Dos aviones de combate españoles de la OTAN derriban un dron que violaba el espacio aéreo de Rumanía

El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha informado este domingo de que dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado un dron no identificado tras vulnerar el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia.

«A las 04:44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya habían sido puestos en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir», ha confirmado el dirigente rumano en una publicación en sus redes sociales.

Según Miruta, el dron —cuya procedencia no ha precisado— fue interceptado y destruido entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país, cerca de la frontera con Moldavia.

«¡Felicidades a los pilotos españoles y al personal militar rumano en el centro de mando por una misión exitosa! Rumanía está defendiendo su espacio aéreo, y nuestros aliados están a nuestro lado. Vigilancia, respuesta rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad», ha celebrado el jefe de Defensa.

Rumanía, que se encuentra «en primera línea de defensa de la Unión Europea» según el ministro, comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania, y ha visto de cerca como drones rusos han violado en varios ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Por su parte, la OTAN ha confirmado que se han «movilizado de urgencia dos cazas F-18 españoles y que uno de ellos ha derribado un dron sobre el espacio aéreo rumano», en palabras de su portavoz, Allison Hart, si bien previamente hizo mención de un solo avión de combate.

«Las aeronaves operaba bajo el mando de la OTAN. Se está llevando a cabo una investigación y la OTAN permanece en estrecho contacto con las autoridades rumanas», ha agregado, al tiempo que ha asegurado que la Alianza Atlántica está lista para «responder a cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el fin de salvaguardar nuestro territorio y proteger a nuestra población».

Mientras, el portavoz militar de la OTAN, el coronel Martin L. O’Donnell, ha apuntado a Europa Press que «el dron parece ser ruso», si bien se siguen investigando las circunstancias del suceso.

En este sentido, ha advertido de que la Alianza Atlántica está «constamente alerta y preparada para defenderse de cualquier amenaza», algo que para él refleja lo sucedido en la mañana de este domingo.

«La operación se coordinó a través del Centro Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN en Torrejón, España. Este es el cuarto derribo exitoso de un dron sobre el espacio aéreo rumano por parte de aviones de la OTAN», ha destacado.

O’Donnell ha atribuido parcialmente el éxito de este tipo de operaciones a que Rumanía y otros países de la Alianza Atlántica «están adquiriendo activamente interceptores terrestres para mejorar las capacidades de defensa aérea aliadas y nacionales».

«Rumanía, por ejemplo, ha adquirido el sistema antidrones MEROPS, diseñado para interceptar pequeños sistemas aéreos no tripulados y que se está integrando en la Iniciativa de Disuasión del Flanco Oriental de la OTAN», ha expresado.

Incautadas en Guayaquil 1,2 toneladas de cocaína impregnada en cajas de fruta con destino a España

La Policía Nacional de Ecuador ha incautado en el puerto marítimo de Guayaquil más de 1,2 toneladas de cocaína impregnada en 1.080 cajas de fruta que tenían como destino España, según ha informado este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

La operación ha concluido con la localización de 1.252,8 kilos de cocaína, de acuerdo con el peso neto preliminar de la sustancia impregnada en los cartones empleados para transportar la fruta. La droga se encontraba distribuida entre las cajas que componían el cargamento.

«Continuamos desmantelando economías criminales: 1.080 cajas de fruta impregnadas de droga decomisadas en Guayaquil», ha señalado Reimberg en una publicación en redes sociales, en la que ha detallado los resultados del operativo.

Las autoridades han estimado que la cantidad intervenida equivaldría a unas 12.528.000 dosis. Durante la actuación policial también han sido retenidos un contenedor y tres sellos utilizados para asegurar la carga.

El ministro del Interior ecuatoriano ha situado el valor estimado del cargamento en USD$ 37,58 millones en EE. UU. y en USD$ 58,57 millones en el mercado europeo.

Reimberg ha destacado que el operativo se enmarca en las actuaciones de las fuerzas de seguridad ecuatorianas contra las estructuras y dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Bruselas estudia conceder una ayuda adicional a España por la crisis de Ceuta

La Comisión Europea ha confirmado este jueves que estudia conceder una ayuda financiera adicional a España para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta, después de haber recibido una primera evaluación de necesidades remitida por las autoridades españolas, si bien ha evitado adelantar la cuantía del posible apoyo porque el análisis aún está en curso.

