El Congreso de los Estados Unidos estaría analizando un plan de reforma migratoria propuesto por los republicanos de dicha institución, así lo aseguró el abogado de inmigración, John de la Vega, a través de su espacio semanal ‘La Hora del Inmigrante.’
La economía ecuatoriana atravesaba los mismos problemas con los que hoy debe lidiar Argentina, entre ellos la elevada inflación, el estamento económico, el deterioro del tejido social y la falta de crédito a largo plazo. La dolarización sentó las bases de un cambio de modelo que permitió superar estos problemas.
La dolarización de Ecuador no solamente implicó un cambio de régimen monetario, sino que funcionó como el pilar para un cambio de modelo económico, y un cambio en la manera de hacer política económica. El sistema político perdió las herramientas para maniobrar a costa de la estabilidad de precios y la recaudación de señoreaje.
A pesar de tener una “política monetaria autónoma” y disponer de amplias herramientas para intervenir en el ciclo económico o responder a shocks externos, la economía ecuatoriana se encontraba completamente estancada entre las décadas de 1980 y 1990, medida a partir del ingreso por habitante.
El ingreso real por habitante acumuló una caída del 1% entre el primer trimestre de 1990 y el mismo trimestre del año 2000, la mayor parte concentrada en la brutal crisis financiera del año 1999. Esto cambió radicalmente con el proceso de dolarización, ya que el PBI per cápita a precios constantes se expandió un 36% hasta el cuarto trimestre de 2022, y hasta un 49,6% si se compara contra el cuarto trimestre de 2014 (el máximo nivel alcanzado en la historia ecuatoriana).
La cantidad de personas con ingresos inferiores a los 6,9 dólares constantes de 2017 (ajustados por paridad de poder adquisitivo) superaba el 65% antes de la dolarización, según la base de datos del Banco Mundial.
El organismo de crédito multilateral estima que para el año 2021, las personas con menos de 6,9 dólares PPP de 2017 representó el 32% de la población total, e incluso se llegó a un mínimo del 27% en el año 2017. La dolarización provocó que la tasa de pobreza se redujera a la mitad en 20 años.
La reducción sistemática de la marginalidad social se debe a la eliminación del componente inflacionario en la determinación de la pobreza, que permitió la consolidación de los ingresos en términos de poder adquisitivo. El salario real se duplicó desde el año 2000, y la tasa de pobreza actual responde en mayor parte a las fluctuaciones del ciclo económico y la evolución de la tasa de desocupación (que fluctuó entre el 10% y el 3% en el nuevo régimen monetario).
Al igual que Argentina, la economía de Ecuador se caracterizaba por su elevada inestabilidad de precios y los múltiples controles cambiarios que aplicados por diversos Gobiernos a fin de reprimir la demanda de divisas como una suerte de refugio a la inflación. La inflación minorista promedió el 29% entre 1970 y 2000, y un aumento promedio mensual del 2,14%.
Asimismo, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el que celosamente se determinaba por el Gobierno llegó a representar el 236% en mayo de 1983, 410% en julio de 1988 y hasta un 407% en noviembre de 1993, fecha a partir de la cual se debieron abolir los controles cambiarios por el colapso de las reservas del Banco Central y por la imposibilidad para seguir sosteniendo las paridades legales.
Los regímenes de alta inflación a lo largo del siglo XX se vieron íntimamente asociados con todo tipo de controles de precios, salarios, cambios y cuenta capital, pero todo esto fue superado por el proceso de dolarización ya que estas herramientas quedaron obsoletas habiéndose ya erradicado el problema inflacionario de manera definitiva.
La estabilidad permitió una rápida reactivación del crédito a largo plazo, un fenómeno que se había perdido por la falta de previsibilidad (no era posible pautar una tasa de interés creíble a 10 o 20 años de plazo). El crédito doméstico para el sector privado de Ecuador aumentó del 18% del PBI en 2002 47,2% para el año 2020, y actualmente continúa aumentando.
La falta de crédito a largo plazo impacta de lleno en el acceso a la vivienda propia, la financiación de proyectos empresariales que requieren inversión pesada (especialmente servicios públicos) y la apertura de todo tipo de proyectos de inversión. Argentina sigue sufriendo este flagelo por la elevada volatilidad de los pericos, y su crédito doméstico al sector privado no supera el 16% del PBI.
