Soldado guyanés resultó herido en tiroteo con grupo armado desde Venezuela

Caracas. – Un soldado guyanés resultó herido este pasado viernes, en un tiroteo con hombres armados en Venezuela, enfrentamiento que ocurrió a lo largo de la frontera entre ambos países, informaron las autoridades de Guyana.

En un comunicado, la Fuerza de Defensa de Guyana indicó que una lancha patrulla fue atacada a tiros el viernes en la noche, en el río Cuyuní, en la frontera con Venezuela. El incidente registró un soldado herido.

La patrulla escoltaba civiles por el río Cuyuní, en la frontera con Venezuela, cuando fue blanco del ataque, pero logró garantizar el paso seguro de los ciudadanos. El militar recibió atención médica en el lugar y luego fue trasladado a Georgetown, donde quedó internado en estado estable.

El tiroteo se inscribió en una escalada de violencia fronteriza que afectó a la región Siete de Guyana. Durante 2025, la frontera ya vivió ataques atribuidos por las autoridades de Guyana a grupos criminales venezolanos, con saldo de varios militares heridos.

El pasado 4 de mayo, otro soldado de la GDF resultó herido de bala en un ataque perpetrado contra una lancha que patrullaba también en el río Cuyuní. Dos días después, la GDF denunció que una de sus patrullas enfrentó «fuego hostil dos veces» cuando realizaba operaciones de seguridad en la misma zona fronteriza.

Mientras, la Cancillería chavista emitió un comunicado en el que desmiente la denuncia de Guyana a la que calificó como una supuesta «operación de manipulación» con la presunta finalidad de «fabricar una narrativa falsa de conflicto mediante la difusión irresponsable de supuestos incidentes armados (…)».

Desde hace años se conoce la presencia, en territorio venezolano, y a lo largo de toda la frontera tanto con Guyana como con Brasil, de grupos irregulares -varios vinculados al «Tren de Aragua»- que se dedican a la minería ilegal. También figuran facciones de la FARC o el ELN, implicadas en narcotráfico, contrabando y secuestros, entre otros delitos.

José Guerra fue crucificado por haber dicho no querer prisión para Cabello o Maduro

Caracas. – Una de las figuras políticas que ha llamado la atención en los últimos días es la del economista José Guerra, exrehén político que retornó hace dos días al país, y sobre quien se han puesto circular declaraciones ofrecidas hace seis años, en las cuales manifestaba que no deseaba la prisión para Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, sino que prefería verlos haciendo política en la calle en situación de desventaja.

Guerra, quien logró un escaño en la AN electa en 2015 gracias al apoyo de Primero Justicia, retornó al país el pasado miércoles, y está considerado como uno de los diputados «alacranes» por sus acuerdos y favores al narcochavismo.

De hecho, en las redes recordaron las declaraciones que emitió en 2020, en una entrevista ofrecida al periodista vinculado al narcorégimen, Vladimir Villegas, a quien le manifestaba claramente que su deseo no era ver ni a Diosdado Cabello, Nicolás Maduro o Jorge Rodríguez tras las rejas, aseveración que realizó pese a ser él mismo víctima de la feroz persecución librada por el sistema criminal, al cual ellos representan.

Guerra dijo que no quiere que Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello vayan presos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron hasta ahora. En cambio, el también economista quiere que, en una hipotética transición en el país, que estos violadores de DD. HH. hagan política entre las minorías.

«Yo creo que hay que hacer una ley de amnistía general (?) hay gente que quiere ver a Diosdado preso, yo no lo quiero ver preso; a Maduro en La Haya, yo no lo quiero ver en La Haya; quieren ver a Jorge Rodríguez en un psiquiátrico, yo no lo quiero ver allí», explicó a Villegas. Al respecto, manifestó que su deseo es ver a estos personajes, acusados internacionalmente por narcoterrorismo y crímenes de lesa humanidad, en las calles haciendo política para las minorías sin ningún apoyo, y con las restricciones que fueron impuestas a la supuesta oposición.

En 2020 las declaraciones de Guerra generaron polémica, y ahora, a dos días de su retorno, vuelven a encender las redes sociales, ya que muchos venezolanos insisten en recordarle a la población las «costuras» de este personaje, a quien le atribuyen el mismo rechazo que a Roberto Marrero, Lester Toledo, Juan Pablo Guanipa, quienes también regresaron al país, o a Juan Guaidó y Leopoldo López, que aún se encuentran en el exterior.

