Las autoridades de Francia han anunciado este martes el envío de 44 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para hacer frente a los estragos causados por los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado hasta la fecha más de 3.500 muertos en el país.
El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha indicado en un comunicado que Francia «está actuando» yha explicado que tras el envío de 85 rescatistas, un buque de las Fuerzas Armadas «entregará hoy unas 44 toneladas de ayuda procedentes desde Guadalupe y Martinica».
La jerarca del narcorégimen chavista que somete a Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido la ayuda internacional recibida tras los seísmos y ha declarado el estado de emergencia nacional. Además, la Guaira, la región más afectada, se encuentra bajo una declaración de «militarización» , —supuestamente— para facilitar las labores de búsqueda y rescate en una zona de desastre.
Trabajando entre los escombros de cientos de edificios se encuentran equipos de numerosos países a pesar de que ya han pasado doce días desde los terremotos y la esperanza de encontrar supervivientes va disminuyendo.
Caracas. – Sin ser identificados, y sin que se conozca la razón de este procedimiento, fueron sepultados de manera inconsulta 150 cadáveres en el cementerio La Esperanza, ubicado en la parroquia Carayaca (Edo. Vargas), como parte de las labores posteriores a los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
Los cuerpos fueron sepultados en una hilera de fosas individuales, en lo que se supuestamente se considera parte del proceso de manejo de víctimas, ante la magnitud de la tragedia, en la que miles de personas continúan desaparecidas, mientras familias siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros.
Residentes de Carayaca, contaron que un grupo de hombres trabajó con máquinas retroexcavadoras para abrir zanjas en una zona apartada de tierra seca en el cementerio local de La Esperanza.Relataron a los medios, que al día siguiente de los sismos empezaron a hacer las tumbas «para que todas esas personas tuvieran sepulturas dignas».
Los entierros «están contabilizados por parcelas y también por el código» definido para que los cuerpos no identificados sean localizados por sus familiares.
Para preservar la identidad de los fallecidos, colocaron un código y un registro fotográfico en cada fosa, con el objetivo de facilitar su futura identificación por parte de sus familiares.Un residente de la citada parroquia explicó, que «tomaron fotografías de cada uno de los cuerpos antes de ser sepultados».
También, las tumbas, de forma rectangular, están delimitadas con piedras blancas. Cada una tiene una cruz blanca y una placa con la inscripción «identificación especial», junto a la fecha del fallecimiento: 24 de junio de 2026. Al pie de cada cruz también colocaron un pequeño ramo de flores.
Caracas. – Los integrantes del grupo de rescate mexicano “Los Topos” denunciaron, en la noche de este pasado martes, que militares fieles al narcorégimen interino les impidieron realizar labores de exploración y rescate, en las residencias Gradisca, ubicadas en la parroquia Macuto del estado Vargas.
Según imágenes difundidas a través de las redes sociales, los representantes de este equipo élite aseguraron que no los dejaron entrar a los escombros del citado conjunto residencial, ubicada en el sector Las Quince Letras de Macuto, pese a que existen reportes de posibles sobrevivientes bajo los escombros.
Explicaron que los caninos que los apoyan en las labores de búsqueda y rescate, aparentemente detectaron signos de vida entre los restos de los edificios. A pesar de ello, la negativa ha sido rotunda.
Contaron que las autoridades chavistas no ofrecieron ninguna explicación, sobre la decisión de suspender las labores de exploración en el lugar, lo que, según indicaron, impidió continuar con la búsqueda de posibles víctimas con vida.
La Residencia Gradisca fue uno de los numerosos edificios que colapsaron en Vargas, como consecuencia de los devastadores terremotos que sacudieron la región central de Venezuela el pasado 24 de junio, dejando decenas de fallecidos, heridos y desaparecidos.
“Los Topos” son un reconocido grupo de rescate mexicano con amplia experiencia en operaciones de búsqueda en estructuras colapsadas y han participado en múltiples emergencias internacionales, incluyendo anteriores desastres ocurridos en Venezuela.
