Delcy Rodríguez destituyó de su cargo a Camilla Fabri, esposa de Alex Saab

Caracas. – En medio de una nueva remodelación del gabinete llevada a cabo por la encargada del narcorégimen chavista, Delcy Rodríguez, este martes fue cesada del cargo que ocupaba en esa estructura criminal, Camilla Fabri de Saab, esposa de Alex Saab, quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Fabri dejó de ser viceministra para Comunicación Internacional al interior del régimen, y se designó en su lugar a Rander Peña.

“He designado a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional (…) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, indica un comunicado el equipo que acompaña a Rodríguez en su momentánea gestión.

La remoción de Fabri ocurre en medio de la revisión de las redes de influencia construidas durante la narcodictadura de Maduro, capturado el pasado 3 de enero en una operación encabezada por EE. UU. en Caracas.

La pareja de Alex Saab encabezaba un despacho vinculado a programas de atención a migrantes y había mantenido un perfil público activo en actividades oficiales, incluso en días recientes.

La destitución se conoce, además, mientras circulan versiones sobre una posible captura de su esposo, señalado por las autoridades estadounidenses de haber operado como testaferro del narcodictador.

Cabe recordar que Saab habría sido capturado el pasado miércoles 4 de febrero a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas, según confirmaron en su momento a varios medios fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela.

Su captura, que previamente fue reportada por medios de comunicación colombianos como Caracol Radio, se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en Caracas, al parecer, con fines de extradición a los EE. UU.

Fuentes conectadas a Saab aseguraron que este saldría a desmentir su aprehensión ante la opinión pública. Sin embargo, hasta la fecha, y a pocos días de terminar febrero, el empresario colombiano continúa guardando silencio.

Jorge Rodríguez admite existencia de 11 mil rehenes políticos a ser beneficiados con ley de amnistía

Caracas. – Jorge Rodríguez, jefe del parlamento ilegítimo chavista, admitió este pasado fin de semana que en el país existen hasta 11 mil rehenes políticos que podrían ser beneficiados con la llamada ley de amnistía.

En una rueda de prensa, el jerarca chavista reconoció que el beneficio de la ley de amnistía se extiende a un universo de más de 11.000 ciudadanos, que actualmente cumplen medidas cautelares, tales como regímenes de presentación ante tribunales o arresto domiciliario.

Para este grupo, los parlamentarios chavistas que siguen el desarrollo de la citada ley, es el levantamiento inmediato de las restricciones para, presuntamente, otorgarles la «libertad plena».

Asegura que se trata de una decisión “unilateral” por parte de la administración chavista, que incluye en la medida tanto a venezolanos como algunos extranjeros. Si bien, todavía se desconoce la identidad de los presuntos excarcelados.

“Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia medidas sustitutivas de la privación de libertad”, prometió Rodríguez.

Igualmente, detalló que hasta el viernes se habían recibido 405 solicitudes de presos políticos y que posteriormente ingresaron 1.152 nuevas solicitudes, para un total de 1.557 casos que, dijo, “se están atendiendo de inmediato”.

Aunque apenas se han confirmado 54 excarcelaciones desde el 8 de enero hasta la fecha en Venezuela, el parlamentario chavista e ilegítimo afirmó que, supuestamente, “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía”.

También, días antes el parlamentario chavista admitió que el operativo de captura de Nicolás Maduro, acusado de narco-terrorismo en EE. UU., obligó al narcorégimen a cambiar su postura sobre los presos políticos.

«Lamento que hayan tenido que darse hechos tan terribles y catastróficos», dijo el pasado jueves antes de la aprobación de la Ley de Amnistía.

Cabe señalar que este proceso de amnistía masiva surge como una respuesta política obligada tras el drástico cambio en el tablero nacional, desencadenado por el operativo militar estadounidense que terminó con el arresto de Nicolás Maduro la madrugada del pasado 3 de enero.

En este nuevo contexto, la Ley de Amnistía se presenta como la herramienta principal del chavismo para intentar estabilizar la crisis institucional, aunque las organizaciones de Derechos Humanos mantienen la lupa sobre la celeridad y la transparencia con la que el Comité de Seguimiento procesará, los casos de los cientos de venezolanos que aún permanecen en centros de reclusión.

