ONG advierte que continúan obligando a adolescentes secuestrados tras protestas a admitir delitos falsos

Caracas. – La ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó este pasado miércoles, que continúa recibiendo denuncias de familiares de los adolescentes secuestrados, durante las protestas postelectorales, sobre las coacciones ilegales que reciben para que admitan delitos que no han cometido.

En una publicación de su cuenta en la red social X, la organización alertó que el narco régimen sigue obligando a los menores de edad, a declararse culpables en las audiencias preliminares ilegales que les realizan, lo cual «es una gravísima violación a sus derechos humanos, pues de acuerdo con el artículo 49 numeral 5 de la Constitución ‘ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma'».

La ONG también explicó que los secuestrados han sido obligados a aceptar, obligatoriamente, la asistencia de la Defensa Pública, sin permitirles nombrar abogados privados para que los asistan durante el proceso.Aceptar defensores públicos ha implicado, que «lejos de defender los derechos de estos jóvenes y promover los elementos de prueba aportados por las familias contribuyen con las irregularidades en los procesos y el irrespeto a las garantías judiciales».

Tanto Justicia, Encuentro y Perdón, como otras ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, han advertido que estos niños y adolescentes raptados por la tiranía, son obligados a firmar un papel en blanco, en el cual luego plasman una falsa confesión, en la cual pretenden que asuman, entre otros cargos, haber recibido dólares para manifestar contra el fraude electoral.

La ONG hizo un llamado a detener estas prácticas ilegales: «Exigimos el cese de estas prácticas contra los derechos humanos y el Estado de Derecho. Recordamos una vez más que la Constitución y las leyes establecen que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y el Estado está en la obligación de hacer valer tales preceptos».

Informe de ONU acusó a Narcotiranía de Maduro de crímenes de lesa humanidad

Caracas. – La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela publicó este martes un contundente informe en el que fundamentó los motivos para creer que el narcorégimen de Nicolás Maduro sí cometió «crímenes de lesa humanidad», antes y después de las elecciones presidenciales de julio.

El informe, que consta de 158 páginas, abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. Expone las actuaciones de las fuerzas represivas, así como a los llamados colectivos armados del chavismo, en cuanto a desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual, antes, durante y después de unos comicios marcados por la persecución de opositores y la represión de las protestas.

El documento indica que estas fuerzas represivas estuvieron «involucradas masivamente» en violaciones de derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes.

En este sentido, detalla que se trata de los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

Sin embargo, este informe también resalta que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad», la Asamblea Nacional, «instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático», o el sistema de justicia, que «siguió operando con falta de independencia».

En este sentido, el texto de la Misión denuncia que el perfil de las víctimas de la represión «se amplió de manera significativa» en el periodo electoral, abarcando no solo a líderes de la oposición y sociales.

Por ello, afirma que en el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por «ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades».

Provea: régimen intenta falsificar confesiones de secuestrados postelectorales

Caracas. – La ONG Provea denunció este viernes que los secuestrados durante las protestas postelectorales están siendo obligados, incluso mediante torturas, a firmar y poner sus huellas dactilares en un papel en blanco, en el cual luego el sistema judicial chavista falsificaría, lo que sería una confesión de los falsos delitos que les pretenden imputar.

En un comunicado difundido por sus redes sociales, la ONG alertó que los familiares de los más de 2400 nuevos presos políticos, les han hecho llegar esta alerta sobre el nuevos modus operandi del narcorégimen de Nicolás Maduro, para obligar a estos ciudadanos a admitir hechos que nunca cometieron.

Provea señala que estas personas secuestradas «en el marco de la represión post-electoral están siendo acusadas de terrorismo, un delito que (de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT)) contempla penas de entre 25 a 30 años de prisión.

Para lograr que estos detenidos realicen una falsa confesión, los agentes del régimen los estarían coaccionando «bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal e incluso mediante el sometimiento a torturas y tratos crueles, que incluyen golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas».

Una hoja en blanco, en la cual pudieran luego plasmar cualquier falso mensaje, es el instrumento que la tiranía piensa utilizar para incriminar a estos inocentes.

«Las denuncias de los familiares de los más de 2.000 nuevos presos políticos en Venezuela, señalan que a los privados de libertad se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos», indica la denuncia formulada por Provea.

