Delsa Solórzano: «mientras haya presos políticos, no me conformaré con un acuerdo mediocre»

Caracas. – Como un «acuerdo mediocre» calificó la dirigente política Delsa Solórzano a la negociación de Barbados, debido a que aún hay 300 presos políticos, así como una gran cantidad de dirigentes perseguidos por el narco régimen de Maduro.

La presidenta de Encuentro Ciudadano hizo sus declaraciones este pasado miércoles, durante su participación en el foro «Estado de Derecho en Latinoamérica: Desafíos y amenazas», organizado por la red de mujeres UPLA.

«Tristemente sirve para tratar de legitimar a un régimen que se sostiene en el poder, entre otras cosas, por la indiferencia de muchos», dijo sobre el pacto negociado en Barbados, agregando «mientras haya presos políticos, no me conformaré con un acuerdo mediocre».

«Con mucha vergüenza debemos admitir que el modelo de Chávez ha sido vendido como una especie de cajita feliz, una fórmula que se llevó al resto de la región como mecanismo para sostenerse en el poder a toda costa, y la persecución a la disidencia política es fundamental», criticó en su mensaje.

Igualmente, recordó el caso del activista de su partido, Nelson Piñero, quien fue detenido este año y forma parte del gran lote de reos de conciencia, que permanecen tras las rejas por órdenes de la tiranía madurista.

«En el caso de Encuentro Ciudadano tenemos cuatro presos, el más reciente es Nelsón Piñero, preso por escribir en sus redes sociales, es un preso del gobernador de Carabobo, Lacava, quien pidió que Nelsón fuera detenido por criticarlo», denunció.

Además, reiteró que su partido no forma parte del proceso de diálogo. «Había un compromiso de liberar los presos políticos y eso no ha ocurrido, liberan a dos o tres y encarcelan a varios más, ayer fue ordenada la detención de un comandante de los bomberos de Miranda por que se atrevió a alzar la voz por las terribles condiciones de trabajo en la que encuentran», sostuvo.

Han sido liberados 17 presos políticos y ocho estadounidenses hasta los momentos

Caracas. – Al menos 17 presos políticos, incluyendo a los seis sindicalistas de la empresa Sidor, así como al presidente de Súmate, Roberto Abdul, han sido liberados por el narco régimen hasta los momentos, cifra a la cual se suman ocho ciudadanos estadounidenses.

En la lista de excarcelados este pasado miércoles, destacan los seis sindicalistas: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, quienes fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022, y condenados en agosto a 16 años de prisión.

También fue liberado Roberto Abdul, quien fue integrante del comité organizador de la primaria de la oposición realizada el pasado 22 de octubre, y quien permaneció 14 días tras las rejas.Ivonne Barrios, Guillermo Zarraga, Daeven Rodríguez y Leovardo Primera, quienes estaban detenidos por el caso del supuesto «espía norteamericano», por el cual se detuvo a Matthew Jhon Heath, también fueron dejados en libertad.

Otros beneficiados por el canje de Saab fueron el capitán Juan Carlos Guillén Rosales y el juez Carlos Alberto Jaimes Gómez, presos desde diciembre de 2021 en el Destacamento 351 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Apure, vinculados al caso del hato Chaparralito.

Juan Carlos Ochoa, detenido en 2020 por su supuesta participación en planes de conspiración, así como los ciudadanos César Guevara y Luis Narváez, también presos desde 2020, acusados de un presunto boicot en la Refinería El Palito, fueron igualmente excarcelados este miércoles.Se habla extraoficialmente de una lista de 30 detenidos que saldrían tras las rejas, por lo que se espera continúen las liberaciones.

De hecho, Alcides Bracho, uno de los sindicalistas liberados, denunció tras su salida de la prisión, que «hay cerca de 270 presos políticos que deben ser liberados».

Alfredo Romero: detención de Roberto Abdul responde a patrón recurrente de violación de DDHH

Caracas. – La presentación a escondidas ante un tribunal, y sin permitir la presencia de abogados, como ocurrió en el caso del presidente de Súmate, Roberto Abdul, corresponde a un patrón recurrente de violación de Derechos Humanos que aplica siempre la Narcotiranía venezolana, según lo denunció este lunes el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.