Más de 200 rehenes políticos siguen en huelga de hambre en el Rodeo 1

Caracas. – Más de 200 rehenes políticos secuestrados en la cárcel El Rodeo 1 (Miranda), se mantienen aún en huelga de hambre para presionar por sus liberaciones, protesta que comenzaron el pasado viernes, en rechazo a su exclusión de la Ley de Amnistía promulgada recientemente.La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) celebró una rueda de prensa este lunes, para dar a conocer detalles de esta protesta.

“Hasta la mañana de hoy hemos verificado a 29 personas que han salido de prisión durante este fin de semana. Unas han salido con libertad plena y otras con restricciones”, indicó Diego Casanova, miembro de esta ONG.

Entre los rehenes del Rodeo I figuran más de 80 colombianos, y un argentino, como es el caso del gendarme argentino, Nahuel Gallo, quien se unió a la protesta para forzar por su excarcelación inmediata.

Fue su esposa, María Alexandra Gómez, quien informó que en su cuenta de la red X, que su pareja se unió a la huelga de hambre para pedir su liberación inmediata.

«Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre. Lo que están haciendo cruzo el límite de lo INHUMANO», sentenció la dama en redes sociales.

Mientras, la activista Andreína Baduel, informó durante su intervención en la rueda de prensa, sobre el contacto con instancias internacionales.

“Hemos tenido comunicaciones con autoridades de derechos humanos de la embajada de EE. UU. Ellos están en cuenta que el régimen venezolano sigue burlándose de las víctimas”, indicó.Baduel confirmó los detalles de la protesta en El Rodeo I: “213 personas se encuentran en huelga de hambre y 81 en huelgas de hambre y sed”.

Asimismo, precisó que “el jueves pasado comenzó la huelga de sed. 21 presos políticos de nacionalidad colombiana están en huelga de hambre”, agregó.

Foro Penal confirma 54 liberaciones de rehenes políticos para este 23 de febrero

Caracas. – Un total de 54 rehenes políticos beneficiados con libertades plenas gracias a la ley de amnistía, de los cuales 32 fueron excarcelados este pasado domingo, confirmó hasta la fecha la ONG Foro Penal.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, detalló en su cuenta en X que las excarcelaciones se distribuyeron de la siguiente manera: 32 personas obtuvieron libertad plena este domingo, 15 el sábado y 7 el viernes.

Himiob precisó también que, además de estas 54 liberaciones, se confirmó un caso adicional de excarcelación con medidas cautelares que no está cubierto por la amnistía.

Al menos, en las 32 liberaciones reportadas este domingo, las identidades no han sido confirmadas en su totalidad, por lo que se conocen solo algunos de los casos más connotados, por ejemplo, el coordinador político de Vente Venezuela en el estado Vargas, Juan Freites.

No obstante, hasta el momento, el chavismo bajo la tutela de Delcy Rodríguez, no ha emitido un balance oficial consolidado sobre el número total de excarcelaciones realizadas al amparo de la nueva legislación.

Foro Penal informó en una nota de prensa, que su reporte solo evidencia la activación del mecanismo legal aprobado por la ilegítima Asamblea Nacional chavista, y promovido por Rodríguez, como instrumento para la reconciliación nacional.

Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos han señalado que la aplicación de la ley ha sido gradual y que aún quedan cientos de personas privadas de libertad que podrían ser beneficiarias, dependiendo de la interpretación judicial de los casos.

Falleció un empresario preso en Sabaneta víctima de tratos inhumanos tras las rejas

Caracas. – Ricardo Ramírez Thiel, empresario zuliano y quien se encontraba preso desde 2018, falleció este pasado domingo bajo custodia del narcoestado chavista en el retén de Sabaneta (Zulia), debido a las precarias condiciones de salud en la cual se encontraba.

A pesar de no estar considerado como un rehén político, según sus allegados, durante su reclusión enfrentó malos tratos y restricciones en el ingreso de alimentos y medicamentos, lo que habría contribuido al deterioro de su salud en los últimos días sin que se le concedieran medidas humanitarias o beneficios procesales, pese a que su condición se había vuelto crítica.

Ramírez Thiel era propietario de una compañía aduanera con operaciones en Puerto Cabello, dedicada al transporte marítimo hacia Colombia. En 2018 fue señalado públicamente por el entonces fiscal general, Tareck William Saab, como presunto vinculado a un caso de contrabando de gasolina en Táchira.

Posteriormente, el 31 de agosto de 2018, el Juzgado 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó orden de captura en su contra por los presuntos delitos de tráfico de materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

El suceso ha reavivado las demandas por esclarecimiento de las condiciones de reclusión y por una investigación independiente que arroje luz sobre las circunstancias de su muerte y posibles responsabilidades institucionales, mientras las autoridades chavistas aún no han ofrecido información oficial detallada.

Carta Pública al Honorable Marco Rubio, Secretario de Estado de los EE. UU.

Estimado Secretario Rubio:

Me dirijo a usted como Leroy Garrett, articulista en ContraPoder News y sobreviviente directo del que hemos denominado “Holocausto petrolero”: el paro cívico y huelga petrolera de diciembre 2002 a febrero 2003, que el régimen chavista etiquetó como “sabotaje empresarial y petrolero” para justificar despidos masivos, persecuciones, confiscaciones de propiedades y negación de derechos laborales a miles de trabajadores que ejercíamos un derecho constitucional a la protesta pacífica.

La reciente promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (19 de febrero de 2026), firmada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y refrendada por el gabinete, representa un paso aparente hacia la reconciliación. Sin embargo, como víctima de la persecución política que esta ley pretende “sanar”, debo señalar que mantiene y perpetúa una narrativa unilateral chavista que criminaliza exclusivamente a la oposición, sin autocrítica ni reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante 27 años.

Esta ley amnistía “hechos” como el paro petrolero de 2002-2003 (Artículo 8, numeral 2), equiparándolo a un delito de sabotaje, mientras ignora el contexto: fue una respuesta cívica legítima a la deriva autoritaria, y los trabajadores petroleros sufrimos despidos arbitrarios, confiscación de bienes y estigmatización como traidores. No hay mención a la responsabilidad estatal en esas represalias, ni a las violaciones sistemáticas documentadas por organismos internacionales.

Peor aún, no existe mea culpa oficial. No se crea una comisión de la verdad independiente que determine culpabilidades de ambos lados —ni de la oposición ni, especialmente, del oficialismo flagrante transgresor de derechos humanos—. Excluye delitos graves (Artículo 9), pero no aborda la impunidad de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y corrupción estatal.

Esta ley recuerda peligrosamente a las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) en Argentina, que intentaron cerrar procesos por violaciones durante la dictadura militar, otorgando impunidad selectiva sin verdad ni justicia. Ambas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema argentina (2005) y anuladas por el Congreso (2003), por violar obligaciones internacionales de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, conforme a fallos como Barrios Altos de la Corte IDH. En Venezuela, esta ley corre el riesgo similar: parece “amnistía” pero blinda narrativas oficiales y deja impunes abusos del poder.

En cuanto a su posible uso en contra nuestra en cortes estadounidenses y la OFAC:

•  Podría invocarse para argumentar que “existe reconciliación” y justificar levantamiento prematuro de sanciones individuales o sectoriales contra exfuncionarios chavistas implicados en corrupción o represión, sin que se haya liberado a todos los presos políticos ni devuelto bienes confiscados.

•  En litigios por derechos humanos o reclamos laborales (como los de ex-PDVSA en EE.UU.), podría usarse como “extinción de acciones” (Artículo 10) para desestimar demandas civiles o penales contra el Estado venezolano, alegando que los hechos están “amnistiados”.

•  Para la OFAC, podría servir de pretexto para relajar sanciones sin condiciones estrictas (liberación total, justicia transicional, devolución de activos), beneficiando a beneficiarios chavistas mientras la oposición sigue perseguida.