Con el nuevo régimen monetario, los ecuatorianos dejaron de preocuparse constantemente por la cotización de otras divisas, o por la erosión de sus salarios reales y la desesperación que esto implica, o por las crisis de la “administración de reservas” en el marco los controles cambiarios. Todos estos elementos, aún presentes en Argentina, fueron erradicados de Ecuador gracias al proceso de dolarización.
El socialismo chileno sigue los mismos pasos que México, y el metal será explotado por una nueva empresa estatal a partir del segundo semestre de 2023. Se permitirán asociaciones público-privadas pero bajo un estricto control estatal. Las medidas limitan gravemente el potencial de la inversión privada en un recurso fundamental para el futuro.
Siguiendo el libreto socialista más radical, el Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció la estatización de la industria del litio en Chile, del mismo modo en que lo anunciaba México bajo el tutelaje de Andrés Manuel López Obrador hace tan solo dos meses.
La medida establece fundamentalmente la expropiación del mineral, que ahora le pertenece al Estado chileno celosamente. Sin embargo, se establecieron una serie de etapas de transición y se permite una cierta participación privada en la inversión, a fin de evitar un shock aún más traumático sobre una industria clave para las exportaciones del futuro cercano.
El Estado chileno no dispone de los medios logísticos, tecnológicos y financieros que son necesarios para una explotación eficiente del mineral. Las propias autoridades lo reconocieron al advertir que solo el sector privado es capaz de hacerlo de manera moderna. Sin embargo, la nacionalización se llevará a cabo de todos modos por cuestiones ideológicas y pero por estos efectos se permite la inversión privada acotada.
El Gobierno anunció que se respetarán los contratos con empresas privadas que actualmente permanecen en vigencia, por ejemplo las explotaciones de la empresa estadounidense Albemarle Corporation y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) de capital privado doméstico.
Asimismo, se permitirá la inversión privada de empresas nacionales o extranjeras pero solamente en asociación directa con el Estado chileno. De esta manera, el proyecto pretende garantizar que el Estado tome participación en todas y cada una de las etapas de explotación del litio. Nuevamente, la estrategia es muy similar a la que llevó adelante el presidente de México con la reforma energética.
Esto genera un costo importante para la inversión potencial del sector privado, ya que asociarse con el Estado implica una limitación que antes no existía. Esto se añade al deterioro generalizado en las condiciones de inversión en el país, fundamentalmente por los impuestos a las exportación y las reformas tributarias propuestas por Boric (que apuntan a aumentar la carga impositiva para sociedades).
“El Estado es dueño del litio. Cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiera explotar litio en Chile deberá asociarse con el Estado”, afirmó el presidente Boric.
Chile pierde un caudal de inversión potencial importante en el sector privado, y en un recurso natural especialmente estratégico para la exportación competitiva. El litio chileno se extrae desde el salar de Atacama y representa hasta el 30% del abastecimiento global de este mineral, uno de los proveedores más importantes del mundo.
El proyecto del Presidente propone la creación formal de una Empresa Nacional de Litio, aunque para ello se requerirá una nueva luz verde por parte del Parlamento chileno. Mientras tanto, la Corporación Nacional del Cobre será facultada para administrar los contratos con las empresas privadas implicadas en el litio y llevar a cabo las licitaciones para la asociación público-privada de nuevos proyectos.
Recientemente, los Estados Unidos ha vivido una de sus peores crisis de transporte e infraestructura, con descarrilamientos constantes de trenes y múltiples accidentes similares que han colocado la vida de cientos de personas en riesgo.
La institución responsable de responder ante estas fallas es la Secretaría de Transporte, liderada actualmente por el ex alcalde Pete Buttigieg, cuyo desempeño en esta posición ha sido fuertemente cuestionado por sus adversarios.
Ante muchas de estas adversidades, el Secretario de Transporte había decidido quedarse callado; sin embargo, fue entrevistado recientemente para que hablara sobre su trabajo y comparó las muertes relacionadas al transporte con aquellas que incluyen violencia de armas.
No conforme con ello, Buttigieg afirmó que los accidentes de tránsito están relacionados con la discriminación, puesto que, a su juicio, el color de piel o la raza tiene una influencia respecto a ser atropellado por alguien o sufrir de algún accidente similar.
Por este motivo, Pete Buttigieg ha sido catalogado como el «Borrego de la Semana,» al querer relacionar su ineptitud con un asunto racial.
