Este cronista escribe en términos de rigurosidad histórica y con un gran acopio de lecciones aprendidas en 27 años de dictadura.
1. Relaciones entre EE. UU. y el chavismo
Cuando Chávez arriba al poder en 1999 —siglo del que no hemos salido, sino que en madurez política nos retrotrajo a las montoneras pregomecistas—, el gobierno de Clinton, por medio del patrocinio de su embajador John Maisto y su doctrina de “Chávez dice una cosa y hace otra”, permitió la naciente y no verificada amenaza chavista. Se asumió que el electo golpista no pondría en peligro el despacho de la cuota petrolera a Estados Unidos. Chávez fue diligente en cumplir esa condición, inclusive implosionando la industria al castrarla de la meritocracia petrolera en 2003.
José Vicente Rangel lo dijo mejor que Maisto: “Chávez no pisa la raya amarilla”.
Chávez aprovechó, hasta entrada la administración Bush junior, la cordialidad que le dieron sus entregas petroleras. Después del 11 de septiembre, esa cordialidad se quebró. Washington mezcló la guerra contra el terror con sus intereses energéticos y desatendió el resurgimiento subversivo subcontinental: Foro de São Paulo y la operación política de Fidel Castro, quien cumplió el sueño que Betancourt le negó: ponerle la mano a Venezuela.
La era Maduro es de fresca recordación: rebelión abierta, sanciones, caída de la infraestructura por corrupción metastásica, delito de Estado y moratoria de deudas interna, petrolera e internacional. El caos.
Quedan preguntas abiertas, no verdades decretadas. ¿Qué papel jugó la inteligencia americana en el régimen de Maduro? ¿Cómo se estimó el control sino-ruso sobre petróleo y minería? ¿Hasta qué punto Washington controlaba a Maduro y hasta qué punto solo a su entorno? El ascenso posterior de operadores del entorno madurista —incluido el de Derwick— al primer plano petrolero de la tutela es un hecho. La explicación de ese ascenso, por ahora, es hipótesis. La FOIA, con los años, confirmará o desechará lo que hoy no está probado.
Lo ocurrido desde el 3 de enero —sobrevivientes del chavismo en el poder, prioridades de Trump e inhabilitados de las “fases”— muestra que los operativos de valía, si los hubo, no estaban en la oposición. Los que estaban no influyeron. Eso tampoco es consigna: es el saldo de los resultados.
2. Lo que no se dice
En política importan los resultados. Después de 27 años este cronista no tiene partido. Sí tiene memoria. La oposición venezolana, incluida su figura de mayor popularidad, ha hecho de las elecciones y del abrazo un programa. No ha hecho de las causas concretas un programa.
Consta, porque lo viví: se pidió a sus organizadores en Estados Unidos apoyo público —no dinero— al holocausto petrolero. No llegó. Consta también lo que sigue sin pronunciamiento abierto y contundente:
• las deportaciones y el trato a las colonias venezolanas en Estados Unidos, El Doral incluido; • los presos políticos; • el combate a la impunidad; • una política de rescate por fases para los afectados de los terremotos.
El tutor no busca un auditor que le estorbe el diseño energético. Un liderazgo que no se casa con las víctimas tampoco le estorba ni le obliga. El silencio, en ese tablero, no es prudencia: es ausencia.
Los resultados no se decretan. Una medalla no es gobierno. “Tierra de Gracia” describe el abrazo; no describe el Estado, ni la renta, ni la reparación. Mientras tanto, el país sigue con los mismos comisarios: hijos de Fidel y socios de la tutela.
Más que “vente”, hace falta “vamos”: causas, no letanías.
3. Realidades e imperativos
Hay que organizarse a lo Resistencia francesa: por grupos, con herramientas digitales, influyendo en la opinión pública y en el gobierno americano para que las fases incorporen justicia. No basta el nombramiento de un Tribunal Supremo de recambio. Las reparaciones a las víctimas de abusos a los derechos humanos —el holocausto petrolero entre ellas— ya tienen vía. Llegó la hora de tomar el destino más allá del abrazo que vendrá, si acaso, cuando la redención esté asegurada.
Con rosas y fresas no se reparan las letrinas. Llegó la hora de que el mono cargue a su hijo.
Oriana Aranguren es licenciada en Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Local Senior de EsLibertad Venezuela.
“(…) Si preferimos la paz amortiguada de la protección permanente antes que el riesgo de valernos por nuestro propio criterio, habremos entregado lo más valioso de nuestra condición humana sin necesidad de que nadie nos lo arrebate por la fuerza.”
Oriana Aranguren
En el gran repertorio de los ideales humanos, pocos gozan de un prestigio tan unánime como la libertad. Se la invoca en discursos solemnes, se la proclama como el pilar fundamental de la civilización y se la integra sin titubeos en la gramática moral de cualquier sociedad moderna. Sin embargo, actualmente existe una paradoja inquietante de la que, estimo, poco a poco muchos van cayendo en cuenta, a saber: que cuanto más se celebra una palabra, más propensa es a convertirse en una cáscara vacía.
Tan solo haga la prueba, repita una palabra rápido y muchas veces hasta que se canse y verá que en un punto la misma deja de tener sentido, a esto se le conoce como «saciedad semántica». Hoy tenemos algo de ello: hablamos de libertad en todos lados y, muchas veces, ni sabemos qué significa realmente, porque cada persona parece tener un significado propio, y en el camino, se pierde la verdadera esencia de la libertad.
Tendemos a considerar la autonomía y/o la libertad como una conquista irrevocable, y la mayoría está atenta a cuando arremeten abruptamente en contra de ella, para defenderla. No obstante, corremos el riesgo de pasar por alto que su pérdida pocas veces ocurre mediante de forma dramática y que lo más común es que su perdida sea lenta, silenciosa, donde poco a poco se vacia su interior.
Durante siglos, la amenaza a la libertad tuvo un rostro inequívoco, porque el peligro residía en la coerción, en la censura explícita, en el monopolio del pensamiento por parte del poder, en la persecución del disidente y en la violencia del Estado que pretendía moldear la vida de los ciudadanos según la cosmovisión de quienes ostentaran el poder. Ante esa dominación frontal, la causa de la libertad era conceptualmente clara, se resistencia, se vigilaba y había una clara distinción entre el individuo reprimido y la autoridad opresora. Y si bien es cierto que esas formas de sometimiento continúan existiendo en diversas latitudes, reducir el problema de la libertad a la supervivencia de la tiranía tradicional es una visión bastante miope, y peligrosa, de nuestra sociedad moderna.
