Caracas. – El más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) revela que la Canasta Alimentaria Familiar venezolana, correspondiente a febrero de 2026, se ubicó en 251.809,75 bolívares (Bs.), el equivalente a USD$ 645,67.

De acuerdo con la organización, que estima el monto con base en una familia de cinco miembros, el costo de la canasta familiar en dólares registró una disminución relativa de 4,7% con respecto al mes anterior.

A pesar de la disminución relativa, la ONG destacó la persistente “brecha del poder adquisitivo” en el país. Con un salario mínimo congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales —equivalente a apenas 33 centavos de dólar según la tasa oficial de febrero—, los ingresos de los trabajadores no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.

En términos prácticos, Cendas revela que una familia requiere hoy, la astronómica cifra de 1.937 salarios mínimos mensuales para adquirir los productos básicos. Oscar Meza, director de la ONG, subraya la gravedad de la situación: “El salario mínimo actual es, en la práctica, inexistente frente al costo de la vida”.

Según los cálculos de la organización, el sueldo básico apenas cubre 0,05% de la canasta alimentaria familiar, lo que significa que se requerirían 1.937 salarios mínimos para adquirir los alimentos necesarios en un mes, o cerca de 4,4 bonos de “guerra económica” que entrega el gobierno.

El análisis detallado por categorías arroja que los productos con mayores alzas durante febrero fueron:

• Salsa y mayonesa: Con una variación del 37,36 %.
• Pescados y mariscos: Con un aumento del 15,53 %. El informe también pone en perspectiva el peso de las bonificaciones gubernamentales.
• El costo total de la canasta equivale actualmente a 3,4 combinaciones de los bonos de Guerra Económica y Cestaticket, o a 4,40 bonos de Guerra por sí solos.

El Banco Central de Venezuela (BCV) reportó a principios de marzo que el país acumuló una inflación de 51,9% en los dos primeros meses de 2026, tras registrar un incremento de precios del 14,6% en febrero y del 32,6% en enero pasado.

Organizaciones sindicales y trabajadores marcharon este lunes en Caracas hasta la sede del Ministerio del Trabajo, y hacia las inspectorías laborales en otros estados, para exigir aumentos salariales y mejoras laborales ante la crisis económica del país.

Caracas. – Un grupo de 30 exjefes de Estado integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), alertó este pasado miércoles, sobre lo que calificancomo una estrategia por parte de Delcy Rodríguez, que busca «ganar tiempo» para evitar el regreso de la democracia a Venezuela.

En un comunicado que emitió esa instancia, los exmandatarios advirtieron que la gestión interina de Rodríguez, aplica una “estabilización sin libertad” en Venezuela, tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026 y la posterior aprobación de la Ley de Amnistía.

El Grupo IDEA denunció que la cúpula chavista utiliza la recuperación petrolera para atornillarse en el poder y frenar el cambio político urgente que demanda el país.

El documento asevera que persisten las prácticas represivas, y que los responsables de crímenes de lesa humanidad “continúan ocupando posiciones de poder” en el Ejecutivo y en los cuerpos de seguridad. También denuncian que la amnistía está siendo aplicada de manera selectiva, lo que desnaturaliza su propósito.

También el texto refleja la preocupación de IDEA, por la contradicción entre el discurso oficial y la realidad en materia de presos políticos. Aunque el narcorégimen chavista asegura haber liberado a más de 7.700 personas, el comunicado señala que más de 500 continúan encarceladas o bajo arresto domiciliario, entre ellos casos emblemáticos como el del exjuez y abogado Perkins Rocha, defensor de María Corina Machado y de la Plataforma Unitaria Democrática.

Firmantes como Iván Duque, Mauricio Macri y Álvaro Uribe respaldaron la vigilancia de la ONU para garantizar una transición genuina. Los líderes advirtieron que no habrá paz ciudadana sin una legitimación democrática que ponga fin a la «cultura del miedo» impuesta por el aparato represivo que aún controla el chavismo.

Caracas. – El fiscal general de Chile, Ángel Valencia, aseguró este pasado lunes que existen fuertes sospechas de la implicación de Diosdado Cabello en el asesinato del militar disidente, Ronald Ojeda, situación por la cual solicitaron un permiso a EE. UU. para poder interrogar a Nicolás Maduro sobre ese caso.

En declaraciones al medio DNews, Valencia aseveró que el asesinato tuvo un «móvil político» y sospecha que el ilegítimo ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, podría estar involucrado.

Esta situación obligó a Valencia a presentar ante la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, durante una reunión en la sede del Departamento de Justicia en Washington, una solicitud para continuar la investigación, pero esta vez en suelo estadounidense.

“La fiscal Bondi nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia de EE. UU. para seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda, no solo respecto a la solicitud de declaración de Maduro, sino también aportando información, antecedentes y evidencia”, aseguró Valencia.

No obstante, el fiscal chileno señaló que la declaración depende de la disposición de Maduro a cooperar, quien permanece detenido en Nueva York desde el 3 de enero, acusado por cargos de narcotráfico.

El fiscal agregó: “El equipo de fiscales dirigido por el fiscal Héctor Barros y las policías ya han preparado un cuestionario de preguntas que sería remitido a las autoridades de los EE. UU. y a la fiscal Bondi, que nos manifestó la mejor disposición».

Ronald Ojeda, disidente del chavismo y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y su cuerpo fue hallado diez días después enterrado bajo un bloque de cemento en las afueras de la capital.

El exmilitar, de 32 años de edad, pertenecía al grupo Movimiento por la Libertad y la Democracia, formado por militares antichavistas. Había sido detenido en Venezuela en 2017, pero logró escapar y Chile le concedió asilo político en 2023.

Hasta ahora han sido detenidos miembros de Los Piratas, una célula de la banda criminal transnacional el Tren de Aragua, señalada como responsable directa del crimen.

La investigación por el asesinato de Ojeda ha provocado fuertes tensiones diplomáticas entre Chile y Venezuela, países que mantienen relaciones bilaterales muy limitadas.