El activista ofreció una entrevista este 11 de diciembre al medio VPITV, en la cual alertó que ni los familiares, abogados, u otros activistas políticos o de Derechos Humanos han podido tener todavía acceso a Abdul, tras su injusta detención realizada el pasado 6 de diciembre.

“Esto en definitiva es violatorio a los derechos humanos y al debido proceso, al derecho a la defensa y es algo que ya hemos denunciando ante diferentes instancias nacionales e internacionales porque ya ha ocurrido anteriormente. Pasó igual con el defensor de DDHH Javier Tarazona, igual a escondidas sin abogados. Es un patrón que ocurre de manera constante en este tipo de casos”, condenó Romero.

Igualmente, explicó que el tribunal 4to de terrorismo, ante el cual fue presentado, avisó a los allegados de Abdul sobre la suspensión de la audiencia. Sin embargo, luego el citado tribunal se trasladó a El Helicoide, “a los efectos de no permitir el acceso de abogados y que no se conociera el contenido del expediente”, reclamó el activista.

También, dijo que a la esposa de Abdul solo le permitieron llevarle ropa y medicinas, pero no ha tenido contacto con él desde el pasado 6 de diciembre.

En este escenario, cabe recordar que tanto Abdul, como los demás integrantes de Vente Venezuela, y los dirigentes políticos en el exilio son acusados por la fiscalía del régimen por los presuntos cargos de “conspiración, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

CPI: apenas un 4% de crímenes investigados por la Narcotiranía registran avances

Caracas. – Durante la segunda audiencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los representantes del narcorégimen de Nicolás Maduro, no les quedó más remedio que admitir avances en apenas un 4% de los casos considerados como crímenes de lesa humanidad.

Los representantes de la tiranía en esta audiencia, el abogado británico Ben Emmerson, el letrado Aitor Martínez Jiménez, y el canciller Yván Gil, ofrecieron resultados sobre unos 124 casos que documentaron ante la corte.

Sobre esta muestra, Jiménez detalló que «113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados».

Es decir, el porcentaje de casos realmente investigados suma apenas un 4%, ya que de 124 hechos punibles, solo cinco registran condenas. Ante los cuestionamientos de la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, la delegación del régimen debió confesar, finalmente, que ninguno de los casos ha sido concluido con una condena definitivamente firme.

Por su parte, la Fiscalía de la CPI argumentó que, de 62 casos de crímenes examinados por esa instancia, «47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir tres cuartas partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, [que] es la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”.

Pero, por otra parte, el juez Marc Perrin de Brichambaut hizo un llamado de atención a los voceros del narcorégimen por el lenguaje «inadecuado» empleado en estas dos sesiones, para referirse tanto a la Corte como a otros organismos.

Varios portales indicaron que esta reprimenda es el resultado de las descalificaciones realizadas principalmente por Gil, quien en su intervención de este miércoles, que se atrevió a afirmar que el aparato de justicia de la tiranía madurista era más efectiva que la CPI.

CPI concluyó que narcorégimen se niega a investigar crímenes de lesa humanidad

Caracas. – La Corte Penal Internacional (CPI) concluyó en la audiencia celebrada este miércoles que el narcorégimen venezolano se niega a investigar hechos que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.

Según lo señaló el juez de la Sala de Apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro, en cuanto a cumplir con las investigaciones sobre casos que podrían ser considerados crímenes graves, y de lesa humanidad, son totalmente falsos.

«Las autoridades venezolanas informaron a la Corte que están investigando. La Sala Preliminar concluyó que Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes», dijo el magistrado.

Para empezar, la Narcotiranía presentó 250 casos en el idioma español, aún sabiendo que la corte exige que estos sean traducidos al inglés o al francés, alegando ser «pobre» para costear la traducción de todos esos documentos, de los cuales se analizaron unos 60 casos considerados «representativos».

Por su parte, Paolina Massidda, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, afirmó de manera contundente que «la posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos».

Igualmente, advirtió que las víctimas han dado una serie de razones por las que Venezuela no investiga los crímenes y señala que los elementos contextuales son vitales para determinar dichos crímenes. «Si no toman en cuenta esto, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas», alegó.

También, trascendió que los representantes del narcorégimen —el canciller Yvan Gil, el secretario de DDHH Larry Devoe, y la directora de DDHH del Ministerio Público Karen García— argumentaron que las exigencias de la CPI no precisaban bien los detalles, en cuanto al alcance que debían tener las averiguaciones.

