Rehenes políticos de Operación Gedeón están en huelga de hambre por torturas y tratos crueles

Caracas. – Seis días en huelga de hambre tienen ya un grupo de 15 rehenes políticos vinculados con la Operación Gedeón, debido a las brutales torturas, tratos crueles y un grave deterioro físico y psicológico que sufren en el Fuerte Guaicaipuro (Cenapromil) de Miranda.

Las víctimas exigen respeto a sus derechos fundamentales y denunciar el incumplimiento de promesas sobre posibles excarcelaciones. Sus familiares aseguran que no saben nada de ellos y piden a las autoridades que respondan a sus exigencias.

La protesta tiene como fin llamar la atención del ilegítimo ministro chavista de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, ya que detallan que siguen sometidos a torturas y tratos crueles. Además, varios de los militares presos en este lugar ya cumplieron la pena, pero continúan injustamente tras las rejas.

Jessica Castro, familiar del preso político civil Gustavo Hernández, oriundo de Caracas, exigió la libertad inmediata de todos estos rehenes, y explicó las condiciones en las que viven las víctimas en el Fuerte Guaicaipuro.

El calvario de las familias se agudizó tras el traslado arbitrario desde la sede del SEBIN en El Helicoide hacia ese centro de tortura. Según los familiares, cuando las unidades oficiales trasladaban a los prisioneros, ellos intentaron seguir las caravanas, pero les fue imposible al quedar retenidos en las vías por los bloqueos de seguridad.

«No había una lista, no había nada. Solo nos dijeron que en 15 días esperáramos la llamada para entregar la paquetería porque los íbamos a ver. Esa llamada nunca llegó; pasaron seis meses hasta que pudimos saber de ellos”, dijo Castro.

También contó que permanecieron en condiciones sanitarias extremas, pues pasaron tres meses sin bañarse ni cepillarse los dientes, ocasionando la pérdida de piezas dentales y dolores bucales. Enfatizó que también les vulneraron sus derechos al recibir agua contaminada, ya que solo les permitían un solo recipiente de agua por celda (para 3 o 4 personas) que debía durar toda la semana. “El agua tenía larvas y moscas. Debían esperar a que se asentara para poder beberla, bañarse o lavar la ropa”, denunció.

Para el día que les dieron la fe de vida, sus familiares evidenciaron secuelas psicológicas. Estaban desorientados, temblaban y no podían sostener la cucharilla con la que comían. Jesica Castro reconoce que han visto algunos cambios con la nueva dirección, debido a que les han permitido el ingreso de almuerzos y alimentos.

Otro familiar, quien prefirió el anonimato para evitar represalias, confirmó la huelga de hambre: «Sí, es correcto; mañana cumplen una semana en huelga. Hay aproximadamente 15 de ellos en huelga de hambre exigiendo sus derechos”, señaló la fuente.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, también confirmó la situación a través de un contacto telefónico. “Entendemos que varios de los encarcelados por el caso Gedeón han iniciado una huelga de hambre. Estamos evaluando la situación y acompañando su protesta y asistiendo a sus familiares”, dijo.

Pensionados pidieron a Dinorah Figuera ser incluidos en el diálogo con el narcorégimen

Caracas. – Una comisión del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores (El Comité), se reunió este lunes con la exdiputada Dinorah Figuera para solicitarle que incluya en la agenda del diálogo con el narcorégimen interino un aumento progresivo de las pensiones.

En la comunicación entregada a Figuera, los representantes de la agrupación solicitaron a los miembros de la Comisión de Diálogo, la inclusión de la crítica situación de los adultos mayores como un tema prioritario en la agenda de diálogo nacional.

La organización hizo un llamado a la acción para que este sector, “históricamente postergado”, tenga voz en la construcción del futuro del país, acompañando su solicitud con un informe detallado sobre las violaciones sistemáticas a sus Derechos Humanos.

El texto denunció las precarias condiciones de vida a las que están sometidos. Según la organización, la asignación mensual actual equivale a apenas 0,17 centavos de dólar, una cifra diametralmente alejada de los 754,45 dólares en los que cerró la cesta alimentaria en junio, de acuerdo con datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM).

Desde el Comité se enfatizó que esta brecha económica ha derivado en muertes por desnutrición y falta de acceso a tratamientos médicos, situaciones que ya han sido denunciadas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (CIDH-OEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Corte Penal Internacional (CPI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La carta también pone el foco en un aspecto particularmente preocupante: el abandono de miles de pensionados venezolanos que residen en el exterior. A estos ciudadanos, se les suspendieron sus pagos desde 2016, generando una deuda acumulada que el Estado debe reconocer y reparar.

