Un cuarto militar se suma a huelga de hambre a Ramo Verde

Caracas. – Un cuarto militar se sumó a la huelga de hambre iniciada el pasado fin de semana por tres oficiales detenidos en Ramo Verde.

En esta ocadión se trata del sargento primero del Ejército, Alberto Salas Piñango, quien este lunes se unió al capitán de Corbeta Carlos Macsotay, al Mayor Efrain Ricardo González y al teniente de navío Antonio Scola Lugo, quienes se encuentran también en protesta.

Según lo denunció en su cuenta de la red X la abogada Tamara Suju, el sargento reclama un «dolor irresistible que padece desde hace más de 1 mes, y que no ha sido atendido, a pesar de que ya tiene una Orden de Traslado. El oficial tiene fracturas producidas por las torturas que no han sido atendidas debidamente».

Cae recordar que Piñango es uno de los detenidos por el alzamiento de Cotiza, caso ocurrido en enero de 2019.

Además, los tres oficiales mencionados iniciaron la huelga de hambre tras cumplir cinco años ya tras las rejas sin haber sido sometidos siquiera a juicio.

En este sentido, fueron apresados de manera injusta, bajo un engaño que les tendió el actual ministro del interior del narcorégimen, Remigio Ceballos, quien los citó a una reunión, pero la finalidad era detenerlos porque supuestamente incitaban una rebelión militar.

Misión de ONU para Venezuela denuncia que tiranía continúa violando DD.HH.

Caracas. – La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para Venezuela denunció este miércoles al narcorégimen de Nicolás Maduro de continuar los ataques y violaciones de derechos humanos contra grupos políticos y organizaciones cívicas en el país.

En una rueda de prensa ofrecida en Ginebra, los tres integrantes de la misión expusieron su más reciente informe, en el cual detallaron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, catorce desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias y 28 casos de tortura, entre los que se encuentran 19 casos de uso de violencia sexual.

Marta Valiñas, presidente de la misión, explicó que este año las acciones de violencia de la tiranía han sido más selectivas.

«Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos, que recientemente se han llevado a cabo de manera selectiva contra personas de la sociedad civil tales como dirigentes sindicales, periodistas y defensores de los derechos humanos”, señaló.

El equipo de investigadores concluyó, de manera general, que el narcorégimen madurista ha seguido reprimiendo a grupos políticos, líderes sindicales y organizaciones cívicas y de derechos humanos.

“Nuestra conclusión es que, hasta la fecha, se cometen graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, y estas violaciones no son actos aislados, sino que continúan reflejando una política para reprimir la disidencia y la oposición al Gobierno”, acotó Valiñas al respecto.

Demanda por crímenes de lesa humanidad interpuesta contra El Salvador en 2021 es desestimada

La Fiscalía General de El Salvador ha anunciado este viernes que la demanda interpuesta en febrero de 2021 contra el Estado salvadoreño ante un tribunal de Nueva York por crímenes de lesa humanidad ha sido desestimada «por falta de jurisdicción en la materia».

La Fiscalía ha explicado que dicho tribunal ha considerado que «no posee competencia para conocer del caso» y ha calificado la resolución como «histórica» y «en total respeto a la soberanía nacional».

«El fundamento de la decisión es la aplicación de la doctrina de inmunidad soberana», ha añadido la Fiscalía General, alegando que «las partes demandantes invocaron la aplicación de la excepción del terrorismo», pero que «el juez determinó que Estados Unidos no había emitido ninguna declaración de El Salvador como país terrorista».

«Con este fallo y fundamento se cierran las demandas contra nuestra República, nuestra Policía y nuestras Fuerzas Armadas», concluye el mensaje de la Fiscalía, que ha sido compartido por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acompañado de la palabra «soberanía».

Narco régimen niega que haya «víctimas de crímenes de lesa humanidad»

Caracas. – Tras la decisión tomada por la CPI, de rechazar la solicitud de la Narcotiranía para presentar una réplica al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones, el régimen de Nicolás Maduro se atrevió a afirmar que en Venezuela “no hay víctimas de crímenes de lesa humanidad”.

A través de un comunicado el régimen explicó que la decisión, adoptada por el tribunal de La Haya, sólo recoge las opiniones de ‘víctimas potenciales’.

Con este argumento, la tiranía pretende determinar que hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal” por la CPI.

En un comunicado, el régimen de Maduro aseveró lo siguiente: «Con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional».

Igualmente, acotó que «es el pueblo de Venezuela el que ha sido víctima de bloqueos y agresiones económicas desde el año 2014, derivadas de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por las autoridades de los Estados Unidos”.

Pero, también, la misiva realiza una advertencia: «las denominadas ‘víctimas potenciales’ y, especialmente, algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela”.

De hecho, recientemente un vocero del Estado fallido que dirige Maduro, Diosdado Cabello, acusó al fiscal Karim Khan, de “instrumentalizar” la Justicia contra Venezuela “con fines políticos”.