Sin embargo, la representante de la Fiscalía de la CPI desmintió esos alegatos al señalar que «no se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a lo que podía responder Venezuela».

La ONU denuncia existencia de restricciones democráticas en Venezuela

Caracas. – El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó este pasado viernes una «gran preocupación» por las medidas adoptadas por el narcorégimen, con la finalidad de «impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos» para las posibles elecciones presidenciales de 2024.

En un quinto informe publicado en relación a la situación en Venezuela, el comité denunció represalias adelantadas, cuyo resultado es que varios candidatos «han sido ya inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024».

A pesar de no precisar nombres de los dirigentes políticos afectados, el informe del Comité es revelado a pocos días de haberse producido la primera reacción en contra de las primarias.

Esta semana, el TSJ chavista desconoció los resultados e intenta anular al proceso en sí, lo cual ha provocado reacciones en contra de varios organismos internacionales, así como de la misma «oposición» venezolana.

En el informe, se citan al ente judicial, al Consejo Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República como instituciones cuyas acciones u omisiones están produciendo «restricciones al espacio democrático».

También, agrega que las «graves restricciones a la libertad de opinión y expresión» en Venezuela incluyen acoso, intimidación y detención arbitraria de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas considerados críticos con el régimen de Maduro.

Además, pone en dudas la autonomía del poder judicial en el país, dado que a este organismo se le considera una herramienta más del aparato represivo dirigido por Nicolás Maduro.

Mentiras de delegación del narco régimen quedaron expuestas ante Comité de DDHH de ONU

Caracas. – Durante la celebración del quinto informe sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, acto que se celebra en Ginebra (Suiza), las mentiras de la delegación que representó al narcorégimen de Nicolás Maduro quedaron al descubierto, sobre todo por negar la existencia de presos políticos en Venezuela.

Una de las intervenciones más evidentes en este sentido fue la del fiscal de la tiranía, Tarek William Saab, quien aseguró ante el Comité de DD. HH. de la ONU que su despacho y el narcogobierno madurista eran «impecables e implacables a la hora de procesar casos relacionados a violaciones de derechos humanos».

Saab, quien estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil Pinto, reclamó que el comité haga preguntas supuestamente sin datos oficiales, sino tomados de las redes sociales. Además, señaló además que «se politizan los derechos humanos».

En este sentido, puso en duda la clara existencia de presos políticos en el país, al decir «esas personas detenidas, condenadas, con sentencia definitivamente firme por atentar con drones contra todo el Alto Mando civil y militar, incluyendo al Jefe de Estado, Nicolás Maduro, como objetivo principal, ¿Son presos políticos? ¿Son presos de conciencia?, hagamos entonces un debate».

De hecho, la ONG Provea destacó en sus redes sociales que la delegación de Maduro, representada por Saab y Gil, insultó a expertos del Comité DDHH-ONU en su evaluación.

Provea señaló en un comunicado, que «la respuesta de Maduro fue negar la realidad del país e insultar: Parcialidad, falta de profesionalismo, politización, perder el tiempo, irresponsables…fueron algunos de los insultos de la representación del Estado venezolano durante su evaluación».

Ante esto, los representantes de la ONU exclamaron: «Tenemos derecho a pedir que se nos respete” respondió el experto independiente, Carlos Gómez Martínez, a las descalificaciones de la representación de Nicolás Maduro, quien recordó la importancia de un ámbito institucional en Naciones Unidas.

También, uno de los representantes de comité de la ONU, aseveró lo siguiente: «Jamás he visto a un Fiscal General defender de tal forma al Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia».

El Consejo de DD. HH. de la ONU se renueva e incluye países que no respetan los DD. HH.

La Asamblea General de la ONU votó este martes en Nueva York para elegir a 15 nuevos miembros del organismo, con sede en Ginebra, para mandatos comprendidos entre 2024 y 2026.

Es necesario mencionar que los 47 miembros del Consejo se reparten por regiones, y cada gran grupo regional suele preseleccionar a sus candidatos y la Asamblea General los suele aprobar después.

Empero, este año dos grupos tenían más candidatos que escaños disponibles: América Latina, con Brasil, Cuba, República Dominicana y Perú que competían para tres escaños; y Europa del Este, con Albania, Bulgaria y Rusia para dos escaños.

