En estos días el notable ancla televisivo Fareed Zakaria, quien es una seria y destacada voz liberal en los Estados Unidos, trataba de interpretar los tiempos a través de un específico vehículo cultural cotidiano: la película La Odisea, de Christopher Nolan.
Zakaria dividía en dos el pensamiento de la civilización occidental: el primero, que favorece al fuerte y lo predestina; el segundo, el elemento compasivo e igualador expresado en el Sermón de la Montaña.
Zakaria nos cuenta su alarma ante la boga y la reverencia hacia el seminal pensamiento occidental no impactado aún por la influencia judeocristiana, expresada no solo en el sector conservador aquí en el poder, sino en los propios empresarios del sector digital y de la inteligencia artificial, este último campo aún no del todo regulado, cuyos resultados no son autónomos, más sí condicionados por los valores e ideas de su programador.
Yo comparto su alarma en base a múltiples expresiones y posturas cotidianas. La intervención Americana a Venezuela sin duda está en la órbita de Odiseo y lejos de los valores compasivos del sermón de la montaña.
Este sábado anterior, amanecimos con las nuevas de cómo el Ejecutivo estadounidense piensa incrementar sus reservas estratégicas petroleras con el crudo no aún producido venezolano. Se establecen mecanismos de iniciativa privada (compañías petroleras), pero el marco comercial en sí mismo se conocerá eventualmente.
Hemos dicho y seguiremos repitiendo hasta el cansancio que estamos pagando las consecuencias del brinco al abismo por haber elegido a Chávez presidente, el entreguista de Venezuela. A ojos conservadores en el poder americano es imperdonable que Venezuela se haya convertido en un Estado sirviente de un país como Cuba. Cosa que expiró apenas el pasado 3 de enero.
¿Es válido el tuit del presidente Trump hablando de las reservas venezolanas como propiedad de los Estados Unidos? ¿Es legítimo y plausible? No voy a decir que es o no lo es, o que si esa política es más parecida a Odiseo que a Woodrow Wilson. Odiseo está de moda.
No voy a decir que reserva estratégica es un concepto de posesión de activos energéticos petroleros ligado al imperium territorial (territorio del país que las posee) donde reposan, y que Venezuela no es un territorio de los Estados Unidos. Y nada formalmente aún indica lo contrario.
No vale la pena decir que el ordenamiento jurídico venezolano, a partir de 1975, no contiene la posibilidad legal de estimar “nuestras reservas” petroleras dentro de los libros contables de otra nación, inclusive asumiendo como válida la Constitución chavista, que no lo es.
Lo que sí voy a comentar es que cada día es notorio que una cosa son los hechos y otra cosa son las formalidades. Que existen dos realidades de grueso verificables: una, la formal, expresada en recurrentes incapacidades y rebatiñas (como nos repartimos el oro de Londres, por ejemplo, que es emblemático), léase mesa de diálogo, el vuelo de las guacamayas o toda manifestación cotidiana igual de bizarra o ridícula que la politiquería venezolana no se cansa de ofrecernos y que, añeja, se acerca a tres décadas.
La otra está expresada por los canales comunicacionales de los Estados Unidos. Los entreguistas han probado serlo y de una naturaleza espeluznante que hace corta cualquier estimación conocida antes del 3 de enero. Por seguir habitando Miraflores entregan hasta su madre.
Mientras tanto, materialmente, los signos de una incorporación de Venezuela con los Estados Unidos, bajo cualquiera de las modalidades conocidas, sigue su curso dialéctico.
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“En un país donde la violencia se vuelve paisaje, el Estado amplía sus capacidades de identificación, los contrapesos pierden fuerza y el poder exhibe a sus críticos. La libertad también se pierde cuando una sociedad se acostumbra a cederla.”
María José Salinas
México no está en guerra. No existe una invasión extranjera, las alarmas antiaéreas no interrumpen nuestras noches y ningún ejército enemigo avanza sobre el territorio nacional. No hay una declaración formal de guerra ni ciudades sitiadas por tropas extranjeras. Y, sin embargo, durante 2025 el país registró preliminarmente cerca de 28 mil homicidios.
La cifra debería bastar para incomodarnos sin necesidad de compararla con ningún conflicto extranjero. La pregunta verdaderamente perturbadora es cómo consiguió un país que formalmente vive en paz acostumbrarse a contar sus muertos por decenas de miles cada año. Quizá hemos construido una categoría propia: una paz en la que se asesina, se extorsiona y se desaparece; una normalidad donde millones de personas modifican horarios, rutas y costumbres para reducir la posibilidad de convertirse en la siguiente estadística.
Aquí no hay sirenas que anuncien bombardeos, pero sí comerciantes que reciben mensajes exigiendo derecho de piso. No vemos tropas extranjeras, pero conocemos carreteras que evitamos por miedo. No existen refugios subterráneos, pero hay madres que recorren terrenos y fosas clandestinas buscando a sus hijos con herramientas que, demasiadas veces, tuvieron que comprar ellas mismas. La violencia primero ocupa las primeras planas, después se transforma en una cifra y finalmente se incorpora a la rutina. México no está en guerra: ha aprendido a enterrar a sus muertos en tiempos de paz.
Frente a semejante realidad cabría esperar un Estado obsesionado con perseguir criminales, profesionalizar policías, fortalecer fiscalías, combatir la extorsión, localizar desaparecidos y reconstruir un sistema de justicia capaz de devolverle al ciudadano la confianza perdida. Sin embargo, mientras seguimos esperando resultados en esas materias, el propio Estado amplía sus mecanismos para identificar a quienes sí puede localizar: los ciudadanos que cumplen la ley.
Un Estado que identifica, pero no siempre protege
Desde 2026, las líneas móviles deben estar vinculadas con una persona física o moral. La medida ha sido presentada como un instrumento para combatir la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad. El objetivo puede parecer razonable; la pregunta democrática, sin embargo, sigue siendo indispensable: ¿en qué momento la incapacidad estatal para perseguir eficazmente a quienes delinquen justifica imponer nuevas obligaciones de identificación a millones de ciudadanos que no han cometido ningún delito?
Las compañías telefónicas realizan la vinculación y resguardan los datos; según la autoridad reguladora, no existe una base gubernamental única que concentre todos los registros. No obstante, ante investigaciones relacionadas con delitos, las autoridades competentes pueden solicitar información a las empresas conforme a las disposiciones legales aplicables. El debate, por tanto, no debe reducirse a la disyuntiva infantil de estar a favor de la seguridad o a favor de los delincuentes. Una democracia madura puede combatir el crimen y, al mismo tiempo, discutir los límites del poder. De hecho, debe hacerlo.