Revelan que el cuerpo de Leoner Azuaje tenía hematomas y signos de tortura

Caracas. – Fuentes internas al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) revelaron que el cuerpo de Leoner Azuaje Urrea, presentaba hematomas y signos de torturas.

Según el periodista Javier Ignacio Mayorca, quien publicó la información en su blog Crímenes y Castigo, en la Morgue de Bello Monte revelaron que el cuerpo de evidenciaba hematomas en la parte media y baja del abdomen, escoriaciones en la región intercostal derecha y antebrazos; además, signos de tortura en la planta de los pies.

Los restos de Azuaje fueron llevados a la morgue a las 5:00 pm del jueves 20 de abril, luego de que el fiscal general chavista informara por sus redes sociales sobre la muerte, y adelantara opinión al calificarla como un supuesto “suicidio”.

Según Tarek William Saab, el detenido, por su supuesta participación en la guerra interna del chavismo, murió por “asfixia mecánica por constricción de cuello”, luego de ahorcarse con unas sábanas dentro de la celda donde estaba recluido.

Sus familiares acudieron a la morgue de Bello Monte la mañana del viernes. La viuda iba acompañada por dos parientes, y se negó a declarar. Se retiraron de la morgue a las 11:58 am.

Al término de esta edición, se desconoce si el cadáver fue retirado, ya que no tuvieron contactos con personas que ofrecen servicios fúnebres.

En redes condenaron decisión de liberar al militar que asesinó a David Vallenilla

Caracas. –  Toda una avalancha de críticas en redes sociales, desató este lunes la decisión emitida por el Tribunal 15 de Juicio, la cual dejó en libertad al sargento Arli Cleiewi Méndez Téran, sindicado de haber asesinado al estudiante David Vallenilla, durante una de las protestas escenificadas en 2017 en la base aérea La Carlota.

Tras conocerse el dictamen, firmado por la jueza Kenia Carrillo Galvao, los llamados de justicia no se hicieron esperar. En las redes se viralizó, nuevamente, el video en el cual se aprecia claramente, como Méndez dispara con una escopeta, a quemarropa y a través de las cercas que protegen el perímetro de la base aérea, contra Vallenilla, quien recibe los impactos estando tendido en el pavimento.

«Hace una semana fui como testigo presencial al juicio del asesinato de David Vallenilla. Las imágenes que grabé, junto a la de otros colegas, hablan por sí solas ¡JUSTICIA!», publicó el periodista Luis Olavarrieta.

«#Venezuela. ¿JUSTICIA? Acaban de absolver al oficial acusado del asesinato del joven David Vallenilla, quien murió ante las cámaras de TV en una manifestación.  ¿Y la Cadena de Mando del Asesinato? ¿Y la del Juez y Fiscal? Cobardes y Asesinos!  A la @IntlCrimCourt van!», publicó la defensora de DDHH, Tamara Suju.

El padre de Vallenilla también se pronunció sobre la injusticia: «“Ahora el caso tiene más fuerza para la Corte Penal Internacional. También pagará las consecuencias”.

La abogada y también defensora de DDHH; María Alejandra Poleo se pronunció: «Después de 8 meses y una interrupción del juicio oral y público en la causa del asesinato del joven David Vallenilla, el tribunal 15 de juicio acaba de absolver al sargento que lo asesinó !!! Increíble la justicia en vzla. Todas las pruebas para condenarlo están en el expediente».

Organizaciones de DDHH protestaron para exigir la liberación de activistas de Fundaredes

Representantes de varias ONG se concentraron frente a la sede del Sebin, en Plaza Venezuela, para reclamar la excarcelación de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García
Caracas. – Una protesta, a cargo de diferentes organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos (DDHH), se llevó a cabo este sábado, 03 de julio, frente a la sede del Sebin en Plaza Venezuela (Caracas), para exigir la liberación de Javier Tarazona y otros dos activistas detenidos por la narcotiranía este viernes.

El director de Fundaredes fue detenido junto a su hermano Rafael Tarazona, su compañero Omar García, y el dirigente del movimiento MayDay Confavidf, Yhonny Romero, ayer viernes cuando acudía a la sede del Ministerio Público en Coro, a realizar una denuncia por hostigamiento.

Precisamente un grupo de hombres, incluyendo funcionarios del Sebin, Polifalcón y otros sujetos de civil pero igualmente armados, quienes tenían días siguiéndolos y acosándolos, los detuvieron.Solamente fue liberado Romero, a quien dejaron salir el mismo viernes en la noche. Pero a los hermanos Tarazona y a García aparentemente los trasladaron al cuartel central del Sebin en Plaza Venezuela, algo que no ha sido comprobado todavía.

También desconocen en qué estado se encuentran.Entre las organizaciones que acudieron para hacer sentir su voz de reclamo ante esta situación figuraron Espacio Público, Foro Penal, Acceso a la Justicia, Provea y Amnistía Internacional, entre otras.

