En tres municipios de Portuguesa salieron a protestar contra apagones de ocho horas

Caracas. – Habitantes de tres municipios —Guanarito, Turén y San Rafael de Onoto—, en el estado Portuguesa protestaron durante la noche este pasado jueves, al estar obstinados de los constantes y prolongados apagones en esas comunidades.

Los residentes denunciaron padecer cortes eléctricos continuos, que ocurren hasta cuatro veces al día o se extendían por más de ocho horas continuas, en lo que ha resultado ser una situación insoportable. Las manifestaciones fueron captadas en videos y difundidas a través de las redes sociales, para dejar constancia del nivel de obstinación y malestar que hay en la población del estado llanero.

En San José de Onoto la protesta se presentó alrededor de las 9:00 pm. La gente cerró la Troncal 5, incendiaron cauchos, mientras con cacerolazos reclamaban poner fin a los apagones. Los lugareños manifestaron su descontento porque en un solo día se va la energía eléctrica hasta cuatro veces, y dicen que la situación se les hace insoportable y que por eso tuvieron que recurrir a esta medida tan extrema.

Alrededor de una hora tuvieron que detenerse los vehículos que circulan por la autopista a diversos destinos del país. Igual ocurrió en Guanarito, donde los vecinos salieron a las calles en la noche, para reclamar de manera contundente contra los insoportables y constantes apagones que azotan a la región.

La comunidad denuncia que la crisis eléctrica actual destruye su calidad de vida y frena por completo el trabajo diario de comerciantes, productores y trabajadores independientes, quienes ven mermados sus ingresos ante la falta de una solución definitiva. Mientras, en Turén los residentes denunciaron que los constantes apagones que sufren se extienden hasta ocho horas.

También optaron por quemar cauchos y el sonido de las cacerolas, además de cerrar las principales arterias viales de dichas zonas, para mostrar su descontento con los inesperados cortes de energía eléctrica.

Liberaron al exalcalde Javier Oropeza tras permanecer horas secuestrado por el narcorégimen

Caracas. – El exalcalde del municipio Torres (Lara), Javier Oropeza, fue liberado durante la noche de este pasado jueves, tras haber sido secuestrado durante varias horas por esbirros del narcorégimen interino, a tan solo 48 horas de haber retornado a Venezuela.

“Seguimos la lucha y el trabajo por Venezuela (…) No nos doblegan y seguimos adelante”, dijo a la prensa tras salir del interrogatorio en la sede del TSJ en Lara. Aclaró que no puede ofrecer mayores declaraciones de su caso. Permaneció en ese organismo hasta altas horas de la noche, para luego ser liberado. Aún se espera conocer si las autoridades le impusieron alguna medida judicial.

No obstante, el partido Primero Justicia señaló en su cuenta de Instagram, que Oropeza «recibió medidas sustitutivas luego de una flagrante violación al sobreseimiento que había recibido el día de ayer por parte de los tribunales. Exigimos su libertad plena, inmediata e incondicional al igual que la de todos los presos políticos, civiles y militares».

Oropeza fue interceptado por esbirros del SEBIN tras salir de una entrevista en el diario El Informador, obligándolo a abordar una camioneta plateada. Posteriormente, dirigentes opositores acudieron a una sede de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para exigir información sobre su paradero.

Sin embargo, antes de la entrevista y ser secuestrado, se había presentado en la sede del Palacio de Justicia en compañía de su esposa y del dirigente Jesús Guillermo López para acogerse a los beneficios de la Ley de Amnistía, medida mediante la cual obtuvieron el sobreseimiento de los procesos judiciales que pesaban en su contra.

En diversos sectores de Barquisimeto se escenificaron protestas exigiendo la liberación de Oropeza. En algunas zonas trancaron calles, y una vez que el exalcalde recuperó su libertad, celebraron con una enorme caravana integrada por más de un centenar de motorizados y varios vehículos, que recorrieron la capital larense.

En Isla San Carlos se cansaron que la PNB robe ganado de los hatos

Caracas. – Pobladores del municipio insular Padilla, mejor conocida como Isla San Carlos en el estado Zulia, denunciaron este pasado jueves a efectivos de la PNB regional, por cometer abusos de autoridad, al ingresar arbitrariamente a los predios y fincas de los lugareños, para robar y sacrificar parte de su ganado y demás animales de cría.

Los residentes protagonizaron una protesta que se hizo viral en las redes, al mostrar en un video como encararon a varios efectivos policiales señalados de hurtar los animales que les pertenecen.

Según los testimonios, los agentes fueron sorprendidos por los mismos residentes, quienes instaron a los organismos competentes a iniciar una investigación formal que determine responsabilidades y resguarde la seguridad de los bienes locales.

los funcionarios han incursionado sin justificación en diversos sectores del campo, incurriendo en actos de amedrentamiento y sometimiento contra las familias trabajadoras de la zona.