Denuncian ante CPI 85 nuevos casos de violaciones de DDHH en Venezuela

Caracas. – Un lote de 85 nuevas denuncias, por violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, consignó este miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI), el abogado y presidente de la ONG VenAmerica, Orlando Viera-Blanco.

El profesional del derecho, conocido por haber fungido como embajador del corrupto gobierno interino en Canadá, detalló en sus redes sociales, en un video enviado desde La Haya (Paises Bajos), que estas 85 nuevas incidencias incluyen detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desapariciones forzadas de adolescentes tras las elecciones del 28 de julio.

Según Viera-Blanco, estas denuncias están respaldadas con testimonios de madres y otras personas afectadas, a las cuales se suman varios reportes, entre las que destaca el intento de suicidio de un menor en esta situación.

“Incluimos muy especialmente los crímenes de detención, encarcelamiento, tratos crueles y torturas de nuestros niños y niñas, los testimonios de sus madres, así como de líderes políticos, venezolanos inocentes; encarcelados en grave situación de salud, describiendo las cadenas de mando judiciales, policiales, militares y administrativas”, explicó.

Igualmente, resaltó que, con estos casos, ya suman alrededor de 920 incidentes en las oficinas de esta instancia en La Haya que se registraron luego de las elecciones presidenciales.

Viera-Blanco hizo un llamado a todos aquellos que se ven afectados por este tipo de casos de violación de derechos humanos, los cuales están acreditados ante la CPI, a seguir trabajando e impulsando la investigación del caso en Venezuela.

ONG denuncia 1254 casos de violencia contra menores de edad entre marzo y julio

Caracas. – La ONG Red Nacional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA), denunció este miércoles a través de un informe, el registro de 1.254 hechos vinculados con muertes, abuso y otras violaciones a menores de edad, ocurridos entre marzo y julio de este año en Venezuela.

El informe titulado «Tendencias: Situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela», precisó que, dentro de los graves hechos recopilados, 128 corresponden a la muerte de menores de edad, 278 a violaciones sexuales y 699 a otras vulneraciones no letales.

La red documentó la participación de adolescentes en hechos punibles en 145 casos, así como la participación de adolescentes menores de 14 años (inimputables), en 4 oportunidades.Los estados con el mayor número de incidentes registrados en el informe son Zulia (177), Falcón (161), Bolívar (127), Distrito Capital (126) y Monagas (113).

En el caso de los abusos sexuales, el documento de REDHNNA detalla que el 81% de las víctimas, bien sean niños o adolescentes, pertenecen al sexo femenino.

Además, un dato que resulta alarmante en el informe, es la muerte de 17 niños, niñas o adolescentes (13,28 % de los casos totales), por fallas en la atención que debía brindar el sistema de salud.

De estos casos, 14 ocurrieron en abril, producto de una afección desconocida que les causaba rigidez y dolor en el cuello, fuertes dolores de cabeza y náuseas. Los fallecidos pertenecían a tres comunidades warao del estado Delta Amacuro.

Igualmente, en el periodo expuesto en el informe, se registran 10 sucesos en ocho regiones del país, que califican como muertes por violencia basada en género. La ONG explica que este porcentaje corresponde a un femicidio cada 15 días. En cinco de estos casos hubo abuso sexual.

Secuestrados en penal de Tocuyito lucen irreconocibles por pérdida de peso y torturas

Caracas. – En estado irreconocible, debido a la pérdida de peso, las torturas y demás vejaciones que reciben, se encuentran los secuestrados tras las protestas postelectorales, que fueron trasladados al retén de Tocuyito, en el estado Carabobo.

Un reporte difundido en plataformas digitales por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), recopila las impresiones de los familiares de estos detenidos, quienes quedaron espantados del terrible aspecto que presentan.

“A mi esposo no lo reconocía, estaba demacrado, demasiado delgado, estaba chivuo”, relató con voz entrecortada una mujer, quien fue a ver su pareja en ese penal.

“Me dijo que está bien, pero solamente ellos y las personas que están ahí con ellos son los que saben el día a día, porque ellos nos dicen que están bien, pero la realidad es que no lo están”, relató la mujer.

Los familiares contaron a la ONG, que el contacto físico con los secuestrados, así como cualquier demostración de afecto.