La contradicción de fondo resulta difícil de ignorar: vivimos en un país donde miles de familias continúan buscando a personas desaparecidas mientras el aparato estatal desarrolla mayores capacidades para identificar a quienes sí están presentes. Dicho de otra manera, el mismo Estado que demasiadas veces no logra encontrarte cuando desapareces quiere tener certeza de quién eres cuando te comunicas. Puede tener razones legítimas para buscarlo; precisamente por eso los ciudadanos debemos exigir reglas legítimas, controles verificables y consecuencias ante cualquier abuso.
La discusión sobre privacidad suele quedar atrapada en un error recurrente: evaluamos las facultades del Estado según la confianza que sentimos por quien ocupa temporalmente el gobierno. Si confiamos en esa persona, las herramientas parecen inofensivas; si desconfiamos, descubrimos sus riesgos. Pero las instituciones no pueden diseñarse pensando únicamente en quien gobierna hoy. Deben resistir también a quien podría gobernar mañana. Esa es la diferencia entre confiar en un gobernante y construir una república.
Las libertades no pueden descansar sobre la promesa de que la autoridad utilizará correctamente sus atribuciones. Si dependieran de su buena voluntad, dejarían de ser derechos para convertirse en concesiones. La privacidad tampoco consiste en esperar que el gobierno se porte bien, sino en establecer reglas y contrapesos capaces de impedir que se porte mal sin enfrentar consecuencias. Por eso las preguntas son inevitables: ¿quién puede solicitar información?, ¿en qué circunstancias?, ¿quién autoriza su entrega?, ¿quién supervisa el procedimiento?, ¿puede el ciudadano impugnarlo? Y, sobre todo, ¿qué institución conserva la independencia suficiente para decirle que no al poder cuando sea necesario?
El contrapeso que debe proteger al ciudadano
Esa última pregunta conduce al Poder Judicial. El sistema mexicano nunca fue perfecto: durante décadas acumuló señalamientos por corrupción, nepotismo, lentitud, privilegios y decisiones incomprensibles. Defender su independencia no exige idealizar a los jueces ni negar los vicios históricos de la institución. México necesitaba -y continúa necesitando- una justicia más eficiente, accesible y confiable. Sin embargo, reconocer la necesidad de una reforma no obliga a aceptar que cualquier transformación fortalece automáticamente al sistema.
La reforma judicial modificó profundamente el mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros. La primera elección judicial federal registró una participación cercana al 13 por ciento y estuvo rodeada por una discusión pública sobre los llamados ‘acordeones’, materiales que recomendaban determinadas candidaturas. Desde 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido sobre posibles afectaciones a la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de derecho.
La discusión nunca debió reducirse a escoger entre defender una vieja élite judicial o respaldar incondicionalmente el nuevo modelo. La pregunta esencial es otra: ¿quién protegerá al ciudadano cuando sea el propio gobierno quien vulnere sus derechos? La independencia judicial importa no porque los jueces sean moralmente superiores, sino porque alguien debe ser capaz de detener al poder.
Durante décadas, el juicio de amparo ha sido una de las herramientas fundamentales del ciudadano frente a los actos de autoridad. Un juez puede suspender una decisión, frenar un daño potencialmente irreparable y recordar al Estado que incluso una mayoría política encuentra límites en la Constitución. Por eso la independencia del árbitro es más importante que su simpatía ideológica: la justicia no debe estar cerca del gobierno ni de la oposición, sino conservar la distancia suficiente para revisar a ambos.
Cuando el Ejecutivo, la mayoría legislativa y una parte sustancial de las instituciones encargadas de revisar sus actos comparten un mismo proyecto político, la cuestión de los contrapesos deja de ser académica. Se convierte en una pregunta ciudadana: ¿quién puede decir que no? Una Constitución puede enumerar decenas de derechos, pero un derecho sin una institución independiente capaz de hacerlo valer frente al poder corre el riesgo de convertirse en una promesa escrita con excelente caligrafía.
Cuando el poder individualiza a sus críticos
Dentro de ese contexto adquiere una dimensión distinta una escena reciente que debería incomodar a cualquier demócrata, independientemente de sus simpatías políticas. Desde una conferencia presidencial se proyectaron nombres y cuentas de periodistas, comunicadores, medios y ciudadanos críticos. El gobierno defendió el ejercicio como un análisis de tendencias digitales. Precisamente ahí comienza el problema: una democracia no solo debe preguntarse si el gobierno puede hacer algo, sino qué mensaje envía cuando decide hacerlo.
Si el objetivo era estudiar una conversación digital, ¿resultaba indispensable individualizar públicamente determinadas cuentas desde la principal tribuna política del país? Si se pretendía responder argumentos, ¿por qué colocar identidades particulares frente a una maquinaria de comunicación gubernamental cuya capacidad de amplificación supera por mucho a la de cualquier ciudadano? Y si no existía intención de señalar, ¿por qué tantas personas interpretaron el ejercicio precisamente como un señalamiento?
No hace falta compartir una sola opinión de quienes aparecieron en aquella exposición para comprender el riesgo. Esa es, de hecho, la prueba decisiva: la libertad de expresión no fue creada para proteger únicamente las ideas con las que coincidimos, sino para garantizar el desacuerdo. El poder, además, siempre encuentra términos amables para describir sus facultades. La vigilancia puede justificarse como seguridad; la propaganda, presentarse como información; el señalamiento, explicarse como derecho de réplica; y una relación pública de nombres, describirse como análisis.
Nada de ello significa que toda acción gubernamental de esa naturaleza constituya automáticamente autoritarismo. Significa algo más elemental: ninguna debe quedar exenta de escrutinio solo porque la autoridad asegure tener buenas intenciones. Cuando desde el poder se exhibe a ciudadanos críticos, el mensaje no termina en quienes aparecen en una pantalla. También lo reciben periodistas, académicos, empresarios, activistas, estudiantes y personas comunes que quizá mañana tengan algo incómodo que preguntar.
Ahí surge uno de los mecanismos políticos más antiguos y eficaces: la autocensura. Un gobierno no necesita silenciar directamente a millones de personas si consigue que suficientes ciudadanos concluyan que hablar puede traerles problemas. El miedo político alcanza su máxima eficiencia cuando deja de necesitar una orden y el ciudadano comienza a censurarse solo.
