México no está en guerra. No existe una invasión extranjera, las alarmas antiaéreas no interrumpen nuestras noches y ningún ejército enemigo avanza sobre el territorio nacional. No hay una declaración formal de guerra ni ciudades sitiadas por tropas extranjeras. Y, sin embargo, durante 2025 el país registró preliminarmente cerca de 28 mil homicidios.

La cifra debería bastar para incomodarnos sin necesidad de compararla con ningún conflicto extranjero. La pregunta verdaderamente perturbadora es cómo consiguió un país que formalmente vive en paz acostumbrarse a contar sus muertos por decenas de miles cada año. Quizá hemos construido una categoría propia: una paz en la que se asesina, se extorsiona y se desaparece; una normalidad donde millones de personas modifican horarios, rutas y costumbres para reducir la posibilidad de convertirse en la siguiente estadística.

Aquí no hay sirenas que anuncien bombardeos, pero sí comerciantes que reciben mensajes exigiendo derecho de piso. No vemos tropas extranjeras, pero conocemos carreteras que evitamos por miedo. No existen refugios subterráneos, pero hay madres que recorren terrenos y fosas clandestinas buscando a sus hijos con herramientas que, demasiadas veces, tuvieron que comprar ellas mismas. La violencia primero ocupa las primeras planas, después se transforma en una cifra y finalmente se incorpora a la rutina. México no está en guerra: ha aprendido a enterrar a sus muertos en tiempos de paz.

Frente a semejante realidad cabría esperar un Estado obsesionado con perseguir criminales, profesionalizar policías, fortalecer fiscalías, combatir la extorsión, localizar desaparecidos y reconstruir un sistema de justicia capaz de devolverle al ciudadano la confianza perdida. Sin embargo, mientras seguimos esperando resultados en esas materias, el propio Estado amplía sus mecanismos para identificar a quienes sí puede localizar: los ciudadanos que cumplen la ley.

Un Estado que identifica, pero no siempre protege

Desde 2026, las líneas móviles deben estar vinculadas con una persona física o moral. La medida ha sido presentada como un instrumento para combatir la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad. El objetivo puede parecer razonable; la pregunta democrática, sin embargo, sigue siendo indispensable: ¿en qué momento la incapacidad estatal para perseguir eficazmente a quienes delinquen justifica imponer nuevas obligaciones de identificación a millones de ciudadanos que no han cometido ningún delito?

Las compañías telefónicas realizan la vinculación y resguardan los datos; según la autoridad reguladora, no existe una base gubernamental única que concentre todos los registros. No obstante, ante investigaciones relacionadas con delitos, las autoridades competentes pueden solicitar información a las empresas conforme a las disposiciones legales aplicables. El debate, por tanto, no debe reducirse a la disyuntiva infantil de estar a favor de la seguridad o a favor de los delincuentes. Una democracia madura puede combatir el crimen y, al mismo tiempo, discutir los límites del poder. De hecho, debe hacerlo.

La contradicción de fondo resulta difícil de ignorar: vivimos en un país donde miles de familias continúan buscando a personas desaparecidas mientras el aparato estatal desarrolla mayores capacidades para identificar a quienes sí están presentes. Dicho de otra manera, el mismo Estado que demasiadas veces no logra encontrarte cuando desapareces quiere tener certeza de quién eres cuando te comunicas. Puede tener razones legítimas para buscarlo; precisamente por eso los ciudadanos debemos exigir reglas legítimas, controles verificables y consecuencias ante cualquier abuso.

La discusión sobre privacidad suele quedar atrapada en un error recurrente: evaluamos las facultades del Estado según la confianza que sentimos por quien ocupa temporalmente el gobierno. Si confiamos en esa persona, las herramientas parecen inofensivas; si desconfiamos, descubrimos sus riesgos. Pero las instituciones no pueden diseñarse pensando únicamente en quien gobierna hoy. Deben resistir también a quien podría gobernar mañana. Esa es la diferencia entre confiar en un gobernante y construir una república.

Las libertades no pueden descansar sobre la promesa de que la autoridad utilizará correctamente sus atribuciones. Si dependieran de su buena voluntad, dejarían de ser derechos para convertirse en concesiones. La privacidad tampoco consiste en esperar que el gobierno se porte bien, sino en establecer reglas y contrapesos capaces de impedir que se porte mal sin enfrentar consecuencias. Por eso las preguntas son inevitables: ¿quién puede solicitar información?, ¿en qué circunstancias?, ¿quién autoriza su entrega?, ¿quién supervisa el procedimiento?, ¿puede el ciudadano impugnarlo? Y, sobre todo, ¿qué institución conserva la independencia suficiente para decirle que no al poder cuando sea necesario?

El contrapeso que debe proteger al ciudadano

Esa última pregunta conduce al Poder Judicial. El sistema mexicano nunca fue perfecto: durante décadas acumuló señalamientos por corrupción, nepotismo, lentitud, privilegios y decisiones incomprensibles. Defender su independencia no exige idealizar a los jueces ni negar los vicios históricos de la institución. México necesitaba -y continúa necesitando- una justicia más eficiente, accesible y confiable. Sin embargo, reconocer la necesidad de una reforma no obliga a aceptar que cualquier transformación fortalece automáticamente al sistema.

La reforma judicial modificó profundamente el mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros. La primera elección judicial federal registró una participación cercana al 13 por ciento y estuvo rodeada por una discusión pública sobre los llamados ‘acordeones’, materiales que recomendaban determinadas candidaturas. Desde 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido sobre posibles afectaciones a la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de derecho.

La discusión nunca debió reducirse a escoger entre defender una vieja élite judicial o respaldar incondicionalmente el nuevo modelo. La pregunta esencial es otra: ¿quién protegerá al ciudadano cuando sea el propio gobierno quien vulnere sus derechos? La independencia judicial importa no porque los jueces sean moralmente superiores, sino porque alguien debe ser capaz de detener al poder.

Durante décadas, el juicio de amparo ha sido una de las herramientas fundamentales del ciudadano frente a los actos de autoridad. Un juez puede suspender una decisión, frenar un daño potencialmente irreparable y recordar al Estado que incluso una mayoría política encuentra límites en la Constitución. Por eso la independencia del árbitro es más importante que su simpatía ideológica: la justicia no debe estar cerca del gobierno ni de la oposición, sino conservar la distancia suficiente para revisar a ambos.

Cuando el Ejecutivo, la mayoría legislativa y una parte sustancial de las instituciones encargadas de revisar sus actos comparten un mismo proyecto político, la cuestión de los contrapesos deja de ser académica. Se convierte en una pregunta ciudadana: ¿quién puede decir que no? Una Constitución puede enumerar decenas de derechos, pero un derecho sin una institución independiente capaz de hacerlo valer frente al poder corre el riesgo de convertirse en una promesa escrita con excelente caligrafía.

Cuando el poder individualiza a sus críticos

Dentro de ese contexto adquiere una dimensión distinta una escena reciente que debería incomodar a cualquier demócrata, independientemente de sus simpatías políticas. Desde una conferencia presidencial se proyectaron nombres y cuentas de periodistas, comunicadores, medios y ciudadanos críticos. El gobierno defendió el ejercicio como un análisis de tendencias digitales. Precisamente ahí comienza el problema: una democracia no solo debe preguntarse si el gobierno puede hacer algo, sino qué mensaje envía cuando decide hacerlo.

Si el objetivo era estudiar una conversación digital, ¿resultaba indispensable individualizar públicamente determinadas cuentas desde la principal tribuna política del país? Si se pretendía responder argumentos, ¿por qué colocar identidades particulares frente a una maquinaria de comunicación gubernamental cuya capacidad de amplificación supera por mucho a la de cualquier ciudadano? Y si no existía intención de señalar, ¿por qué tantas personas interpretaron el ejercicio precisamente como un señalamiento?

No hace falta compartir una sola opinión de quienes aparecieron en aquella exposición para comprender el riesgo. Esa es, de hecho, la prueba decisiva: la libertad de expresión no fue creada para proteger únicamente las ideas con las que coincidimos, sino para garantizar el desacuerdo. El poder, además, siempre encuentra términos amables para describir sus facultades. La vigilancia puede justificarse como seguridad; la propaganda, presentarse como información; el señalamiento, explicarse como derecho de réplica; y una relación pública de nombres, describirse como análisis.