Una de las figuras más importantes del Budismo Tibetano, El Dalai Lama, estuvo en el centro de la polémica días atrás debido a un comportamiento un poco inusual frente a un menor de edad.
La figura religiosa fue abordada por un niño que le pidió un abrazo, a lo que él le pidió que se acercara.
No obstante, el líder espiritual parece haber malinterpretado el mensaje y le dio un beso en la boca, para posteriormente sacar su lengua y pedirle que se la «chupara.»
Tras el disgusto que generó en el público, El Dalai Lama pidió disculpas por los hechos, aunque trató de justificarse diciendo que era solo un juego.
Por este motivo, y porque el título de este segmento no puede ser modificado a algo más grave, Contra Poder News lo ha galardonado como el «Borrego de la Semana.»
Desde principio de año, Italia atraviesa el peor momento de la crisis migratoria que la azota desde 2011. En el primer trimestre, los arribos ilegales crecieron un 300% respecto al mismo periodo del año pasado.
Ante el creciente número de llegadas de inmigrantes a las costas italianas, la primera ministra Giorgia Meloni ha declarado el estado de emergencia migratorio durante seis meses, tras reunirse con los líderes de los demás partidos de la coalición gobernante en la tarde del pasado martes.
Uno de los principales puntos de campaña de Meloni fue el combate directo y sin vueltas a la brutal ola migratoria que sufre Italia desde hace más una década. Luego de la Primavera Árabe en 2011, y la subsecuente caída de múltiples gobiernos en África y Medio Oriente ante el ISIS, millones de musulmanes se escaparon de sus países y emprendieron el viaje a Europa, donde los gobiernos de aquél entonces anunciaron que los recibirían con los brazos abiertos.
Esto inicio un período que ya lleva 12 años en el que millones de personas pertenecientes a países del norte de África, como Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Argelia, y de Medio Oriente, como Siria, Irak, y Yemen arribaron a países de la Unión Europea como refugiados de guerra, y se les otorgó total ciudadanía.
Si bien ISIS fue abatido en 2017 por una coalición militar encabezada por Donald Trump, desde entonces el flujo migratorio no ha frenado. Incluso peor, es cada vez mayor. Se creó toda una industria que se encarga de llevar inmigrantes a las costas de Europa, arrojarlos al mar, y obligar a las autoridades de los países costeros como Italia, Francia o España a rescatarlos y darles ciudadanía.
Incluso peor, estas personas suelen ser “rescatadas” por organizaciones de derechos humanos confabuladas con los traficadores, donde arreglan puntos donde pueden ser arrojados e inmediatamente rescatados. Los barcos con banderas de ONGs europeas deben ser recibidas en los puertos de Europa, y los inmigrantes automáticamente reciben asilo y comienza su trámite para obtener la ciudadanía.
Con esta declaración de emergencia, Meloni pondrá un freno a esta práctica. El decreto le indica al ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, Nello Musumeci, y al titular del Ministerio del Interior, Matteo Piantedosi, que los puertos italianos no recibirán un solo barco más sin la previa autorización del gobierno nacional.
“Somos muy conscientes de la gravedad de un fenómeno que está registrando un aumento del 300 por ciento. Permítanme ser claro: el problema no queda resuelto, la solución está ligada solo a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea“, indicó Musumeci, quien anticipó que el estado de emergencia podría durar hasta que Bruselas tome cartas en el asunto e imponga regulaciones a estas organizaciones no gubernamentales.
Los números que se ven este año constatan una verdadera invasión al continente europeo. Desde enero hasta marzo, desembarcaron 31.292 inmigrantes del norte de África en las costas italianas. Comparando con el mismo periodo del año anterior, cuando solo se registraron 7.928 arribos, hay un aumento interanual del 295%.
Desde la llegada de Meloni al poder, y con el objetivo de evitar que entren a la Europa continental (donde por estatuto de la Unión Europea no se los puede deportar), la gran mayoría de barcos que arriban son reenvíados a la isla de Lampedusa, que tiene una capacidad para 400 inmigrantes.
Esta semana, la población inmigrante en Lampedusa superó los 2.000 cupos. En su mayoría, las personas que intentan ingresar a Italia son libios, aunque la reciente crisis política y económica en Túnez llevó a que aparezca un fuerte flujo proviniente de este país, que era la última democracia en el norte africano hasta que Kais Saied dio un golpe de Estado en 2021.
La población inmigrante musulmana en Europa ha tenido más de una década para asimilarse a la cultura europea pero no lo ha hecho. Ante el miedo de sonar racistas o “colonizadores”, como dijo una vez la presidente del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen, hay una actitud laxa frente a los inmigrantes islámicos.
Estas personas reciben jugosos planes sociales de los distintos gobiernos europeos, forman sus propias comunidades y se cierran del resto del país. Hay zonas en Europa completamente tomadas por comunidades islámicas, donde impera el delito, la Ley Sharia y la policía tiene estrictas órdenes de no ingresar.
Esto se ve principalmente en los países nórdicos, como Suecia, Finlandia o Dinamarca, pero también en países como Francia, donde reciben el nombre de “Zone Rouge“, o zona roja, donde la Policía sabe que la población es íntegramente musulmana, no habla el idioma francés y tienen nulo respeto por las autoridades. Meloni prometió en campaña que no permitirá que se formen estas zonas en ninguna parte de Italia.
Con el estado de emergencia, el Ejecutivo recibe poderes extraordinarios y se habilitan fondos especiales por una duración de seis meses para combatir el problema. En este periodo, Meloni puede derogar normas vigentes, dictar nuevas leyes (que expirarán luego de los seis meses si no son ratificadas por el Congreso) y permite no aplicar los estatutos de la Unión Europea, quizás el punto más importante de la declaración de emergencia.
Según la membresía a la Unión Europea, Italia no puede cerrarle sus puertos a las ONGs europeas, no puede dejar en ultramar a inmigrantes que piden asilo en su país y debe entregar ayuda económica a los inmigrantes que escapan zonas de guerra. A partir de ahora, nada de esto deberá cumplirse.
Meloni anunció que implementará inmediatamente un sistema de “repatriación” de los inmigrantes ilegales que reciba, que es otra manera de hablar de deportación. Técnicamente, Italia solo puede deportar a los inmigrantes que recibe si estos son atrapados cometiendo un delito.
El gobierno nacional cuenta con un masivo apoyo de los alcaldes de las distintas ciudades de Italia, incluso de partidos de izquierda. Concretamente, dan la cifra de 112.000 personas en los centros de acogida repartidos en Italia que deben ser deportados, la cifra más alta desde el año 2019. Los alcaldes se dirigieron al Ministerio del Interior con un comunicado unánime, titulado: “Es urgente buscar una solución, la situación es inmanejable“.
El Ejecutivo afirma que sigue trabajando para llegar a una estrategia europea común en materia de inmigración. En este sentido, Meloni declaró, tras su reunión con el presidente español Pedro Sánchez en el Palacio Chigi el pasado 5 de abril, que a pesar de las diferencias ideológicas, el gobierno socialista de España se ha comprometido a apoyar su pedido frente al Consejo Europeo en la próxima reunión que se celebrará en junio.
El FBI arrestó a un Jack Douglas Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea, en relación con la filtración de documentos clasificados de inteligencia militar de los Estados Unidos.
El FBI arrestó el jueves a Jack Douglas Teixeira, miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 21 años, por las filtraciones en redes sociales de documentos clasificados que revelaron información confidencial de Washington y sus aliados en todo el mundo.
El fiscal general, Merrick Garland, dijo el jueves que la Oficina Federal de Investigaciones arrestó a Teixeira “en relación con una investigación sobre presunta eliminación, retención y transmisión no autorizadas de información clasificada de defensa nacional“.
“Teixeira es un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos“, añadió el fiscal. “Los agentes del FBI detuvieron a Teixeira esta tarde sin incidentes“, dijo Garland a los periodistas en una breve declaración en el Departamento de Justicia.
“Esta investigación está en curso“. El FBI dijo que sus agentes habían efectuado el arresto y estaban llevando a cabo “actividades policiales autorizadas en una residencia en North Dighton, Massachusetts“.
El New York Times informó que Teixeira era miembro del ala de inteligencia de la Guardia Nacional. Una publicación en la página oficial de Facebook de la unidad señaló que Teixeira estaba entre un grupo de miembros que habían sido promovidos a Aviador de Primera Clase en julio de 2022.
Los registros militares muestran que Teixeira ingresó a la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea en septiembre de 2019. Su título oficial de trabajo era “oficial de sistemas de transporte cibernético“, que se encarga de mantener la infraestructura subyacente de la “vasta red de comunicaciones global” de la Fuerza Aérea.