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“La fama ha reemplazado al mérito, la popularidad ha reemplazado a la capacidad y el populismo ha reemplazado a la responsabilidad..”
María José Salinas
Durante años nos han dicho que debemos preocuparnos por quienes acumulan riqueza, que los empresarios ganan demasiado dinero, que nadie debería tener tanto, que hay que poner límites a la riqueza. Sin embargo, casi nadie habla de algo mucho más peligroso: la acumulación de poder. Resulta curioso que existan personas convencidas de que un empresario no debería acumular tanta riqueza, pero consideren perfectamente normal que un político pase treinta o cuarenta años viviendo del presupuesto público; nos preocupa la concentración de capital, mas no la concentración de poder. Y la historia demuestra que el poder suele ser mucho más peligroso.
Un empresario arriesga su patrimonio; un político administra el patrimonio de todos. Uno pone en juego su dinero; el otro decide sobre recursos que no le pertenecen. Aun así, la sospecha suele dirigirse hacia quien produce riqueza y no hacia quien administra impuestos.
La consecuencia está a la vista: hemos normalizado ver políticos rodeados de privilegios que jamás aceptaríamos en cualquier otro empleado. Camionetas blindadas, escoltas, choferes, asistentes, viajes, restaurantes exclusivos, propiedades millonarias, patrimonios que crecen de manera sorprendente al ocupar cargos públicos. Lo observamos una y otra vez y nunca nos detenemos a preguntar algo elemental: ¿de dónde salió ese dinero?
La historia latinoamericana está llena de ejemplos. Fidel Castro construyó un régimen basado en la condena de la riqueza privada, pese a que la revista Forbes estimaba su fortuna en alrededor de 900 millones de dólares. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción y la justicia argentina ordenó el decomiso de cientos de millones de dólares en bienes vinculados a sus causas judiciales. En Venezuela, mientras millones de personas enfrentaban escasez, apagones, inflación y pobreza extrema, las autoridades acumulaban denuncias internacionales por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Los nombres cambian, las banderas cambian, los discursos cambian; la tentación del poder permanece. Lo verdaderamente preocupante no es que alguien tenga dinero. Lo preocupante es que quienes viven de recursos públicos terminen acumulando fortunas imposibles de explicar con los ingresos que ellos mismos reportan. Más grave todavía es que muchos ni siquiera cumplen con las responsabilidades básicas para las que fueron elegidos.
La función principal de un gobierno no es repartir favores. No es regalar dinero. No es inaugurar obras con su nombre. No es aparecer en conferencias de prensa. La función de un gobierno es garantizar seguridad, justicia e igualdad ante la ley. Y precisamente ahí es donde demasiados gobiernos fracasan.
Millones de ciudadanos viven con miedo a la delincuencia. Miles enfrentan procesos judiciales lentos, costosos e injustos. La impunidad sigue siendo la regla para innumerables delitos. No obstante, quienes deberían resolver esos problemas suelen vivir protegidos por los privilegios que el ciudadano común jamás tendrá. El privilegio más escandaloso no siempre es económico: es jurídico.
A diferencia de una persona común, que puede pasar años intentando demostrar su inocencia o reclamando justicia, muchos políticos cuentan con fueros, influencias, estructuras partidistas y redes de protección que los mantienen alejados de las consecuencias que enfrentaría cualquier otro ciudadano.
La igualdad ante la ley debería ser el principio más sagrado de una república. Cuando la ley es más indulgente con el gobernante que con el gobernado, deja de existir justicia: lo que existe es privilegio.
Hemos desarrollado una extraña costumbre de tratar a los políticos cual celebridades. Los seguimos. Los defendemos. Los justificamos. Los convertimos en figuras de admiración. Les aplaudimos por hacer aquello para lo que fueron contratados. Aplaudir a un político porque cumple con su trabajo es tan absurdo como aplaudir a un cajero automático porque entrega el dinero que nos pertenece. No está haciendo un favor: está cumpliendo una obligación.
No debería sorprendernos que la calidad de la clase política siga deteriorándose. Para dirigir una empresa se exigen resultados, experiencia, referencias y capacidad demostrada; para dirigir un país parece bastar con la popularidad.