La carta entregada este lunes es un acto de exigencia. Los firmantes, encabezados por Urimare Capote y Edgar Silva a nivel nacional y con representantes de diversos estados del país, no buscan únicamente ser escuchados como víctimas. Su petición es profunda: que los adultos mayores tengan voz y presencia activa en la búsqueda de soluciones.

Juan Barreto y Mario Silva protagonizan enfrentamiento y revelan pugna entre facciones del narcorégimen

Caracas. – Un enfrentamiento marcado por acusaciones y descalificaciones entre los narcochavistas Juan Barreto y Mario Silva revela desde este el enfrentamiento entre facciones ya alejadas de la actual cúpula interina, así como una aparente disputa sobre quien tendrá el liderazgo para enfrentar a Delcy Rodríguez.

Mientras Barreto acusa a Silva de añorar el retorno del narcotirano Nicolás Maduro para que éste le devuelva los privilegios que le privó Delcy Rodríguez, el propagandista del narcorégimen amenaza a Barreto con tomar acciones judiciales.

En un programa transmitido por el Centro de Estudios para la Democracia Socialista (CEDES), Barreto arremetió contra Silva calificándolo de oportunista y de no querer reconocer los desmanes que la tiranía a la cual defendía, cometía antes de la captura lograda por los estadounidenses el 3 de enero.

«Antes no pasaba nada, y se llevaban presos a adolescentes. Ahora «Silva» perdió su quinta, sus 24 escoltas, sus pagos por PDVSA y MPPE, y en este último tenía póliza de HCM, algo que se lo quitaron hasta los propios docentes», dijo.

Para referirse al propagandista ahora desechado por el interinato chavista, Barreto empleó un juego de palabras con el apellido de este, al manifestar «hay que personajes que antes no decían nada, pero ahora sí ‘Silvan'».

Al igual que con Silva, Barreto también señaló a otros personajes del narcorégimen por defender intereses y negocios propios o de mostrar nostalgia por la pérdida de privilegios, prebendas y cargos oficiales tras criticar o acomodar su discurso político actual.

Ahora, en respuesta, Mario Silva anunció este pasado domingo formalmente su intención de emprender acciones legales, por difamación contra el exalcalde mayor chavista de Caracas.

En una transmisión pública, Silva rechazó categóricamente los señalamientos sobre su presunto vínculo como asesor en PDVSA y en el Ministerio de Cultura, así como las afirmaciones respecto a la pérdida de una propiedad residencial. Calificó estas aseveraciones como falsas y aseguró que utilizará el contenido de su programa como respaldo probatorio en un eventual proceso judicial.

También, Silva cuestionó la narrativa de los llamados «chavistas originarios» —]grupo del cual forma parte Barreto— y defendió su trayectoria política, rememorando su papel como miembro fundador y parte de la primera dirección nacional del PSUV.

En su mensaje, Silva enfatizó que no ha recibido aún notificaciones sobre una posible expulsión de la organización política, señalando que, desde inicios de año, ha intentado mantener canales de comunicación interna con la directiva de del movimiento de la narcoizquierda para aclarar su posición.

Chile espera reabrir consulado en Venezuela este mismo mes

Caracas. – Para este mismo mes se espera que el consulado chileno en Venezuela vuelva a operar, según lo anunció este pasado viernes el ministro de Relaciones Exteriores del país austral, Francisco Pérez, desde Colombia.

“Respecto de Venezuela, traemos buenas noticias. Ayer formalizamos nuestras relaciones consulares con Venezuela y tenemos a nuestro equipo en Caracas desplegado”, comenzó diciendo el canciller.

A lo anterior, agregó que el director general consultar ya está en suelo venezolano hace varias semanas. “Nuestra expectativa es que dentro del mes de agosto podamos estar operando con nuestro consulado en Venezuela”, dijo.

El Consulado General de Chile en Caracas no se encuentra operativo desde el 31 de enero de 2025, fecha en que el chavismo ordenó el cese de funciones de las representaciones consulares chilenas en Caracas y Puerto Ordaz.

Recordemos que la medida ocurrió en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de que Venezuela decidiera suspender los vínculos con Chile tras los cuestionamientos del gobierno del entonces presidente Gabriel Boric a las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

Desde esa fecha, las oficinas consulares chilenas en territorio venezolano dejaron de atender al público, afectando la realización de trámites y servicios para ciudadanos chilenos residentes en ese país.

Un policía y cuatro delincuentes muertos durante enfrentamiento en El Valle

Caracas. – Edwin Arguinzones, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscrito a la División Contra la Delincuencia Organizada (Petare), fue asesinado a tiros, así como otros cuatro presuntos delincuentes, durante un procedimiento policial que tuvo lugar este sábado en la parroquia El Valle, en Caracas.