La erosión que se vuelve costumbre
Solemos imaginar las tiranías como una escena cinematográfica: tanques entrando a una plaza, militares clausurando un Congreso, periódicos cerrados y opositores encarcelados. A veces ocurre así; muchas otras, no. Las democracias también pueden erosionarse lentamente mediante procesos legales, reformas aprobadas por mayorías, controles justificados por emergencias, instituciones que pierden autonomía y pequeños abusos que la sociedad aprende a tolerar porque cada uno, observado por separado, parece insuficiente para encender todas las alarmas.
El peligro está en la secuencia. Primero se desacredita a los contrapesos porque son corruptos; después se transforma su composición porque deben democratizarse; más tarde se amplían las capacidades de identificación porque necesitamos seguridad; finalmente se exhibe a críticos porque el gobierno también tiene derecho a defenderse. Cada argumento puede contener una parte de verdad. La pregunta está en el resultado conjunto.
¿Cuándo comienza exactamente una tiranía: cuando se encarcela al primer opositor, cuando se clausura un periódico o mucho antes, cuando la sociedad considera razonable que el gobierno determine cuáles voces son legítimas y cuáles merecen ser señaladas? ¿La libertad de expresión desaparece únicamente cuando está prohibido hablar, o empieza a deteriorarse cuando hacerlo adquiere un costo suficientemente alto para que muchos prefieran callar? Ningún proyecto autoritario anuncia que desea menos libertad; siempre encuentra una causa noble -la seguridad, la justicia, la igualdad o la voluntad popular- para solicitar un poco más de poder.
Por eso la democracia no consiste en desconfiar únicamente de los gobernantes que detestamos. Consiste en limitar también a aquellos que admiramos.
La protesta que cambió de relación con el poder
Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que una parte importante de la sociedad mexicana encontraba perfectamente legítimo cuestionar al presidente desde las calles, las universidades, los medios y las redes. Movimientos como #YoSoy132 o las movilizaciones posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron expresiones distintas de una misma idea democrática: el poder debe soportar la incomodidad de una ciudadanía que pregunta.
Hoy siguen existiendo razones para indignarse. Persisten la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad; continúa la discusión sobre la militarización de tareas civiles, y a ella se suman cuestionamientos sobre la privacidad, los contrapesos institucionales y la manera en que el poder responde a sus críticos. ¿Dónde está, entonces, aquella capacidad de movilización?
Durante décadas, una parte importante de la izquierda latinoamericana desarrolló una enorme habilidad para organizar el descontento, articular movimientos, construir consignas y convertir agravios legítimos en presión política. Eso, por sí mismo, no es condenable: es política. El problema aparece cuando los estándares para juzgar al poder cambian dependiendo de quién lo ocupa. Entonces la protesta que ayer era resistencia se convierte en conspiración; la crítica que representaba conciencia ciudadana pasa a describirse como golpismo; el periodista incómodo que cuestionaba al gobierno anterior era valiente, pero quien cuestiona al propio se transforma, convenientemente, en mercenario.
Las causas no desaparecieron y las víctimas tampoco. Lo que cambió, para muchos, fue su relación con el poder. De ahí una frase incómoda que resume la contradicción: la protesta no murió; cambió de nómina. Sin embargo, el fenómeno no pertenece exclusivamente a la izquierda. La derecha ha cometido el mismo pecado cuando justifica abusos, corrupción o excesos de gobiernos propios mientras denuncia con furia los del adversario.
Ese es el punto: quien condena un abuso cuando lo comete su enemigo, pero encuentra una excusa cuando lo comete su partido, no defiende un principio, sino una identidad política. El abuso no cambia de naturaleza según el color de quien lo comete; la censura no se vuelve democrática porque provenga del partido correcto, ni la vigilancia se transforma en libertad porque la administre un gobierno popular. Los derechos que solo defendemos para quienes piensan como nosotros dejan de ser derechos y se convierten en privilegios ideológicos.
Mientras alguien conserve su voz
La relación de periodistas, comunicadores y ciudadanos exhibidos desde la conferencia presidencial puede encontrarse en redes sociales. Vale la pena buscarla, no para convertir automáticamente a cada persona que aparece ahí en héroe ni para asumir que todas sus opiniones son correctas, sino para leer, escuchar, contrastar y decidir por cuenta propia. Seguir una voz crítica no significa obedecerla; significa defender la existencia de un espacio en el que pueda hablar.
Si el propósito de exhibir determinadas voces era desacreditarlas, la respuesta de una ciudadanía libre debería ser ampliar la conversación. Si se pretendía aislarlas, podemos escuchar sus argumentos y juzgarlos nosotros mismos. Y si alguien esperaba que el señalamiento produjera silencio, la respuesta más democrática es multiplicar las voces. El gobierno posee instituciones, presupuestos y transmisiones oficiales; el ciudadano conserva algo aparentemente más frágil, pero decisivo: su criterio.
Sería fácil terminar esta reflexión desde el pesimismo. La violencia se ha normalizado hasta niveles que deberían resultarnos intolerables; las instituciones atraviesan transformaciones profundas y la tecnología amplía las capacidades del Estado. A ello se suma el cansancio producido por tantos escándalos, cifras, muertos y promesas. Quizá el mayor peligro no sea únicamente el miedo, sino el agotamiento: ese momento en que una sociedad deja de preguntar porque concluye que preguntar ya no sirve.
Pero la historia nunca queda completamente en manos del poder. Cada gobierno que intentó administrar la verdad encontró ciudadanos dispuestos a cuestionarla; cada proyecto que quiso uniformar el pensamiento enfrentó alguna voz que se negó a repetir el libreto. Ahí reside la esperanza: no en esperar que el gobierno decida voluntariamente limitarse, ni en sustituir un caudillo por otro, sino en una ciudadanía suficientemente adulta para comprender que ningún gobernante es su dueño, ninguna mayoría posee facultades ilimitadas y ningún proyecto político merece lealtad incondicional.
La democracia no consiste solamente en votar, sino también en vigilar a quien ganó, especialmente si votamos por él. Consiste en defender el derecho de nuestros adversarios a decir cosas que detestamos, porque algún día podemos ser nosotros quienes necesitemos esa misma protección. Y consiste en preguntar cada vez que el poder solicite un poco más de confianza, más información o menos resistencia: ¿por qué?, ¿hasta dónde?, ¿quién te vigila a ti?
