El estado de Illinois y la ciudad de Chicago han demandado este lunes a la Administración de Donald Trump por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional, mientras la Casa Blanca apunta a ciudades lideradas por los demócratas en el marco de las discrepancias sobre la política de control migratorio.

«El despliegue de tropas federalizadas en Illinois por parte de los demandados es manifiestamente ilegal. Los demandantes solicitan a este tribunal que detenga la federalización ilegal, peligrosa e inconstitucional de los miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, incluidas tanto la de Illinois como la de Texas», reza el documento.

En este sentido, ha subrayado que «el pueblo estadounidense, independientemente de dónde resida, no debería vivir bajo la amenaza de ocupación por parte de las tropas militares estadounidenses, en particular simplemente porque el liderazgo de su ciudad o estado haya caído en desgracia ante un presidente».

La demanda ha llegado después de que el presidente estadounidense autorizara el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a Chicago, Portland y otras ciudades «donde sea necesario». Antes, envió 300 uniformados de Illinois a Chicago, a pesar del rechazo del gobernador de dicho estado, JB Pritzker, que denunció lo que tachó como una «invasión» por parte de Trump.

Horas después de presentar la demanda, Pritzker ha realizado una rueda de prensa en la que ha asegurado que el objetivo de Trump con el despliegue de tropas es «crear violencia y caos» en la ciudad para «tener un pretexto para invocar la Ley de Insurrección», que autoriza al inquilino de la Casa Blanca a desplegar fuerzas militares para reprimir una rebelión. «No hay ninguna invasión aquí. No hay ninguna insurrección aquí», ha zanjado.

El alcalde Chicago, el demócrata Brandon Johnson, ha firmado durante la jornada una orden ejecutiva que establece una «zona libre» del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) y que prohíbe que sus agentes federales utilicen propiedades del Ayuntamiento para llevar a cabo sus operaciones.

Al mismo tiempo, el documento invita a las empresas locales y a las organizaciones de la comunidad que «se unan en los esfuerzos de la ciudad de salvaguardar los derechos inalienable de cada chicagüense».

«No toleraremos que los agentes del ICE violen los derechos constitucionales de nuestros residentes ni permitiremos que el Gobierno federal ignore nuestra autoridad local. Están deteniendo a funcionarios electos, lanzando gases lacrimógenos contra manifestantes, niños y policías de Chicago, y abusando de los residentes», ha manifestado.

Para Johnson, con esta orden ejecutiva Chicago «se mantiene firme en la protección de los derechos constitucionales» de sus vecinos y comunidades migrantes, así como en la defensa de la democracia, según ha indicado a través de su perfil en la red social X.

El Tribunal Supremo de EE. UU. ha rechazado un recurso presentado por Ghislaine Maxwell, expareja del magnate Jeffrey Epstein y condenada a 20 años de cárcel por facilitar a la trama niñas adolescentes que terminarían sufriendo abusos sexuales.

Maxwell, de 63 años y condenada en 2022, alegaba que un acuerdo de culpabilidad que pactó Epstein en 2008 con la Fiscalía de Florida le protegía también a ella frente a futuros procesamientos, pero el Alto Tribunal ha descartado este lunes examinar el recurso.

El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, se ha mostrado «muy decepcionado» por la decisión del Supremo, aunque ha advertido de que «la lucha no ha acabado» para ellos. «Aún hay graves asuntos legales y seguiremos agotando todas las vías para que se haga justicia», ha señalado, según la cadena CNN.

Cabe señalar que el caso había llegado al Supremo después de que un tribunal de apelaciones de Nueva York hubiese descartado el recurso el año pasado; en línea con el criterio de la Fiscalía, que entendía que el acuerdo sellado por Epstein no implicaba una carta blanca para que Maxwell pudiese esquivar cualquier tipo de acusación federal.

La jueza federal de distrito Karin J. Immergut ha ordenado la paralización del despliegue de tropas de la Guardia Nacional de EE. UU. en la ciudad de Portland (Oregon) después de que las autoridades estatales presentaran una demanda al Gobierno del presidente Trump por la intención de militarizar la ciudad.

«Por las razones expuestas, este tribunal (…) suspende temporalmente el memorando (…) del 28 de septiembre de 2025, que ordena la federalización y el despliegue de los miembros de la Guardia Nacional de Oregon en Portland», reza el auto emitido por la jueza.

Donald Trump ordenó hace una semana el envío de fuerzas militares a Portland y autorizó el uso de la «fuerza total» en el marco de su campaña para recuperar la seguridad en las principales ciudades estadounidenses.

El Mando Norte de EE. UU. anunció este viernes el despliegue de unos 200 soldados en la ciudad con el objetivo de ejecutar «actividades de protección militar» que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, considere «necesarias para garantizar la protección y seguridad del personal y la propiedad federales».

Esta nueva sentencia impide a la Administración Trump llevar a cabo la operación por un plazo de 14 días —hasta el 18 de octubre—; sin embargo, existe la posibilidad de que sea prorrogada.

«La verdad ha prevalecido. El tribunal federal falló a favor de Oregon para bloquear una intervención militar en Portland. Si bien este fallo es solo el primer paso, es un paso en la dirección correcta», ha declarado la gobernadora de Oregon, Tina Kotek.

El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield —quien ha realizado la solicitud de restricción temporal—, ha aplaudido la decisión de la jueza y ha afirmado que Trump «debe demostrar una amenaza real basada en hechos reales si quiere desplegar a la Guardia Nacional en (nuestras) calles».

Para la jueza, el propio anuncio del envío de tropas militares a Portland ha supuesto un aumento de las protestas violentas, al igual que ocurrió en Los Angeles. Además, ha dejado claro en el auto que las declaraciones de Trump a acerca de supuestos grupos violentos y rebeliones en la ciudad de Portland, «carecen de sustento».

«Aceptar los argumentos de los demandados (el Gobierno de Trump) significaría difuminar la línea entre poder civil y poder militar, en detrimento del orden constitucional», recoge el documento.