«Las conversaciones con España avanzan ahora realmente a pleno rendimiento. Podemos confirmar que ayer la Comisión recibió una primera evaluación de necesidades por parte de España», ha explicado el portavoz comunitario Guillaume Mercier durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Según ha detallado, los servicios comunitarios están analizando «muy rápidamente» el documento remitido por el Gobierno para identificar «la mejor manera» de prestar apoyo y determinar los siguientes pasos, que pasan por que España presente formalmente una solicitud de financiación ante Bruselas.

Mercier ha precisado que este respaldo sería «adicional» al ya movilizado por la UE y podría destinarse a financiar equipos y servicios para la gestión de fronteras, así como asistencia humanitaria y médica. También ha indicado que el apoyo podría canalizarse a través de agencias europeas como Frontex y la Agencia de Asilo de la UE (EUAA).

«El trabajo continúa en diferentes frentes. Vamos muy rápido porque la situación sobre el terreno está evolucionando», ha señalado el portavoz, quien también ha revelado que este miércoles se celebró una reunión entre la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión, la alta dirección del Ejecutivo comunitario y las agencias ejecutivas para coordinar el intercambio de información sobre el apoyo que puede prestarse a España.

La Eurocámara celebra este jueves un debate extraordinario sobre la crisis de Ceuta impulsado por el PP

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo celebró este jueves una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria registrada la semana pasada en Ceuta, en una sesión impulsada por el Partido Popular en la que participaron el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

Al encuentro, que se celebró por vía telemática, también habían sido invitados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, si bien finalmente ninguno de los dos participó en la sesión.

«La reunión extraordinaria con la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior será una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la situación actual y las lecciones aprendidas de los acontecimientos de Ceuta», ha señalado Brunner en un mensaje publicado en sus redes sociales.

También el presidente de dicha comisión parlamentaria, el eurodiputado ‘popular’, Javier Zarzalejos, ha defendido la celebración de este encuentro y ha subrayado que «el éxito de la política migratoria europea depende de que cada eslabón de la cadena sea fuerte», abogando por «asegurar» la «defensa de las fronteras» y «garantizar retornos efectivos».

La sesión tendrá lugar dos días después de la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE convocada para analizar lo ocurrido en Ceuta y de la iniciativa de la delegación española del PP para reclamar formalmente a la Eurocámara un debate específico sobre esta crisis durante el pleno de septiembre en Estrasburgo.

En una carta remitida a los eurodiputados, los ‘populares’ denunciaron que la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez pone «en peligro la soberanía nacional y europea» y defendieron que lo ocurrido en el enclave español «trasciende una crisis migratoria», ya que, a su juicio, también afecta a la protección de la frontera exterior de la Unión y a la credibilidad del espacio Schengen.

Trump pone la «catástrofe» de Ceuta como ejemplo del futuro de EE. UU. si ganan los demócratas

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha señalado la «catástrofe» de Ceuta con la crisis migratoria registrada desde el jueves como un ejemplo del futuro que a su juicio le espera a EE. UU. si el Partido Demócrata gana las próximas elecciones presidenciales en 2028.

Tras la incursión de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma española, Trump ha asegurado en una reunión de su gabinete que ha estado al tanto de la situación en España y de «la catástrofe que tuvo lugar», en referencia a la crisis en Ceuta.

«Parece la invasión de un país por cientos de miles de personas. Y exactamente lo mismo va a ocurrirnos a nosotros si los republicanos no son elegidos», ha avisado el jefe de la Casa Blanca en una reunión de su gabinete en Camp David, área natural de descanso de los presidentes estadounidenses, situado a unos 100 kilómetros de Washington.

Trump ha atribuido la crisis en la ciudad autónoma a las «leyes débiles» y «una mala gestión» del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Aprobaron un par de leyes, y la gente, ya saben, es inteligente y las leen desde otros países», ha indicado en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo español que prohíbe devolver a migrantes que lleguen a nado. «Nadie ha visto algo parecido», ha zanjado, afeando que las autoridades en España han sido incapaces de frenar el flujo migratorio.