En la actualidad, la erosión de la autonomía personal responde más a un mecanismo mucho más sutil y eficaz, porque el poder únicamente ya no prohíbe desde fuera, sino del entorno que organiza la vida desde dentro, ¿Cómo? pues, a través de la cultura que vuelve fatigoso e innecesario el ejercicio del juicio propio. Siguiendo un poco la línea de Michel Foucault, esa libertad contemporánea, más que ser cercenada con violencia, es administrada, amortiguada y progresivamente anestesiada por un afán desmedido de comodidad, seguridad y sobreprotección —la disciplina—.
Vivimos en un ecosistema diseñado para minimizar la fricción; delegamos en sistemas automáticos, expertos institucionales y consensos prefabricados la tarea de filtrar la realidad, anticipar nuestras necesidades y orientar nuestras decisiones. Y todo parece empeorar con el surgimiento de la Inteligencia Artificial, que tanto auge ha tenido en los últimos años. Pero a lo que nos lleva esto es que, en apariencia, nunca hemos dispuesto de tantas opciones, y, en la práctica, pocas veces hemos ejercido una elección tan despojada de sustancia; porque la comodidad adormece nuestro juicio, en la medida en que, muchas veces, se convierte en un estorbo, en causante de conflictos. Nos acostumbramos a ser conducidos porque ser guiados resulta infinitamente más sencillo que asumir el peso de la incertidumbre que implica tomar decisiones por cuenta propia.
De hecho, en línea con este pensar, en el que no somos adultos, sino niños que necesitamos ser guiados y, por tanto, nos encontramos en un estado constante de fragilidad que un externo debe asistir —con el pretexto de proteger al individuo contra cualquier aspereza, incomodidad o conflicto—, las instituciones y el clima social parecieran haberse configuraro para tratar al ciudadano como a un menor de edad permanente. Así, se multiplica la tutela y se achica el margen para el riesgo, sin advertir que la verdadera madurez humana se forma en ambientes que demanden de la persona, no estériles, en donde la libertad no tiene ningún contacto con la dificultad.
La libertad demanda la posibilidad de equivocarse, de asumir las consecuencias de las propias decisiones y de sostener un desacuerdo sin recurrir de inmediato al amparo de una instancia superior, quien es protegido de todo termina siendo incapaz de sostenerse a sí mismo, y esa debilidad inducida se utiliza luego para justificar nuevas formas de intervención. De hecho, como bien explica Ton Palmer en «Autocontrol o control estatal», incluso debilita el autoestima de las personas, porque asimilan que son incapaces de valerse por sí mismos.
Paralelamente, el afán de conformidad ejerce una presión para encajar que también se traduce en silencio, en no pensar críticamente o, al menos, no transmitirlo por el temor al rechazo comunitario, el pánico a la tacha moral y la fatiga de sostener un criterio discrepante frente a un coro unánime. Hoy, el coste social de pensar de manera independiente se vuelve excesivo, por lo que muchos optan por adoptar la voz que garantiza la aceptación. Así, la libertad de expresión se conserva intacta en las leyes, pero se atrofia en la vida cotidiana porque la uniformidad se ha instalado como la estrategia más segura de supervivencia.
En este escenario, no queda más que recordar que la libertad es, ante todo, una exigencia de carácter. Para que la autonomía sea real, requiere personas dispuestas a soportar la soledad del juicio propio, a cultivar la paciencia intelectual frente a la inmediatez de las consignas y a asumir la responsabilidad individual como un deber irrenunciable —porque la libertad sin responsabilidad es una contradicción—; requiere la capacidad sobria de responder por los actos propios sin traspasar la culpa a abstracciones sociales o tutelas de alguna organización, mucho menos estatal, por muy bienintencionadas que parezcan.
Es simple: ninguna constitución ni diseño institucional sostendrá la libertad si los individuos renuncian a la musculatura moral necesaria para vivirla. Si preferimos la paz amortiguada de la protección permanente antes que el riesgo de valernos por nuestro propio criterio, habremos entregado lo más valioso de nuestra condición humana sin necesidad de que nadie nos lo arrebate por la fuerza. La libertad solo perdura allí donde existen ciudadanos que consideran que la molestia de pensar y decidir por sí mismos vale infinitamente más que el consuelo de una obediencia cómodamente amueblada.
La segunda edición de la administración más no ortodoxa de los Estados Unidos enfrenta el no abiertamente declarado referéndum que cada presidencia enfrenta a mitad de su término constitucional. Hablo de las elecciones parlamentarias de noviembre próximo.
Estas elecciones, anticipadas por los fundadores de la nación como un punto importante de control de los poderes, reafirman la posición del Congreso como poder originario emanado de la voluntad popular. Si, en caso de estar adormecido por el control mayoritario del partido de gobierno, el pueblo de los Estados Unidos depone la mayoría que favorece al Ejecutivo, otorga total fuerza constitucional al poder legislativo para controlar desviaciones y abusos de la presidencia. Tales abusos y desviaciones se presumen hoy abundantes.
Serán las primeras elecciones de Trump como presidente desde el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios ejecutaron los tristes sucesos de rebelión civil por todos recordados por recientes.
Por lo que estas elecciones, en otrora un mecanismo natural de balance de poder, hoy contienen un elemento de ansiedad notable.
Venezuela está en el centro de los debates y prioridades de la bancada demócrata, y ya los cañones de esa bancada apuntan a cuestionar mucho de los tópicos que sobresalen de nuestros corazones y angustias.
El 16 de septiembre de 2026, los senadores Ron Wyden (Oregón), Elizabeth Warren (Massachusetts) y Sheldon Whitehouse (Rhode Island) dirigieron carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Interrogan el destino de la renta petrolera venezolana —al menos USD$ 13.000 millones reportados en cuentas bajo custodia estadounidense—, las cuentas abiertas primero en Qatar y luego en el Tesoro, la intervención en otros rubros y recursos naturales como la minería y el oro, el rol de Qatar en el arreglo financiero y la justificación del sostenimiento del infame triunvirato heredero de Maduro.
Ese primer paso establece, de antemano, el nivel de auditoría que el caso Venezuela tendrá en el nuevo Congreso electo. No es un gesto aislado: es la plantilla de supervisión que un legislativo con mayoría opositora —si noviembre se la entrega— aplicará sobre la renta, las cuentas y el uso del poder de tutela.
Es cierto: el chavismo no solamente dilapidó, sino que regaló a mano abierta los recursos de los venezolanos. Pero esto no significa que tal horrible precedente le otorgue al gobierno de Trump patente de corso al tomar control de la propiedad de los venezolanos. Esa no es la manera en que históricamente los Estados Unidos proceden ante las naciones.
Quienes creemos en el lado ético de las instituciones y en el excepcionalismo americano tenemos presente que el Congreso es, en este sistema, el contrapeso natural del Ejecutivo.
