De Alt Media
Ante la renovada embestida del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, en un recrudecimiento de los derechos en Nicaragua, crecen los reclamos para una mayor acción internacional que evite una profundización de la crisis.
La ONG emitió un comunicado en el que destacaron que “En Nicaragua la separación entre poderes ha sido borrada, no existe la libertad de expresión, y la opinión y el disenso se encuentran absolutamente criminalizados”, en especial tras el arresto del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, por parte de agentes policiales.
“Hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional, al Papa Francisco y, de manera solidaria, a todas las iglesias para que a través de su intervención se establezca una mesa de diálogo que conduzca a la liberación de los cientos de presos políticos, que culmine con los procedimientos ilegales y abusivos como las detenciones arbitrarias e injustamente prolongadas, y para que se ponga fin a toda violación de derechos humanos”, indicó la organización.
En lo que va de año las autoridades han encarcelado a sacerdotes y expulsado del país a otros incluyendo a monjas de las misioneras. El régimen también ha cerrado ocho radioemisoras católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
Rolando Álvarez, crítico de Ortega, fue secuestrado el viernes. La Policía precisó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez debido a que persistía en sus actividades “desestabilizadoras y provocadoras”.
Álvarez, de 55 años, estaba sitiado en la curia de Matagalpa por la policía desde el 4 de agosto en el marco de una pesquisa por “organizar grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”.
El obispo había denunciado el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y había reclamado al gobierno de Daniel Ortega respeto a la “libertad” religiosa.
Ortega califica de “golpistas” y “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
