Caracas. – La exrehén política Aranza Hernández, de 20 años, relató cómo fue sometida a interrogatorios, encapuchada y víctima de torturas psicológicas y físicas, durante su detención en la DGCIM.

En una entrevista con la periodista Maryorin Méndez, la joven relató su experiencia durante el periodo de detención, señalando que primero estuvo bajo custodia de la DGCIM, en Boleíta, antes de ser trasladada a La Crisálida.

Describió su paso por la sede de la DGCIM como un periodo de aproximadamente 15 días, en los cuales, según dijo, fue sometida a interrogatorios centrados en su hermano y a condiciones que calificó como difíciles.

“Viví 15 días horribles. Torturas psicológicas, torturas físicas, porque con el simple hecho de que me tenían con la cara tapada siendo asmática, era una asfixia lo que ellos me estaban haciendo”, contó.

Denunció que permaneció con el rostro cubierto pese a ser asmática y describió las condiciones de reclusión como una constante asfixia. Relató que fue arrestada sin orden judicial por ser hermana de un militar exiliado en EE. UU.

Según su testimonio, agentes del citado organismo represor intentaron vincularla a varios expedientes, y la presionaban constantemente para obtener información sobre su hermano. La joven describió el lugar de encierro como una estructura inhumana.

“Eso parecía como una perrera porque era algo súper pequeñito y con cuatro rejas; yo sentía que era un perro en ese momento”, denunció sobre las condiciones de su celda. En ese sitio sufrió torturas físicas y psicológicas, agravadas por su condición de asmática mientras permanecía con el rostro cubierto.

El 13 de enero, los custodios la trasladaron al centro de reclusión femenino Las Crisálidas. Aranza asocia su liberación directamente con los recientes acontecimientos políticos de Venezuela. “Si no hubiese caído el presidente, yo seguiría en las manos del DGCIM, todavía siguiera en aquel lugar del cual la gente me decía que no iba a salir”, sentenció.

Caracas. – La ONG Provea denunció este pasado viernes, que entre 90% y 96% de las violaciones de derechos humanos denunciadas en el país permanecen sin sanción, una realidad que, según esa organización, compromete cualquier intento de reforma institucional.

Así lo reveló el coordinador general de la institución, Óscar Murillo, durante la presentación del informe anual correspondiente al año 2025, y en declaraciones que ofreció al portal noticioso El Impulso.

En sus palabras, Murillo sostuvo que el problema de fondo no radica únicamente en la necesidad de modificar leyes o impulsar cambios administrativos dentro del sistema judicial, sino en la ausencia de voluntad política para garantizar que esas transformaciones se traduzcan en justicia efectiva para los ciudadanos.

Igualmente, denunció que la impunidad ha permitido durante años la utilización discrecional de los órganos de justicia y seguridad del Estado.

El coordinador general de la ONG señaló que fiscales, jueces y cuerpos policiales actuaron en numerosos casos sin los controles institucionales necesarios, para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.

En este sentido, explicó que por esta falta de contraloría la aplicación de delitos como terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio, facilitó la criminalización de ciudadanos, dirigentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos.

Murillo advirtió que cualquier transformación será insuficiente si no viene acompañada de decisiones políticas, que garanticen independencia institucional, transparencia y respeto al debido proceso.

Finalmente, recordó que Provea participó anteriormente en procesos de discusión, sobre reformas policiales y otras iniciativas institucionales, las cuales lamentablemente terminaron sin producir cambios efectivos, en la actuación de los organismos del Estado.

Caracas. – Cuatro rehenes políticas, hermanas de dos militares disidentes, fueron finalmente excarceladas este viernes por el narcorégimen interino del chavismo. Aranza Hernández Castillo, Ana Zoris Gutiérrez, Daniela Araña y Génesis Araña, pudieron salir de prisión y reencontrarse con sus familiares.

Las liberaciones fueron reportadas por ONG como el Comité para la Liberación de los Presos Políticos (CLIPPVE) y Foro Penal. Foro Penal explicó en una publicación en redes sociales, que Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña son familiares del teniente José Rodríguez Araña, militar exiliado en EE. UU. que denunció persecución del régimen chavista tras ser vinculado a la denominada Operación Aurora.

La liberación coincidió con la excarcelación de Aranza Hernández Castillo, cuyo caso había sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de persecución contra familiares de militares considerados opositores al chavismo.

El caso de Hernández Castillo respondió únicamente a su parentesco con el primer teniente Christian Hernández. La joven, de 19 años, fue arrestada junto a su hermana Samantha Hernández, de 16 años, y su tío Henry Castillo. Samantha obtuvo la libertad hace poco tiempo, pero Castillo continúa detenido.

Finalmente, fue también excarcelada Ana Zoris Gutiérrez Torres, prima del capitán Antonio José Sequea Torres, quien había permanecido recluida en la prisión de mujeres Las Crisálidas durante más de ocho meses tras ser detenida en septiembre de 2025 junto a otros familiares del militar.

Gutiérrez Torres había sido secuestrada el 20 de septiembre de 2025 por hombres encapuchados en Guatire, estado Miranda, junto a la madre del capitán, Merys Torres de Sequea, de 71 años. En noviembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección ante su situación de desaparición forzada.