El saqueo chavista no convierte la renta venezolana en botín del Ejecutivo. Noviembre dirá si el Congreso está dispuesto a pedirle cuentas.
Desde el 3 de enero la administración Trump prometió tres fases. No ha arrancado ni la primera. Las petroleras no entran. Venezuela no es un Plan Marshall: es un brownfield con gobierno tutelado y riesgo a flor de piel.
Vivimos unos tiempos en los que la velocidad de las noticias —sean verdaderas o falsas—, su arribo sucesivo y la urgencia de hacer lo posible en el menor tiempo imponen brevedad en la palabra escrita. Por ello divido mi nota en tres partes.
1. Periódico de ayer
La Europa arrasada de posguerra vio con asombro que una nación producto de ella misma, y con tan corta vida, pudo reconstruir y hacer económicamente viable la Europa del Oeste ante la amenaza de la cortina de hierro. En efecto, impulsados por la doctrina de contención al comunismo, los Estados Unidos, al unísono, ayudaron a reconstruir instituciones y aseguraron los recursos para consolidarlas y hacerlas estables. Eso se conoce como el Plan Marshall. La política internacional americana es hoy ausente de tamañas gallardías.
2. Periódico de hoy
Los últimos diez años han probado ser caóticos en el liderazgo estadounidense: desaciertos en el manejo de la pandemia; el pretender devolver la película a relaciones raciales en busca de restaurar pasados elementos de subordinación y hegemonía social; el abandono de políticas que favorezcan la libre y pequeña empresa en favor de los que más tienen; el favorecimiento en la carga impositiva a las élites en detrimento de la clase media. Todo ello altera peligrosamente el balance armónico de una sociedad que, dividida, ha probado ser una catástrofe.
Los desaciertos en la guerra contra Irán y su efecto dominó en el Medio Oriente —de gran preocupación para la paz mundial— demostraron una impulsividad inusual, más infortunada, en la toma de decisiones de la potencia mundial sobre el manejo de crisis internacionales.
3. El estancamiento
Sinónimo: Venezuela. En lo que va de año, específicamente desde el 3 de enero, la actual administración Trump ha prometido tres fases, de las cuales no ha arrancado ni la primera. Una vez tomada militarmente la nación, se convocó a la Casa Blanca a las compañías petroleras, dándoles la bienvenida al nuevo festín que incluye las reservas más importantes del orbe. La respuesta de dichas corporaciones fue, y es aún, esquiva, indiferente e incluso abiertamente negativa, como lo fue el caso de ExxonMobil.
La estrategia fue entonces entrar por la vía del brownfield —activos pequeños en precaria o mediana producción— que demanden poca inversión y retornos inmediatos o mediatos.
Para lograrlo con la inmediatez exigida, operadores como la familia Cisneros, chinos, rusos, además del operador norteamericano más emblemático después de Chevron —Harry Sargeant III (“el Abuelo”), notorio financiador del Partido Republicano— han sido desplazados. Aun así, las inversiones y el takeover no se materializan.
Paradójicamente, la mayoría de los acuerdos —que en su mayoría no pasan de ser promesas, o promesas reforzadas con ciertos actos, pero no son un contrato definido y exigible aún— son hoy cacareados por caras conocidas, con duda colectiva de credibilidad, que no participan en los convivios de Miraflores. Esto es el colmo: se busca decidir, sin autoridad ni patrocinio del triunvirato o de la administración Trump, el destino petrolero del país, mientras circos itinerantes presentan sus piruetas en sonados eventos en Houston y Londres, profetizando lo que no saben y ofreciendo lo que no tienen. Eso agrega una capa de fantasía, bien desagradable por inútil, a lo que no ocurre.
Volviendo al caso de los inversionistas interesados: ellos siguen, finalmente, indecisos a proceder por temores y riesgos que brotan a flor de piel. Un gobierno forajido, impuesto por bayonetas americanas, otrora y hoy de asesinos y ladrones, que no gobierna, sino que permite que fuerzas irregulares de relevancia controlen el país y su territorio. Ojo: esto no terminó con la baja del Niño Guerrero. Esto sigue sin corrección real y sigue impidiendo el rescate de la industria.
¿No dejamos de preguntarnos por qué el petróleo como prioridad, y no todas las prioridades, como hicieron históricamente los Estados Unidos con el Plan Marshall?
Otro factor de impacto hacia la no materialización de la presente apertura petrolera es lidiar con una administración estadounidense de ejecutorias no ortodoxas, cuyos efectos activarían eventualmente mecanismos constitucionales de corrección, probados desde el periodo de Reconstrucción (posguerra civil) hasta Nixon.
Nadie en su sano juicio entraría a poner su dinero ante tales riesgos. El cacareado acuerdo de los 65 mil millones de barriles —letra contractual que nadie conoce y que aquí la ley pudiera adjudicar la condición de battle of the forms (papeles contractuales sin ejecutar)— ha causado revuelo interno entre las paredes de la Casa Blanca por la escogencia de la relevancia criminal del empresario elegido para liderarla. Veremos retrocesos en estas decisiones; no es extraordinario: es modus operandi.
Mientras la crisis en la calidad de vida de los venezolanos sucumbe a niveles peligrosamente haitianos, el presunto liderazgo espera la luz verde del Departamento de Estado. Y todos los venezolanos tenemos la certidumbre de que esto ni remotamente se parece al Plan Marshall.
Las tres fases no arrancan. Y las crisis, si no se controlan, se gobiernan solas.
En estos días el notable ancla televisivo Fareed Zakaria, quien es una seria y destacada voz liberal en los Estados Unidos, trataba de interpretar los tiempos a través de un específico vehículo cultural cotidiano: la película La Odisea, de Christopher Nolan.
Zakaria dividía en dos el pensamiento de la civilización occidental: el primero, que favorece al fuerte y lo predestina; el segundo, el elemento compasivo e igualador expresado en el Sermón de la Montaña.
Zakaria nos cuenta su alarma ante la boga y la reverencia hacia el seminal pensamiento occidental no impactado aún por la influencia judeocristiana, expresada no solo en el sector conservador aquí en el poder, sino en los propios empresarios del sector digital y de la inteligencia artificial, este último campo aún no del todo regulado, cuyos resultados no son autónomos, más sí condicionados por los valores e ideas de su programador.
Yo comparto su alarma en base a múltiples expresiones y posturas cotidianas. La intervención Americana a Venezuela sin duda está en la órbita de Odiseo y lejos de los valores compasivos del sermón de la montaña.
Este sábado anterior, amanecimos con las nuevas de cómo el Ejecutivo estadounidense piensa incrementar sus reservas estratégicas petroleras con el crudo no aún producido venezolano. Se establecen mecanismos de iniciativa privada (compañías petroleras), pero el marco comercial en sí mismo se conocerá eventualmente.
