Caracas. – Una suspensión de garantías que afectará tanto en materia económica como en el orden social a los venezolanos, contempla el decreto de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro esta semana, según advierten medios y analistas.
El portal Infobae, por ejemplo, citó al doctor en Derecho Constitucional y activista en Derechos Humanos, Carlos Isaías Aponte González, quien en un análisis sobre este mecanismo que empleará Maduro y su narcorégimen, advirtió detectar “la vulneración de la separación de poderes al usurpar funciones legislativas clave, suspensión inconstitucional del principio de legalidad en materia económica, concesión de facultades vagas y excesivamente discrecionales al Ejecutivo, y la omisión del control parlamentario exigido por la Constitución”.
El experto alerta que este decreto, pensado para ejecutarse en los próximos 60 días con posibilidades de prórroga, «concede amplísimas facultades al Ejecutivo Nacional para dictar regulaciones y medidas excepcionales de forma discrecional”.
En este sentido, otros portales informativos han advertido que el decreto permitirá al narcotirano dictar medidas de orden social, económico o político que considere pertinentes ante la «situación extraordinaria».
De hecho, advierten que en una primera lectura el decreto establece que Maduro podrá dictar «todas las medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento económico, tales como: regulaciones excepcionales y transitorias para estabilizar la economía, suspender la aplicación y cobro de tributos para proteger el aparato productivo, establecer mecanismos para combatir la evasión fiscal y favorecer la producción nacional, promover la inversión nacional y extranjera y autorizar contrataciones necesarias para restablecer derechos fundamentales y acceso a servicios esenciales.
La normativa pone el acento en el control de impuestos nacionales y regionales, pero principalmente destaca en su artículo 3, que indica que el Ejecutivo podrá suspender, “por el periodo que dure la Emergencia, la garantía constitucional en materia económica, financiera y monetaria”.
Cabe recordar que Maduro ya ha apelado a este recurso en dos ocasiones: 2016 y 2020, pero con efectos considerados desastrosos para la economía nacional, sin haber superado las crisis que en ambos períodos se generaron.
En 2016 fue por las sanciones aplicadas por EE. UU. contra la tiranía chavista, y en 2020 en consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus.
