Caracas. – La hija del preso político militar José Bandres, de apenas 13 años, fue obligada a desnudarse y mostrar sus genitales para poder ingresar a la visita a su padre este pasado fin de semana en la cárcel de Ramo Verde.

A través de un video difundido en las redes sociales, Sandra Hernández, madre de la adolescente, afirmó que en los seis años que lleva visitando a su esposo nunca había ocurrido una situación similar.

Varias ONG y grupos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos se hicieron eco de la situación denunciando a la medida tomada por los custodios de Ram Verde, a la cual calificaron como una aberración.

“Es primera vez que nos sucede durante los seis años de detención de mi esposo (…) fue obligada a desnudez forzada por parte de las custodias. El director del recinto penitenciario me dijo que esto había sido autorizado por la Lopnna, cosa que dudo”, declaró la dama en el video.

Hernández reveló que su esposo, uno de los sargentos que lideró el alzamiento en Cotiza en 2019, fue castigado con aislamiento por el simple hecho de denunciar la situación: “Aquí se castiga a las víctimas”, lamentó.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió el cese de estos hechos: “Las denuncias de maltrato, vejaciones, requisas abusivas y violencia hacia las mujeres que visitan a presos políticos en las cárceles –y aquellas que siguen recluidas– han sido constantes. Tras hacer pública esta denuncia, el director de la cárcel ordenó que el sargento José Bandres fuera llevado a aislamiento, en un claro acto de represalia y castigo», indicó en una publicación de su cuenta en la red X.

Caracas. – Dos adolescentes, Cristian Albornoz y Carlos Valecillos, secuestrados durante las protestas postelectorales por el narcorégimen, fueron liberados este pasado domingo y arrastran ahora serias patologías como consecuencia del injusto encierro al cual fueron sometidos.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) informó este lunes, que los dos muchachos fueron puestos finalmente en libertad este domingo, al salir de Tocorón, principal penal del estado Aragua en el cual se encontraban.

Según indicó la ONG en un comunicado publicado en su cuenta de la red X, ambos «fueron arrestados tras las elecciones de 2024 y acusados de participar en supuestos actos de terrorismo e incitación al odio, cargos que familiares y organizaciones de derechos humanos negaron rotundamente».

En el caso de Albornoz la ONG dijo que había sido «diagnosticado con esquizofrenia antes de su arresto. Necesitaba tratamiento psiquiátrico, pero en prisión no recibió los cuidados adecuados, lo que agravó su estado. Su familia denunció reiteradamente la negligencia médica y exigió su excarcelación por razones humanitarias».

Mientras, sobre Valecillos indicó que su situación también fue delicada, ya que «desarrolló una depresión severa en prisión, que lo llevó a intentar suicidarse en diciembre de 2024. Fue hospitalizado 17 días, pero luego lo regresaron a la cárcel sin garantizarle el tratamiento adecuado. Sus familiares denunciaron aislamiento, alimentación inadecuada y falta de atención médica».

La ONG Clipp atribuyó la liberación a la jornada de protesta denominada «Ruta por la justicia y la paz», que los familiares de los presos políticos, activistas por los Derechos Humanos y varias ONG, desarrollaron durante la semana pasada, visitando distintos organismos para exigir las liberaciones de todos los secuestrados por la tiranía chavista.

No obstante, en su misiva este movimiento advierte, que a pesar de las liberaciones «persiste la intimidación y el terror hacia los excarcelados. Funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario, quienes durante la #RutaPorLaJusticia insistieron en que respetaban los derechos humanos, han obligado a los excarcelados a no hablar con la prensa sobre la crueldad sufrida en prisión durante los últimos días. Les han advertido que, de hacerlo, se paralizaría el proceso de excarcelaciones, dejando tras las rejas a quienes aún no han salido».

Caracas. – El equipo de la ONG Monitor Salud fue víctima de amenazas por parte de un grupo de chavistas, quienes intentaron impedirles que realizaran un trabajo audiovisual este pasado miércoles en el hospital José Gregorio Hernández, mejor conocido como hospital Magallanes de Catia.

Mauro Zambrano, director de esa ONG, denunció lo ocurrido a través de su cuenta en la plataforma X, en el cual explicó que la intención era recopilar las opiniones de los pacientes sobre la canonización aprobada al Dr. José Gregorio Hernández, principal emblema del centro asistencial en el cual se encuentran.

Sin embargo, cuando llegaron al hospital, fueron rodeados por varias personas, quienes se identificaron como supuestos «líderes comunitarios», es decir, militantes chavistas que forman parte de los consejos comunales.

Según Zambrano, fueron acusados por los chavistas de «seguir una agenda». En su denuncia, el también dirigente sindical contesta: «¿Agenda de qué? Lo que hacemos es defender y reclamar los derechos laborales de los venezolanos».

Advirtió que «todo lo que le pase a mi equipo, a delegados y voceros del sindicato, a los trabajadores, es responsabilidad de estas personas, que son ajenas al hospital. Y advierto que esta acción violenta la libertad sindical».

Si bien, pese a las amenazas, cumplieron con su cometido y lograron grabar los videos con los pacientes en ese histórico nosocomio.

Zambrano recalcó que el director del hospital lo llamó por lo apenado que estaba por lo ocurrido, manifestando su descontento por lo ocurrido.

El director de Monitor Salud también dijo que el ministerio de salud del narcorégimen llamó al Magallanes de Catia para pedir que se «tomen cartas» sobre estas acciones por parte de los dirigentes chavistas, ya que «desde hace cinco meses se vive un ambiente hostil hacia el personal».