierno proceda a la liberación plena de los presos políticos —entre 400 y 600—, el retorno de los exiliados, el desmantelamiento del aparato represivo y la normalización del espacio cívico y político.

El texto menciona el plan de tres etapas anunciado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y lo destaca como “un marco estratégico esencial para la recuperación de la democracia en Venezuela”.

A su vez, indica que deben llevarse a cabo dos procesos de forma simultánea: una negociación política con el régimen chavista y la elaboración de un Gran Acuerdo Nacional en el que participen: partidos, sindicatos, iglesias, universidades, organizaciones sociales y venezolanos que estén tanto dentro como fuera de su tierra.

Mientras, el bloque «opositor» afirmó que ese acuerdo proporcionará “la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional”.

DGCIM robó USD$ 2 millones durante el allanamiento a una sucursal de Bancamiga

Caracas. – Durante una audiencia del caso PDVSA-Cripto celebrada el pasado miércoles, se denunció que una gerente de Bancamiga lleva tres años detenida tras negarse inicialmente a abrir la bóveda de la sucursal, cuando se realizaba un allanamiento irregular por la DGCIM. Ante las amenazas de los esbirros, accedió a abrir la caja fuerte, y estos sustrajeron cerca de USD$ 2 millones en efectivo.

El caso fue revelado por el exfiscal general chavista, Zair Mundaray, quien en su cuenta de X expuso que el dinero extraído no figura en las actas oficiales del proceso judicial. En su lugar, la trabajadora fue detenida y posteriormente acusada por cinco delitos, incluyendo terrorismo y obstrucción a la justicia.

Según Mundaray, todos los cargos le fueron imputados a la empleada —cuyos datos son mantenidos en reserva— por órdenes del entonces fiscal general del narcorégimen, Tarek William Saab. «El dinero no figura en ninguna de las actas del proceso, pero se supo que hay videos en los que este atraco quedó registrado», indicó en su publicación el exfuncionario chavista.

A pesar de que existen videos que captaron el robo, las autoridades judiciales del caso han optado por silenciar. «Ni la juez ni el fiscal indagaron sobre este tema a pesar de estar obligados a hacerlo, por lo que optaron por callar», denunció el exfiscal.

Mundaray asegura en su mensaje que las sospechas de este atraco recaen sobre un alto cargo del organismo de inteligencia militar. «En pasillos del tribunal se menciona como autor a un alto funcionario de DGCIM en la mira de justicia», advirtió el exfuncionario del narcorégimen.

María Elvira Salazar asegura que elecciones en Venezuela serán en 2027

Caracas. – La congresista estadounidense María Elvira Salazar afirmó este pasado jueves que las elecciones presidenciales en Venezuela se podrán celebrar en 2027, solo después que la administración Trump haya logrado su objetivo principal, que es la liberación del país.

En declaraciones ofrecidas a los medios, la legisladora republicana aseguró que su país no tiene interés en una ocupación del territorio, sino que concentra sus esfuerzos en la liberación de la nación a través de mecanismos electorales legítimos.

«El año que viene tiene que haber en Venezuela elecciones libres y transparentes, con la ayuda del gobierno de EE. UU. para que los venezolanos decidan el futuro político de su país», expresó Salazar.

Consideró el plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, como el camino ideal hacia la democracia en Venezuela y descartó que la administración de Donald Trump esté implementando estrategias de «ocupación» en el país. «EE. UU. no está en el negocio de la ocupación, está en el negocio de la liberación», afirmó.

Asimismo, Salazar destacó que, aunque el régimen venezolano pueda intentar aparentar avances mediante promesas o la liberación selectiva de presos políticos, el pueblo venezolano ha manifestado su deseo de libertad y democracia, con el fin de poner término al chavismo de manera definitiva.

«El régimen podrá intentar maquillarse, pero el pueblo venezolano ya decidió que quiere libertad y democracia», subrayó.