«Parece que esta detención arbitraria constituye la continuación del patrón de persecución contra la sociedad civil independiente que ha venido movilizándose para denunciar las diferentes situaciones violatorias de derechos humanos. Defender los derechos humanos no es un delito, y este tipo de acciones de amedrentamientos no van a silenciar el trabajo de las organizaciones», dijo desde Plaza Venezuela, el director de Provea, Rafael Uzcátegui.

Por su parte, la directora de Amnistía Internacional para Latinoamérica, Érika Guevara-Rosas, se pronunció con respecto a la situación con el siguiente mensaje por Twitter: «Otro ataque a personas defensoras de DDHH en Venezuela, que se suma a los 97 denunciados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas».

Mientras, Marino Alvarado, ex director de Provea, denunció que «estamos ante una desaparición forzada», además de criticar que en el organismo represivo se negaron a darles información acerca del paradero de los tres activistas.

Estudio de ONG revela 48 ataques en mayo hacia Derechos Humanos en Venezuela

El Centro para los Defensores y la Justicia publicó un informe, en el cual se precisa que 31 de las agresiones fueron contra organizaciones defensoras de los DDHH, mientras que 17 fueron acciones individuales contra personas promotoras de estos valores

Caracas. – La ONG Centro para los Defensores y la Justica detectó 48 ataques durante el pasado mes de mayo, dirigidos a actos que promovían la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela.

El organismo, en su página web (www.centrodefensores.org.ve) publicó un informe en el cual detalla que estas agresiones fueron clasificadas en dos grupos. Treinta y una (31) de ellas estuvieron dirigidas contra organizaciones de DDHH o encargadas de acciones humanitarias, mientras que las 17 restantes fueron ataques individualizados, contra personas promotoras de los DDHH.

«El entorno para el ejercicio del derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos es más adverso con el pasar de los días. A medida que las agresiones y las amenazas recrudecen y aumentan y en tanto el entorno socio-político facilita que los actores responsables concreten los ataques, los niveles de riesgo para quienes desarrollan estas actividades incrementan», señaló el informe de la ONG.Igualmente, señaló que estos actos de violencia forman parte de la política de criminalización, establecida por la narcotiranía, para atentar contra grupos o individuales que fomenten el respeto a los DDHH o realicen acciones humanitarias.

El estudio del centro de defensores, caracterizó a los ataques en 4 tipos: estigmatización, amenazas, hostigamientos y ataques digitales.En estas categorías, la que más se llevó a cabo en mayo fue la estigmatización, con 26 casos de agresiones entre los 48 contabilizados.

Doce fueron por amenazas, 8 por hostigamientos y 2 por ataques digitales.También, en el informe se analiza a los autores de estos ataques. Un total de 15 (31%) de los ataques fueron realizadas por personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado. Estos agresores perpetraron principalmente amenazas y actos de intimidación y hostigamiento.  Luego, «unos 14 hechos (29%), fueron efectuados por funcionarios públicos, incluyendo de alto nivel, quienes hicieron uso de sus perfiles en redes sociales, o declaraciones en medios de comunicación gubernamentales para estigmatizar, amenazar e intimidar», según lo reflejado en el análisis.

También precisa que 12 de los ataques (25%) fueron perpetrados desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado, y sus cuentas en redes sociales.Finalmente revela que solo 4 fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas (9%); y 3 hechos fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado (6%).

ONU condena presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía en 2021

Del Freedom Post

Expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas dijeron este miércoles 10 de marzo que estaban investigando 200 muertes presuntamente cometidas este año por fuerzas policiales venezolanas, cuando existe preocupación por posibles ejecuciones sumarias.

Marta Valinas, jefa de una misión de investigación de la ONU, dijo que el saldo incluía personas muertas en un operativo policial en La Vega, en Caracas, a principios de enero.

La delegación de Venezuela rápidamente desestimó las acusaciones sin abordarlas específicamente. «Una vez más, la misión de investigación presenta información politizada sin equilibrio ni imparcialidad«, dijo en el foro de Ginebra.

Hugo Marino: Casi 600 días de incertidumbre

Hugo Marino es un buzo ítalo-venezolano que está desaparecido desde el 20 de abril del año 2019 cuando funcionarios de los cuerpos armados del régimen, específicamente del servicio de Contrainteligencia Militar, lo detuvieron de manera arbitraria al aterrizar en Venezuela. A Marino lo habrían contactado para que realizara un trabajo en el país, y desde el día de su aterrizaje no se conoce su paradero.

Los familiares han pedido en reiteradas oportunidades una fe de vida, pues existe una incertidumbre en torno a su casi y, a más de un año de su secuestro por parte de la tiranía, aún no se les ha dado respuesta.

Su madre, Beatriz, a través de las redes sociales recuerda su caso diariamente y les exige a los organismos del régimen que respondan sobre lo que ha sucedido con su hijo.

Al mismo tiempo, la señora Beatriz se ha mostrado muy agradecida con todos los que le han ayudado a difundir sus denuncias a la vez que pide que “no la abandonen.”

Hoy, 30 de noviembre del 2020, Hugo Marino ya cumple 590 días exactamente desde su desaparición sin saber en que condiciones se encuentra actualmente, ni su localización.