Los documentos clasificados fueron publicados en redes sociales en marzo. Se cree que es la violación de seguridad más grave desde que más de 700.000 documentos, videos y cables diplomáticos aparecieron en WikiLeaks en 2010.
Desde que se dio a conocer la filtración, funcionarios estadounidenses han estado buscando a la persona responsable, mientras buscan limitar el daño de la publicación de los informes de inteligencia, que revelan supuestos detalles de las vulnerabilidades militares ucranianas e información sobre aliados como Israel, Corea del Sur -y sus planes secretos para entregar municiones a Ucrania- y Turquía.
Varios países han cuestionado la veracidad de algunos de los documentos filtrados, incluido el Reino Unido, que aseguró que había un “grave nivel de inexactitud” en la información.
No obstante, funcionarios estadounidenses creen que la mayoría de los materiales son genuinos. Algunos, sin embargo, parecen haber sido alterados para mostrar estimaciones infladas de las bajas ucranianas y números inferiores a los reales con respecto a las causalidades de las fuerzas rusas en el campo de batalla en la guerra.
Otros documentos incluyen una evaluación de que es probable que Francia tenga dificultades para lograr los objetivos de seguridad en África occidental y central, e información sobre el plan de los funcionarios brasileños de visitar Moscú en abril en busca de acordar un esquema de mediación en Ucrania.
Además, según uno de los documentos filtrados, Serbia ha acordado suministrar armas a Kiev, o incluso ya las ha enviado, a pesar de la neutralidad profesada por el país. Por último, una de las últimas revelaciones indicó que Estados Unidos estaba monitoreando al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque creía que era demasiado blando con Rusia.
Se cree que la filtración comenzó en un sitio llamado Discord, una plataforma popular entre las personas que juegan juegos en línea y donde se cree que Teixeira publicó durante años sobre armas, juegos y memes.
El agente filtrador fue identificado como “OG“ en un grupo de chat en línea donde se encontraba Teixeira. El grupo de chat, llamado “Thug Shaker Central“, estaba compuesto por más de 20 personas que compartían sus simpatías con respecto a distintas armas, y también difundían memes y chistes, algunos de ellos racistas.
En el grupo también tuvo lugar una discusión sobre la temática guerras, entre las cuales se mencionó la invasión rusa de Ucrania. En el marco de esa discusión, “OG” publicó durante meses material que él dijo que era clasificado.
Así las cosas, el jueves, alrededor de media docena de agentes del FBI armados con rifles entraron en una propiedad de Massachusetts para arrestar a Teixeira. En un comunicado, el FBI dijo que lo “ha perseguido agresivamente pistas de investigación” desde fines de la semana pasada. “El arresto de hoy ejemplifica nuestro compromiso continuo de identificar, perseguir y responsabilizar a aquellos que traicionan la confianza de nuestro país y ponen en riesgo nuestra seguridad nacional“, confirmaron desde el FBI.
El Departamento de Justicia abrió una investigación criminal formal la semana pasada, después de una remisión del Departamento de Defensa. La filtración fue un “acto deliberado y criminal”, aseguraron desde el Pentágono el jueves.
El secretario de prensa del Pentágono, general de brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder, se negó a confirmar la identidad del filtrador en una sesión informativa el jueves y remitió a los periodistas al Departamento de Justicia porque es un “asunto de aplicación de la ley” y una investigación en curso, según dijo.
El Departamento de Defensa está “trabajando día y noche” con la comunidad de inteligencia, confirmó Ryder, “para comprender mejor el alcance y la escala de estas filtraciones“.
“Continuamos revisando una variedad de factores en lo que se refiere a la protección de materiales clasificados“, agregó el encargado de prensa. “Esto incluye examinar y actualizar las listas de distribución, evaluar cómo y dónde se comparten los productos de inteligencia, y una variedad de otros pasos“.
Por su parte, el Departamento de Justicia no especificó qué cargos enfrentaría Teixeira, aunque probablemente involucrarán cargos criminales de retención y transmisión intencional de información de defensa nacional.
Brandon Van Grack, ex fiscal de seguridad nacional del Departamento de Justicia que ahora trabaja en Morrison Foerster, dijo que los probables cargos podrían conllevar hasta 10 años de prisión, incluso si Teixeira no tenía la intención de causar daño explícito a la seguridad nacional.