Hemos dicho y seguiremos repitiendo hasta el cansancio que estamos pagando las consecuencias del brinco al abismo por haber elegido a Chávez presidente, el entreguista de Venezuela. A ojos conservadores en el poder americano es imperdonable que Venezuela se haya convertido en un Estado sirviente de un país como Cuba. Cosa que expiró apenas el pasado 3 de enero.
¿Es válido el tuit del presidente Trump hablando de las reservas venezolanas como propiedad de los Estados Unidos? ¿Es legítimo y plausible? No voy a decir que es o no lo es, o que si esa política es más parecida a Odiseo que a Woodrow Wilson. Odiseo está de moda.
No voy a decir que reserva estratégica es un concepto de posesión de activos energéticos petroleros ligado al imperium territorial (territorio del país que las posee) donde reposan, y que Venezuela no es un territorio de los Estados Unidos. Y nada formalmente aún indica lo contrario.
No vale la pena decir que el ordenamiento jurídico venezolano, a partir de 1975, no contiene la posibilidad legal de estimar “nuestras reservas” petroleras dentro de los libros contables de otra nación, inclusive asumiendo como válida la Constitución chavista, que no lo es.
Lo que sí voy a comentar es que cada día es notorio que una cosa son los hechos y otra cosa son las formalidades. Que existen dos realidades de grueso verificables: una, la formal, expresada en recurrentes incapacidades y rebatiñas (como nos repartimos el oro de Londres, por ejemplo, que es emblemático), léase mesa de diálogo, el vuelo de las guacamayas o toda manifestación cotidiana igual de bizarra o ridícula que la politiquería venezolana no se cansa de ofrecernos y que, añeja, se acerca a tres décadas.
La otra está expresada por los canales comunicacionales de los Estados Unidos. Los entreguistas han probado serlo y de una naturaleza espeluznante que hace corta cualquier estimación conocida antes del 3 de enero. Por seguir habitando Miraflores entregan hasta su madre.
Mientras tanto, materialmente, los signos de una incorporación de Venezuela con los Estados Unidos, bajo cualquiera de las modalidades conocidas, sigue su curso dialéctico.
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“En un país donde la violencia se vuelve paisaje, el Estado amplía sus capacidades de identificación, los contrapesos pierden fuerza y el poder exhibe a sus críticos. La libertad también se pierde cuando una sociedad se acostumbra a cederla.”
María José Salinas
México no está en guerra. No existe una invasión extranjera, las alarmas antiaéreas no interrumpen nuestras noches y ningún ejército enemigo avanza sobre el territorio nacional. No hay una declaración formal de guerra ni ciudades sitiadas por tropas extranjeras. Y, sin embargo, durante 2025 el país registró preliminarmente cerca de 28 mil homicidios.
La cifra debería bastar para incomodarnos sin necesidad de compararla con ningún conflicto extranjero. La pregunta verdaderamente perturbadora es cómo consiguió un país que formalmente vive en paz acostumbrarse a contar sus muertos por decenas de miles cada año. Quizá hemos construido una categoría propia: una paz en la que se asesina, se extorsiona y se desaparece; una normalidad donde millones de personas modifican horarios, rutas y costumbres para reducir la posibilidad de convertirse en la siguiente estadística.
Aquí no hay sirenas que anuncien bombardeos, pero sí comerciantes que reciben mensajes exigiendo derecho de piso. No vemos tropas extranjeras, pero conocemos carreteras que evitamos por miedo. No existen refugios subterráneos, pero hay madres que recorren terrenos y fosas clandestinas buscando a sus hijos con herramientas que, demasiadas veces, tuvieron que comprar ellas mismas. La violencia primero ocupa las primeras planas, después se transforma en una cifra y finalmente se incorpora a la rutina. México no está en guerra: ha aprendido a enterrar a sus muertos en tiempos de paz.
Frente a semejante realidad cabría esperar un Estado obsesionado con perseguir criminales, profesionalizar policías, fortalecer fiscalías, combatir la extorsión, localizar desaparecidos y reconstruir un sistema de justicia capaz de devolverle al ciudadano la confianza perdida. Sin embargo, mientras seguimos esperando resultados en esas materias, el propio Estado amplía sus mecanismos para identificar a quienes sí puede localizar: los ciudadanos que cumplen la ley.
Un Estado que identifica, pero no siempre protege
Desde 2026, las líneas móviles deben estar vinculadas con una persona física o moral. La medida ha sido presentada como un instrumento para combatir la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad. El objetivo puede parecer razonable; la pregunta democrática, sin embargo, sigue siendo indispensable: ¿en qué momento la incapacidad estatal para perseguir eficazmente a quienes delinquen justifica imponer nuevas obligaciones de identificación a millones de ciudadanos que no han cometido ningún delito?
Las compañías telefónicas realizan la vinculación y resguardan los datos; según la autoridad reguladora, no existe una base gubernamental única que concentre todos los registros. No obstante, ante investigaciones relacionadas con delitos, las autoridades competentes pueden solicitar información a las empresas conforme a las disposiciones legales aplicables. El debate, por tanto, no debe reducirse a la disyuntiva infantil de estar a favor de la seguridad o a favor de los delincuentes. Una democracia madura puede combatir el crimen y, al mismo tiempo, discutir los límites del poder. De hecho, debe hacerlo.
La contradicción de fondo resulta difícil de ignorar: vivimos en un país donde miles de familias continúan buscando a personas desaparecidas mientras el aparato estatal desarrolla mayores capacidades para identificar a quienes sí están presentes. Dicho de otra manera, el mismo Estado que demasiadas veces no logra encontrarte cuando desapareces quiere tener certeza de quién eres cuando te comunicas. Puede tener razones legítimas para buscarlo; precisamente por eso los ciudadanos debemos exigir reglas legítimas, controles verificables y consecuencias ante cualquier abuso.
La discusión sobre privacidad suele quedar atrapada en un error recurrente: evaluamos las facultades del Estado según la confianza que sentimos por quien ocupa temporalmente el gobierno. Si confiamos en esa persona, las herramientas parecen inofensivas; si desconfiamos, descubrimos sus riesgos. Pero las instituciones no pueden diseñarse pensando únicamente en quien gobierna hoy. Deben resistir también a quien podría gobernar mañana. Esa es la diferencia entre confiar en un gobernante y construir una república.