Iris Varela afirma que Maduro regresará, y que Delcy Rodríguez solo le «está cuidando la silla»

Caracas. – La jerarca chavista Iris Varela advirtió este pasado jueves, que el narcotirano Nicolás Maduro “regresará”, y la actual encargada del chavismo, Delcy Rodríguez, solo le está «cuidando la silla».

Así lo manifestó durante una entrevista en el programa «Fuera de Caja», en el cual insistió —sin argumentos comprobables— que la legitimidad de Maduro no estaría bajo ninguna discusión, calificando al acusado por narcoterrorismo y lavado de dinero, como un presunto «prisionero de guerra» y «preso político».

Varela sostuvo, sin pruebas, que el proceso judicial en contra del líder chavista responde a “un juicio montado» y «una falsedad» y que «el regreso del presidente pasa” por una decisión estrictamente política y por el manejo estratégico del «tablero geopolítico» internacional.

Asimismo, afirmó además que Delcy Rodríguez estaría “cuidando la silla” del narcotirano preso mientras se define su regreso, frase con la que ratificó la continuidad del liderazgo oficialista bajo la actual conducción del Ejecutivo.

“¿Con quién le estamos cuidando la silla a Maduro? Con Delcy. Es la única que se puede sentar ahí. Ahí no se va a sentar otra que no sea Delcy mientras tanto”, dijo.

Finalmente, aseveró que en el país no se llevarán a cabo elecciones presidenciales y pidió a la oposición “olvidarse” de ese escenario político. “Olvídense que aquí va a haber elecciones presidenciales”, sentenció Varela.

Lester Toledo niega vínculos con Guaidó y la corrupción de su interinato, pero lo desmienten en redes

Caracas. – Una polémica se desató este miércoles, cuando el dirigente político Lester Toledo, miembro del partido Voluntad Popular, negó haber formado parte del denominado gobierno interino liderado por Juan Guaidó, y aseguró que nunca manejó recursos económicos vinculados a la operación de ayuda humanitaria en 2019.

Las declaraciones de Toledo, ofrecidas durante una rueda de prensa, generaron reacciones en las redes sociales y plataformas digitales, cuando decenas de internautas lo señalaron de haber sido parte del interinato encabezado por Guaidó, así como de haberse aprovechado de los recursos que formaban parte de la ayuda humanitaria.

De hecho, sus palabras provocaron también la reacción del propio Guaidó, quien se vio obligado a contestarle a través de un video enviado por redes sociales. Toledo afirmó en la rueda de prensa, que su participación en esa iniciativa, presuntamente fue como voluntario y limitada a tareas logísticas durante seis días en la ciudad colombiana de Cúcuta.

«Yo no formé parte del gobierno interino, no estuve en ninguna nómina, no recibí un pago nunca, no manejé un centavo, no administré una cuenta ni una chequera», aseveró ante las cámaras.

«Usted me quiere criticar porque los camiones (de ayuda humanitaria) no pasaron y cree que eso es un fracaso: yo lo asumo como un varón», dijo, y agregó que «distinto es decir que aquí se manejó plata, que se perdió dinero que hubo casos de malversación».

Toledo fue enfático al negar cualquier conexión con el interinato: “Juan Guaidó en su vida me ha brindado a mí una Coca-Cola, ni un almuerzo, nada. Yo no obtuve de ese gobierno interino ni una botella de agua», sostuvo.

En ese sentido, lanzó fuertes señalamientos contra integrantes de Voluntad Popular (VP) al afirmar que, de comprobarse responsabilidades durante esa administración opositora “deben ir presos”.

“Que los metan presos a todos, y hoy lo reitero. Todo el que formó parte de ese gobierno interino por debajo de Juan Guaidó, que manejó un centavo y no rindió cuentas, que rinda cuentas a los venezolanos y ante la justicia si se requiere”, expresó.