Hoy fueron algunos nombres en una pantalla. Mañana puede ser cualquier ciudadano que formule una pregunta incómoda. Sin embargo, mientras exista una persona dispuesta a hacerla, otra decidida a defender su derecho a formularla y muchas más capaces de negarse a entregar su criterio a cambio de comodidad, el silencio nunca será completo.
La libertad rara vez desaparece de un día para otro; a veces se pierde porque dejamos de ejercerla, de preguntar y de incomodarnos. También puede sobrevivir porque alguien decide que existe una frontera que el poder no debe cruzar, porque alguien se niega a callar o porque alguien recuerda que ser ciudadano significa algo más que ser gobernado.
México no está en guerra. México entierra a sus muertos, discute sus libertades y decide todos los días cuánto poder está dispuesto a entregar a cambio de la promesa de sentirse seguro. La historia todavía no está escrita: mientras haya ciudadanos dispuestos a preguntarle al poder quién lo vigila, a defender el derecho del adversario a disentir y a recordar que la libertad no se hereda intacta, permanecerá algo que ningún gobierno podrá administrar por completo: nuestra decisión de seguir siendo libres. Mientras esa decisión permanezca viva, todavía hay esperanza.
Referencias
INEGI. Estadísticas preliminares de defunciones registradas por homicidio, 2025.
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pronunciamiento sobre la reforma judicial en México y sus posibles efectos en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho, 2024.
Instituto Nacional Electoral. Cómputos y participación ciudadana de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, 2025.
Majo Salinas, La libertad no se agradece al poder: se ejerce, se defiende y se vigila.liberalesdisidentes.com
Oriana Aranguren es licenciada en Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Local Senior de EsLibertad Venezuela.
“(…) si las circunstancias realmente no tuvieran ningún impacto sobre el destino de los individuos, resultaría completamente absurdo oponerse al socialismo, al colectivismo o a cualquier régimen totalitario.”
Oriana Aranguren
No pocas veces he escuchado a algunos liberales decir que “el pobre es pobre porque quiere”, aludiendo a la idea de que son las decisiones lo que indica el camino que recorrerás durante toda tu vida, independientemente de las circunstancias. No obstante, esto es una simplificación burda que distorsiona los principios fundamentales del liberalismo, por cuanto el verdadero liberalismo jamás ha sostenido que las circunstancias carezcan de importancia. De hecho, la estructura teórica del liberalismo se sostiene en ideas que buscan transformar y erradicar un conjunto específico de circunstancias, a saber: la opresión del absolutismo, el privilegio concedido por el Estado y la arbitrariedad del poder.
En este sentido, entonces, aquel liberal que diga que importan únicamente las “decisiones” incurre en una contradicción, porque al poner de lado las circunstancias, implícitamente deja el camino abierto para que alguien pueda decirle: “si no importan las circunstancias, entonces no importa que el sistema sea socialista, porque, al final, son las decisiones lo único que determina la vida humana”, es decir, aquel liberal que sostenga que solamente importan las decisiones tendría que aceptar que no tiene sentido, entonces, luchar en contra del estatismo. Dicho de otro modo, si las circunstancias realmente no tuvieran ningún impacto sobre el destino de los individuos, resultaría completamente absurdo oponerse al socialismo, al colectivismo o a cualquier régimen totalitario, puesto que una persona orientada al éxito lo lograría sin importar las tramas burocráticas o la falta de derechos de propiedad.
Las decisiones humanas ocurren dado un contexto, una circunstancia, especialmente social, por tanto, todo lo que compete a las leyes, el sistema económico y, en general, institucional, influye en dicho proceso de elección. La libertad requiere un marco institucional preciso para poder desplegarse con efectividad, y es precisamente por eso que los liberales luchamos en contra del estatismo, porque reconocemos que el entorno institucional importa mucho. Un sistema que destruye el mercado libre, prohíbe la iniciativa privada y concentra el poder en el Estado genera un conjunto de circunstancias sofocantes que anulan la capacidad de elección real de las personas, sofocando de raíz cualquier posibilidad de progreso individual. Precisamente por eso alguien con buenas ideas tendría un camino más tortuoso al éxito —sea como sea que lo perciba— en Venezuela que en Estados Unidos.
Aquellos analistas o estudiosos que, haciéndose llamar liberales, pretenden ignorar los condicionantes estructurales cuando se trata del origen de la pobreza, pero sí los enarbolan con vehemencia al criticar las intervenciones estatales, incurren en la incoherencia. La pobreza rara vez es una simple elección voluntaria —que, ojo, sí hay quienes lo son por elección—, con extrema frecuencia es la consecuencia directa de marcos institucionales extractivos, mercados cerrados, monopolios protegidos, monopolios educativos de pésima calidad y leyes que impiden a los desfavorecidos capitalizar su esfuerzo. Quien atribuye la vulnerabilidad económica únicamente a una falla moral o a la falta de voluntad, olvida que la libertad requiere opciones reales, y que cuando las reglas del juego están amañadas, la mera determinación personal resulta insuficiente para salir adelante.
Por esta razón, la defensa genuina de la libertad exige reconocer que las reglas e instituciones dictan el abanico de posibilidades al que puede aspirar una persona. El liberalismo bien entendido no es una apología del determinismo moralista ni un consuelo para el estatus quo, sino una crítica incisiva contra los impedimentos que traban el desarrollo humano. Luchar por la libertad implica trabajar para que el origen de un individuo no defina implacablemente su destino, lo que exige remover las barreras artificiales —estatales, legales o corporativas— que privan a las personas de la oportunidad de prosperar.
Así, la libertad de elección solo cobra verdadero sentido cuando existen las condiciones mínimas para que dicha elección sea viable y productiva. Y con esto no quiero decir que el Estado deba garantizar esas condiciones mínimas, pues, bien sabemos que el Estado es el principal enemigo a enfrentar en nuestro camino al éxito, simplemente ataco la idea de que la consistencia del pensamiento liberal no se halla en negar la realidad de los condicionantes sociales, sino en distinguir cuáles de ellos son inherentes a la condición humana y cuáles son impuestos de forma coercitiva por el poder.
Como bien ya expresé, defender la libertad y combatir los modelos colectivistas cobra sentido únicamente porque se reconoce que el entorno institucional puede aplastar el potencial de un individuo. Un liberal coherente y maduro debe rechazar con la misma firmeza la tiranía del Estado y el mito de que el contexto no importa, reafirmando que el objetivo final de la libertad es, precisamente, construir una sociedad donde las circunstancias de nacimiento no clausuren los sueños ni el esfuerzo de nadie.