Las libertades no pueden descansar sobre la promesa de que la autoridad utilizará correctamente sus atribuciones. Si dependieran de su buena voluntad, dejarían de ser derechos para convertirse en concesiones. La privacidad tampoco consiste en esperar que el gobierno se porte bien, sino en establecer reglas y contrapesos capaces de impedir que se porte mal sin enfrentar consecuencias. Por eso las preguntas son inevitables: ¿quién puede solicitar información?, ¿en qué circunstancias?, ¿quién autoriza su entrega?, ¿quién supervisa el procedimiento?, ¿puede el ciudadano impugnarlo? Y, sobre todo, ¿qué institución conserva la independencia suficiente para decirle que no al poder cuando sea necesario?
El contrapeso que debe proteger al ciudadano
Esa última pregunta conduce al Poder Judicial. El sistema mexicano nunca fue perfecto: durante décadas acumuló señalamientos por corrupción, nepotismo, lentitud, privilegios y decisiones incomprensibles. Defender su independencia no exige idealizar a los jueces ni negar los vicios históricos de la institución. México necesitaba -y continúa necesitando- una justicia más eficiente, accesible y confiable. Sin embargo, reconocer la necesidad de una reforma no obliga a aceptar que cualquier transformación fortalece automáticamente al sistema.
La reforma judicial modificó profundamente el mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros. La primera elección judicial federal registró una participación cercana al 13 por ciento y estuvo rodeada por una discusión pública sobre los llamados ‘acordeones’, materiales que recomendaban determinadas candidaturas. Desde 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido sobre posibles afectaciones a la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de derecho.
La discusión nunca debió reducirse a escoger entre defender una vieja élite judicial o respaldar incondicionalmente el nuevo modelo. La pregunta esencial es otra: ¿quién protegerá al ciudadano cuando sea el propio gobierno quien vulnere sus derechos? La independencia judicial importa no porque los jueces sean moralmente superiores, sino porque alguien debe ser capaz de detener al poder.
Durante décadas, el juicio de amparo ha sido una de las herramientas fundamentales del ciudadano frente a los actos de autoridad. Un juez puede suspender una decisión, frenar un daño potencialmente irreparable y recordar al Estado que incluso una mayoría política encuentra límites en la Constitución. Por eso la independencia del árbitro es más importante que su simpatía ideológica: la justicia no debe estar cerca del gobierno ni de la oposición, sino conservar la distancia suficiente para revisar a ambos.
Cuando el Ejecutivo, la mayoría legislativa y una parte sustancial de las instituciones encargadas de revisar sus actos comparten un mismo proyecto político, la cuestión de los contrapesos deja de ser académica. Se convierte en una pregunta ciudadana: ¿quién puede decir que no? Una Constitución puede enumerar decenas de derechos, pero un derecho sin una institución independiente capaz de hacerlo valer frente al poder corre el riesgo de convertirse en una promesa escrita con excelente caligrafía.
Cuando el poder individualiza a sus críticos
Dentro de ese contexto adquiere una dimensión distinta una escena reciente que debería incomodar a cualquier demócrata, independientemente de sus simpatías políticas. Desde una conferencia presidencial se proyectaron nombres y cuentas de periodistas, comunicadores, medios y ciudadanos críticos. El gobierno defendió el ejercicio como un análisis de tendencias digitales. Precisamente ahí comienza el problema: una democracia no solo debe preguntarse si el gobierno puede hacer algo, sino qué mensaje envía cuando decide hacerlo.
Si el objetivo era estudiar una conversación digital, ¿resultaba indispensable individualizar públicamente determinadas cuentas desde la principal tribuna política del país? Si se pretendía responder argumentos, ¿por qué colocar identidades particulares frente a una maquinaria de comunicación gubernamental cuya capacidad de amplificación supera por mucho a la de cualquier ciudadano? Y si no existía intención de señalar, ¿por qué tantas personas interpretaron el ejercicio precisamente como un señalamiento?
No hace falta compartir una sola opinión de quienes aparecieron en aquella exposición para comprender el riesgo. Esa es, de hecho, la prueba decisiva: la libertad de expresión no fue creada para proteger únicamente las ideas con las que coincidimos, sino para garantizar el desacuerdo. El poder, además, siempre encuentra términos amables para describir sus facultades. La vigilancia puede justificarse como seguridad; la propaganda, presentarse como información; el señalamiento, explicarse como derecho de réplica; y una relación pública de nombres, describirse como análisis.
Nada de ello significa que toda acción gubernamental de esa naturaleza constituya automáticamente autoritarismo. Significa algo más elemental: ninguna debe quedar exenta de escrutinio solo porque la autoridad asegure tener buenas intenciones. Cuando desde el poder se exhibe a ciudadanos críticos, el mensaje no termina en quienes aparecen en una pantalla. También lo reciben periodistas, académicos, empresarios, activistas, estudiantes y personas comunes que quizá mañana tengan algo incómodo que preguntar.
Ahí surge uno de los mecanismos políticos más antiguos y eficaces: la autocensura. Un gobierno no necesita silenciar directamente a millones de personas si consigue que suficientes ciudadanos concluyan que hablar puede traerles problemas. El miedo político alcanza su máxima eficiencia cuando deja de necesitar una orden y el ciudadano comienza a censurarse solo.
La erosión que se vuelve costumbre
Solemos imaginar las tiranías como una escena cinematográfica: tanques entrando a una plaza, militares clausurando un Congreso, periódicos cerrados y opositores encarcelados. A veces ocurre así; muchas otras, no. Las democracias también pueden erosionarse lentamente mediante procesos legales, reformas aprobadas por mayorías, controles justificados por emergencias, instituciones que pierden autonomía y pequeños abusos que la sociedad aprende a tolerar porque cada uno, observado por separado, parece insuficiente para encender todas las alarmas.
El peligro está en la secuencia. Primero se desacredita a los contrapesos porque son corruptos; después se transforma su composición porque deben democratizarse; más tarde se amplían las capacidades de identificación porque necesitamos seguridad; finalmente se exhibe a críticos porque el gobierno también tiene derecho a defenderse. Cada argumento puede contener una parte de verdad. La pregunta está en el resultado conjunto.
¿Cuándo comienza exactamente una tiranía: cuando se encarcela al primer opositor, cuando se clausura un periódico o mucho antes, cuando la sociedad considera razonable que el gobierno determine cuáles voces son legítimas y cuáles merecen ser señaladas? ¿La libertad de expresión desaparece únicamente cuando está prohibido hablar, o empieza a deteriorarse cuando hacerlo adquiere un costo suficientemente alto para que muchos prefieran callar? Ningún proyecto autoritario anuncia que desea menos libertad; siempre encuentra una causa noble -la seguridad, la justicia, la igualdad o la voluntad popular- para solicitar un poco más de poder.
Por eso la democracia no consiste en desconfiar únicamente de los gobernantes que detestamos. Consiste en limitar también a aquellos que admiramos.