Sin embargo, muchos internautas recordaron su presencia al lado de Guaidó en las concentraciones, y en los mítines que este solía organizar. Otros, por ejemplo, difundieron videos del programa «Agárrate» de la periodista Patricia Poleo, cuando esta lo increpa frente a las cámaras, y le dice de manera frontal «tú eres un bandido… estás metido en todos los chanchullos», asegurando saber sobre los manejos ilícitos en los que se ha visto involucrado Toledo.

Por su parte, Guaidó contestó este mismo miércoles con un video, en el cual expone que la autocrítica es necesaria, pero que debe acatar el llamado a mantener «la unidad», reflejada, supuestamente, en la reciente convocatoria liderada por María Corina Machado en Panamá.

“Fue tan importante la reunión de la oposición esta semana en Panamá. La iniciativa de María Corina (Machado) y la Plataforma Unitaria no es un detalle, no es un simbolismo, es una respuesta directa a una pregunta que se hacen nuestros aliados y el mundo: ¿Puede la oposición gobernar, reunificarse y generar estabilidad?”, dijo el dirigente de VP, quien cuenta con uno de los más altos rechazos entre las figuras políticas de todo el país.

Rehén político militar denunció en una carta las torturas sufridas a manos del DGCIM

Caracas. – El rehén político militar de la Narcotiranía interina, Darwin Antonio Solís Benítez, logró difundir esta semana una carta en la cual denunció las torturas sufridas bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde su detención en 2017.

En la misiva, difundida por la abogada Tamara Suju en redes sociales, el sargento detalló las torturas que, aseguró, fueron ordenadas por Iván Hernández Dala, entonces director de la DGCIM, y el coronel Franco Quintero, director de investigaciones para la fecha. Los funcionarios del organismo lo llamaron un «trato especial».

En el texto describe golpizas, asfixia, agresiones físicas y otros presuntos tratos crueles sufridos tras su detención en Carabobo y posterior traslado a Caracas.

Solís explicó que fue detenido el 6 de agosto de 2017 por una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y la DGCIM en Naguanagua, estado Carabobo. Desde ese momento fue «golpeado, pateado, arrastrado y azotado con objetos contundentes (maderos y culatas de armas), incluso después de que ya me habían amarrado de manos y pies».

Debido a su estado de salud lo trasladaron al Hospital Carabobo, donde recibió suturas. Luego lo llevaron a la sede del DGCIM en Boleíta. Allí, según denunció, lo recibieron con golpiza y lo obligaron a permanecer en cuclillas toda la noche.

Afirmó que el 8 de agosto lo obligaron a firmar documentos sin poder leerlos. Después fue trasladado en helicóptero a Fuerte Paramacay, donde el director de la DGCIM, Hernández Dala, y el coronel Quintero habrían ordenado un “trato especial”.

Ese «trato especial» fue descrito por el militar: «Me golpeaban con una tabla por la planta de los pies, las rodillas, los codos y los glúteos, cortaban por debajo del tabique de mi nariz con un plástico y lo estiraban hasta la frente, me asfixiaron hasta perder la conciencia, creo que más de diez veces».

Luego, fue arrojado en un montón de basura, cubierto de moscas. Al oscurecer lo sacaron y «martillaron las uñas de mis manos con los cañones de los fusiles». Dos días después, el 10 de agosto, fue trasladado nuevamente a Caracas y presentado ante el Tribunal Militar 3° de Control «descalzo, en shorts, ensangrentado, con el cuerpo cubierto de hematomas y apenas pudiendo caminar».

Solís también denunció episodios de tortura en Ramo Verde. Señaló hechos ocurridos en octubre de 2017, enero de 2018 y mayo de 2018, que incluyeron uso de gas pimienta, golpizas, descargas eléctricas y ataques con perros contra los detenidos.

Movilizaron 931 presos del Internado Judicial de Barinas tras el motín

Caracas. – Un total de 932 reos fueron trasladados desde Internado Judicial de Barinas (Injuba), hacia otros centros penitenciarios del país, luego del motín que se extendió por varios días en ese penal.