Cada vez es más común ver a influencers, celebridades, actores, deportistas o personajes mediáticos ocupar cargos públicos únicamente gracias a su nivel de reconocimiento. La fama ha reemplazado al mérito, la popularidad ha reemplazado a la capacidad y el populismo ha reemplazado a la responsabilidad.
Ninguna empresa seria entregaría su dirección a alguien solo por ser famoso. Sin embargo, millones de personas están dispuestas a entregar el destino de una nación bajo ese mismo criterio. Si algunos creen que la riqueza debe tener límites, también deberían preguntarse si el poder debería tenerlos.
¿Por qué una persona puede pasar cuarenta años viviendo de la política? ¿Por qué consideramos normal que alguien construya una carrera entera alrededor del presupuesto público? La vieja frase sigue vigente: “los políticos son como los pañales; deben cambiarse con frecuencia y por la misma razón”.
El poder prolongado rara vez mejora a las personas. Con demasiada frecuencia las convence de que las instituciones les pertenecen, de que los recursos públicos son suyos y de que las reglas existen para los demás. Las sociedades libres no se construyen vigilando obsesivamente a quienes generan riqueza: se construyen vigilando a quienes ejercen el poder. El dinero puede comprar comodidad. El poder puede comprar impunidad. El dinero puede perderse. El poder puede utilizarse para manipular leyes, proteger aliados, castigar adversarios y administrar recursos que pertenecen a millones de personas.
La pregunta no es cuánto dinero tiene una persona. La pregunta es cuánto poder estamos dispuestos a tolerar que acumule alguien antes de olvidar que trabaja para nosotros.
El día que dejemos de admirar a los políticos y empecemos a evaluarlos con un rigor semejante al de cualquier empleado; el día que exijamos resultados en lugar de discursos; el día que la ley trate igual al gobernante que al ciudadano; el día que entendamos que el presupuesto público no es propiedad de quienes lo administran, sino de quienes lo financian, habremos dado un paso enorme hacia una sociedad más libre. Pues el mayor privilegio nunca ha sido la riqueza: el mayor privilegio siempre ha sido el poder sin límites.
Caracas. – El líder del equipo de rescate mexicano «Los Topos», Héctor Méndez Rosales, denunció este pasado fin de semana haber tenido un fuerte impasse con una periodista venezolana alineada con el narcorégimen chavista, luego que esta intentara obligarlo a leer un guion frente a las cámaras, con mensajes a favor del interinato dirigido por Delcy Rodríguez.
Méndez, apodado cariñosamente —con respeto— «el Topo Mayor», estalló frente a las cámaras cuando explicaba lo que consideró como un absurdo, cuando la comunicadora quiso forzarlo a enviar un mensaje a favor de la tiranía chavista.
De manera extraoficial, se ha revelado que la periodista en cuestión sería Madeleine García, conocida por ser una asidua propagandista del narcochavismo, aunque Méndez no la nombró, ni tampoco se ha revelado oficialmente su implicación en este incidente.
El incidente fue relatado por el propio fundador de la brigada rescatista azteca, al medio Sports Venezuela. De acuerdo con Méndez Rosales, también conocido como “El Chino”, una comunicadora local se le acercó con una instrucción precisa: “Tienes que decir esto, y agradecerle a tu presidenta (…)».
«Le dije [a la periodista] tú no eres jefa de nadie, yo no soy político, yo soy rescatista, soy voluntario, soy sociedad civil y no me vas a decir que debo decir», dijo Méndez, quien ya tiene 80 años.
«Yo estaba encabronado, la mandé al diablo, luego vino su jefe y le dije: ‘disculpa, pero maltraté a esta pendeja… ¿Cómo se le ocurre decirle a un pinche viejo lo que tiene que decir, qué mierda tiene en la cabeza?», cuestionó.
El desencuentro sucedió en medio de las operaciones de rescate a contrarreloj que llevan miles de voluntarios locales e internacionales. «El Topo Mayor» relató a la televisora estatal venezolana (canal 43) que la noche del sábado, tras concluir sus labores de auxilio en una primera zona, su brigada se trasladó a La Guaira, identificada como una de las áreas más afectadas por los movimientos telúricos.
