Como parte de una nueva arremetida contra los migrantes venezolanos, el gobierno de Perú, dirigido por Pedro Castillo, ha aprobado un presupuesto al Ministerio de la Defensa que apunta directamente a la expulsión de migrantes venezolanos.
Ante estos hechos, la Defensoría del país se pronunció en contra de este intento y recordó «al estado peruano la prohibición de expulsiones colectivas».
Del mismo modo, el ente instó a cumplir la Ley y no tomar decisiones de manera arbitraria, «Las decisiones de expulsión deben guardar irrestricto respeto de las garantías procesales aplicables, como el derecho a la defensa, debida motivación, a recurrir la decisión, y tomar en cuenta principios como la unidad familiar y el interés superior del niño.»
Igualmente, la institución indicó que los migrantes asilados no deben ser removidos de ese país, «Advertimos que la expulsión de solicitantes de la condición de refugiado resultaría una grave vulneración del principio de no devolución y un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado,» añadió, «Monitoreamos en todo el país que las actuaciones de las instituciones involucradas se desarrollen en el marco del respeto a los derechos humanos».
El activista político venezolano radicado en Perú, Juan Carlos Díaz, reaccionó y afirmó que la medida se debe al obstáculo que han representado sus connacionales para el avance del comunismo en el país, «Se viene la venganza de Castillo contra los venezolanos por alertar lo que pasaría de llegar al poder su gobierno comunista,» señaló.