El balance ofrecido por las autoridades chavistas de la entidad llanera precisan que la movilización sumó a 818 hombres y 113 mujeres. El informe también reveló que se logró el restablecimiento del orden institucional dentro de las instalaciones del penal.

Las autoridades también confirmaron la designación de Sanin Omar Colmenares Cocho como nuevo director titular de Injuba, nombramiento realizado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario tras la salida de Macuare Guerrero en medio de las denuncias por abusos, torturas y requisas violentas dentro del recinto.

El funcionario perteneciente al ente del narcorégimen interino, quien arribó procedente de Caracas, Distrito Capital, ya asumió las riendas de la institución para iniciar una nueva etapa administrativa en el penal de la capital barinesa.

El motín en Injuba involucró a cerca de 1.200 privados de libertad, muchos de ellos sobre los techos y torres del recinto denunciando maltratos y condiciones inhumanas de reclusión.

Un defensor público nacional fue también asignado para revisar los expedientes judiciales, acompañado por jueces de ejecución del Circuito Judicial Penal de Barinas, con el objetivo de agilizar trámites procesales de la población reclusa que permanece en el penal.

Se espera que se dicten normativas para permitir nuevamente la restitución de visitas, el levantamiento de castigos en celdas de aislamiento, entrega de alimentos, paquetería, agua potable y medicinas.

Exrehén político pudo recuperar su apartamento ocupado ilegalmente por un funcionario policial

Caracas. – El exrehén político uruguayo-venezolano José Breijo (73) pudo recuperar su apartamento este miércoles, luego que el funcionario policial que lo ocupaba ilegalmente se vio obligado a desalojarlo debido a la presión mediática que se generó en torno al caso.

La periodista Maryorin Méndez informó en su cuenta de X que «el funcionario llegó acompañado de otros y, tras un intercambio de palabras, se le entregó el apartamento a Breijo». El hecho ocurrió en un inmueble del edificio Pasquiareli, ubicado en el sector Bello Monte, en Caracas, y el funcionario que lo había habitado a la fuerza pertenece al Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) de la PNB.

También, el dirigente vecinal Carlos Julio Rojas informó, a través de redes sociales, que el procedimiento habría contado con la participación de funcionarios vinculados a la Presidencia, con el objetivo de devolver el inmueble al adulto mayor, quien fue excarcelado recientemente y, al llegar a su vivienda, se topó con la sorpresa de que estaba habitada por el efectivo policial.

Breijo se vio obligado a dormir en el pasillo del edificio durante los días que se mantuvo la ocupación ilegal. Luego de la recuperación del inmueble, habitantes de la zona exigieron la devolución de los objetos que aseguran fueron sustraídos durante el período de ocupación, así como una investigación formal sobre lo ocurrido.

Cabe señalar que Breijo estuvo recluido por más de dos años en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, luego de ser acusado de terrorismo por haber tomado una fotografía en una oficina relacionada con ciudadanos de Medio Oriente en 2023. Esta detención del ciudadano con doble nacionalidad fue calificada como arbitraria por activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Este 27 de mayo se cumplen 19 años del cierre de RCTV

Caracas. – Este miércoles se cumplen ya 19 años de uno de los hitos, en la historia de los medios de comunicación en Venezuela durante la Narcotiranía chavista: el cierre de la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal con mayor arraigo y más de 53 años de trayectoria para ese entonces.

Se trata de uno de los episodios más recordados y polémicos de la historia contemporánea de Venezuela, luego que el narcorégimen de Hugo Chávez decidiera no renovar la concesión del canal en señal abierta en 2007.

La salida de RCTV del aire marcó un antes y un después para la libertad de expresión en el país. A las 11:59 de la noche del 27 de mayo de 2007, la pantalla del canal se apagó tras 53 años de transmisión ininterrumpida, en medio de protestas estudiantiles, manifestaciones ciudadanas y fuertes críticas nacionales e internacionales.

En el set de Radio Caracas Televisión (RCTV), sus trabajadores gritaban “Libertad” mientras aplaudían, lloraban y se abrazaban. La señal del canal, uno de los más populares del país, estaba a punto de salir del aire por órdenes directas de Chávez.

La acción arbitraria e injustificada marcó un punto de inflexión, en el ecosistema mediático del país, y abrió una etapa de restricciones, cierres y transformaciones forzadas en medios de comunicación tradicionales.

Aquel domingo del 27 de mayo de 2007, los titulares de los principales medios del país ya advertían que el cierre del histórico canal era inevitable. RCTV no solo era uno de los canales más antiguos de Venezuela, sino también un símbolo de la televisión nacional. Producciones como novelas, programas humorísticos, concursos y espacios informativos marcaron generaciones enteras y formaron parte de la cultura popular venezolana.

Durante semanas, miles de venezolanos salieron a las calles para rechazar la medida, considerada por distintos sectores como un acto de censura contra uno de los medios más críticos del chavismo. El cierre también generó preocupación en organismos internacionales defensores de derechos humanos y libertad de prensa.

Luego, durante las horas posteriores al cierre desataron lo que la prensa denominó una «noche de sirenas y cacerolas». Las principales arterias viales del país se convirtieron en el escenario de manifestaciones reprimidas por los cuerpos de seguridad, mientras organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunciaban lo que consideraban un abuso de poder y un atropello antidemocrático.

Casi dos décadas después, el cierre de RCTV es recordado por analistas y defensores de los derechos humanos como el «kilómetro cero» del desmantelamiento del ecosistema de medios independientes en Venezuela.

De hecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) sostiene que el impacto de aquella decisión trasciende el hecho histórico y sigue teniendo consecuencias en el presente, en un contexto donde persisten denuncias de censura, bloqueos digitales y limitaciones para el ejercicio periodístico.

Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han señalado que, desde el cierre de RCTV, el panorama mediático venezolano ha experimentado una reducción progresiva de espacios críticos, así como el aumento de la autocensura entre comunicadores.

Este aniversario del cierre del canal, uno de los más emblemáticos de la televisión venezolana, vuelve a reabrir el debate sobre el estado de la libertad de prensa y el acceso a la información en el país.

Liberaron a rehenes políticos militares del caso Baduel o «Paracaidistas»

Caracas. –  Ocho rehenes políticos militares del llamado caso Baduel o “Paracaidistas” salieron en libertad este pasado lunes, luego que el Tribunal 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, decidiera otorgarles libertad plena.La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú, así como el Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), confirmaron la liberación de los siete sargentos de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista (con sede en Maracay, Aragua) y del general Ramón Lozada Saavedra.

Los uniformados habían sido detenidos en enero de 2017 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Entre ellos están los efectivos castrenses Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero.

Suju reportó, a través de su cuenta en la red X, que la decisión alcanza a la totalidad de los militares procesados en este expediente, uno de los casos más emblemáticos de persecución contra oficiales disidentes.

En enero de 2018 los militares fueron devueltos a su comando en Maracay tras haber sido detenidos inicialmente, pero mientras esperaban una reunión con el entonces general Juan Carlos Du Boulay fueron apresados por otros efectivos de la DGCIM Aragua con una supuesta orden de captura girada desde Caracas.

Tras la captura, los paracaidistas fueron sometidos a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos a un supuesto intento de golpe de Estado que encabezaba el exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel.

En el caso del general retirado Ramón Lozada Saavedra fue detenido el 21 de enero de 2017 por traición a la patria e instigación a la rebelión. En 2018 se le otorgó una medida sustitutiva de libertad, aunque un año más tarde fue detenido nuevamente y vinculado a una conspiración para, presuntamente, «asesinar» a Nicolás Maduro.

La liberación se produce en medio de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos anunciado por las autoridades desde inicios de 2026. Familiares y defensores de derechos humanos celebraron la noticia, aunque exigieron justicia por las irregularidades y las condiciones sufridas durante casi una década.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial detallado por parte del Ministerio Público ni del Ministerio de Defensa sobre las causas del sobreseimiento o archivo del caso.