El amor, aunque un sentimiento mítico-sublime, es en sí un acto voluntario de cuidado y dedicación. No es apresurado, pero si constante.
Hoy pido dispensas a mis lectores por dos tópicos: primero, mi recurrente tendencia a fusilarme al Gabo para cubrir esta etapa no ortodoxa de la vida venezolana; y segundo, la premura por justicia y mi terror a que el chavismo quede impune, y por ello el a veces precipitarme en juzgar los hechos. Ahora mi esfuerzo consiste en ubicarme dentro de un cuadrante más objetivo; vuelvo a visitar el tópico de marras: la ocupación norteamericana de Venezuela y su interacción con el chavismo y la oposición.
Enfatizo hasta el aburrimiento que los Estados Unidos no han procedido con Venezuela de la manera que lo han venido haciendo en Latinoamérica en los últimos 250 años. Es meritorio destacar que, aunque no somos Irak, nosotros tenemos problemas graves de sectores agentes de la vida nacional en activa beligerancia. Estados Unidos ha llegado a ser el país que es porque ellos aplican las lecciones aprendidas.
Hoy, América danza con el chavismo y hasta lo elogia de lo bien que obedece los términos de la tutela. Claro que eso nos choca.
La dictadura hoy vive la analogía del preso liberado que debe retornar a la cárcel a firmar el libro de presentaciones. No hay presencia militar exorbitante, no hay autoridad civil o militar en directa gobernanza hacia los venezolanos; el chavismo sigue habitando en los espacios de poder de donde pensó no salir nunca. Pero saldrán.
Nos parece chocante la monopólica atención al petróleo, pero sabemos también que nadie ocupa algo sin interés. Como quiera, la situación geopolítica actual en occidente justifica y sirve de digestivo a la piedra sentida en el estómago.
El chavismo en Miraflores tiene libertad de seguir su narrativa, que agrada a los cada día más alzados grupos radicales. En su calendario festivo celebran el centenario del criminal a quien tanto deben: Fidel Castro.
¿Y al Departamento de Estado no parece importarle?
Hay elementos que hemos puesto al lado por nuestro afán de justicia expedita. Y es que los conflictos globales penden de eventos cuyos efectos dominó son anárquicos; incontrolables en sí mismos y pueden crear una pesadilla global violenta de escala impredecible.
Estoy seguro de que la mesa situacional de La Habana y el triunvirato local contemplan ese escenario. Estados Unidos lo gerencia y evita.
En Venezuela siguen orbitando grupos irregulares de larga data, pertenecientes al tráfico de narcóticos y al terrorismo internacional, con acceso a ilícitas actividades económicas y financieras, con poder de fuego y efectivos, con socios que ya entran en guerra total a raíz del triunfo de la derecha en Colombia. La limpia viene, progresivamente.
Hacer una movida de ocupación en Venezuela sacando de raíz el criminal statu quo podría ser la chispa que encienda la mecha de un esquema de guerra continental nunca contemporáneamente contemplado, la más aterradora pesadilla para Estados Unidos, hoy frentes bélicos en desarrollo globales. Recuerden a Sarajevo en 1914 y lo que ocurrió.
La transición es a fuego lento, con prioridades energéticas, sí, pero hay signos reveladores: en la mesa de negociaciones, puntos como la elección de poderes ajenos al control del cogollo contubernal son alentadores; las liberaciones de presos políticos son en sí mismas un acto de justicia inicial necesaria y no más impostergable.
Estos hechos nos demuestran que, más allá de que ya el glosario para nombrar los entes públicos y el gobierno tutelado no se autoetiqueta con los odiosos remoquetes “del poder popular revolucionario”, sino “gobierno nacional” a secas en papel bond blanco tipo carta sin membrete, es alentador: hay un proceso tangible de cambio.
El dinero del petróleo se pagará; antes lo regalaban o se lo embolsillaban.
Todos debemos orientar nuestro poder de la intención en no permitir la impunidad.
Esta semana, la noticia del día trata sobre la liberación plena de la jueza María Lourdes Afiuni, considerada una de las prisioneras políticas más emblemáticas del régimen venezolano. Esto constituye un acontecimiento de profunda repercusión institucional y humana que dice mucho de la situación institucional y humana actual en Venezuela.
Afiuni, cuya privación ilegítima de libertad se desencadenó en el año 2009 tras dictar una resolución ajustada a derecho en el caso del empresario Eligio Cedeño, permaneció durante casi 17 años sometida a continuos atropellos, privación en centros de reclusión y un prolongado régimen de casa por cárcel parcial.
Si bien, esta medida sobreviene tras diagnosticársele tres tumores que requieren atención médica urgente e impostergable, evaluándose la necesidad de que la magistrada deba viajar al exterior para someterse al tratamiento adecuado.
A lo largo de casi dos décadas, Afiuni se mantuvo como una figura civil de conciencia sistemáticamente excluida de amnistías, indultos o procesos de negociación política. Durante su permanencia en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), fue víctima de severas torturas y vejaciones físicas y psicológicas, recordadas por amenazas directas de funcionarios carcelarios que llegaron a asegurarle que «iban a coletear el piso con su sangre».
Diversos análisis coinciden en inferir que esta liberación es producto de la sostenida presión e intervención ejercida por la administración de los EE. UU. Dentro de la estructura del Poder Judicial secuestrado, la jueza Afiuni fue instrumentalizada como un trofeo de amedrentamiento y un ejemplo aleccionador para disuadir a cualquier juez que intentara actuar con independencia, de forma similar al trato impartido a los prisioneros militares.
Su liberación plena representa una victoria en la causa por la justicia y reaviva la exigencia ineludible de libertad para la totalidad de los presos políticos, con especial énfasis en los prisioneros del sector militar.
Sumado a ello, y pasando por las secciones del Borrego de la Semana, la Polémica de la semana y Desmantelando a la Izquierda, la sección del Corrupto en la Mira desembocó en un intercambio sano entre los presentadores que gira en torno a la figura de Juan Barreto, exalcalde mayor de Caracas. Te invitamos a ver el programa para saber el motivo.
Desde mis días de estudiante en el antiguo ciclo básico venezolano, donde Cien años de soledad era de lectura obligatoria —que en mi caso fue un agrado—, empecé a hacer símiles entre mi país y Macondo. Esas comparaciones son hoy más agudas y evidentes. —Por cierto, la nueva versión de miniserie hecha por Netflix-Colombia, ahora en su segunda temporada, no tiene desperdicio y recomiendo su visita.—
En el relato mítico del Gabo, Macondo sucumbe al olvido: debían etiquetar el más mínimo objeto hasta que dicha epidemia, así como vino, se fue. En Venezuela padecemos el mal desde 1999, cuando el estamento político decide colaborar y no enfrentar el peine que nos terminó montando el chavismo con mucho éxito gracias a los “opositores”.
Desde entonces, el país nacional no puede o no debe participar en debatir, ¿qué nos pasó? Si se olvida, no existe. Hoy volvemos a ver diálogos, ahora no coordinados por noruegos o dominicanos sino por el Departamento de Estado. Esa es una garantía; prefiere llamarse más un “voto de confianza” con sus naturales reservas.
¿Por qué dicho evento —el diálogo— es ignorado por la prensa internacional? Podemos hacer volúmenes de posibilidades, pero hay una protuberante: a nadie, al final, le interesa y ahora hasta le aburre ver lo incompetentes que somos para resolver nuestros problemas.
Una vez más es un conciliábulo ajeno a la prensa. ¿Por qué? Por acuerdo de las partes. Esas discusiones tendrían que ser televisadas por ambas partes, tan afectas a términos de “soberanía” —entre otras de carga retórica populista—. Lo cierto es que hay mucha podredumbre, mucho sucio, muchos negociados; todos lo sabemos. La comprobación siempre es amena, pero no indispensable.
El hecho es que, al decir de Teodoro Petkoff, la Venezuela prechavista era una sociedad compleja con grupos cogobernantes, que el chavismo, con la violencia, la represión y la aquiescencia de la oposición, masacró. Para Petkoff, sectores cogobernantes básicos eran las Fuerzas Armadas y los empresarios —Fedecámaras, la que llegó hasta Carmona, no la arrodillada de hoy—. Y yo añadiría la meritocracia petrolera como fuerza de generación y fiscalización de la riqueza.
Los militares, aquellos obedientes y no deliberantes, formados en democracia, fueron aniquilados. Se mantuvieron las individualidades que decidieron venderse al régimen. Serían ellos, los sobrevivientes de este exterminado sector tan importante para Venezuela, quienes deberían manejar la reconstrucción militar. Nunca la oposición les ha reconocido ni su mérito, ni su existencia, ni en sus panfletos cacofónicos mal llamados programas; ni los mencionan. ¡No existen!
Los petroleros, expropiados y despojados igualmente de su ciudadanía y pertenencias —obvio de sus carreras y maneras de vivir—, son otras víctimas notables del olvido.
Esas cosas no ocurrieron si no se incorporan en la narrativa, punto.
Pero Gabo entraría en un asombro colosal de saber que no solo los olvidaron a ellos —militares y petroleros—: también ellos se han olvidado de sí mismos y no han sido capaces ni de recordarse ni de defenderse, y viven en un círculo vicioso de manipulaciones politiqueras y aniquiladoras realidades de desencanto y falta de perseverancia.
Este cronista es actor y testigo de esta tragedia.
Ambos sectores no solo necesitan el recuerdo, sino su voz genuina de seguir en protesta y perseverar en lograr sus merecidas reparaciones con base en su experiencia sufrida. La impunidad no permitirá un resultado sanador de estas heridas notables que prevalecen, y no reconciliarán ni ofrecerán la necesaria justicia, que tampoco forma parte de la obsesión llamada elecciones.
Más allá de los recientes terremotos hay mucho dolor no curado y mucho crimen no buscado ser reparado. Es muy preocupante.
El holocausto judío es tan recordado que, desde que tenemos uso de razón, los nacidos después de la última gran guerra, el visitarlo por cualquier medio en todo momento es implícitamente esperado por la cotidianidad de nuestras vidas.
¿Tendremos que esperar por justicia dos mil años después de que nuestro templo democrático lo derrumbaron?
El régimen de relación entre Estados Unidos y la República de las Islas Marshall se sustenta en un Pacto de Libre Asociación (COFA) firmado en 1983 y vigente desde 1986. Bajo este acuerdo, las Islas Marshall son un Estado soberano e independiente, con gobierno propio, presidente, constitución y asiento en la ONU. Sin embargo, ceden a Washington la autoridad total sobre su defensa y seguridad a cambio de asistencia económica periódica, derechos migratorios amplios (viaje, residencia, estudio y trabajo en Estados Unidos sin visa) y la posibilidad de enrolarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses. El pacto también incluye compensaciones históricas por las pruebas nucleares realizadas en Bikini y Enewetak entre 1946 y 1958, y garantiza a Estados Unidos el uso estratégico de instalaciones como el atolón de Kwajalein.
Este modelo de soberanía condicionada no es una anomalía. Es una de las formas más claras en que Washington ha estructurado relaciones de poder con territorios de alto valor estratégico.
El Plan Marshall, por su parte, fue el instrumento visionario que, entre 1948 y 1952, reconstruyó la Europa occidental devastada por la guerra. No fue solo dinero. Fue un vehículo de contención del comunismo y de restablecimiento de prosperidad y libertades públicas. Contó con un liderazgo político efectivo y responsable: Clement Attlee y Ernest Bevin en el Reino Unido, Vincent Auriol, Georges Bidault y Robert Schuman en Francia, Konrad Adenauer en la naciente República Federal Alemana, Alcide De Gasperi en Italia, Paul-Henri Spaak en Bélgica, entre otros. Tras haber pulverizado el fascismo, estos hombres asumieron la tarea de reconstruir sin el lastre de las viejas élites derrotadas ni el contagio de las fuerzas que amenazaban desde el Este.
Venezuela, hoy, se encuentra en una encrucijada análoga, aunque con una diferencia decisiva: produce el petróleo suficiente para autofinanciar su propio Plan Marshall. No necesita limosnas. Necesita algo que no tiene: un equipo de conducción nacional incuestionable, ajeno al cáncer politiquero que ha destruido al país durante un cuarto de siglo.
La cuestión venezolana demanda la atención de Washington no por caridad, sino por interés estratégico. Venezuela es un enclave de suministro de petróleo al cual Estados Unidos no estará dispuesto a ceder ni a dejar nacionalizar o intervenir por rivales globales nunca más.
Acerca de no volver a ser el país libérrimo que fuimos hasta 1999, ese es el precio que los venezolanos pagamos por el chavismo.