Nada de ello significa que toda acción gubernamental de esa naturaleza constituya automáticamente autoritarismo. Significa algo más elemental: ninguna debe quedar exenta de escrutinio solo porque la autoridad asegure tener buenas intenciones. Cuando desde el poder se exhibe a ciudadanos críticos, el mensaje no termina en quienes aparecen en una pantalla. También lo reciben periodistas, académicos, empresarios, activistas, estudiantes y personas comunes que quizá mañana tengan algo incómodo que preguntar.

Ahí surge uno de los mecanismos políticos más antiguos y eficaces: la autocensura. Un gobierno no necesita silenciar directamente a millones de personas si consigue que suficientes ciudadanos concluyan que hablar puede traerles problemas. El miedo político alcanza su máxima eficiencia cuando deja de necesitar una orden y el ciudadano comienza a censurarse solo.

La erosión que se vuelve costumbre

Solemos imaginar las tiranías como una escena cinematográfica: tanques entrando a una plaza, militares clausurando un Congreso, periódicos cerrados y opositores encarcelados. A veces ocurre así; muchas otras, no. Las democracias también pueden erosionarse lentamente mediante procesos legales, reformas aprobadas por mayorías, controles justificados por emergencias, instituciones que pierden autonomía y pequeños abusos que la sociedad aprende a tolerar porque cada uno, observado por separado, parece insuficiente para encender todas las alarmas.

El peligro está en la secuencia. Primero se desacredita a los contrapesos porque son corruptos; después se transforma su composición porque deben democratizarse; más tarde se amplían las capacidades de identificación porque necesitamos seguridad; finalmente se exhibe a críticos porque el gobierno también tiene derecho a defenderse. Cada argumento puede contener una parte de verdad. La pregunta está en el resultado conjunto.

¿Cuándo comienza exactamente una tiranía: cuando se encarcela al primer opositor, cuando se clausura un periódico o mucho antes, cuando la sociedad considera razonable que el gobierno determine cuáles voces son legítimas y cuáles merecen ser señaladas? ¿La libertad de expresión desaparece únicamente cuando está prohibido hablar, o empieza a deteriorarse cuando hacerlo adquiere un costo suficientemente alto para que muchos prefieran callar? Ningún proyecto autoritario anuncia que desea menos libertad; siempre encuentra una causa noble -la seguridad, la justicia, la igualdad o la voluntad popular- para solicitar un poco más de poder.

Por eso la democracia no consiste en desconfiar únicamente de los gobernantes que detestamos. Consiste en limitar también a aquellos que admiramos.

La protesta que cambió de relación con el poder

Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que una parte importante de la sociedad mexicana encontraba perfectamente legítimo cuestionar al presidente desde las calles, las universidades, los medios y las redes. Movimientos como #YoSoy132 o las movilizaciones posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron expresiones distintas de una misma idea democrática: el poder debe soportar la incomodidad de una ciudadanía que pregunta.

Hoy siguen existiendo razones para indignarse. Persisten la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad; continúa la discusión sobre la militarización de tareas civiles, y a ella se suman cuestionamientos sobre la privacidad, los contrapesos institucionales y la manera en que el poder responde a sus críticos. ¿Dónde está, entonces, aquella capacidad de movilización?

Durante décadas, una parte importante de la izquierda latinoamericana desarrolló una enorme habilidad para organizar el descontento, articular movimientos, construir consignas y convertir agravios legítimos en presión política. Eso, por sí mismo, no es condenable: es política. El problema aparece cuando los estándares para juzgar al poder cambian dependiendo de quién lo ocupa. Entonces la protesta que ayer era resistencia se convierte en conspiración; la crítica que representaba conciencia ciudadana pasa a describirse como golpismo; el periodista incómodo que cuestionaba al gobierno anterior era valiente, pero quien cuestiona al propio se transforma, convenientemente, en mercenario.

Las causas no desaparecieron y las víctimas tampoco. Lo que cambió, para muchos, fue su relación con el poder. De ahí una frase incómoda que resume la contradicción: la protesta no murió; cambió de nómina. Sin embargo, el fenómeno no pertenece exclusivamente a la izquierda. La derecha ha cometido el mismo pecado cuando justifica abusos, corrupción o excesos de gobiernos propios mientras denuncia con furia los del adversario.

Ese es el punto: quien condena un abuso cuando lo comete su enemigo, pero encuentra una excusa cuando lo comete su partido, no defiende un principio, sino una identidad política. El abuso no cambia de naturaleza según el color de quien lo comete; la censura no se vuelve democrática porque provenga del partido correcto, ni la vigilancia se transforma en libertad porque la administre un gobierno popular. Los derechos que solo defendemos para quienes piensan como nosotros dejan de ser derechos y se convierten en privilegios ideológicos.