Cabe señalar que Méndez cuenta con una trayectoria de más de 40 años, desde el sismo de 1985 en México, ayudando a víctimas de terremotos en todo el mundo. Fiel a su costumbre de operar con recursos propios, inicialmente pidió apoyo para poder salir de México y llegar a Sudamérica junto con su equipo.
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este lunes en Murcia, durante la Junta Directiva regional del partido, «el momento clave de nuestra historia democrática» con «el peor gobierno de nuestra historia desde el punto de vista de gestión, de la corrupción y de la decencia de las cosas públicas», ya que, con las imputaciones conocidas este lunes «el ‘sanchismo’ ya tiene los mismos imputados que diputados: 121 imputados, 121 diputados».
Por tanto, ha insistido, «estamos ante el peor gobierno de nuestra historia desde la óptica de los valores democráticos, un gobierno que no gobierna, que no ha tenido presupuestos durante toda la legislatura y que no son capaces de solucionar los problemas de los españoles, que cada día pagan más impuestos, tienen más deuda pública y los servicios públicos funcionan peor cada día».
Núñez Feijóo no entiende que el Gobierno no contemple no seguir cuando Pedro Sánchez es el presidente con «más sospechas de corrupción de nuestra historia: 16 sumarios y 20 tipos delictivos y peticiones a esos tipos delictivos que están en los sumarios, de acuerdo con el Código Penal, de 2.300 años de prisión si sumamos todos».
Este mismo lunes, ha recordado, han imputado a la presidente de la SEPI y a 24 personas más, «por tanto es oficial, el ‘sanchismo’ tiene los mismos imputados que diputados: 121 imputados, 121 diputados», ha reiterado.
Es más, ya hay dos sentencias: «una de 24 años a la mano derecha de Sánchez y otra a aquel que guardó celosamente los avales, que dormía con ellos, esos dos ya están condenados, además del Fiscal General del Estado. Sólo con esas dos sentencias, cualquier presidente del Gobierno hubiese dimitido».
Pero no cree que presente la dimisión y convoque elecciones, por lo que «no nos vamos a cansar de pedir elecciones, porque es fundamental para devolver la ética a la vida pública, la decencia a los cargos del país que pidieron el voto para un gobierno limpio y empezaron a robar el primer mes». Esto, ha advertido, «no es una crítica, es una crónica».
A esto hay que añadir al ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, «imaginaros cómo de culpable debe ser para que su defensa se base en anular las pruebas, no en contradecir los hechos».
«Zapatero ha pasado del faro moral a la fosa moral del ‘sanchismo’, la joya de la corona, el señor Zapatero se ha desvanecido», ha señalado el presidente del PP, quien ha añadido que «tenemos al Gobierno que menos respeta la voluntad de los españoles, ya que la legitimidad de un responsable público se la dan los votos y se la ratifica la Cámara, pero el señor Sánchez perdió las elecciones generales en el 2023, no tenía por tanto la legitimidad electoral como primera fuerza política».
«Pero la Cámara le dio cuatro diputados más que a nosotros y le nombró presidente del Gobierno. Ahora esa misma Cámara le acaba de pedir, por mayoría absoluta, su dimisión como presidente del Gobierno y él se ríe de la Cámara», ha lamentado.
A su juicio, «Sánchez resiste porque tiene miedo, porque es el único que sabe todo lo que ha hecho» y «cuando uno está tranquilo no tiene miedo, si a uno le imputan hechos falsos y le difaman, está tranquilo si lo que se le imputan es falso», pero considera que Sánchez no lo está.
Para el presidente del PP, Sánchez esta legislatura «consiguió una mayoría en la investidura, pero nunca tuvo mayoría para gobernar». Ha defendido que España «necesita que le devuelvan la voz, que pase página, un gobierno honrado y preparado para hacer frente a los desafíos de nuestro país».
«A Sánchez no le queda tiempo por el día para pensar en los problemas de los españoles después de no poder dormir por la noche pensando en los suyos», ha reiterado.
