Caracas. – La exrehén política Aranza Hernández, de 20 años, relató cómo fue sometida a interrogatorios, encapuchada y víctima de torturas psicológicas y físicas, durante su detención en la DGCIM.

En una entrevista con la periodista Maryorin Méndez, la joven relató su experiencia durante el periodo de detención, señalando que primero estuvo bajo custodia de la DGCIM, en Boleíta, antes de ser trasladada a La Crisálida.

Describió su paso por la sede de la DGCIM como un periodo de aproximadamente 15 días, en los cuales, según dijo, fue sometida a interrogatorios centrados en su hermano y a condiciones que calificó como difíciles.

“Viví 15 días horribles. Torturas psicológicas, torturas físicas, porque con el simple hecho de que me tenían con la cara tapada siendo asmática, era una asfixia lo que ellos me estaban haciendo”, contó.

Denunció que permaneció con el rostro cubierto pese a ser asmática y describió las condiciones de reclusión como una constante asfixia. Relató que fue arrestada sin orden judicial por ser hermana de un militar exiliado en EE. UU.

Según su testimonio, agentes del citado organismo represor intentaron vincularla a varios expedientes, y la presionaban constantemente para obtener información sobre su hermano. La joven describió el lugar de encierro como una estructura inhumana.

“Eso parecía como una perrera porque era algo súper pequeñito y con cuatro rejas; yo sentía que era un perro en ese momento”, denunció sobre las condiciones de su celda. En ese sitio sufrió torturas físicas y psicológicas, agravadas por su condición de asmática mientras permanecía con el rostro cubierto.

El 13 de enero, los custodios la trasladaron al centro de reclusión femenino Las Crisálidas. Aranza asocia su liberación directamente con los recientes acontecimientos políticos de Venezuela. “Si no hubiese caído el presidente, yo seguiría en las manos del DGCIM, todavía siguiera en aquel lugar del cual la gente me decía que no iba a salir”, sentenció.

Caracas. – La ONG Provea denunció este pasado viernes, que entre 90% y 96% de las violaciones de derechos humanos denunciadas en el país permanecen sin sanción, una realidad que, según esa organización, compromete cualquier intento de reforma institucional.

Así lo reveló el coordinador general de la institución, Óscar Murillo, durante la presentación del informe anual correspondiente al año 2025, y en declaraciones que ofreció al portal noticioso El Impulso.

En sus palabras, Murillo sostuvo que el problema de fondo no radica únicamente en la necesidad de modificar leyes o impulsar cambios administrativos dentro del sistema judicial, sino en la ausencia de voluntad política para garantizar que esas transformaciones se traduzcan en justicia efectiva para los ciudadanos.

Igualmente, denunció que la impunidad ha permitido durante años la utilización discrecional de los órganos de justicia y seguridad del Estado.

El coordinador general de la ONG señaló que fiscales, jueces y cuerpos policiales actuaron en numerosos casos sin los controles institucionales necesarios, para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.

En este sentido, explicó que por esta falta de contraloría la aplicación de delitos como terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio, facilitó la criminalización de ciudadanos, dirigentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos.

Murillo advirtió que cualquier transformación será insuficiente si no viene acompañada de decisiones políticas, que garanticen independencia institucional, transparencia y respeto al debido proceso.

Finalmente, recordó que Provea participó anteriormente en procesos de discusión, sobre reformas policiales y otras iniciativas institucionales, las cuales lamentablemente terminaron sin producir cambios efectivos, en la actuación de los organismos del Estado.

Caracas. – Cuatro rehenes políticas, hermanas de dos militares disidentes, fueron finalmente excarceladas este viernes por el narcorégimen interino del chavismo. Aranza Hernández Castillo, Ana Zoris Gutiérrez, Daniela Araña y Génesis Araña, pudieron salir de prisión y reencontrarse con sus familiares.