«Cuando uno ve lo que ocurrió en España, se da cuenta de que no saben qué hacer. Y está ocurriendo otra vez hoy. Están entrando por miles, por decenas de miles», ha comentado el presidente.

A renglón seguido, y en clave interna, Trump ha incidido en que a EE. UU. le espera la misma situación migratoria si los republicano no están en el poder. «Nuestro país será invadido a un nivel que hará que lo ocurrido en España parezca insignificante», ha alertado.

En este sentido, ha advertido de que en EE. UU. el fenómeno sería «mucho más grande» y sería «mucho más fácil entrar» a pesar de que ha sacado pecho de la construcción de miles de kilómetros de muro en la frontera con México y de contar con «la frontera más segura del mundo».

En la misma línea, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha recalcado previamente que la situación en España es «un lamentable recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de la izquierda radical».

Vance ha llegado a hablar de «invasión de Occidente» y ha dado literalmente las «gracias a Dios» por que Trump fuera elegido presidente, incidiendo en que con Trump en la Casa Blanca la frontera de EE. UU. «ya no tiene este aspecto».

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha expresado su «solidaridad» con el pueblo español ante una «flagrante violación de su soberanía y de sus Derechos Humanos», si bien ha separado al Gobierno de Pedro Sánchez responsabilizándolo del incidente en la frontera.

«Este incidente inaceptable es consecuencia directa de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa», ha señalado.

Washington dice estar estudiando medidas para defender a los estadounidenses «frente a esta amenaza», y tiende la mano a aliados europeos, sin mencionar a España, «que estén barajando opciones similares».

La acusación popular se opone a que Begoña Gómez pueda salir de España por «fundado riesgo de fuga»

La acusación popular ha mostrado su «oposición definitiva y total» a que el juez Juan Carlos Peinado, que ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda autorizarle salir de España, como ella le ha solicitado, porque consideran que existe un «fundado riesgo de fuga».

Así lo han comunicado las acusación popular unificada, liderada por Hazte Oír, en un escrito en el que piden a Peinado que rechace la solicitud de Gómez de permitirle desplazarse a Ankara (Turquía) y Londres (Reino Unido).

A ojos de la acusación popular, la «concatenación de desplazamientos no hace sino ampliar el período de exposición al riesgo de sustracción a la acción de la justicia, dificultando extraordinariamente cualquier mecanismo de supervisión».

Ante ello, recuerda que el magistrado acordó el pasado 20 de junio la retirada del pasaporte de Gómez en el marco de su investigación contra ella. Tras ello, la esposa del presidente solicitó que a Peinado que le deje viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara y a Londres para la graduación de su hija.

«Tales medidas obedecen a la existencia de indicios racionales de criminalidad y a un fundado riesgo de fuga, de suerte que lo ahora pretendido de contrario no es sino el alzamiento parcial y temporal de una medida cautelar vigente, lo que reclama un escrutinio especialmente riguroso», señala, en referencia a la retirada de su pasaporte.

En este sentido, incide en que el destino elegido, esto es, la República de Turquía, «agrava de manera particular ese riesgo», al ser «un Estado ajeno a la Unión Europea, no vinculado por el sistema de la orden europea de detención y entrega y respecto del cual los mecanismos de extradición resultan notoriamente más lentos, inciertos y sujetos a condicionamientos de oportunidad política».

Y añade: «La eventual sustracción de la investigada en tal territorio situaría su recuperación para el proceso en una situación de grave dificultad, cuando no de práctica imposibilidad».

Con respecto a la autorización para acudir a la graduación de su hija en Londres, la acusación afirma que dicho evento, «por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad cuando la investigada se halla formalmente procesada y pendiente de enjuiciamiento».

Asimismo, remarca que la cooperación internacional entre España y Reino Unido tras el ‘Brexit’ «ha experimentado una merma significativa respecto al régimen anterior de la euroorden».

Y enfatiza que Gómez se enfrenta a hasta 24 años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. «A mayor gravedad de la condena potencial, mayor es el incentivo para la huida, y mayor el daño irreparable para el proceso penal en caso de que esta se produzca», razona.

Y por último, la acusación popular arguye que «no consta en el escrito presentado por la representación de la investigada acreditación documental alguna de que el acto de graduación invocado vaya efectivamente a celebrarse en Londres en las fechas indicadas».

A su juicio, «la mera afirmación de la parte no constituye, por sí sola, acreditación suficiente a los efectos de justificar el alzamiento, siquiera temporal, de una medida cautelar de la gravedad de la prohibición de salida del territorio nacional».

«En consecuencia, la solicitud carece, en este punto, de la mínima base documental exigible, lo que constituye un motivo autónomo y adicional para su desestimación», concluye.

Para el caso de autorizarse, la acusación popular solicita subsidiariamente que «se supedite al cumplimiento de las condiciones informativas y de reintegro del pasaporte», documentándose los datos del viaje «en pieza separada de carácter reservado durante el desarrollo del desplazamiento, con su ulterior incorporación a la causa una vez producido el regreso».

El PP solicita al juez la imputación de la directora de la Guardia Civil en el ‘caso Leire Díez’

El PP, que lidera la acusación popular en el ‘caso Leire Díez’, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa que llame como imputada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Así consta en un escrito en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo realiza esa petición al juez Santiago Pedraz en nombre de las acusaciones populares del caso, en el que se investigan presuntas maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Los ‘populares’ también piden que cite como imputados al anterior director general, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

A su juicio, que los tres puedan ser llamados como testigos es «incompatible con el contenido material de los indicios que pesan» sobre los tres y supondría «un fraude procesal en perjuicio del derecho de defensa y del propio principio de igualdad de armas, en la medida en que les impone la obligación de declarar bajo juramento, con riesgo de incurrir en falso testimonio».

Y encajan los hechos de modo «indiciario» en presuntos delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, revelación de secretos por funcionario público, y pertenencia o cooperación con organización criminal.

Esta petición se produce un día después de la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la ‘comisión Koldo’ del Senado, donde defendió el «buen hacer» de Mercedes González y rechazó haber mentido o dado versiones contradictorias sobre los contactos entre Leire Díez y la jefa de la Guardia Civil.

Feijóo dice que «el PSOE tiene el mismo número de imputados que de diputados»

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este lunes en Murcia, durante la Junta Directiva regional del partido, «el momento clave de nuestra historia democrática» con «el peor gobierno de nuestra historia desde el punto de vista de gestión, de la corrupción y de la decencia de las cosas públicas», ya que, con las imputaciones conocidas este lunes «el ‘sanchismo’ ya tiene los mismos imputados que diputados: 121 imputados, 121 diputados».

Por tanto, ha insistido, «estamos ante el peor gobierno de nuestra historia desde la óptica de los valores democráticos, un gobierno que no gobierna, que no ha tenido presupuestos durante toda la legislatura y que no son capaces de solucionar los problemas de los españoles, que cada día pagan más impuestos, tienen más deuda pública y los servicios públicos funcionan peor cada día».

Núñez Feijóo no entiende que el Gobierno no contemple no seguir cuando Pedro Sánchez es el presidente con «más sospechas de corrupción de nuestra historia: 16 sumarios y 20 tipos delictivos y peticiones a esos tipos delictivos que están en los sumarios, de acuerdo con el Código Penal, de 2.300 años de prisión si sumamos todos».

Este mismo lunes, ha recordado, han imputado a la presidente de la SEPI y a 24 personas más, «por tanto es oficial, el ‘sanchismo’ tiene los mismos imputados que diputados: 121 imputados, 121 diputados», ha reiterado.

Es más, ya hay dos sentencias: «una de 24 años a la mano derecha de Sánchez y otra a aquel que guardó celosamente los avales, que dormía con ellos, esos dos ya están condenados, además del Fiscal General del Estado. Sólo con esas dos sentencias, cualquier presidente del Gobierno hubiese dimitido».

Pero no cree que presente la dimisión y convoque elecciones, por lo que «no nos vamos a cansar de pedir elecciones, porque es fundamental para devolver la ética a la vida pública, la decencia a los cargos del país que pidieron el voto para un gobierno limpio y empezaron a robar el primer mes». Esto, ha advertido, «no es una crítica, es una crónica».

A esto hay que añadir al ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, «imaginaros cómo de culpable debe ser para que su defensa se base en anular las pruebas, no en contradecir los hechos».