Caracas. – La ira y la impotencia de los venezolanos, sobre todo de quienes habitan en el estado Vargas, es evidente, debido a la lenta y casi inexistente ayuda oficial para rescatar a las víctimas. Desde muchas zonas afectadas en el litoral central, la gente continúa clamando por la presencia de grupos de rescate y de maquinarias que ayuden a sacar a sus seres queridos —todavía vivos— de entre los escombros.
En Vargas, una de las entidades más afectadas por los dos sismos, los vecinos hurgaban entre los escombros para rescatar a Dana, una niña de nueve años enterrada bajo los escombros durante más de 18 horas, que pedía ayuda. Su madre lloraba desconsolada.
«Desde anoche tratando de sacar a la niña y se escucha ahí», contó a los medios que estaban en la zona, Dani Rizo, uno de los vecinos que participaba en las tareas de rescate. Nunca llegó ayuda oficial.
«Está muerta», contó horas más tarde, sumido en la tristeza, con el cuerpo de la niña aún enterrado en una de las decenas de viviendas colapsadas en la parroquia Catia la Mar, un área bastante afectada por los terremotos en ese estado.
En varios sectores, muchos vecinos se reúnen alrededor de los escombros, algunos equipados con mascarillas y otros sin más herramientas que sus manos y piernas, en busca de pertenencias, a la escucha de posibles ruidos que indiquen dónde hay alguien con vida.
Centenares de edificios colapsaron y, bajo los escombros, miles de ciudadanos. La cifra de fallecidos y heridos aumenta por horas, y la ONU estima que alrededor de 50.000 personas se encuentran desaparecidas.
Mientras, los equipos de rescate nacionales parecen escasos, aunque poco a poco se van sumando esfuerzos de rescatistas internacionales provenientes de México, España, EE. UU., Argentina, Salvador o Reino Unido, entre otros.
La gente pide más rapidez en el despliegue de las brigadas de socorro y de la maquinaria para remover pesados bloques de concreto. Aseguran que precisan generadores eléctricos, esmeriles para cortar metales y retroexcavadoras para extraer escombros.
«Hay un espacio donde está una muchacha que me contesta y se llama Jennifer, del piso 11. Sin embargo, no tenemos herramientas, no tenemos cómo ayudar», dijo a agencias noticiosas internacionales, Antonio Bermúdez, de 45 años, otro varguense.
«A pocos metros, allí en el área, están dos hermanos», cuenta. «Uno de ellos responde y dice que está herido en el estómago. Allí está su papá y su hermano de sangre tratando de sacar las placas son muy gruesas. Lo único que tenemos es un pico y una mandarria (…) Ya no podemos hacer más nada», lamentó finalmente.
Habitantes de Vargas —muchos de ellos sobrevivientes—, familiares y voluntarios que incluso se movilizaron desde Caracas, han utilizado sus manos y cualquier tipo de herramienta para mover los escombros que mantienen sepultadas a cientos de víctimas.
No obstante, en todos los sectores es imposible remover los escombros sin equipo especializado debido a la complejidad de la tragedia. Finalmente, tras más de 20 horas de inacción y una escasa presencia de maquinaria pesada tras los potentes sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país el miércoles, las autoridades venezolanas anunciaron finalmente el despliegue de más de 11.500 funcionarios de seguridad.
Sin embargo, las agencias de ayuda humanitaria consideran que las primeras 48 a 72 horas son un período crucial para rescatar a las personas con vida, aunque este plazo puede extenderse si tienen acceso a alimentos y agua.
Ante la falta de respuesta oficial, muchos tomaron la iniciativa en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, alegando la escasez de rescatistas gubernamentales. Es en los rincones a los que no llegan donde los vecinos de Vargas, armados con lo que pueden, tratan de rescatar a los suyos mientras el clamor es pedir al narcoestado chavista mayor presencia.
Los equipos de rescate apenas comienzan a llegar a las áreas afectadas, tanto en Vargas como en otras regiones también seriamente afectadas. Mientras, muchas personas rondan las zonas de donde saben que podrían estar sus familiares, pero sin certezas. Quizá para cuando logren encontrarlas bajo los cimientos, ya sea demasiado tarde.
Caracas. – Un grupo de rescatistas de Protección Civil fue retenido durante ocho horas en el estado Vargas por funcionarios de chavismo para obligarlos a participar en un acto protocolar donde las autoridades anunciarían, formalmente, el despliegue del cuerpo de salvamento, en lugar de permitirles continuar con sus labores que eran las de rescatar sobrevivientes entre los escombros.
Según lo denunció a través de sus redes sociales la periodista Maryorin Méndez, cuando cubría los acontecimientos en la parroquia Caraballeda de Vargas, equipos de Protección Civil habrían sido retenidos por varias horas para un acto protocolar y, posteriormente, trasladados en un Metrobus hasta la entrada del estado sin sus equipos de trabajo, lo cual les dificultó el posterior desempeño de sus funciones.
Pese a la adversa situación, estos funcionarios insistieron en cumplir con su deber y emprendieron una caminata que le llevaría horas para llegar a Caraballeda, una de las zonas más afectadas en el estado la Guaira. Gracias a la buena acción de un ciudadano ruso que se ofreció a llevarlos, llegaron más rápido al lugar de los sucesos. Méndez también denunció que los rescatistas trabajan con «las uñas».
Cabe señalar que En el estado Vargas, 100 edificaciones colapsaron completamente, según el balance ofrecido por organismos del narcorégimen interino chavista, los cuales calculan que resultaron afectadas aproximadamente 70.000 familias.
Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el fallecimiento de tres reclusos, en un lapso de 72 horas en centros penitenciarios de Venezuela, con lo cual la cifra de decesos asciende a 28 casos documentados entre abril y junio. El OVP alertó, que la gran mayoría de estas muertes ocurren bajo custodia del narcoestado chavista, a causa de desnutrición y desatención médica.
La muerte más reciente se registró este martes, y correspondió a José Gregorio Mendoza Guzmán, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina. La organización no gubernamental pudo confirmar que el recluso falleció a consecuencia de una hipoxia severa este mes de junio.
«En al menos 72 horas hemos conocido la muerte de tres personas privadas de libertad en Venezuela», escribió el OVP en su cuenta en X. De acuerdo con el registro que realiza esta ONG, en lo que va del mes de junio cinco internos han perdido la vida en los centros penitenciarios.
El pasado lunes se reportó el fallecimiento de Yonny José Bastidas Briceño, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I Cipriano Castro, ubicado en Santa Ana, estado Táchira. Mientras, el domingo se conoció la muerte de Alberto Rafael Solarte Cabrera, detenido en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado del estado Zulia.
A principios de este mes, el observatorio indicó que un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica.
La ONG alertó entonces, durante la presentación de su informe anual, que esto representa un aumento de más de 50% de estos casos respecto al año anterior.El observatorio señaló, a partir de un registro del 85% de los centros de detención en el país, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.
Asimismo, aseguró que 151 de los decesos se dieron por falta de atención médica. Entre las causas de los fallecimientos menciona las afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, fallo multiorgánica y shock hipovolémico.
El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.
Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia, tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.
Los magistrados declaran a Ábalos y Koldo culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absuelven de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.
A Aldama lo condenan por los delitos de organización criminal y cohecho, pero le absuelven de inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad que ha sido objeto de acusación.
Para el tribunal han quedado probados delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.
También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
El tribunal impone a Ábalos 52.500 euros de multa, 45.750 a Koldo y 72.000 a Aldama, a la vez que ordena que el exministro y su exasesor indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec en 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil, por la contratación a dedo de Rodríguez.
También acuerda decomisar a los tres condenados las ganancias provenientes del delito de cohecho por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los 10.000 mensuales satisfechos por Aldama durante 34 meses, 82.295 euros por la renta del alquiler del piso que disfrutó Rodríguez en la madrileña Plaza de España y 8.000 euros por la renta del chalé de ‘Villa Parra’ en Marbella (Málaga).
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