Las liberaciones fueron reportadas por ONG como el Comité para la Liberación de los Presos Políticos (CLIPPVE) y Foro Penal. Foro Penal explicó en una publicación en redes sociales, que Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña son familiares del teniente José Rodríguez Araña, militar exiliado en EE. UU. que denunció persecución del régimen chavista tras ser vinculado a la denominada Operación Aurora.

La liberación coincidió con la excarcelación de Aranza Hernández Castillo, cuyo caso había sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de persecución contra familiares de militares considerados opositores al chavismo.

El caso de Hernández Castillo respondió únicamente a su parentesco con el primer teniente Christian Hernández. La joven, de 19 años, fue arrestada junto a su hermana Samantha Hernández, de 16 años, y su tío Henry Castillo. Samantha obtuvo la libertad hace poco tiempo, pero Castillo continúa detenido.

Finalmente, fue también excarcelada Ana Zoris Gutiérrez Torres, prima del capitán Antonio José Sequea Torres, quien había permanecido recluida en la prisión de mujeres Las Crisálidas durante más de ocho meses tras ser detenida en septiembre de 2025 junto a otros familiares del militar.

Gutiérrez Torres había sido secuestrada el 20 de septiembre de 2025 por hombres encapuchados en Guatire, estado Miranda, junto a la madre del capitán, Merys Torres de Sequea, de 71 años. En noviembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección ante su situación de desaparición forzada.

Caracas. – El narcorégimen chavista encargado otorgó, este pasado jueves, una licencia a la empresa británica Shell para avanzar en la primera fase de desarrollo, exploración y explotación del campo gasífero Loran, considerado uno de los proyectos energéticos más importantes que es compartido con Trinidad y Tobago.

En un acto político televisado desde el Palacio de Miraflores, y encabezado por la encargada del narcochavismo, Delcy Rodríguez, se suscribieron varios acuerdos para el “desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata”, en el estado de Monagas.

Rodríguez explicó que la licencia permitirá un “aprovechamiento adecuado del gas para la exportación” de este recurso. Cabe señalar que el campo de gas Loran cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago.

Rodríguez calificó el otorgamiento como un “paso histórico” debido a que el campo transfronterizo “estuvo sin desarrollo” durante 23 años, por lo que celebró la alianza con “una de las empresas más importantes en el mundo”, en referencia a Shell.

Por su parte, Peter Costello, presidente de Exploración y Producción de Shell, afirmó que «la firma de estos acuerdos son un logro maravilloso para Venezuela y Shell y subraya nuestra alianza de mucho tiempo».

El narcorégimen interino de Rodríguez ha suscrito acuerdos con varias de las principales petroleras del mundo, entre ellas la británica BP y la española Repsol. Expertos petroleros han señalado que Venezuela desperdicia miles de millones en pies cúbicos de gas, lo que provoca pérdidas económicas y graves daños ambientales.

Caracas. – La ONG Foro Penal señaló este jueves, que 87 rehenes políticos “tienen derecho inmediato a ser excarcelados bajo medidas cautelares” al sobrepasar los límites de la detención preventiva que establecen las leyes venezolanas.

Así lo aseguró el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, al publicar en sus redes sociales, que la situación reviste especial preocupación porque, dentro de ese grupo, 57 ciudadanos ya acumulan más de tres años privados de libertad sin haber recibido una sentencia definitiva, superando incluso el plazo excepcional previsto para este tipo de medidas.

Tras la reforma en 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 230 de esta normativa establece un máximo total de tres años para que las personas puedan estar en prisión preventiva. Al transcurrir este tiempo, las personas deben ser liberadas y juzgadas en libertad.

Esta semana, el Foro Penal confirmó la excarcelación de 15 militares apresados por razones políticas, entre ellos algunos que ya sobrepasaban la prisión preventiva como la teniente Karen Gómez, Tomás Enrique Macías y Guillermo Henry César Siero.