Cabe recordar que Rusia había perdido su asiento en el Consejo de Derechos Humanos tras ser expulsado por su invasión a Ucrania, tras obtener 83 votos de los 193 Estados miembros de la ONU.

En este sentido, Rusia fracasó en su intento de recuperar su pusto y en el grupo regional de Europa del Este, Bulgaria y Albania fueron elegidos por la Asamblea General con 160 y 123 votos respectivamente.

Tras esto, Louis Charbonneau, de la ONG Human Rights Watch (HRW) comentó que «Los estados miembros de la ONU han enviado una fuerte señal a las autoridades rusas: un gobierno responsable de innumerables crímenes de guerra y contra la humanidad no tiene lugar en el Consejo de Derechos Humanos».

Sin embargo, en contraste, curiosamente Cuba obtuvo 146 votos para ocupar un escaño, siendo la mayor puntuación entre los cuatro candidatos que optaban a los tres puestos disponibles para la región americana, sumado a China, quien fue reelegido sin problemas para ocupar su puesto.

Por ello, algunos organismos internacionales, como ONG y otroa activistas, criticaron la reelección de Cuba al considerar que el Gobierno de la isla viola de manera sistemática esa carta de derechos fundamentales.

En este sentido, el subdirector para las Américas de HRW, Juan Pappier, aseguró a EFE que «las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se cometen en Cuba deberían excluir al Gobierno de ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU».

El jefe de DDHH de la ONU alerta de que el «asedio» de Gaza está «prohibido» por el Derecho Internacional

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, ha alertado este martes que el «asedio completo» de la Franja de Gaza por parte de Israel está «prohibido» por el Derecho Internacional dado que «pone en peligro la vida de los civiles y les priva de los bienes esenciales para su supervivencia».

«Cualquier restricción al movimiento de personas y bienes para llevar a cabo el asedio debe ser justificado mediante necesidad militar», ha señalado en un comunicado emitido un día después de que las autoridades israelíes ordenaran el asedio de Gaza y suspendieran el suministro de electricidad, agua y combustible.

La situación, tal y como ha denunciado Turk, podría llevar a un «grave empeoramiento de la situación humanitaria y de Derechos Humanos en Gaza», incluida la capacidad de las instalaciones médicas, que podrían ver imposibilitadas sus operaciones a medida que aumenta el número de heridos.

Así, ha instado a tomar medidas de forma urgente para evitar que la situación empeore en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, a su juicio, «el Derecho Internacional y los DD. HH. deben ser respetados en todas las circunstancias».

Además, ha agregado que el mundo se encuentra en una situación que podría estallar «como un barril de pólvora».

«Ya sabemos cómo funciona esto; la pérdida de vidas israelíes y palestinas y el sufrimiento incalculable para las dos comunidades», ha afirmado Turk, que ha pedido el «cese inmediato de los ataques contra civiles y aquellos que buscan provocar daños desproporcionados».

Un cuarto militar se suma a huelga de hambre a Ramo Verde

Caracas. – Un cuarto militar se sumó a la huelga de hambre iniciada el pasado fin de semana por tres oficiales detenidos en Ramo Verde.

En esta ocadión se trata del sargento primero del Ejército, Alberto Salas Piñango, quien este lunes se unió al capitán de Corbeta Carlos Macsotay, al Mayor Efrain Ricardo González y al teniente de navío Antonio Scola Lugo, quienes se encuentran también en protesta.

Según lo denunció en su cuenta de la red X la abogada Tamara Suju, el sargento reclama un «dolor irresistible que padece desde hace más de 1 mes, y que no ha sido atendido, a pesar de que ya tiene una Orden de Traslado. El oficial tiene fracturas producidas por las torturas que no han sido atendidas debidamente».

Cae recordar que Piñango es uno de los detenidos por el alzamiento de Cotiza, caso ocurrido en enero de 2019.

Además, los tres oficiales mencionados iniciaron la huelga de hambre tras cumplir cinco años ya tras las rejas sin haber sido sometidos siquiera a juicio.

En este sentido, fueron apresados de manera injusta, bajo un engaño que les tendió el actual ministro del interior del narcorégimen, Remigio Ceballos, quien los citó a una reunión, pero la finalidad era detenerlos porque supuestamente incitaban una rebelión militar.