La oportunidad de una independencia absoluta fuera del chavismo fue asfixiada por la vergüenza llamada interinato. Ese experimento, que pretendió ser transición y terminó siendo una prolongación de la crisis, demostró que la oposición tradicional no estaba preparada para gobernar ni para romper de verdad con el sistema que decía combatir.
Sería un gesto de buena voluntad por parte de los Estados Unidos —y de realismo estratégico— que el Departamento de Estado descartara tanto a la oposición colaboracionista como al chavismo residual, y promoviera la selección de un equipo de dirigentes comprometidos con la reconstrucción, inicialmente sostenidos, si fuera necesario, por el poder estadounidense. Cualquiera sea el modelo de asociación que luego impere —COFA, protectorad de facto, o un arreglo más sofisticado—, la selección de ese liderazgo no es una decisión exclusivamente venezolana. Y no necesita serlo.
Lo que Venezuela requiere no es otra ronda de negociaciones entre los mismos actores que han fracasado. Requiere un equipo de conducción nacional ajeno a los bandos, con autoridad real y con el respaldo suficiente para imponer el orden mínimo sin el cual ninguna reconstrucción intentada será viable.
Conversando con mi amigo Ricardo Escalante, le contaba entre un capuchino y un té que, de tantas cosas horrorosas y simultáneas que nos ocurren en Venezuela, no hallaba de qué escribir. Le pregunté: «¿A dónde vamos?». Y él me sugirió este título para la nota de esta semana. Una vez más, Ricardo tenía razón.
Venezuela es el producto de muchos desaciertos consecutivos, notables y evitables. Hemos llegado a esta estación de pavor y, en la desesperación, nos preguntamos: ¿cómo salimos del laberinto?
Lo cierto es que no ha habido mejor gobierno para hacerse rico —aquellos que pudieron impunemente— que el chavismo. Eso explica, en buena medida, el desastre. El chavismo incorporó el escenario de elecciones perpetuas, en una magnífica interpretación de una generación de políticos activistas que siguen entendiendo el activismo político como un acto de comercio y desconocen —o no quieren aprender— a ser estadistas.
El chavismo entregó la soberanía venezolana a la tiranía cubana e introdujo en el continente las causas más peligrosas del mundo, comenzando por el terrorismo musulmán árabe y el odio a la nación de Israel, sentimientos que nunca formaron parte del espíritu libertario y tolerante de nuestra nación.
La pérdida de la soberanía no comenzó el 3 de enero. Comenzó el día del hara kiri electoral que entregó el poder a alguien como Chávez y su compañía.
La piña con cereza que decora el jamón es la calamidad de los sismos gemelos en tiempo del consulado compartido de los gemelos siniestros, allende del dolor y muerte, la verdadera tragedia ocurrió antes del antojo natural, pasó cuando Venezuela dio el salto atrás chavista.
Para colmo de males, Venezuela propició —por permitirse que el chavismo durara más que cualquier dictadura en nuestra historia— la intervención más no ortodoxa jamás hecha por los Estados Unidos. Donde la orden del día es controlar recursos y dividendos, y el pueblo de Venezuela que se espere.
Pagan así los venezolanos, los pecados de unas oposiciones camaleónicas, complacientes e incondicionalmente inutiles. Con un liderazgo actual encumbrado por el reconocimiento mundial, que emergió en condenar a los colaboracionistas, que volvió a validar a Maduro participando en su último fraude, y que se retrata en Panamá con todos aquellos que condenó y que dio origen a su esperanza “diferente”.
Mientras tanto el pueblo observa a los esbirros cuidando las caletas entre ruinas, y aplaude a las tropas americanas. ¿A dónde vamos? No se sabe aún. Lo cierto es que no será a lo que creíamos que fuimos desde 1810.
La historia política de Venezuela no ha sido un relato de evolución hacia el equilibrio institucional ni hacia la alternancia real en la detentación del poder, ha sido, más bien, una cadena de hegemonías sucesivas del control absoluto del Estado —y de sus instituciones—. Esa es la constante. Y donde las constituciones han operado, no como expresión orgánica de las aspiraciones sociales, sino como instrumentos de mera formalidad al servicio de quienes detentan el mando en cada etapa. Cada régimen ha reescrito las reglas para perpetuarse o para facilitar su relevo controlado, mientras la oposición externa, fragmentada y carente de recursos reales de poder, ha terminado condenada a la denuncia desde el exilio o a la irrelevancia.
Tras la independencia y las guerras civiles del siglo XIX, se consolidó la oligarquía conservadora encarnada en José Antonio Páez, Carlos Soublette y la dinastía de los Monagas. Este orden, sustentado en el caudillismo personalista y en alianzas con sectores terratenientes y comerciales, cerró espacios a las aspiraciones liberales. La Guerra Federal (1859-1863) estalló precisamente como explosión de esa frustración liberal ante la imposibilidad de acceder al poder central, agravada por la estrangulación económica de campesinos y pequeños dueños de fundos bajo el peso de la Ley de Espera y Quita. Esa legislación, presentada como mecanismo de alivio para deudores, en la práctica favoreció la usura, protegió a los grandes acreedores y profundizó la ruina de los sectores populares del campo, la semilla fermentada hacia la guerra total.
La consigna final ante las mayores bajas por hambruna y paludismo fue ¡Muera el ganado!
Superada esa contienda, el guzmancismo de Antonio Guzmán Blanco —el “Ilustre Americano”— logró lo que los conservadores no pudieron: acabar con los caudillos regionales de viejo cuño. Pero lo hizo creando nuevos centros de poder personalista y consolidando el liberalismo amarillo como una hegemonía centralizada, modernizadora en apariencia (ferrocarriles, inmigración, obras públicas), pero profundamente autoritaria en su ejercicio. El poder siguió siendo botín de facciones que se renovaban por la fuerza o por o por el pacto, nunca por mecanismos institucionales estables de alternancia.
A comienzos del siglo XX, la invasión andina de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez —el Señor de la Mulera— reprodujo el mismo patrón con mayor crudeza. Castro fue eventualmente expulsado por indeseable, pero Gómez erigió sobre el incipiente boom petrolero el primer petroestado venezolano: un aparato de represión moderna, espionaje y lealtades compradas con el nuevo oro negro. Sus opositores históricos —Arévalo Cedeño con sus rebeliones armadas, Román Delgado Chalbaud con la expedición del Falke en 1929, Rufino Blanco Fombona desde el exilio europeo denunciando la tiranía, y tantos otros militares, intelectuales y civiles— fracasaron una y otra vez. Ninguno logró desplazar al régimen desde fuera. Cuando Gómez murió en 1935, la transición no vino de la oposición externa, sino desde dentro del gomecismo: Eleazar López Contreras, su ministro de Guerra y Marina, asumió el poder y gestionó una apertura gradual que evitó el colapso pero preservó la lógica hegemónica.