DGCIM robó USD$ 2 millones durante el allanamiento a una sucursal de Bancamiga

Caracas. – Durante una audiencia del caso PDVSA-Cripto celebrada el pasado miércoles, se denunció que una gerente de Bancamiga lleva tres años detenida tras negarse inicialmente a abrir la bóveda de la sucursal, cuando se realizaba un allanamiento irregular por la DGCIM. Ante las amenazas de los esbirros, accedió a abrir la caja fuerte, y estos sustrajeron cerca de USD$ 2 millones en efectivo.

El caso fue revelado por el exfiscal general chavista, Zair Mundaray, quien en su cuenta de X expuso que el dinero extraído no figura en las actas oficiales del proceso judicial. En su lugar, la trabajadora fue detenida y posteriormente acusada por cinco delitos, incluyendo terrorismo y obstrucción a la justicia.

Según Mundaray, todos los cargos le fueron imputados a la empleada —cuyos datos son mantenidos en reserva— por órdenes del entonces fiscal general del narcorégimen, Tarek William Saab. «El dinero no figura en ninguna de las actas del proceso, pero se supo que hay videos en los que este atraco quedó registrado», indicó en su publicación el exfuncionario chavista.

A pesar de que existen videos que captaron el robo, las autoridades judiciales del caso han optado por silenciar. «Ni la juez ni el fiscal indagaron sobre este tema a pesar de estar obligados a hacerlo, por lo que optaron por callar», denunció el exfiscal.

Mundaray asegura en su mensaje que las sospechas de este atraco recaen sobre un alto cargo del organismo de inteligencia militar. «En pasillos del tribunal se menciona como autor a un alto funcionario de DGCIM en la mira de justicia», advirtió el exfuncionario del narcorégimen.

Rehén político militar denunció en una carta las torturas sufridas a manos del DGCIM

Caracas. – El rehén político militar de la Narcotiranía interina, Darwin Antonio Solís Benítez, logró difundir esta semana una carta en la cual denunció las torturas sufridas bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde su detención en 2017.

En la misiva, difundida por la abogada Tamara Suju en redes sociales, el sargento detalló las torturas que, aseguró, fueron ordenadas por Iván Hernández Dala, entonces director de la DGCIM, y el coronel Franco Quintero, director de investigaciones para la fecha. Los funcionarios del organismo lo llamaron un «trato especial».

En el texto describe golpizas, asfixia, agresiones físicas y otros presuntos tratos crueles sufridos tras su detención en Carabobo y posterior traslado a Caracas.

Solís explicó que fue detenido el 6 de agosto de 2017 por una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y la DGCIM en Naguanagua, estado Carabobo. Desde ese momento fue «golpeado, pateado, arrastrado y azotado con objetos contundentes (maderos y culatas de armas), incluso después de que ya me habían amarrado de manos y pies».

Debido a su estado de salud lo trasladaron al Hospital Carabobo, donde recibió suturas. Luego lo llevaron a la sede del DGCIM en Boleíta. Allí, según denunció, lo recibieron con golpiza y lo obligaron a permanecer en cuclillas toda la noche.

Afirmó que el 8 de agosto lo obligaron a firmar documentos sin poder leerlos. Después fue trasladado en helicóptero a Fuerte Paramacay, donde el director de la DGCIM, Hernández Dala, y el coronel Quintero habrían ordenado un “trato especial”.

Ese «trato especial» fue descrito por el militar: «Me golpeaban con una tabla por la planta de los pies, las rodillas, los codos y los glúteos, cortaban por debajo del tabique de mi nariz con un plástico y lo estiraban hasta la frente, me asfixiaron hasta perder la conciencia, creo que más de diez veces».

Luego, fue arrojado en un montón de basura, cubierto de moscas. Al oscurecer lo sacaron y «martillaron las uñas de mis manos con los cañones de los fusiles». Dos días después, el 10 de agosto, fue trasladado nuevamente a Caracas y presentado ante el Tribunal Militar 3° de Control «descalzo, en shorts, ensangrentado, con el cuerpo cubierto de hematomas y apenas pudiendo caminar».

Solís también denunció episodios de tortura en Ramo Verde. Señaló hechos ocurridos en octubre de 2017, enero de 2018 y mayo de 2018, que incluyeron uso de gas pimienta, golpizas, descargas eléctricas y ataques con perros contra los detenidos.

Movilizaron 931 presos del Internado Judicial de Barinas tras el motín

Caracas. – Un total de 932 reos fueron trasladados desde Internado Judicial de Barinas (Injuba), hacia otros centros penitenciarios del país, luego del motín que se extendió por varios días en ese penal.

El balance ofrecido por las autoridades chavistas de la entidad llanera precisan que la movilización sumó a 818 hombres y 113 mujeres. El informe también reveló que se logró el restablecimiento del orden institucional dentro de las instalaciones del penal.

Las autoridades también confirmaron la designación de Sanin Omar Colmenares Cocho como nuevo director titular de Injuba, nombramiento realizado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario tras la salida de Macuare Guerrero en medio de las denuncias por abusos, torturas y requisas violentas dentro del recinto.

El funcionario perteneciente al ente del narcorégimen interino, quien arribó procedente de Caracas, Distrito Capital, ya asumió las riendas de la institución para iniciar una nueva etapa administrativa en el penal de la capital barinesa.

El motín en Injuba involucró a cerca de 1.200 privados de libertad, muchos de ellos sobre los techos y torres del recinto denunciando maltratos y condiciones inhumanas de reclusión.

Un defensor público nacional fue también asignado para revisar los expedientes judiciales, acompañado por jueces de ejecución del Circuito Judicial Penal de Barinas, con el objetivo de agilizar trámites procesales de la población reclusa que permanece en el penal.

Se espera que se dicten normativas para permitir nuevamente la restitución de visitas, el levantamiento de castigos en celdas de aislamiento, entrega de alimentos, paquetería, agua potable y medicinas.

Exrehén político pudo recuperar su apartamento ocupado ilegalmente por un funcionario policial

Caracas. – El exrehén político uruguayo-venezolano José Breijo (73) pudo recuperar su apartamento este miércoles, luego que el funcionario policial que lo ocupaba ilegalmente se vio obligado a desalojarlo debido a la presión mediática que se generó en torno al caso.

La periodista Maryorin Méndez informó en su cuenta de X que «el funcionario llegó acompañado de otros y, tras un intercambio de palabras, se le entregó el apartamento a Breijo». El hecho ocurrió en un inmueble del edificio Pasquiareli, ubicado en el sector Bello Monte, en Caracas, y el funcionario que lo había habitado a la fuerza pertenece al Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) de la PNB.

También, el dirigente vecinal Carlos Julio Rojas informó, a través de redes sociales, que el procedimiento habría contado con la participación de funcionarios vinculados a la Presidencia, con el objetivo de devolver el inmueble al adulto mayor, quien fue excarcelado recientemente y, al llegar a su vivienda, se topó con la sorpresa de que estaba habitada por el efectivo policial.

Breijo se vio obligado a dormir en el pasillo del edificio durante los días que se mantuvo la ocupación ilegal. Luego de la recuperación del inmueble, habitantes de la zona exigieron la devolución de los objetos que aseguran fueron sustraídos durante el período de ocupación, así como una investigación formal sobre lo ocurrido.

Cabe señalar que Breijo estuvo recluido por más de dos años en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, luego de ser acusado de terrorismo por haber tomado una fotografía en una oficina relacionada con ciudadanos de Medio Oriente en 2023. Esta detención del ciudadano con doble nacionalidad fue calificada como arbitraria por activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Este 27 de mayo se cumplen 19 años del cierre de RCTV

Caracas. – Este miércoles se cumplen ya 19 años de uno de los hitos, en la historia de los medios de comunicación en Venezuela durante la Narcotiranía chavista: el cierre de la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal con mayor arraigo y más de 53 años de trayectoria para ese entonces.

Se trata de uno de los episodios más recordados y polémicos de la historia contemporánea de Venezuela, luego que el narcorégimen de Hugo Chávez decidiera no renovar la concesión del canal en señal abierta en 2007.

La salida de RCTV del aire marcó un antes y un después para la libertad de expresión en el país. A las 11:59 de la noche del 27 de mayo de 2007, la pantalla del canal se apagó tras 53 años de transmisión ininterrumpida, en medio de protestas estudiantiles, manifestaciones ciudadanas y fuertes críticas nacionales e internacionales.

En el set de Radio Caracas Televisión (RCTV), sus trabajadores gritaban “Libertad” mientras aplaudían, lloraban y se abrazaban. La señal del canal, uno de los más populares del país, estaba a punto de salir del aire por órdenes directas de Chávez.

La acción arbitraria e injustificada marcó un punto de inflexión, en el ecosistema mediático del país, y abrió una etapa de restricciones, cierres y transformaciones forzadas en medios de comunicación tradicionales.

Aquel domingo del 27 de mayo de 2007, los titulares de los principales medios del país ya advertían que el cierre del histórico canal era inevitable. RCTV no solo era uno de los canales más antiguos de Venezuela, sino también un símbolo de la televisión nacional. Producciones como novelas, programas humorísticos, concursos y espacios informativos marcaron generaciones enteras y formaron parte de la cultura popular venezolana.

Durante semanas, miles de venezolanos salieron a las calles para rechazar la medida, considerada por distintos sectores como un acto de censura contra uno de los medios más críticos del chavismo. El cierre también generó preocupación en organismos internacionales defensores de derechos humanos y libertad de prensa.

Luego, durante las horas posteriores al cierre desataron lo que la prensa denominó una «noche de sirenas y cacerolas». Las principales arterias viales del país se convirtieron en el escenario de manifestaciones reprimidas por los cuerpos de seguridad, mientras organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunciaban lo que consideraban un abuso de poder y un atropello antidemocrático.

Casi dos décadas después, el cierre de RCTV es recordado por analistas y defensores de los derechos humanos como el «kilómetro cero» del desmantelamiento del ecosistema de medios independientes en Venezuela.

De hecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) sostiene que el impacto de aquella decisión trasciende el hecho histórico y sigue teniendo consecuencias en el presente, en un contexto donde persisten denuncias de censura, bloqueos digitales y limitaciones para el ejercicio periodístico.

Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han señalado que, desde el cierre de RCTV, el panorama mediático venezolano ha experimentado una reducción progresiva de espacios críticos, así como el aumento de la autocensura entre comunicadores.

Este aniversario del cierre del canal, uno de los más emblemáticos de la televisión venezolana, vuelve a reabrir el debate sobre el estado de la libertad de prensa y el acceso a la información en el país.

Liberaron a rehenes políticos militares del caso Baduel o «Paracaidistas»

Caracas. –  Ocho rehenes políticos militares del llamado caso Baduel o “Paracaidistas” salieron en libertad este pasado lunes, luego que el Tribunal 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, decidiera otorgarles libertad plena.La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú, así como el Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), confirmaron la liberación de los siete sargentos de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista (con sede en Maracay, Aragua) y del general Ramón Lozada Saavedra.

Los uniformados habían sido detenidos en enero de 2017 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Entre ellos están los efectivos castrenses Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero.

Suju reportó, a través de su cuenta en la red X, que la decisión alcanza a la totalidad de los militares procesados en este expediente, uno de los casos más emblemáticos de persecución contra oficiales disidentes.

En enero de 2018 los militares fueron devueltos a su comando en Maracay tras haber sido detenidos inicialmente, pero mientras esperaban una reunión con el entonces general Juan Carlos Du Boulay fueron apresados por otros efectivos de la DGCIM Aragua con una supuesta orden de captura girada desde Caracas.

Tras la captura, los paracaidistas fueron sometidos a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos a un supuesto intento de golpe de Estado que encabezaba el exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel.

En el caso del general retirado Ramón Lozada Saavedra fue detenido el 21 de enero de 2017 por traición a la patria e instigación a la rebelión. En 2018 se le otorgó una medida sustitutiva de libertad, aunque un año más tarde fue detenido nuevamente y vinculado a una conspiración para, presuntamente, «asesinar» a Nicolás Maduro.

La liberación se produce en medio de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos anunciado por las autoridades desde inicios de 2026. Familiares y defensores de derechos humanos celebraron la noticia, aunque exigieron justicia por las irregularidades y las condiciones sufridas durante casi una década.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial detallado por parte del Ministerio Público ni del Ministerio de Defensa sobre las causas del sobreseimiento o archivo del caso.