A través de registros audiovisuales captados por los mismos afectados, se evidencia la presencia de restos de animales sacrificados —entre ellos cuervos, aves de corral y carne de carneros o chivos— en los sitios donde operaron las comisiones policiales.

Durante la protesta de este jueves, sorprendieron a varios funcionarios cargando pertenencias que tenían varios de los propietarios en sus terrenos, en una camioneta policial. Los tildaron de rateros y ladrones, y los efectivos, al ver que estaban siendo grabados, optaron por taparse los rostros.

También, los habitantes advirtieron que se están organizando para defender sus rebaños, por lo que instaron a las autoridades zulianas a tomar cartas en el asunto lo más pronto posible, a fin de prevenir hechos lamentables a futuro.

Inicio de clases en el país estuvo marcado por una muy baja asistencia escolar

Caracas. – En medio de las reparaciones de los planteles estudiantiles afectados por los terremotos, graves problemas de servicios básicos en las estructuras, y con una asistencia escolar muy baja, iniciaron las clases en el país este pasado lunes.

Recorridos periodísticos realizados por diversos medios, así como los reportes difundidos a través de redes sociales confirmaron la casi nula asistencia a clases, pese a los informes difundidos por el narcorégimen interino chavista.

Mientras que Héctor Rodríguez, ilegítimo ministro de educación chavista, aseguraba que el 97% del personal docente, administrativo y obrero acudió a sus puestos y la asistencia estudiantil alcanzó 83%, la realidad mostrada por los portales noticiosos y las plataformas digitales era otra.Rodríguez dijo que más del 99% de los planteles educativos del país —compuesto por alrededor de 27.000 instituciones públicas, privadas o subsidiadas— se encuentran abiertos para atender a una matrícula de poco más de seis millones de estudiantes en nivel básico, intermedio y diversificado.

No obstante, la Federación Venezolana de Maestros (FMV) recibió reportes de una “muy baja” asistencia tanto de personal docente como de alumnos. Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FMV, indicó que el reporte abarca los estados Miranda, Carabobo, Apure, Bolívar, Zulia, Distrito Capital.

Equipos reporteriles recorrieron varios sectores de la región capital, para constatar en vivo la situación. Varios medios revelaron, por ejemplo, que al oeste de Caracas muchos planteles, si bien abrieron las puertas, no tenían estudiantes.

En varios liceos y escuelas la asistencia de profesores y maestros también fue parcial. Solo el personal administrativo asistió casi en su totalidad, pero los cuerpos docentes no. En otras zonas de la ciudad capital se constató que, en planteles con una matrícula de 400 estudiantes, solo asistieron 18, como fue el caso de la Unidad Educativa Los Naranjitos, ubicada en la parroquia La Vega.

En el estado Vargas, entidad más afectada por los terremotos del 24 de junio, no había niños ni adolescentes en varias zonas y eran escasos los padres que llevaron a sus hijos a las escuelas, a donde fueron también para la inscripción, que se realiza esta semana.

Los recorridos de los medios por los planteles del Litoral, mostraron calles y entornos escolares sin niños ni adolescentes en horarios habituales de entrada; en algunos planteles apenas llegó un alumno, y varias escuelas permanecen cerradas por daños o siguen funcionando como refugios de damnificados.

De hecho, en redes sociales, usuarios y periodistas cuestionaron el balance ministerial. Señalaron que muchos planteles “están abiertos”, pero no necesariamente impartiendo clases regulares, sino en proceso de inscripción o con asistencia mínima.

Los comentarios y reportes en las plataformas, indicaban asistencia menor al 20% en más del 50% de los planteles, y que un porcentaje significativo de docentes no se incorporó de inmediato, mientras otro destacó que “están abiertos, pero no para dar clases”.

También señalaron, que el balance de Héctor Rodríguez es “fantasioso”. Críticas similares apuntaron a problemas de infraestructura, servicios básicos —agua y electricidad— y a que las cifras oficiales no reflejan la situación “Venezuela adentro”.

El Supremo de Colombia investiga a Cepeda por financiación irregular de las primarias

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha abierto una investigación contra el senador y excandidato presidencial socialista Iván Cepeda por presuntas irregularidades en la financiación de las primarias de su partido, Pacto Histórico.

El organismo investiga cómo se financió la consulta realizada en octubre de 2025, en la que Cepeda fue elegido como candidato de la formación progresista a las últimas elecciones presidenciales colombianas.

La Sala de Instrucción ha ordenado de oficio la práctica de pruebas y la toma de declaraciones con el fin de determinar si se habrían presentado posibles hechos de corrupción relacionados con la financiación de la consulta.

Cabe recordar que el candidato de izquierda, Cepeda, fue derrotado por un estrecho margen —49,66 frente a 48,7%, poco más de 200.000 votos— en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el 21 de junio por el entonces candidato Abelardo de la Espriella.

El dólar BCV saltará a Bs. 842 para este próximo 15 de septiembre

Caracas. – Aunque el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela (BCV) cerró este pasado viernes en 832,4883 bolívares por dólar, a partir del martes 15 de septiembre el tipo de cambio de referencia del dólar saltará a 842,2067 bolívares, lo que representa un alza de casi 10 bolívares respecto al valor registrado este viernes, superando además la barrera de los 830 bolívares con los que se venía moviendo en la primera quincena del mes.

De acuerdo con la información oficial del BCV con fecha valor del viernes 11 de septiembre, el dólar oficial se situó en 832,49 bolívares, mientras que el euro alcanzó los 968,08 bolívares, el yuan chino 124,15, la lira turca 17,17 y el rublo ruso 9,92.

Debido a que el lunes 14 de septiembre corresponde a un feriado en el calendario bancario nacional, las tasas difundidas por el instituto emisor estarán disponibles e operativas para las transacciones en el sistema financiero desde la tarde del pasado viernes.

El incremento impactará en los precios de bienes y servicios importados, así como en los costos de producción de empresas que dependen de insumos dolarizados. Comerciantes y consumidores anticipan posibles ajustes en etiquetas de alimentos, medicinas, electrodomésticos y otros rubros en los próximos días.

Denuncian asesinato de un reo en cárcel de Bolívar bajo custodia del narcochavismo

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado el asesinato de un reo a causa de un disparo en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, estado Bolívar. El hecho de sangre, según recalcó la organización, ocurrió bajo custodia del narcoestado chavista.

La víctima fue identificada como Júnior Rafael Velásquez Herrera, venezolano de 23 años. Fue asesinado con un arma de fuego y el principal acusado es otro miembro del centro penitenciario.

«Su muerte constituye un hecho grave, fue asesinado dentro del recinto, presuntamente por Richard José Hernández Álvarez, de 39 años de edad, quien le habría disparado. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Cómo es que hay un arma de fuego en manos de un privado de libertad?”, señaló la ONG en una publicación difundida en su cuenta de X.

El OVP exigió al Ministerio Público iniciar investigaciones sobre el hecho violento ocurrido en Guaiparo. Además, solicitó a la Defensoría del Pueblo visitar las cárceles venezolanas, puesto que la capacidad instalada del CCP Guaiparo es para máximo 100 personas aproximadamente y, sin embargo, para 2024 el OVP registró que existen alrededor de 800 reclusos hacinados en estos calabozos.

Para ese entonces, el observatorio señaló que, con el desalojo de la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, había unos 1.400 presos hacinados en seis calabozos de San Félix, siendo Guaiparo el que alberga la mayor cantidad.

La organización señaló que Guaiparo es uno de los centros policiales que concentra mayor cantidad de personas detenidas en el estado Bolívar, en medio de niveles críticos de hacinamiento. Además, el Observatorio aseguró haber documentado la presencia de estructuras criminales o pranes dentro del lugar, y denunció que los internos estarían obligados a pagar mensualmente una cantidad de dinero, conocida como una “causa”, para permanecer en determinadas condiciones dentro del recinto.

Delcy Rodríguez confiesa, entre líneas, financiamiento ilegal al PSOE a través de PDVSA

Caracas. – Aunque la encargada del narcorégimen interino, Delcy Rodríguez, niega haber sido ella quien entregó a Víctor de Aldama, termina admitiendo, subyacentemente, la veracidad sobre este desvío de recursos venezolanos para financiar ilegalmente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Así lo afirma el diario The Objective, que ha tenido acceso a la demanda planteada por la funcionaria chavista contra de Aldama. En su demanda de conciliación no cuestiona la existencia material de un documento que liga a PDVSA con el PSOE ni que el mismo terminara incorporado a un procedimiento de la Audiencia Nacional, pero la jerarca chavista sí ataca la identidad de quien habría entregado físicamente el documento.

No obstante, la encargada del narcorégimen «en ningún momento cuestiona la existencia del sobre ni que este fuera posteriormente aportado por Aldama a la Audiencia Nacional. Tampoco califica de falso o inveraz su contenido», señala The Objetive.

Lo único que el escrito de Rodríguez hace es no validar las acusaciones sobre el envío de recursos al PSOE a través de PDVSA. Más, no lo niega.

Cabe señalar que las informaciones publicadas atribuyen al material referencias a unos supuestos cupos petroleros por valor de hasta USD$ 250 millones, extremo que procede de la versión de Aldama y no constituye un hecho probado judicialmente.

Sin embargo, el PSOE alega que «no ha existido jamás ni existe financiación irregular» y considera que Aldama intenta desviar la atención de las causas penales en las que está investigado.

