Una treintena de ONG han instado este lunes a Naciones Unidas a renovar su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un grupo de observación encargado de abordar la situación de los Derechos Humanos en el país caribeño, y han hecho hincapié en la importancia de que exista una «rendición de cuentas» a medida que aumenta la «represión postelectoral».

Para estas organizaciones, la misión puede jugar un «rol clave» en este asunto y «mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada» que ha seguido a las elecciones presidenciales del 28 de julio y que, según el chavismo, ha permitido al genocida dictador que somete al país, Nicolás Maduro, revalidar su mandato, en claro fraude electoral.

Está previsto que los expertos de la misión emitan el próximo 19 de septiembre un informe sobre la situación en Venezuela, si bien se requiere una resolución para poder mantener el mandato del grupo después de octubre —tal y como hicieron en el pasado algunos países de Latinoamérica—.

«Tras las elecciones presidenciales, los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los Derechos Humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca», han indicado en un comunicado todas estas organizaciones.

Entre las organizaciones se encuentran Acceso a la Justicia, Amnistía Internacional, AlertaVenezuela, Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Human Rights Watch, entre otras.

En este sentido, han recordado que esta misión fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos con el objetivo de investigar posibles «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014».

Así, buscaba «asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y lograr hacer justicia para las víctimas». Su mandato se extendió dos veces, en octubre de 2020 y 2022.

Esta misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de Derechos Humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, algo que podría constituir crímenes de lesa humanidad.

En sus informes, esta ha identificado a autoridades de medio y alto rango como posibles responsables de estas violaciones. La misión también se ha referido al papel del poder judicial venezolano en «la comisión de estas violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, incluido un plan para reprimir a la oposición o a aquellas personas percibidas como tal, y la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública».