El ex fiscal especial nombrado por Biden para perseguir a Trump será investigado

Jack Smith, fiscal especial del Departamento de Justicia, está siendo investigado por actuar con motivaciones políticas en el caso contra Donald Trump.

De Derecha Diario

La Oficina del Asesor Especial ha iniciado una investigación formal contra Jack Smith, ex fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en lo que constituye la primera pesquisa legal oficial sobre su conducta.

La investigación surge a raíz de acusaciones de que Smith habría actuado con motivaciones políticas durante su tiempo al frente de dos investigaciones penales contra el presidente Donald Trump.

Smith, nombrado por el fiscal general Merrick Garland durante la administración Biden,lideró dos casos armados por el gobierno demócrata contra Trump: uno relacionado con el manejo indebido de documentos clasificados y otro sobre su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, a raíz de los hechos del 6 de enero de 2021. Ambos casos finalmente fueron desestimados.

La investigación actual está siendo conducida por la unidad del Acta Hatch (Hatch Act Unit) dentro de la OSC, una ley federal que prohíbe a los empleados del gobierno participar en actividades políticas partidistas mientras ejercen sus funciones públicas. Según un correo electrónico firmado por el abogado principal de la OSC, Charles Baldis, la investigación está en curso.

La apertura de la investigación se produjo después de que el senador Tom Cotton (republicano por Arkansas), presidente del Comité de Inteligencia del Senado, enviara una carta a la OSC esta semana en la que acusaba a Smith de haber actuado con la intención de perjudicar la candidatura de Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

En declaraciones a los medios, Cotton celebró el inicio de la investigación: »Agradezco que la Oficina del Asesor Especial esté tomando esto en serio. Nadie está por encima de la ley».

Cotton sostiene que Smith utilizó el sistema legal como una herramienta política para favorecer al expresidente demócrata Biden y a la ex vicepresidente Kamala Harris, señalando que muchas de sus decisiones como fiscal especial no tenían otra justificación que la de influir en el resultado electoral.

Senador Tom Cotton

En particular, acusa a Smith de acelerar procesos judiciales para hacer coincidir fechas clave con eventos electorales importantes, como las primarias en Iowa, lo cual según Cotton, demuestra una intención clara de interferir políticamente.

»Estas acciones no fueron estándar, ni necesarias ni justificadas», afirmó Cotton. »Fueron las acciones de un actor político disfrazado de funcionario público».

La investigación de la OSC se centra en determinar si Smith violó la Ley Hatch al participar, directa o indirectamente, en actividades políticas mientras ejercía su función pública. Una infracción de esta ley podría tener consecuencias administrativas o legales, aunque todavía no se ha especificado el posible alcance de las sanciones.

Por su parte, Smith no ha respondido públicamente a las acusaciones de Cotton ni a la investigación iniciada. Durante su tiempo como fiscal especial, insistió en que sus investigaciones se llevaron a cabo de manera independiente y siguiendo estrictamente los procedimientos legales, sin injerencias políticas.

Smith renunció a su cargo en enero de 2025, tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente. Desde entonces, las críticas republicanas a su desempeño se han intensificado, especialmente entre quienes consideran que sus investigaciones fueron un intento de »politizar» el sistema judicial y debilitar la candidatura republicana.

La expareja de Epstein pide inmunidad a cambio de su comparecencia ante el Congreso de EE. UU.

La defensa de Ghislaine Maxwell, expareja del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, ha solicitado este martes inmunidad para su cliente, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores, como condición para que testifique ante un Comité del Congreso de EE. UU.

«Los informes públicos, incluidas sus propias declaraciones, indican que el Comité pretende interrogar a la señora Maxwell en prisión y sin inmunidad. Eso es imposible. La señora Maxwell no puede arriesgarse a una mayor exposición criminal en un entorno políticamente cargado, sin inmunidad formal», ha declarado su abogado, David Markus, al presidente del Comité de Supervisión, James Comer, en una carta recogida por ‘The Hill’.

El abogado ha alegado asimismo que esta comparecencia «podría perjudicar sus reclamaciones legales y contaminar la composición del jurado en el futuro» mientras intenta que la Justicia estadounidense revoque su condena de 2021 por tráfico sexual de menores.

En su misiva, Markus ha solicitado además recibir las preguntas del Comité con antelación «para prepararnos adecuadamente para cualquier declaración ante el Congreso, y garantizar su precisión e imparcialidad».

Si bien, la portavoz del Comité, Jessica Collins, ha descartado la concesión de inmunidad a Maxwell. «El Comité responderá pronto al abogado de la señora Maxwell, pero no considerará otorgar inmunidad en el Congreso para su testimonio», ha señalado en un comunicado.

Según el documento publicado en la web del Comité de Supervisión, Maxwell deberá comparecer «en la Institución Correccional Federal de Tallahassee el 11 de agosto de 2025», un proceso en el que «el Departamento de Justicia está cooperando y facilitará la declaración en la prisión».

Cabe señalar que el Comité ha solicitado el testimonio Maxwell «para fundamentar la consideración de posibles soluciones legislativas que mejoren los esfuerzos federales para combatir la trata de personas y reformar el uso de acuerdos de no enjuiciamiento y/o acuerdos de culpabilidad en las investigaciones de delitos sexuales».

El estado de Washington abole la pena de muerte y la esterilización como castigos

El gobernador demócrata de Washington, Jay Inslee, ha firmado el proyecto de ley que elimina la pena de muerte en el estado, así como la esterilización como castigo, después de que ambas cámaras aprobaran la medida a principios de mes

Durante la firma, el gobernador Inslee ha recordado que desde 2014 el estado ha impuesto una moratoria contra la pena de muerte, un castigo, ha denunciado, que se ha ido aplicando «de manera desigual y racialmente insensible», y que ya en 2018 el Tribunal Supremo del estado de dictaminó que era inconstitucional.

La medida ha sido bien recibida por los defensores de las libertades civiles y los activas a favor de la abolición de este castigo, pues al igual que el gobernador demócrata, sostienen que es «arbitrario» y «discriminatorio», ya que los prejuicio raciales juegan un papel determinante en cómo se aplica, recoge CNN.

Sin embargo, para republicanos, como el congresista del estado de Washington Jim Walshhan, la medida no es más que «otro triste ejemplo de que los intereses de los delincuentes se anteponen a los de las víctimas y sus familias», dijo en Facebook.

Cabe destacar wud desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos restableciera la pena de muerte en 1976, el estado de Washington ha aplicado este castigo cinco veces, y que está pena es legal en 27 estados del país.

No obstante, a 1 de abril de 2022, todavía hay 2.414 personas en el corredor de la muerte en Estados Unidos, según cifras oficiales.