Sin embargo, para muchos familiares no fue necesario una palabra, tan solo ver su estado físico se daban cuenta que no la están pasando bien. Entre 10 y 15 kilos han rebajado algunos detenidos y es que los que sí pudieron hablar contaron que los alimentos que les proporcionan están descompuestos, venían supuestamente con gusanos y cabellos, además que el agua no es apta para consumo humano.

Las madres, esposas y hermanas los consiguieron bastante afectados, algunos llorando y fue cuando se enteraron lo que le dijeron los custodios antes de salir de su celda. Al respecto, consideran que lo hacen para causarle psicoterror, y es que “más que felices por verlos, salimos muy triste de esta visita”, relata a OVP la madre de uno de los detenidos.

Parte de este plan de amedrentamiento psicológico, son también las amenazas de los custodios, quienes les advierten a estos ciudadanos sobre los terribles maltratos que sufrirán las mujeres que son sus familiares durante las visitas.

“Mira lo que estás haciendo vivir a tu mamá, cuando llegue va a ser desnudada, humillada y la van a ultrajar, por tu culpa, porque eres un terrorista y si te portas mal va a ser peor”, es una de las muchas amenazas que estos funcionarios les hacen, mientras permanecen con los rostros cubiertos por pasamontañas,  fuertemente armados y, además, sin identificaciones visibles.

El Consejo de Europa concede su premio de Derechos Humanos a María Corina Machado

El Consejo de Europa ha concedido este lunes su premio Václav Havel de Derechos Humanos a María Corina Machado, quien ha dicho sentirse «profundamente conmovida, honrada y agradecida» de ser la primera latinoamericana en recibir este galardón.

Machado se ha dirigido al Consejo de forma remota desde su país, dedicándole este reconocimiento «a los millones de venezolanos que cada día encarnan los valores y las ideas de Havel», después de que su hija, Ana, recibiera en su nombre el galardón en Estrasburgo, ya que ella se encuentra «bajo amenaza» en Venezuela.

«El significado de este premio es inmenso, no solo para mí, sino para todos los que hoy luchamos juntos por la causa de la libertad en Venezuela», ha dicho Machado, quien ha asegurado que el movimiento que ella representa demostró «la victoria de los demócratas sobre la dictadura» en las últimas elecciones.

«Hoy nuestra lucha continúa, porque la verdad persiste hasta prevalecer», ha remarcado la dirigente de la oposición tras recibir un premio que a su vez está dotado con 60.000 euros.

En la apertura de la ceremonia, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Theodoros Rousopoulos, ha destacado que en la actualidad seis de los once últimos ganadores de este premio se encuentran en prisión

Uno de ellos era hasta hace bien poco el periodista y político ruso Vladimir Kara Murza, quien recibió en 2022 dicha distinción y ha sido liberado en agosto de este año. También se ha dirigido este lunes a la Asamblea y Machado ha ensalzado «su testimonio de lucha por una Rusia libre».

Cabe mencionar que los otros dos nominados han sido el defensor de Derechos Humanos y activista azerbaiyano Akif Gurbanov, en prisión preventiva en Bakú, y la activista feminista y abogada georgiana Babutsa Pataraia, quien estuvo presente en la ceremonia.

EE. UU. sanciona a una docena de agentes iraníes por violaciones de los Derechos Humanos

El Gobierno de EE. UU. ha impuesto este miércoles sanciones a doce funcionarios iraníes relacionados con la represión de la disidencia que lleva a cabo el Gobierno de Irán tanto dentro como fuera de las fronteras de la nación persa.

Estas sanciones, a las que se suman otras de Reino Unido y Australia, van dirigidas también hacia funcionarios de prisiones y agentes de los servicios secretos que llevan a cabo «operaciones letales» en el extranjero, así como de la fuerza paramilitar Basij, la cual está detrás también de la «brutal represión».

«Ya han pasado dos años desde la trágica muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la llamada ‘policía de la moral y, a pesar de las demandas pacíficas del pueblo iraní, sus líderes han redoblado sus ya conocidas tácticas de violencia y coerción», ha lamentado subsecretario interino del Tesoro Bradley T. Smith.

Así, Washington ha denunciado que las violaciones de los Derechos Humanos se han trasladado de las calles iraníes a las cárceles del país, en las que se ha llegado a ejecutar a presos sin el debido procedimiento legal, o bien se ha llevado a cabo agresiones sexuales en los centros penitenciarios de mujeres.

