Caracas. – La Corte Suprema de EE. UU. dio autorización este lunes a la administración de Donald Trump para eliminar el Estatus de Protección Especial (TPS), beneficio que protege de la deportación a más de 350.000 inmigrantes venezolanos.
El tribunal aprobó una solicitud de emergencia presentada por la citada administración para seguir adelante, mientras el caso se litiga en los tribunales, con su revocación de la decisión tomada a finales de su mandato por el expresidente demócrata Joe Biden para extender esta protección temporal.
El alto tribunal accedió a la solicitud del Departamento de Justicia de levantar una orden del juez federal Edward Chen, con sede en San Francisco, que había frenado la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la protección otorgada a los venezolanos bajo el programa TPS.
La orden judicial respondía a una demanda presentada por beneficiarios del TPS, y por el grupo de defensa Alianza Nacional del TPS, quienes argumentaban que Venezuela sigue siendo un país peligroso para retornar.
Cabe recordar que el TPS permite a los migrantes trabajar y vivir legalmente en EE. UU. debido a que sus países de origen son considerados inseguros para el regreso, ya sea por conflictos civiles o desastres naturales.
En el caso de Venezuela, muchos ciudadanos debieron escapar a EE. UU. justamente tras ser perseguidos por el narcorégimen chavista. Ahora, muchos de estos venezolanos enfrentarían procesos de deportación y el enorme riesgo que implica retornar a un país dominado por una Narcotiranía socialista.
Kristi Noem, actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuló en febrero la extensión al TPS de Biden, justo antes de que entrara en vigor. Argumentó que los migrantes venezolanos representaban una carga para los recursos del país. Algunos de ellos incluso fueron tachados de ser una amenaza para la seguridad, al ser acusados de formar parte de la organización terrorista «Tren de Aragua».
En ese entonces, se esperaba que el TPS, sobre todo en el caso de los venezolanos, expirara en 2026, pero Noem decidió suspenderlo, en favor a las políticas contrarias a la medida de «fronteras abiertas», que permitió Joe Biden en su mandato.