La protesta que cambió de relación con el poder
Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que una parte importante de la sociedad mexicana encontraba perfectamente legítimo cuestionar al presidente desde las calles, las universidades, los medios y las redes. Movimientos como #YoSoy132 o las movilizaciones posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron expresiones distintas de una misma idea democrática: el poder debe soportar la incomodidad de una ciudadanía que pregunta.
Hoy siguen existiendo razones para indignarse. Persisten la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad; continúa la discusión sobre la militarización de tareas civiles, y a ella se suman cuestionamientos sobre la privacidad, los contrapesos institucionales y la manera en que el poder responde a sus críticos. ¿Dónde está, entonces, aquella capacidad de movilización?
Durante décadas, una parte importante de la izquierda latinoamericana desarrolló una enorme habilidad para organizar el descontento, articular movimientos, construir consignas y convertir agravios legítimos en presión política. Eso, por sí mismo, no es condenable: es política. El problema aparece cuando los estándares para juzgar al poder cambian dependiendo de quién lo ocupa. Entonces la protesta que ayer era resistencia se convierte en conspiración; la crítica que representaba conciencia ciudadana pasa a describirse como golpismo; el periodista incómodo que cuestionaba al gobierno anterior era valiente, pero quien cuestiona al propio se transforma, convenientemente, en mercenario.
Las causas no desaparecieron y las víctimas tampoco. Lo que cambió, para muchos, fue su relación con el poder. De ahí una frase incómoda que resume la contradicción: la protesta no murió; cambió de nómina. Sin embargo, el fenómeno no pertenece exclusivamente a la izquierda. La derecha ha cometido el mismo pecado cuando justifica abusos, corrupción o excesos de gobiernos propios mientras denuncia con furia los del adversario.
Ese es el punto: quien condena un abuso cuando lo comete su enemigo, pero encuentra una excusa cuando lo comete su partido, no defiende un principio, sino una identidad política. El abuso no cambia de naturaleza según el color de quien lo comete; la censura no se vuelve democrática porque provenga del partido correcto, ni la vigilancia se transforma en libertad porque la administre un gobierno popular. Los derechos que solo defendemos para quienes piensan como nosotros dejan de ser derechos y se convierten en privilegios ideológicos.
Mientras alguien conserve su voz
La relación de periodistas, comunicadores y ciudadanos exhibidos desde la conferencia presidencial puede encontrarse en redes sociales. Vale la pena buscarla, no para convertir automáticamente a cada persona que aparece ahí en héroe ni para asumir que todas sus opiniones son correctas, sino para leer, escuchar, contrastar y decidir por cuenta propia. Seguir una voz crítica no significa obedecerla; significa defender la existencia de un espacio en el que pueda hablar.
Si el propósito de exhibir determinadas voces era desacreditarlas, la respuesta de una ciudadanía libre debería ser ampliar la conversación. Si se pretendía aislarlas, podemos escuchar sus argumentos y juzgarlos nosotros mismos. Y si alguien esperaba que el señalamiento produjera silencio, la respuesta más democrática es multiplicar las voces. El gobierno posee instituciones, presupuestos y transmisiones oficiales; el ciudadano conserva algo aparentemente más frágil, pero decisivo: su criterio.
Sería fácil terminar esta reflexión desde el pesimismo. La violencia se ha normalizado hasta niveles que deberían resultarnos intolerables; las instituciones atraviesan transformaciones profundas y la tecnología amplía las capacidades del Estado. A ello se suma el cansancio producido por tantos escándalos, cifras, muertos y promesas. Quizá el mayor peligro no sea únicamente el miedo, sino el agotamiento: ese momento en que una sociedad deja de preguntar porque concluye que preguntar ya no sirve.
Pero la historia nunca queda completamente en manos del poder. Cada gobierno que intentó administrar la verdad encontró ciudadanos dispuestos a cuestionarla; cada proyecto que quiso uniformar el pensamiento enfrentó alguna voz que se negó a repetir el libreto. Ahí reside la esperanza: no en esperar que el gobierno decida voluntariamente limitarse, ni en sustituir un caudillo por otro, sino en una ciudadanía suficientemente adulta para comprender que ningún gobernante es su dueño, ninguna mayoría posee facultades ilimitadas y ningún proyecto político merece lealtad incondicional.
La democracia no consiste solamente en votar, sino también en vigilar a quien ganó, especialmente si votamos por él. Consiste en defender el derecho de nuestros adversarios a decir cosas que detestamos, porque algún día podemos ser nosotros quienes necesitemos esa misma protección. Y consiste en preguntar cada vez que el poder solicite un poco más de confianza, más información o menos resistencia: ¿por qué?, ¿hasta dónde?, ¿quién te vigila a ti?
Hoy fueron algunos nombres en una pantalla. Mañana puede ser cualquier ciudadano que formule una pregunta incómoda. Sin embargo, mientras exista una persona dispuesta a hacerla, otra decidida a defender su derecho a formularla y muchas más capaces de negarse a entregar su criterio a cambio de comodidad, el silencio nunca será completo.
La libertad rara vez desaparece de un día para otro; a veces se pierde porque dejamos de ejercerla, de preguntar y de incomodarnos. También puede sobrevivir porque alguien decide que existe una frontera que el poder no debe cruzar, porque alguien se niega a callar o porque alguien recuerda que ser ciudadano significa algo más que ser gobernado.
México no está en guerra. México entierra a sus muertos, discute sus libertades y decide todos los días cuánto poder está dispuesto a entregar a cambio de la promesa de sentirse seguro. La historia todavía no está escrita: mientras haya ciudadanos dispuestos a preguntarle al poder quién lo vigila, a defender el derecho del adversario a disentir y a recordar que la libertad no se hereda intacta, permanecerá algo que ningún gobierno podrá administrar por completo: nuestra decisión de seguir siendo libres. Mientras esa decisión permanezca viva, todavía hay esperanza.
Referencias
INEGI. Estadísticas preliminares de defunciones registradas por homicidio, 2025.
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pronunciamiento sobre la reforma judicial en México y sus posibles efectos en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho, 2024.
Instituto Nacional Electoral. Cómputos y participación ciudadana de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, 2025.
Majo Salinas, La libertad no se agradece al poder: se ejerce, se defiende y se vigila.liberalesdisidentes.com
El amor, aunque un sentimiento mítico-sublime, es en sí un acto voluntario de cuidado y dedicación. No es apresurado, pero si constante.
Hoy pido dispensas a mis lectores por dos tópicos: primero, mi recurrente tendencia a fusilarme al Gabo para cubrir esta etapa no ortodoxa de la vida venezolana; y segundo, la premura por justicia y mi terror a que el chavismo quede impune, y por ello el a veces precipitarme en juzgar los hechos. Ahora mi esfuerzo consiste en ubicarme dentro de un cuadrante más objetivo; vuelvo a visitar el tópico de marras: la ocupación norteamericana de Venezuela y su interacción con el chavismo y la oposición.