Fiscalía de EE. UU. inició segundo caso penal contra Maduro por blanqueo de capitales

Caracas. – La Fiscalía federal de EE. UU. inició esta semana una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez enfocada en delitos de blanqueo de capitales y operaciones financieras vinculadas al chavismo.

Se trata de un nuevo caso judicial desarrollado en Miami, bajo la coordinación del Distrito Sur de Florida, una de las oficinas con mayor experiencia en procesos relacionados con corrupción venezolana y lavado de dinero internacional.

Las pesquisas, según fuentes conocedoras del caso, llevan varios meses en marcha y fueron activadas formalmente alrededor de marzo, cuando el dictador venezolano ya estaba bajo custodia en EE. UU. tras la operación militar ordenada por Donald Trump en enero de este año.

Maduro enfrenta actualmente juicio por el caso abierto en Nueva York, donde está acusado de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. Aunque se declaró “no culpable”.

Ahora, según las fuentes este nuevo caso es dirigido por el fiscal Michael Berger, con participación de agentes del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Fiscales y agentes mantuvieron en marzo una reunión para revisar expedientes relacionados con Maduro y Alex Saab, empresario colombiano nacionalizado venezolano señalado de ser operador financiero del chavismo.

Cabe señalar que el caso se inicia, justamente luego que Saab fuera extraditado a EE. UU. y acusado de participar precisamente en una conspiración de lavado de dinero, relacionada con un programa público de asistencia alimentaria venezolano.

Trascendió que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca mantienen dudas sobre la solidez del expediente en Nueva York, entre otras razones porque no contempla cargos por blanqueo de capitales y dependerá de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein.

En ese sentido, la investigación en Miami podría convertirse en una alternativa si surgen obstáculos legales en Nueva York. 

Murió la quinta madre de un rehén político en lo que va de 2026

Caracas. – Este lunes se conoció del fallecimiento de la madre de otro rehén político de la Narcotiranía interina. Se trata de María Concepción Sánchez, madre del trabajador petrolero Joan Enrique Cruz Sánchez, secuestrado por el caso PDVSA-Obrero.

Sánchez murió tras sufrir un ACV, luego de conocer que su hijo no fue incluido en las recientes excarcelaciones del citado caso judicial. La mujer padeció el accidente cerebrovascular el pasado jueves 21 de mayo, y fue recluida con pronóstico reservado en el Hospital de San Juan de los Morros, estado Guárico.

La tragedia de María Concepción Sánchez refleja una realidad alarmante dentro de la crisis penitenciaria nacional. Al menos cinco madres de presos políticos han muerto este año producto del dolor y el desgaste físico. El patrón de fallecimientos muestra el impacto devastador del encierro sobre los entornos familiares más cercanos. Las mujeres sufren afecciones cardíacas y derrames cerebrales mientras exigen la libertad de sus hijos.

Los registros de las organizaciones civiles muestran casos dramáticos. Yarelis Salas, madre de Kevin Orozco, murió de un infarto el 21 de enero tras participar en vigilias en Tocorón. Carmen Dávila, progenitora del médico Jorge Yéspica, falleció por insuficiencia respiratoria dos días después de la liberación de su hijo. Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, sufrió un ACV mortal tras acompañar al comunicador a su primera audiencia judicial.

El caso más connotado y reciente es el de Carmen Teresa Navas, quien pereció nueve días después de enterarse que su hijo, Víctor Hugo Quero, murió preso bajo custodia estatal. La mujer pasó un año peregrinando por instituciones del gobierno que ocultaron la información del deceso ocurrido en julio de 2025.

Sobre el caso de Sánchez se conoce, que Joan Cruz, su hijo, permanece detenido bajo el expediente PDVSA-Obrero. Alrededor de 170 empleados de la estatal petrolera terminaron tras las rejas por denunciar corrupción o exigir mejoras laborales.

Aunque el narcorégimen interino liberó recientemente a 27 técnicos en el estado Falcón, el joven sigue recluido en la cárcel de Yare II. Esta exclusión quebrantó la salud de su madre de forma definitiva.