Por ello, propongo urgentemente la formación de una comisión redactora multipartidista y con supervisión internacional, donde participen:

•  La Embajadora de Estados Unidos en Venezuela (o representante del Departamento de Estado).
•  Representantes de la oposición democrática, presos políticos liberados, exiliados (incluyendo víctimas del paro petrolero).
•  Voceros del gobierno interino.
•  Expertos en justicia transicional (ONU, OEA, CIDH).

Esta comisión debería redactar una ley equitativa, viable y verdadera, que incluya:
•  Sometimiento a penas y responsabilidades reales por violaciones graves (sin autoamnistías).
•  Indulgencias condicionadas a verdad, reparación y no repetición.
•  Comisión de la verdad bilateral.
•  Devolución de bienes confiscados y rehabilitación de derechos.

Secretario Rubio, su liderazgo ha sido clave en presionar por libertades en Venezuela. Le insto a no avalar esta ley como “solución” sin exigir un proceso genuino de justicia transicional. La verdadera convivencia democrática no se construye con narrativas unilaterales, sino con verdad, justicia y equidad para todas las víctimas.

Atentamente,
Leroy Garrett,
Articulista, contrapodernews.com,
Miembro del Holocausto Petrolero
Houston, Texas.
23 de febrero de 2026.

Narcotiranía informa haber recibido 1.557 solicitudes de amnistía

El presidente de la Asamblea Nacional chavista de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este sábado de que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

«Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. Hoy se han recibido 1.152 solicitudes, en total 1.557 que se están atendiendo de inmediato», ha explicado el jerarca chavista durante un acto en Caracas recogido por medios oficiales.

Jorge ha explicado que «en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley». En este marco, La Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía está atendiendo la solicitud de otras 11.000 personas que se encontraban con régimen sustitutivo de privación de libertad.

«Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se debaten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad», ha explicado.

Rodríguez ha reiterado el diálogo como medio para la construcción de la paz. «Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno», ha argüido.

El jerarca chavista ha advertido de que desde la oposición están empezando a pervertir el alcance de la ley, «a mentir, a insultar, a utilizar el dinero para contratar influencers». «Eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido», ha planteado.

Cabe señalar, sin embargo, que aunque la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada el pasado 19 de febrero y ha sido publicada en Gaceta Oficial N° 6.990, muchas organizaciones y expertos han señalado que la misma no incluye a todos los presos que se encuentran en las mazmorras del chavismo, especialmente los militares patriotas que se opusieron a la dictadura.

Esperan que 379 rehenes políticos sean liberados en las próximas horas

Caracas. – Se espera que unos 379 rehenes políticos sean liberados durante este fin de semana, tal como lo anunció este pasado viernes el ilegítimo parlamentario del narcorégimen chavista, Jorge Arreaza.

Las 379 personas amnistiadas «deben ser excarceladas (…) entre la noche de hoy y la mañana de mañana (sábado)», anunció en una entrevista televisiva Arreaza, quien encabeza la ilegal comisión legislativa que redactó la ley, y sigue su supuesta aplicación.

Aunque la gestión de la encargada Delcy Rodríguez, otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, quedaban casi 650 presos políticos encarcelados antes de esta nueva tanda, según lo registra la ONG Foro Penal.

La misma ONG prometió este sábado, hacer seguimiento a las liberaciones, que se esperan sean masivas. No obstante, hasta la tarde de este sábado solo se confirmaban entre dos y tres excarcelaciones llevadas a cabo el sábado.

Tras el otorgamiento de libertad plena a Juan Pablo Guanipa, muchos actores políticos, medios y analistas, confían en que finalmente el narcorégimen, bajo la tutela de Rodríguez, ceda y proceda a abrir las rejas en los principales penales del país, luego de aprobada la ley de amnistía. Y la presión ejercida por EE. UU. ha tenido que ver mucho en esto.

No obstante, expertos dudan del alcance de esta ley aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso. Pues cientos de detenidos, especialmente militares supuestamente implicados en actividades «terroristas», pero que en realidad intentaron defender su patria de la genocida dictadura chavista, pueden quedar fuera.

“Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares”, dijo a una agencia internacional de noticias, Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un presunto intento de magnicidio con drones contra Maduro.