“Creo que este es alguien que se enfrenta al extremo superior de la exposición durante años en prisión … porque las filtraciones fueron muy dañinas“, aseguró Van Grack.
La administración Thatcher consolidó el crecimiento económico con políticas del lado de la oferta, erradicó el problema inflacionario y eliminó el déficit fiscal. La economía del Reino Unido atravesó un drástico proceso de modernización a partir de las masivas privatizaciones, y se recuperaron los servicios públicos.
El pasado 8 de abril se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Margaret Thatcher, la primera mujer en ocupar el cargo de Primer Ministro del Reino Unido entre 1979 y 1990, y en representación de un renovado conservadurismo británico que había recuperado la filosofía liberal de la economía.
Bajo su administración, el Reino Unido logró superar los episodios de estanflación crónica. La actividad económica real acumuló un crecimiento del 31% entre mayo de 1979 y noviembre de 1990, mientras que la producción industrial se expandió en un 10% después de casi siete años de estancamiento secular desde la crisis de 1973.
Thatcher sentó los precedentes de la economía moderna, sus reformas trascendieron su Gobierno y fueron mayormente mantenidas y convalidadas por las sucesivas administraciones de los “nuevos laboristas” a partir de 1997. Cuando la propia Thatcher fue interpelada para responder cuál consideraba como el principal logro de su gestión, simplemente respondió: “Tony Blair y el nuevo laborismo. Hemos obligado a nuestros adversarios a cambiar de opinión”.
Al momento de asumir la gestión, el Reino Unido atravesaba una crisis fiscal heredada del viejo laborismo británico. La principal fuente de financiamiento del déficit fiscal era la monetización del Banco de Inglaterra, habiendo agotado los importantes superávits fiscales de la década anterior incluso a pesar de la excesiva presión tributaria.
El programa de Thatcher llevó a cabo una reforma del Estado para bajar las tasas impositivas, alentar el crecimiento económico de largo plazo con políticas de oferta (en contraste con las políticas de demanda promulgadas por los laboristas), y disminuir el peso del sector público en la economía británica.
El gasto público total del Reino Unido se redujo del 41% del PBI en 1979 al 34,8% para el año 1990, el mayor ajuste presupuestario de la historia británica desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, desde 1988 se eliminó completamente el déficit fiscal financiero (incluyendo el pago de intereses de deuda), y entre 1989 y 1990 el Estado registró superávits mayores al 1,5% del PBI. Esto permitió estabilizar el stock de la deuda pública y moderar la carga de los intereses.
Al mismo tiempo fueron rebajados los principales impuestos responsables de la recaudación nacional. La tasa marginal máxima del impuesto a las Ganancias cayó del 98% al 40% entre 1977 y 1990, mientras que la tarifa nominal promedio descendió del 72% al 32,5% en el mismo período. La tasa más baja del impuesto a la renta disminuyó del 40% al 25%, por lo que la totalidad de los contribuyentes percibieron la rebaja impositiva.
La tasa más elevada del impuesto a la herencia se redujo del 75% al 40% entre 1982 y 1986, y esta reforma prevalece hasta el día de hoy. La carga tributaria para las utilidades no distribuidas de las grandes empresas se redujo del 52% al 35%, mientras que para las pequeñas y medianas la tasa cayó del 40% al 25%.
La administración Thatcher desarticuló el arsenal de regulaciones y controles que habían sido impuestos por los sucesivos Gobiernos laboristas para tratar de contener (sin mayor éxito) el aumento de los precios. El Gobierno conservador abolió los controles de precios pautados por la Comisión de precios y la Junta de Pagos en julio de 1979, y estos organismos fueron finalmente desmantelados ley de competencia de 1980.
Hacia octubre de 1979 la administración decidió eliminar completamente todos los controles cambiarios que aún operaban en el país. Hasta entonces, regía la Ley de control de cambios de 1947 aprobada por los laboristas, que desde la gestión del exministro Harold Wilson restringía la cantidad de libras que podían retirarse del país o la cantidad de divisa que podían adquirirse.
Estas medidas provocaron un sinceramiento de precios que desembocó en un salto del IPC de casi 5% en julio de 1979, y la inflación escaló al 22% interanual en mayo de 1980. Una vez eliminadas las distorsiones heredadas del laborismo, el Gobierno emprendió un estricto programa de ajuste monetario para limitar la oferta de dinero y mitigar la inflación.
