El medio Informe Orwell ha informado que el gobierno del presidente Javier Milei ha decidido llevar a cabo una exhaustiva revisión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez que podría desembocar en la eliminación de entre 120,000 y 160,000 pensiones en todo el país.
Esta acción se haría con el objetivo corregir fraudes y asegurar que las pensiones lleguen exclusivamente a quienes realmente las necesitan.
Cabe señalar que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezada por Diego Spagnuolo, inició una serie de auditorías sobre los aproximadamente 400,000 beneficiarios de estas pensiones, comenzando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y se extenderán gradualmente a otras regiones.
Las auditorías revelaron una serie de irregularidades en la concesión de las pensiones durante gestiones anteriores. De acuerdo con datos preliminares, entre el 30% y el 40% de los casos revisados podrían resultar en la suspensión del beneficio.
Así, estaríamos hablando de hasta 160,000 personas podrían perder su pensión, que actualmente representa el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina, por falsificación de documentos.
Según el medio, entre las irregularidades más comunes se encuentran el «uso de certificados médicos fraudulentos para acceder a las pensiones», la «presentación de la misma radiografía en múltiples expedientes» y el hecho de que los «beneficiarios que no cumplen con los criterios de invalidez laboral establecidos por la ley».
Además, se han detectado incompatibilidades en el 35% de los casos revisados, como la posesión similar de bienes no declarados, empleo formal, o condiciones médicas que no justifican la incapacidad laboral.