La situación de retardo procesal ha sido reconocida por las autoridades. El miércoles, durante el «relanzamiento» de la comisión de revolución judicial, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, detalló que 21,16% de la población reclusa del país (58.714 personas) llevan más de dos años detenidas y sin sentencia por parte de un tribunal.

De estos, a su vez, 183 llevan más de 10 años sin condena. Himiob afirmó que muchas de las detenciones son producto de la «admisión de hechos» como vía rápida ante el retardo judicial, y no por una real peligrosidad.

Caracas. – En medio de saqueos, una tensa calma y el hermetismo que mantiene el narcorégimen chavista interino, transcurre el tercer día de las operaciones militares llevadas a cabo en las poblaciones Las Claritas y Kilómetro 88, al sur del estado Bolívar, para combatir a la minería ilegal en esa zona.

Este jueves se registraron saqueos de algunos comercios y hasta contenedores en Las Claritas, donde las clases están suspendidos y muchos locales han optado por bajar sus santamarías, ante la incertidumbre que impera en la zona.

Fuentes extraoficiales señalan que la operación apunta contra los cabecillas de los grupos criminales que durante años han mantenido bajo control las principales zonas de explotación minera en el sur de la región.

Ante el avance de las tropas y comisiones policiales desplegadas, se reporta que un grupo considerable de mineros ya ha comenzado a acatar la orden de desalojo y a abandonar los yacimientos de forma voluntaria para evitar confrontaciones.

En las calles de Las Claritas ya se ve algunos de ellos cargando sus enseres, herramientas y pertenencias personales a cuestas. Mientras las comisiones se adentran en la selva, el día a día en Las Claritas y el Kilómetro 88 también tiene su propia tónica.

Como medida preventiva y ante la incertidumbre, las actividades escolares en todo el sector han sido suspendidas temporalmente. A esto se le suman severas fallas en los servicios públicos. Algunos pobladores dijeron que el fluido eléctrico ha estado inestable, “yendo y viniendo” de forma constante durante las últimas horas.

La ONG SOS Orinoco atribuyó la gravedad del conflicto a la consolidación de un «sistema de gobernanza criminal» que ha sido promovido por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez durante años, tras la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.

«La presencia de grupos irregulares y sindicatos armados en Bolívar no es espontánea. Responde a una configuración de control territorial y complicidades, con distintos niveles de articulación, promovida y tolerada por el Estado venezolano», denunció en un mensaje por sus redes sociales.

No obstante, a 72 horas de iniciarse las incursiones militares aéreas y terrestres, todavía el narcochavismo interino no ofrece explicaciones a la población. Hasta la tarde de este jueves, ninguna fuente oficial o vocero de los organismos de inteligencia y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ha emitido declaraciones para ofrecer un balance de los resultados obtenidos o confirmar si existen personas detenidas, heridas o fallecidas tras 72 horas de incursión militar.

Desde que arrancó el despliegue a principios de semana, ha trascendido que el objetivo estratégico de la operación es desmantelar la estructura de la banda delictiva (denominada localmente como “sindicato”) que ejerce el control de la zona, liderada por Juan Gabriel Rivas Núñez (alias “El Negro Juancho”), Yohan José Romero (alias “Yohan Petrica” e integrante fundador del Tren de Aragua) y Humberto Martes (alias Humbertico).

Asimismo, fuentes de inteligencia señalan que las comisiones se mantienen tras la búsqueda y captura de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua y requerido por la justicia en EE. UU. Vale mencionar que se maneja extraoficialmente la versión de que “el Niño Guerrero” fue neutralizado por las fuerzas militares.

Algunos creadores de contenidos en plataformas como Telegram e Instagram, han difundido imágenes de sujetos aparentemente dados de baja en enfrentamientos con los militares desplegados, y aunque aseguran que estas son enviadas por personas ubicadas en el centro de los acontecimientos al sur de Bolívar, no han podido confirmar la veracidad de las fotos mostradas en sus cuentas.