Enfatizo hasta el aburrimiento que los Estados Unidos no han procedido con Venezuela de la manera que lo han venido haciendo en Latinoamérica en los últimos 250 años. Es meritorio destacar que, aunque no somos Irak, nosotros tenemos problemas graves de sectores agentes de la vida nacional en activa beligerancia. Estados Unidos ha llegado a ser el país que es porque ellos aplican las lecciones aprendidas.
Hoy, América danza con el chavismo y hasta lo elogia de lo bien que obedece los términos de la tutela. Claro que eso nos choca.
La dictadura hoy vive la analogía del preso liberado que debe retornar a la cárcel a firmar el libro de presentaciones. No hay presencia militar exorbitante, no hay autoridad civil o militar en directa gobernanza hacia los venezolanos; el chavismo sigue habitando en los espacios de poder de donde pensó no salir nunca. Pero saldrán.
Nos parece chocante la monopólica atención al petróleo, pero sabemos también que nadie ocupa algo sin interés. Como quiera, la situación geopolítica actual en occidente justifica y sirve de digestivo a la piedra sentida en el estómago.
El chavismo en Miraflores tiene libertad de seguir su narrativa, que agrada a los cada día más alzados grupos radicales. En su calendario festivo celebran el centenario del criminal a quien tanto deben: Fidel Castro.
¿Y al Departamento de Estado no parece importarle?
Hay elementos que hemos puesto al lado por nuestro afán de justicia expedita. Y es que los conflictos globales penden de eventos cuyos efectos dominó son anárquicos; incontrolables en sí mismos y pueden crear una pesadilla global violenta de escala impredecible.
Estoy seguro de que la mesa situacional de La Habana y el triunvirato local contemplan ese escenario. Estados Unidos lo gerencia y evita.
En Venezuela siguen orbitando grupos irregulares de larga data, pertenecientes al tráfico de narcóticos y al terrorismo internacional, con acceso a ilícitas actividades económicas y financieras, con poder de fuego y efectivos, con socios que ya entran en guerra total a raíz del triunfo de la derecha en Colombia. La limpia viene, progresivamente.
Hacer una movida de ocupación en Venezuela sacando de raíz el criminal statu quo podría ser la chispa que encienda la mecha de un esquema de guerra continental nunca contemporáneamente contemplado, la más aterradora pesadilla para Estados Unidos, hoy frentes bélicos en desarrollo globales. Recuerden a Sarajevo en 1914 y lo que ocurrió.
La transición es a fuego lento, con prioridades energéticas, sí, pero hay signos reveladores: en la mesa de negociaciones, puntos como la elección de poderes ajenos al control del cogollo contubernal son alentadores; las liberaciones de presos políticos son en sí mismas un acto de justicia inicial necesaria y no más impostergable.
Estos hechos nos demuestran que, más allá de que ya el glosario para nombrar los entes públicos y el gobierno tutelado no se autoetiqueta con los odiosos remoquetes “del poder popular revolucionario”, sino “gobierno nacional” a secas en papel bond blanco tipo carta sin membrete, es alentador: hay un proceso tangible de cambio.
El dinero del petróleo se pagará; antes lo regalaban o se lo embolsillaban.
Todos debemos orientar nuestro poder de la intención en no permitir la impunidad.
Esta semana, la noticia del día trata sobre la liberación plena de la jueza María Lourdes Afiuni, considerada una de las prisioneras políticas más emblemáticas del régimen venezolano. Esto constituye un acontecimiento de profunda repercusión institucional y humana que dice mucho de la situación institucional y humana actual en Venezuela.
Afiuni, cuya privación ilegítima de libertad se desencadenó en el año 2009 tras dictar una resolución ajustada a derecho en el caso del empresario Eligio Cedeño, permaneció durante casi 17 años sometida a continuos atropellos, privación en centros de reclusión y un prolongado régimen de casa por cárcel parcial.
Si bien, esta medida sobreviene tras diagnosticársele tres tumores que requieren atención médica urgente e impostergable, evaluándose la necesidad de que la magistrada deba viajar al exterior para someterse al tratamiento adecuado.
A lo largo de casi dos décadas, Afiuni se mantuvo como una figura civil de conciencia sistemáticamente excluida de amnistías, indultos o procesos de negociación política. Durante su permanencia en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), fue víctima de severas torturas y vejaciones físicas y psicológicas, recordadas por amenazas directas de funcionarios carcelarios que llegaron a asegurarle que «iban a coletear el piso con su sangre».
Diversos análisis coinciden en inferir que esta liberación es producto de la sostenida presión e intervención ejercida por la administración de los EE. UU. Dentro de la estructura del Poder Judicial secuestrado, la jueza Afiuni fue instrumentalizada como un trofeo de amedrentamiento y un ejemplo aleccionador para disuadir a cualquier juez que intentara actuar con independencia, de forma similar al trato impartido a los prisioneros militares.
Su liberación plena representa una victoria en la causa por la justicia y reaviva la exigencia ineludible de libertad para la totalidad de los presos políticos, con especial énfasis en los prisioneros del sector militar.
Sumado a ello, y pasando por las secciones del Borrego de la Semana, la Polémica de la semana y Desmantelando a la Izquierda, la sección del Corrupto en la Mira desembocó en un intercambio sano entre los presentadores que gira en torno a la figura de Juan Barreto, exalcalde mayor de Caracas. Te invitamos a ver el programa para saber el motivo.
Desde mis días de estudiante en el antiguo ciclo básico venezolano, donde Cien años de soledad era de lectura obligatoria —que en mi caso fue un agrado—, empecé a hacer símiles entre mi país y Macondo. Esas comparaciones son hoy más agudas y evidentes. —Por cierto, la nueva versión de miniserie hecha por Netflix-Colombia, ahora en su segunda temporada, no tiene desperdicio y recomiendo su visita.—
En el relato mítico del Gabo, Macondo sucumbe al olvido: debían etiquetar el más mínimo objeto hasta que dicha epidemia, así como vino, se fue. En Venezuela padecemos el mal desde 1999, cuando el estamento político decide colaborar y no enfrentar el peine que nos terminó montando el chavismo con mucho éxito gracias a los “opositores”.
Desde entonces, el país nacional no puede o no debe participar en debatir, ¿qué nos pasó? Si se olvida, no existe. Hoy volvemos a ver diálogos, ahora no coordinados por noruegos o dominicanos sino por el Departamento de Estado. Esa es una garantía; prefiere llamarse más un “voto de confianza” con sus naturales reservas.
¿Por qué dicho evento —el diálogo— es ignorado por la prensa internacional? Podemos hacer volúmenes de posibilidades, pero hay una protuberante: a nadie, al final, le interesa y ahora hasta le aburre ver lo incompetentes que somos para resolver nuestros problemas.
Una vez más es un conciliábulo ajeno a la prensa. ¿Por qué? Por acuerdo de las partes. Esas discusiones tendrían que ser televisadas por ambas partes, tan afectas a términos de “soberanía” —entre otras de carga retórica populista—. Lo cierto es que hay mucha podredumbre, mucho sucio, muchos negociados; todos lo sabemos. La comprobación siempre es amena, pero no indispensable.
El hecho es que, al decir de Teodoro Petkoff, la Venezuela prechavista era una sociedad compleja con grupos cogobernantes, que el chavismo, con la violencia, la represión y la aquiescencia de la oposición, masacró. Para Petkoff, sectores cogobernantes básicos eran las Fuerzas Armadas y los empresarios —Fedecámaras, la que llegó hasta Carmona, no la arrodillada de hoy—. Y yo añadiría la meritocracia petrolera como fuerza de generación y fiscalización de la riqueza.
Los militares, aquellos obedientes y no deliberantes, formados en democracia, fueron aniquilados. Se mantuvieron las individualidades que decidieron venderse al régimen. Serían ellos, los sobrevivientes de este exterminado sector tan importante para Venezuela, quienes deberían manejar la reconstrucción militar. Nunca la oposición les ha reconocido ni su mérito, ni su existencia, ni en sus panfletos cacofónicos mal llamados programas; ni los mencionan. ¡No existen!
Los petroleros, expropiados y despojados igualmente de su ciudadanía y pertenencias —obvio de sus carreras y maneras de vivir—, son otras víctimas notables del olvido.
Esas cosas no ocurrieron si no se incorporan en la narrativa, punto.
Pero Gabo entraría en un asombro colosal de saber que no solo los olvidaron a ellos —militares y petroleros—: también ellos se han olvidado de sí mismos y no han sido capaces ni de recordarse ni de defenderse, y viven en un círculo vicioso de manipulaciones politiqueras y aniquiladoras realidades de desencanto y falta de perseverancia.
Este cronista es actor y testigo de esta tragedia.
Ambos sectores no solo necesitan el recuerdo, sino su voz genuina de seguir en protesta y perseverar en lograr sus merecidas reparaciones con base en su experiencia sufrida. La impunidad no permitirá un resultado sanador de estas heridas notables que prevalecen, y no reconciliarán ni ofrecerán la necesaria justicia, que tampoco forma parte de la obsesión llamada elecciones.
Más allá de los recientes terremotos hay mucho dolor no curado y mucho crimen no buscado ser reparado. Es muy preocupante.
El holocausto judío es tan recordado que, desde que tenemos uso de razón, los nacidos después de la última gran guerra, el visitarlo por cualquier medio en todo momento es implícitamente esperado por la cotidianidad de nuestras vidas.
¿Tendremos que esperar por justicia dos mil años después de que nuestro templo democrático lo derrumbaron?
El régimen de relación entre Estados Unidos y la República de las Islas Marshall se sustenta en un Pacto de Libre Asociación (COFA) firmado en 1983 y vigente desde 1986. Bajo este acuerdo, las Islas Marshall son un Estado soberano e independiente, con gobierno propio, presidente, constitución y asiento en la ONU. Sin embargo, ceden a Washington la autoridad total sobre su defensa y seguridad a cambio de asistencia económica periódica, derechos migratorios amplios (viaje, residencia, estudio y trabajo en Estados Unidos sin visa) y la posibilidad de enrolarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses. El pacto también incluye compensaciones históricas por las pruebas nucleares realizadas en Bikini y Enewetak entre 1946 y 1958, y garantiza a Estados Unidos el uso estratégico de instalaciones como el atolón de Kwajalein.
Este modelo de soberanía condicionada no es una anomalía. Es una de las formas más claras en que Washington ha estructurado relaciones de poder con territorios de alto valor estratégico.
El Plan Marshall, por su parte, fue el instrumento visionario que, entre 1948 y 1952, reconstruyó la Europa occidental devastada por la guerra. No fue solo dinero. Fue un vehículo de contención del comunismo y de restablecimiento de prosperidad y libertades públicas. Contó con un liderazgo político efectivo y responsable: Clement Attlee y Ernest Bevin en el Reino Unido, Vincent Auriol, Georges Bidault y Robert Schuman en Francia, Konrad Adenauer en la naciente República Federal Alemana, Alcide De Gasperi en Italia, Paul-Henri Spaak en Bélgica, entre otros. Tras haber pulverizado el fascismo, estos hombres asumieron la tarea de reconstruir sin el lastre de las viejas élites derrotadas ni el contagio de las fuerzas que amenazaban desde el Este.
Venezuela, hoy, se encuentra en una encrucijada análoga, aunque con una diferencia decisiva: produce el petróleo suficiente para autofinanciar su propio Plan Marshall. No necesita limosnas. Necesita algo que no tiene: un equipo de conducción nacional incuestionable, ajeno al cáncer politiquero que ha destruido al país durante un cuarto de siglo.
La cuestión venezolana demanda la atención de Washington no por caridad, sino por interés estratégico. Venezuela es un enclave de suministro de petróleo al cual Estados Unidos no estará dispuesto a ceder ni a dejar nacionalizar o intervenir por rivales globales nunca más.
Acerca de no volver a ser el país libérrimo que fuimos hasta 1999, ese es el precio que los venezolanos pagamos por el chavismo.
La oportunidad de una independencia absoluta fuera del chavismo fue asfixiada por la vergüenza llamada interinato. Ese experimento, que pretendió ser transición y terminó siendo una prolongación de la crisis, demostró que la oposición tradicional no estaba preparada para gobernar ni para romper de verdad con el sistema que decía combatir.
Sería un gesto de buena voluntad por parte de los Estados Unidos —y de realismo estratégico— que el Departamento de Estado descartara tanto a la oposición colaboracionista como al chavismo residual, y promoviera la selección de un equipo de dirigentes comprometidos con la reconstrucción, inicialmente sostenidos, si fuera necesario, por el poder estadounidense. Cualquiera sea el modelo de asociación que luego impere —COFA, protectorad de facto, o un arreglo más sofisticado—, la selección de ese liderazgo no es una decisión exclusivamente venezolana. Y no necesita serlo.
Lo que Venezuela requiere no es otra ronda de negociaciones entre los mismos actores que han fracasado. Requiere un equipo de conducción nacional ajeno a los bandos, con autoridad real y con el respaldo suficiente para imponer el orden mínimo sin el cual ninguna reconstrucción intentada será viable.
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