La alternancia democrática que nace en 1958 con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez fue posible gracias al Pacto de Punto Fijo, un acuerdo – siempre un acuerdo- entre las principales facciones políticas (Acción Democrática, COPEI y URD) que se prometieron mutua convivencia y, sobre todo, la exclusión de otras fuerzas. Lejos de surgir de un reconocimiento consciente y amplio de la población, la Constitución de 1961 se convirtió en factor perturbador de las potencialidades nacionales al suspender garantías económicas durante su vigencia. Su viabilidad práctica descansó en un esquema de populismo petrolero basado en subsidios masivos y reparto clientelar. Cuando Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato, y sus “científicos” intentaron cambiar las reglas del juego económico —liberalizando precios, desregulando y abriendo espacios al mercado, sin
Liberar las garantías económicas como factor de inclusión pro libre empresa—, hirieron de muerte aquel arreglo puntofijista. Rompieron la hegemonía bipartidista que había durado cerca de cuatro décadas y abrieron las compuertas a nuevas fuerzas antisistémicas.
De ese quiebre surgió la hegemonía chavista, cuyo partero político fue Rafael Caldera al conceder el indulto a Hugo Chávez tras el intento de golpe de 1992. Este nuevo dominio ha llevado ya medio cupón de poder y más de un cuarto de los cuarenta años promedio disfrutados por las otras permanencias políticas del pasado. En proporción y en duración efectiva, ha igualado o superado al ciclo gomecista y se acerca peligrosamente al del pacto de Punto Fijo, demostrando una capacidad de adaptación y resiliencia que pocos anticiparon.
Hoy, la oposición venezolana —salvo contadas excepciones como algunos guerrilleros de los años sesenta rehabilitados luego por Caldera y por el propio chavismo— parece condenada a repetir el rol de aquellos opositores gomecistas: hacer tarimas por todo el orbe, ahora etiquetadas despectivamente como “a la venezolana”. Mientras tanto, otros han regresado a hacer lo más condenable: servir de sustento de legalidad y legitimidad a un chavismo que posee la versatilidad camaleónica de mudar súbitamente del disfraz de zorra al de ovejita. Esa cualidad de sobrevivir, de adaptarse, de cambiar de piel según las circunstancias internacionales o internas, es la que hoy preocupa —y debe preocupar— profundamente a todos los venezolanos.
La lección que se repite es incómoda, pero clara: mientras la oposición no logre construir una alternativa real de poder —institucional, económica y social— más allá de la denuncia y de los pactos tácticos que terminan reforzando el ciclo, la historia seguirá escribiéndose con los mismos trazos. Las constituciones seguirán siendo instrumentos de los mandamases de turno, y la alternancia seguirá siendo una promesa incumplida. El verdadero quiebre no vendrá de una nueva tarima ni de un nuevo pacto, sino de la capacidad de romper, de una vez por todas, la lógica hegemónica que tan perniciosamente ha definido nuestra trayectoria republicana desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Aún en los primeros meses de su pontificado, el Papa León XIV ha entregado al mundo Magnifica Humanitas, un acto de fe y una invitación profunda a todos los seres humanos.
La publicación no es casual. Se cumple 135 años de la histórica encíclica Rerum Novarum de León XIII, que marcó el nacimiento de la Doctrina Social de la Iglesia en un mundo tan convulso como el actual. Aquel documento permitió a la Iglesia convertirse en conciencia moral ante las atrocidades del siglo XX, incluyendo las dos guerras mundiales y el Holocausto.
León XIV rinde homenaje a sus predecesores, especialmente al Concilio Vaticano II y al legado del Papa Francisco, a quien cita directamente: “El ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción.” (Dignitas infinita, 2024).
Dos conceptos recorren la encíclica con particular fuerza: Historia (mencionada unas 27 veces) y Verdad (más de 45 veces). La Historia es presentada como el escenario donde el Evangelio interpela a la humanidad. Dios acompaña la libertad del hombre en su desarrollo histórico, y Cristo está presente en las transformaciones culturales como guía hacia su plenitud. El Papa advierte sobre la peligrosa “pérdida de la memoria histórica”, que facilita la reescritura selectiva del pasado y abre la puerta a nuevas formas de confusión, comparables a una nueva Torre de Babel impulsada por la vanidad tecnológica.
Historia como recipiente del evangelio, escenario del devenir de la humanidad, más allá del frasco contenedor de las crónicas que nos ha hecho evolucionar a donde estamos y al mismo tiempo sin desechar la importancia de tales registros y define que reconoce en la “historia el lugar donde el Evangelio interpela y acompaña la experiencia humana.”
El otro concepto donde Leon XIV profundiza con pasmosa clarividencia es en la Verdad, esa que es sinónimo de Cristo sobre ella afirma que es la verdad y la vida, y un corpus vivo de verdades, en ambascomparaciones hace incuestionable referencia al salvador del mundo.
La Verdad, por su parte, es identificada con Cristo mismo: “el camino, la verdad y la vida”. Es un corpus vivo de verdades que debe iluminar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. León XIV no condena la IA, sino que la ubica claramente: debe estar al servicio del hombre, de la verdad y de la historia, custodias de la justicia.
Advierte los peligros de la desmemoria histórica y el olvido de las atrocidades del siglo XX. Denuncia la confusión que genera la vanidad humana al poner la tecnología al servicio de emular a Dios, en vez de utilizarla como instrumento de las habilidades concedidas a la humanidad por la creación. Compara el presente con una nueva Torre de Babel, donde todo puede terminar en confusión y destrucción, y contrapone a esta falsa suficiencia el ejemplo de Nehemías, como modelo de fe y comunión con sus semejantes frente al individualismo tecnológico.
Solo una lectura atenta de la historia a la luz de la Verdad revelada permite discernir si el avance tecnológico representa verdadero progreso humano o mera innovación deshumanizadora.
Magnifica Humanitas estremece por su lucidez. Nos reencuentra con la divinidad más allá de nuestras propias creaciones y nos recuerda que, en medio de los desafíos existenciales del presente, todavía contamos con otro Papa santo en nuestro tránsito vital, para bendición de todos que nos recuerda que Cristo en el centro del Universo.
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