Mientras, Delcy Rodríguez deja en su escrito abierta la posibilidad de cuestionar el origen y la veracidad del contenido del sobre de PDVSA y ataca frontalmente la versión sobre quién entregó el material, aunque deja sin combatir de forma específica otros extremos narrados por Aldama.

Según el citado portal español, aunque la respuesta de Rodríguez no ofrece una conclusión penal, deja entrever la posibilidad de que el partido izquierdista español si haya recibido cuantiosas sumas mediante operaciones financieras dudosas desde Venezuela.

Contabilizan más de 200 dominios bloqueados en la internet por el narcochavismo

Caracas. – Unos 202 dominios en la web, principalmente pertenecientes a portales noticiosos de origen venezolano, permanecen cerrados y sin acceso al público por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), la entidad chavista que regula las comunicaciones, según reportó una investigación reciente de la ONG VE Sin Filtro.

El informe precisa que, de los 202 dominios censurados sin razones válidas, 92 corresponden a medios de comunicación. “Las operadoras utilizan técnicas de censura sobre DNS, http/https e IP para impedir el acceso, y las restricciones varían según el proveedor”, explicó la ONG, al tiempo que exigió que el “desbloqueo sea total, efectivo y verificable en todos los proveedores de internet”.

VE sin Filtro aseguró que para ponerle fin a la censura no hace falta una reforma legal, sino voluntad política, por lo que instó a CONATEL a dar la instrucción a los proveedores de internet para el cese de los bloqueos.

«Cualquier bloqueo debe ser excepcional, estar sujeto a control judicial y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad», manifestó VE sin filtro, organización que se dedica a vigilar, medir y documentar la censura en Internet.

Cane recordar que, el martes de la semana pasada, un centenar de medios de comunicación, organizaciones y asociaciones pidió que se garantice la libertad de expresión en Venezuela, luego de más de 27 años de censura, persecución y restricciones al espacio cívico.

A través del ‘Manifiesto por la Libertad de Expresión en Venezuela’, 38 medios de comunicación y 63 organizaciones exigieron entonces derogar el marco legal que es utilizado para «criminalizar la disidencia», así como transformar a la CONATEL.

Venezuela ocupó el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las A

Inician nuevo juicio contra Igbert Marín Chaparro pese a cumplir condena de 7 años

Caracas. – El teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro enfrenta desde este lunes 7 de septiembre un nuevo juicio, ante un ilegítimo tribunal con competencia en delitos de terrorismo, pese a que el pasado 9 de septiembre de 2025 cumplió ya la condena de 7 años y 6 meses, que le había sido injustamente impuesta por presunta instigación a la rebelión.

La ONG Realidad Helicoide informó sobre el inicio del proceso y denunció que se trata de una nueva causa utilizada para impedir la excarcelación del militar venezolano.

“Inicia un nuevo juicio penal contra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro. Una maniobra que denuncia su defensa para no liberarlo tras haber cumplido íntegramente su injusta condena original”, señaló la organización en una publicación difundida este lunes.

Enfrentará una segunda causa mientras permanece recluido en el Internado Judicial El Rodeo I, en condiciones que su familia y defensores de los derechos humanos describen como infrahumanas. La audiencia será telemática: él asistirá a su juicio desde prisión mientras su familia y abogados estarán presentes en sala en el Palacio de Justicia.

“Le imputan presuntos delitos de terrorismo alegando que, estando totalmente incomunicado y bajo custodia del Estado en la sede de la DGCIM en Boleíta, dibujó un plano desde su celda para capturar a altos funcionarios de la administración y atentar contra la sede del CNE”, sostuvo Realidad Helicoide. La familia considera contradictoria esta versión debido a las condiciones de aislamiento en las que se encontraba el militar.

Asimismo, la hermana del oficial, Ignell Marín Chaparro, ha denunciado que las autoridades abrieron la nueva causa cuando correspondía ejecutar su libertad. Las denuncias realizadas por sus familiares, indican que Marín fue llevado a una audiencia nocturna el 1 de febrero de 2024, sin contacto con sus abogados ni allegados, y los defensores del Foro Penal solo pudieron juramentarse formalmente en julio de 2026.

La ONG también alertó, que el nuevo proceso podría derivar en una condena de hasta 30 años de prisión para el teniente coronel. “Pretenden imponerle la pena máxima de 30 años de prisión mediante este nuevo proceso judicial”, afirmó Realidad Helicoide.

Ante el inicio del proceso, Realidad Helicoide exigió el respeto de las garantías judiciales y pidió que se permita al militar ejercer plenamente su derecho a la defensa. “Exigimos garantías de debido proceso, justicia y la libertad inmediata para el teniente coronel Igbert Marín Chaparro”, expresó la organización.