Una nueva ley en California, promulgada por el gobernador Gavin Newsom, tiene carta blanca de acción y pretende imponer estándares mínimos para los 700.000 empleados que tiene el sector, vigilando a cadenas como Starbucks y McDonald’s.
El consejo estatal encargado, conformado por 10 miembros, podrá elevar los salarios y emitir otras directrices con la excusa de mejorar las condiciones laborales y de entretenimiento para los empleados, en su mayoría latinos.
Antes de ser sancionada el proyecto de ley, el 31 de agosto el presidente de McDonald’s, Joe Erlinger, se pronunció públicamente en contra de la ley por considerar que le daría más control al Estado sobre el pago de los trabajadores, además de resaltar que la ley es injusta, dado que solo afecta a algunas cadenas de restaurantes y no a todos por igual. En una carta publicada en el sitio oficial de la compañía, Elinger dice que la ley “impone costos más altos en un tipo de restaurante, mientras ahorra en otro. Eso es cierto incluso si esos dos restaurantes tienen los mismos ingresos y la misma cantidad de empleados”.
En la misma línea, en junio el Departamento de Finanzas de California emitió una opinión negativa sobre la nueva ley dirigida al gobernador. Al respecto dijo que la ley “crea unas reglas específicas para un sector que pueden fragmentar el ambiente regulatorio y legal para los empleados y aumentar, en el largo plazo, los costes en la industria”, mencionando que pone en duda que la ley cumpla con sus objetivos.
Muchos de los críticos coinciden en que la norma hará que suban los precios de la comida en cientos de restaurantes cuyo principal atractivo son los precios que mantienen para los que menos favorecidos.