La inflación retrocedió a un solo dígito a partir de febrero de 1982, y promedió el 5% entre 1983 y 1990. El programa económico de Thatcher permitió volver a anclar las expectativas inflacionarias, permitiendo una gran moderación de la nominalidad que perduró hasta la llegada de la pandemia en 2020.
La economía del Reino Unido atravesó un ambicioso proceso de modernización a través de la privatización de los principales servicios públicos. Se enterró el “Estado empresario” como interventor activo en la economía, para limitarse a una función estrictamente subsidiaria y garante de reglas de juego estables para la iniciativa privada.
Las privatizaciones más importantes conectadas por la administración de Margaret Thatcher:
El exministro de Hacienda Nigel Lawson, lamentablemente fallecido el pasado 3 de abril, fue una pieza clave para consolidar el proceso de privatizaciones. Fue considerado como una de las figuras más prominentes del gabinete de Thatcher. También contribuyó en aspectos técnicos para la reforma del sistema impositivo, la abolición de los controles cambiarios y el ordenamiento de las finanzas públicas.
El candidato libertario prometió eliminar la brecha cambiaria y las retenciones. “El sector triplicaría sus ingresos”, manifestó ante los aplausos del auditorio compuesto por dirigentes y empresarios de la SRA.
En un año electoral donde Juntos por el Cambio, el kirchnerismo y los liberales se encuentran en un triple empate técnico para las presidenciales, hay un fuerte impulso para conseguir todos los apoyos posibles de las más principales organizaciones del campo.
En este contexto, el candidato libertario Javier Milei disertó ante la Sociedad Rural Argentina (SRA) este miércoles en un auditorio integrado por los máximos directivos de la institución, quienes aplaudieron de pie su agenda para el sector agro.
El candidato liberal tiene dos propuestas bien concretas para el campo: dejar de robarle a través de retenciones y dobles imposiciones tributarias y eliminar la brecha cambiaria que obliga a los exportadores a liquidar su producción con un dólar a veces 2 o 3 veces más bajo que el valor real.
“Con estas reformas el agro triplicaría sus ingresos”, advirtió el diputado y candidato presidencial, quien por otra parte le dedicó acusaciones explosivas tanto al kirchnerismo como al macrismo. “El Estado les robó un total de US$ 500.000 millones de dólares”, lanzó con dureza.
“En estos 20 años, al sector se le robó poco más de 170.000 millones de dólares con las retenciones”, afirmó el líder de La Libertad Avanza. “Pero si eso se ajusta con la brecha cambiaria, quiere decir que el Estado le robó US$ 500.000 millones”, explicó Milei en el predio de la Rural.
“Si se eliminara la brecha cambiaria y las retenciones”, expuso Milei, “el sector triplicaría sus ingresos. A partir de ahí les estarían sacando el pie de encima y podrían crecer y aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado”, detalló.
El renombrado economista también se refirió a su propuesta de eliminar el Banco Central y aseguró que a diferencia de Macri, él va a eliminar el cepo y va a eliminar las competencias del gobierno que permitirían volver a introducir un cepo, como ocurrió hacia el fin del mandato de Cambiemos. “Conmigo no habría más brecha, habría un solo precio para el dólar, el mercado estaría libre”, remató.
“Miren lo maravilloso que es el campo argentino, que le sacan la mitad de los ingresos, después les cobran retenciones y encima, después de todo eso, les cobran más de 20 impuestos, y aún así sobreviven”, destacó Milei.
“Es un milagro que sobrevivan. Por lo tanto, sin lugar a dudas, ustedes son el sector más eficiente del mundo y negar eso es negar el principal beneficio y ventaja que tienen”, concluyó Milei ante los productores y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina.
Milei fue recibido por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien recientemente dijo en una entrevista radial que el sector todavía no decidió a qué candidato apoyar pero que a él personalmente le gustaban las propuestas del libertario más que las otras.
El evento de la SRA contó además con Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti y Patricia Bullrich, los otros tres candidatos presidenciales confirmados hasta el momento. El kirchnerismo rechazó la invitación a exponer ante el sector.
El abogado de inmigración, John de la Vega, en su espacio semanal «La Hora del Inmigrante» analiza los resultados del parole humanitario para los venezolanos a varios meses de su implementación.