Por su parte, Jorge Rodríguez expresó este sábado desde el ilegítimo parlamento que preside, que la ley de amnistía debe ser interpretada también como una «reconciliación» entre el narcorégimen y el pueblo oprimido, idea que desde ya sufre fuerte rechazo por parte de muchos sectores de la sociedad, que adversan a la Narcotiranía que encabezó en su momento Hugo Chávez, y luego Nicolás Maduro.

Extraoficial: detenidos más de 30 funcionarios del CICPC por negarse a adulterar pruebas del 3 de enero

Caracas. – Más de 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se encontraría detenidos por negarse a alterar pruebas sobre los ataques realizados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La información fue revelada por el periodista David Placer, quien en su canal de Youtube publicó un video detallando la información, indicando que los secuestros de los efectivos de la policía científica comenzaron a ocurrir desde el 23 de enero.

Placer señala que los funcionarios policiales se encontrarían recluidos en el Rodeo I (Miranda), según lo han hecho saber, de manera extraoficial, sus familiares. quienes también alertan que han sido torturados por negarse a adulterar las averiguaciones, específicamente de los hechos ocurridos en instalaciones de Fuerte Tiuna durante la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Los familiares aseguran que no han recibido información oficial clara, ni explicación formal sobre las detenciones, y exigen respuestas sobre el estatus legal, las condiciones de reclusión y el debido proceso de los funcionarios.

«Los familiares, los amigos, los compañeros que han podido ver a esos funcionarios del CICPC que se encuentran visiblemente golpeados. Han sido víctimas de tortura durante sus primeros días allí en la prisión del Rodeo y por los momentos se desconoce exactamente por qué le estaban obligando a forzar las pruebas y todas las investigaciones y los datos periciales de los bombardeos de Fuerte Tiuna este 3 de enero. Se desconoce con qué propósito, para ocultar qué o para torcer qué línea de lo que ocurrió allí», explicó Placer.

El periodista mencionó a uno de los efectivos secuestrados, Johanny Luzardo, quien fuera jefe de fotografía y forense, y considerado por sus compañero de registrar una conducta intachable, por lo cual extraña que haya sido detenido.

Las detenciones iniciaron el 23 de enero, cuando los funcionarios, incluyendo a Luzardo, fueron citados a una reunión con el director del organismo, Douglas Rico. De ese encuentro salieron injustamente apresados.

Placer señala, que los funcionarios fueron acusados de tramar «un supuesto intento de asesinato a Douglas Rico, a su jefe, al jefe del CICPC».

Por los momentos, la información no ha podido ser confirmada, y se maneja de manera extraoficial. No obstante, el periodista prometió hacerle seguimiento a esta denuncia, hasta aclarar el destino y situación de los más de 30 efectivos secuestrados.

100 rehenes políticos, en su mayoría militares, iniciaron huelga de hambre en el Rodeo I

Caracas. – Unos 100 rehenes políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, estado Miranda, habrían iniciado una huelga de hambre este sábado, para presionar por sus liberaciones luego que se aprobara la Ley de Amnistía por el narcorégimen chavista, el pasado jueves.

La denuncia fue realizada por la abogada Tamara Suju, quien en su cuenta de la plataforma X publicó sobre la protesta, precisando que la «mayoría son Militares, pero también hay civiles y extranjeros».

También, la activista Elisa Trotta, en tanto, recordó que allí está “secuestrado” el gendarme argentino Nahuel Gallo, y exigió “libertad inmediata para todos ellos”.

Igualmente, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, publicó en X lo siguiente: «“Familiares informan que aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo 1. Estamos intentando verificar la situación”.

Las demandas se centran en exigir libertad y rechazar la aplicación restringida de la ley de amnistía. “Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, señaló más temprano Romero.

Mientras, el penal El Rodeo I permanece con acceso restringido y, según testimonios ofrecidos a distintos medios, las autoridades no proporcionan información oficial ni permiten visitas familiares en este momento.

Esta protesta se realiza unos días después que los familiares de los presos políticos en los alrededores del Comando de la Policía Nacional en Boleíta, conocido como Zona 7, culminaran el jueves una huelga de hambre para exigir la liberación de los detenidos.