Mientras alguien conserve su voz

La relación de periodistas, comunicadores y ciudadanos exhibidos desde la conferencia presidencial puede encontrarse en redes sociales. Vale la pena buscarla, no para convertir automáticamente a cada persona que aparece ahí en héroe ni para asumir que todas sus opiniones son correctas, sino para leer, escuchar, contrastar y decidir por cuenta propia. Seguir una voz crítica no significa obedecerla; significa defender la existencia de un espacio en el que pueda hablar.

Si el propósito de exhibir determinadas voces era desacreditarlas, la respuesta de una ciudadanía libre debería ser ampliar la conversación. Si se pretendía aislarlas, podemos escuchar sus argumentos y juzgarlos nosotros mismos. Y si alguien esperaba que el señalamiento produjera silencio, la respuesta más democrática es multiplicar las voces. El gobierno posee instituciones, presupuestos y transmisiones oficiales; el ciudadano conserva algo aparentemente más frágil, pero decisivo: su criterio.

Sería fácil terminar esta reflexión desde el pesimismo. La violencia se ha normalizado hasta niveles que deberían resultarnos intolerables; las instituciones atraviesan transformaciones profundas y la tecnología amplía las capacidades del Estado. A ello se suma el cansancio producido por tantos escándalos, cifras, muertos y promesas. Quizá el mayor peligro no sea únicamente el miedo, sino el agotamiento: ese momento en que una sociedad deja de preguntar porque concluye que preguntar ya no sirve.

Pero la historia nunca queda completamente en manos del poder. Cada gobierno que intentó administrar la verdad encontró ciudadanos dispuestos a cuestionarla; cada proyecto que quiso uniformar el pensamiento enfrentó alguna voz que se negó a repetir el libreto. Ahí reside la esperanza: no en esperar que el gobierno decida voluntariamente limitarse, ni en sustituir un caudillo por otro, sino en una ciudadanía suficientemente adulta para comprender que ningún gobernante es su dueño, ninguna mayoría posee facultades ilimitadas y ningún proyecto político merece lealtad incondicional.

La democracia no consiste solamente en votar, sino también en vigilar a quien ganó, especialmente si votamos por él. Consiste en defender el derecho de nuestros adversarios a decir cosas que detestamos, porque algún día podemos ser nosotros quienes necesitemos esa misma protección. Y consiste en preguntar cada vez que el poder solicite un poco más de confianza, más información o menos resistencia: ¿por qué?, ¿hasta dónde?, ¿quién te vigila a ti?

Hoy fueron algunos nombres en una pantalla. Mañana puede ser cualquier ciudadano que formule una pregunta incómoda. Sin embargo, mientras exista una persona dispuesta a hacerla, otra decidida a defender su derecho a formularla y muchas más capaces de negarse a entregar su criterio a cambio de comodidad, el silencio nunca será completo.

La libertad rara vez desaparece de un día para otro; a veces se pierde porque dejamos de ejercerla, de preguntar y de incomodarnos. También puede sobrevivir porque alguien decide que existe una frontera que el poder no debe cruzar, porque alguien se niega a callar o porque alguien recuerda que ser ciudadano significa algo más que ser gobernado.

México no está en guerra. México entierra a sus muertos, discute sus libertades y decide todos los días cuánto poder está dispuesto a entregar a cambio de la promesa de sentirse seguro. La historia todavía no está escrita: mientras haya ciudadanos dispuestos a preguntarle al poder quién lo vigila, a defender el derecho del adversario a disentir y a recordar que la libertad no se hereda intacta, permanecerá algo que ningún gobierno podrá administrar por completo: nuestra decisión de seguir siendo libres. Mientras esa decisión permanezca viva, todavía hay esperanza.

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Referencias

INEGI. Estadísticas preliminares de defunciones registradas por homicidio, 2025.

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pronunciamiento sobre la reforma judicial en México y sus posibles efectos en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho, 2024.

Instituto Nacional Electoral. Cómputos y participación ciudadana de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, 2025.

Majo Salinas, La libertad no se agradece al poder: se ejerce, se defiende y se vigila. liberalesdisidentes.com