Entre los señalados en esta última batería de sanciones se encuentra, entre otros, el viceministro para asuntos de seguridad interna del Ministerio de Inteligencia, Hosseini Panjaki, responsable de supervisar las «operaciones de asesinato» de los disidentes iraníes que residen en el exterior.

«Las voces del pueblo iraní que reclaman libertades fundamentales merecen ser escuchadas», ha reclamado el Gobierno de Estados Unidos, quien ha remarcado que continuará con este tipo de medidas a fin de colocar ante la justicia a los responsables de las violaciones cometidas contra los Derechos Humanos.

La ONU acusa a Maduro de perpetrar crímenes contra la humanidad

La misión de la ONU que examina la situación de Venezuela ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de sumir al país en un «clima de temor» en el que cualquier puede ser víctima del aparato represor, hasta el punto de que las pruebas acreditan ya un nivel de persecución equivalente a crímenes contra la humanidad.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ha denunciado que el Ejecutivo chavista ha intensificado «dramáticamente» la represión para «aplastar» cualquier atisbo de disidencia, dentro de una escalada que ha alcanzado nuevas cotas a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que se han saldado con el exilio del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

En el periodo previo a esas elecciones, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas por supuestos complots contra el Gobierno y solo en julio de este año más de 120 personas quedaron bajo custodia en el contexto de la campaña electoral de la oposición.

Tras los comicios, las autoridades efectuaron más de 2.000 detenciones en pocas semanas, lo que derivó a su vez en violaciones del debido proceso y en la confirmación de que todo el sistema judicial, con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la cabeza, «está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social», según el informe.

Venezuela está inmersa «en una de las crisis de Derechos Humanos más graves de la historia reciente», en la medida en que los abusos que están ya documentados, incluidos casos persecución con motivaciones políticas —un tipo de crimen contra la humanidad—, «no son actos aislados o aleatorios» sino que forman parte de «un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir» a la oposición.

La presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, Marta Baliñas, ha denunciado «una intensificación del aparato represivo», pese a los «múltiples» llamamientos lanzados desde dentro de Venezuela y también por parte de la comunidad internacional.

Ya antes de las elecciones, Maduro y otros altos cargos chavistas advirtieron de un posible baño de sangre si no lograban la victoria. Otro de los expertos del grupo, Francisco Cox, ha recordado que la propia misión ya temía que el Gobierno pudiese «activar su aparato represivo» en el contexto electoral. «Y eso es precisamente lo que estamos observando ahora», ha apostillado.

Decenas de ONG instan a la ONU a renovar su misión sobre Derechos Humanos en Venezuela

Una treintena de ONG han instado este lunes a Naciones Unidas a renovar su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un grupo de observación encargado de abordar la situación de los Derechos Humanos en el país caribeño, y han hecho hincapié en la importancia de que exista una «rendición de cuentas» a medida que aumenta la «represión postelectoral».

Para estas organizaciones, la misión puede jugar un «rol clave» en este asunto y «mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada» que ha seguido a las elecciones presidenciales del 28 de julio y que, según el chavismo, ha permitido al genocida dictador que somete al país, Nicolás Maduro, revalidar su mandato, en claro fraude electoral.

Está previsto que los expertos de la misión emitan el próximo 19 de septiembre un informe sobre la situación en Venezuela, si bien se requiere una resolución para poder mantener el mandato del grupo después de octubre —tal y como hicieron en el pasado algunos países de Latinoamérica—.

«Tras las elecciones presidenciales, los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los Derechos Humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca», han indicado en un comunicado todas estas organizaciones.

Entre las organizaciones se encuentran Acceso a la Justicia, Amnistía Internacional, AlertaVenezuela, Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Human Rights Watch, entre otras.

En este sentido, han recordado que esta misión fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos con el objetivo de investigar posibles «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014».

Así, buscaba «asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y lograr hacer justicia para las víctimas». Su mandato se extendió dos veces, en octubre de 2020 y 2022.

Esta misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de Derechos Humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, algo que podría constituir crímenes de lesa humanidad.

En sus informes, esta ha identificado a autoridades de medio y alto rango como posibles responsables de estas violaciones. La misión también se ha referido al papel del poder judicial venezolano en «la comisión de estas violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, incluido un plan para reprimir a la oposición o a aquellas personas percibidas como tal, y la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública».