Caracas. – La fiscalía de Chile aseguró este pasado lunes que sospecha fuertemente de la autoría intelectual del narcorégimen de Nicolás Maduro en el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno.
El organismo judicial aseguró que la tiranía habría contratado a la mega banda terrorista Tren de Aragua, para ejecutar el homicidio.
Así lo aseveró el fiscal chileno Héctor Barros, encargado de las averiguaciones sobre el caso, quien aseveró a un medio local que la muerte de Ojeda habría sido planificada por el régimen de Nicolás Maduro y ejecutado a través de la citada organización criminal.
“Yo sigo sosteniendo que el crimen de Ronald Ojeda es un delito político. El perfil de la víctima, un exteniente del ejército venezolano y un activista en contra del gobierno de Venezuela, es claramente político. No hubo ninguna solicitud de rescate, que es lo típico de los secuestros cometidos por grupos como el Tren de Aragua, que buscan obtener dinero a través de sus actividades criminales”, dijo el funcionario.
Asimismo, el fiscal explicó: “acá lo que hubo fue una contratación del Tren de Aragua para efectos de secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda. La preparación que vimos nunca se vio en las actuaciones que hizo el Tren de Aragua [en Chile]. Y lo que yo puedo decir en este momento es que nosotros estimamos que está detrás de este hecho el gobierno venezolano”.
Igualmente, Barros sostuvo que la investigación apunta en dirección a verificar, el nexo de la tiranía dirigida por Maduro con este vil asesinato. “Lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano. Ronald no solo era un exteniente del ejército venezolano, sino que también fue un activista político que se opuso al régimen actual. Participó en un intento de golpe de Estado y, después de eso, vino a Chile, donde continuó su lucha política contra el gobierno venezolano”.
Cabe recordar que Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado de madrugada desde su departamento en el piso 14 en el municipio de Independencia, en el sector norte de la capital de Chile por un grupo de sujetos disfrazados de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI). Diez días después, tras una frenética búsqueda, su cuerpo fue hallado sepultado bajo cemento, con señales de tortura, en un asentamiento irregular en la comuna de Maipú.