«Zapatero ha pasado del faro moral a la fosa moral del ‘sanchismo’, la joya de la corona, el señor Zapatero se ha desvanecido», ha señalado el presidente del PP, quien ha añadido que «tenemos al Gobierno que menos respeta la voluntad de los españoles, ya que la legitimidad de un responsable público se la dan los votos y se la ratifica la Cámara, pero el señor Sánchez perdió las elecciones generales en el 2023, no tenía por tanto la legitimidad electoral como primera fuerza política».

«Pero la Cámara le dio cuatro diputados más que a nosotros y le nombró presidente del Gobierno. Ahora esa misma Cámara le acaba de pedir, por mayoría absoluta, su dimisión como presidente del Gobierno y él se ríe de la Cámara», ha lamentado.

A su juicio, «Sánchez resiste porque tiene miedo, porque es el único que sabe todo lo que ha hecho» y «cuando uno está tranquilo no tiene miedo, si a uno le imputan hechos falsos y le difaman, está tranquilo si lo que se le imputan es falso», pero considera que Sánchez no lo está.

Para el presidente del PP, Sánchez esta legislatura «consiguió una mayoría en la investidura, pero nunca tuvo mayoría para gobernar». Ha defendido que España «necesita que le devuelvan la voz, que pase página, un gobierno honrado y preparado para hacer frente a los desafíos de nuestro país».

«A Sánchez no le queda tiempo por el día para pensar en los problemas de los españoles después de no poder dormir por la noche pensando en los suyos», ha reiterado.

El juez imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la pieza de presuntos amaños del ‘caso Leire’

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas en la pieza del ‘caso Leire Díez’ sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

Así consta en una providencia en la que el magistrado citará próximamente como investigados a directivos de empresas y dirigentes de SEPI al hallar «indicios de criminalidad», tales como el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el fundador de Forestalia, Fernando Samper, entre otros.

De esta manera, Pedraz accede a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de citar como investigadas a 25 personas, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

En dicho documento, las fiscales apuntan a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández —ya imputado— compartió en el grupo ‘Hirurok’ un archivo en el que «consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos» sobre el rescate de la empresa Tubos Reunidos, «haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria».

Además, señala que también constaba «el compromiso» de Gualda con Francisco Irazusta, el entonces CEO de Tubos Reunidos, empresa vasca de la que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 112,8 millones de euros que recibió.

Según el relato del Ministerio Público, el directivo de la SEPI Miguel Ángel Figueroa informó a Vicente Fernández de que «BG —siglas utilizadas para referirse a la presidenta Belén Gualda— tenía la intención de ‘sacar’ operaciones», como la «correspondiente a Tubos Reunidos».

Y añaden que Figueroa, que también ha sido citado como investigado, mandó un documento que «contemplaba la estimación de la solicitud de apoyo financiero público temporal presentada por Tubos Reunidos» y que contaba con «la aprobación» de Gualda.

Asimismo, exponen que, según consta en la documentación aportada por la SEPI, Gualda «firmó la elevación al Consejo Gestor del FASEE —Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, vinculado a la SEPI y orientado a ayudas durante la Covid-19— de la propuesta relativa al expediente» de Tubos Reunidos.

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 a Koldo y a 4 a Aldama pero le libra de entrar por colaborar

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia, tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.

Los magistrados declaran a Ábalos y Koldo culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absuelven de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

A Aldama lo condenan por los delitos de organización criminal y cohecho, pero le absuelven de inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad que ha sido objeto de acusación.

Para el tribunal han quedado probados delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

El tribunal impone a Ábalos 52.500 euros de multa, 45.750 a Koldo y 72.000 a Aldama, a la vez que ordena que el exministro y su exasesor indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec en 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil, por la contratación a dedo de Rodríguez.

También acuerda decomisar a los tres condenados las ganancias provenientes del delito de cohecho por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los 10.000 mensuales satisfechos por Aldama durante 34 meses, 82.295 euros por la renta del alquiler del piso que disfrutó Rodríguez en la madrileña Plaza de España y 8.000 euros por la renta del chalé de ‘Villa Parra’ en Marbella (Málaga).