Caracas. – Según la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, con la reanudación de las investigaciones por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), es muy probable que ese organismo de órdenes de captura a quienes estén implicados en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Narcotiranía de Nicolás Maduro.
En una entrevista concedida recientemente, San Miguel aseguró que el proceso sobre Venezuela en la CPI ha llegado a un punto en el cual queda claro que el narcorégimen venezolano no ha hecho justicia, ni piensa investigar los graves delitos cometidos por su aparato represivo.
«(…) para todo el mundo ha quedado en evidencia que Venezuela no ha sido capaz de revisar procesos genuinos para investigar los crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados desde el 2014. Esto quiere decir que, en casi diez años, el Estado venezolano no ha efectuado un juicio que establezca responsabilidades de los perpetradores de esos delitos», explicó.
En este sentido, acotó: «Ahora avanzará el proceso con toda seguridad para reanudar la investigación y veremos cómo va la dinámica de las víctimas que han comparecido ante la Corte y estamos en la posibilidad de que la Corte pueda dictar la orden de captura contra presuntos perpetradores de crímenes de lesa humanidad desde el 2014».
Cane señalar que para la directora de Control Ciudadano, hay casos muy relevantes en las averiguaciones, los cuales demandan un procedimiento y medidas rigurosas.
«Se está actuando de acuerdo con el Estatuto de Roma y son muchos los casos que no se han hecho públicos para preservar la existencia de las víctimas y de sus familiares, a fin de evitar que corran peligro», sostuvo.
Hizo referencia especial, a los casos de Óscar Pérez y Fernando Albán, cuyos asesinatos a manos de esbirros de la tiranía, causaron impacto en la opinión pública.
«Los de Fernando Alban, el capitán Acosta Arévalo y Oscar Pérez son casos emblemáticos y se les denomina de esta manera porque se trata de clara violación a los Derechos Humanos. En lo que respecta a Fernando Alban y Acosta Arévalo se trata de personas privadas de libertad y cuya responsabilidad completamente estaba depositada en manos del Estado, el cual debía protegerlos; pero, por el contrario, los expedientes prueban que los presuntos funcionarios de custodia incurrieron en torturas», indicó al respecto.
Igualmente, señaló que es alta la probabilidad de que los militares sean citados a declarar: «Creo que a medida que avance el proceso investigativo de la Corte Penal Internacional va a llegar el momento en que sean llamados militares venezolanos para que concurran a presentar sus testimonios (…) Es previsible que el ministro de la Defensa sea llamado en su oportunidad para que explique la razón por la cual se emitió la resolución 86-10, mediante la cual la fuerza armada puede utilizar armas de fuego en manifestaciones públicas y los allanamientos sin orden judicial», señaló San Miguel.