El tiroteo tuvo lugar en el sector Hueco Loco de la parroquia El Valle, una zona que conecta con la Carretera Panamericana. El hecho ocurrió cuando comisiones policiales realizaban labores de saturación de área e intervención en la zona.

De acuerdo con los reportes policiales, los funcionarios fueron sorprendidos por un ataque armado, lo que desencadenó un intercambio de disparos. En la emboscada, los delincuentes además de disparar, lanzaron una granada contra los efectivos policiales.

Durante el enfrentamiento, el oficial Edwin Arguizones resultó gravemente herido. Pese a que recibió atención médica, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Arguizone estaba adscrito a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, específicamente a la División Contra la Delincuencia Organizada, con sede en Petare. El funcionario pertenecía a la tercera promoción de agentes de la institución.

La emboscada fue ejecutada por los integrantes de una banda delictiva del sector, lo cual motivó el envío de un fuerte contingente de uniformados para peinar la zona. En el sitio murieron cuatro presuntos delincuentes conocidos bajo los alias de «el Peye», «el Barrabás», «el Manuelito» y un cuarto que aún no ha sido identificado. En el mismo procedimiento, otro funcionario de la policía resultó herido.

Cabe señalar que con la muerte de Arguinzones suman dos los funcionarios asesinados en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) en dos semanas. El 28 de julio mataron al detective Wilson David Garrido Ortega, adscrito al CICPC, mientras se encontraba en una estación de servicio ubicada en La Urbina, municipio Sucre. Un hombre se le acercó, le disparó, huyó a pie y se adentró al río Guaire. 

Inicia segunda fase de demoliciones en Vargas: derribarán 35 edificaciones en alto riesgo

Caracas. – Una nueva fase de demoliciones de estructuras inhabitables inició en todo el estado Vargas, entidad en la cual han identificado, al menos, unas 35 edificaciones que están en alto riesgo tras los sismos del 24 de junio, y que deben ser derribadas de inmediato.

La nueva fase comenzó en la urbanización Playa Grande (parroquia Urimare), en el marco de la remoción de escombros que se realiza en toda esa entidad, con el derribo controlado de las residencias Samantha.

Tras la destrucción de la torre C del complejo OPP 36 (urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi) el pasado 30 de julio, los organismos procedieron este pasado viernes con la segunda implosión en ese sector, y fue en la torre B de Residencias Samantha, como parte de un plan que contempla derribar las citadas 35 estructuras afectadas.

La demolición controlada en Residencias Samantha, ubicada en la avenida principal de Playa Grande, estuvo custodiada por componentes de seguridad en toda la zona, tal como ocurrió el 30 de julio, lo cual generó malestar y protestas entre los residentes de la urbanización.

El procedimiento marca un precedente al ser la primera edificación residencial privada derribada bajo este mecanismo tras los movimientos telúricos de junio. Al mismo tiempo, es la segunda infraestructura en la entidad costera que se derrumba producto de una demolición controlada.

La otra parroquia donde se llevarán a cabo demoliciones controladas es en Caraballeda, en la cual se encuentran muchos de los 35 edificios inhabitables que deben ser demolidos. La Cámara de Construcción de La Guaira ya elaboró un protocolo para ejecutar las implosiones, el cual enfatiza la necesidad de una hoja de ruta que evite repetir los errores de la vaguada de 1999.

Según este manual, un paso fundamental es la aplicación de ingeniería forense y estudios patológicos en cada estructura. Se considera vital para determinar exactamente por qué fallaron las edificaciones, y aprender de estos errores para futuras construcciones.

Tercera jornada de negociaciones abordó temas del CNE, TSJ y respuesta ante terremotos

Caracas. – En la tercera jornada de negociaciones de este sábado 8 de agosto en el Hotel Meliá Caracas, las delegaciones de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) de 2015 y del narcorégimen interino, centraron su agenda en tres puntos clave: la estructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la respuesta a los daños provocados por los sismos.

La mesa de trabajo entre representantes continuó en el Hotel Meliá Caracas, donde también se desarrollaron las reuniones durante la jornada del pasado viernes.

Según las discusiones preliminares, se ha puesto sobre la mesa un cronograma que contempla la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el mes de noviembre y la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para el mes de diciembre.

Este planteamiento sugiere una hoja de ruta que, de concretarse, situaría la realización de posibles elecciones nacionales para el año 2027. No obstante, diversas voces y organizaciones de la sociedad civil han señalado que estos plazos contrastan con los tiempos establecidos en la legislación venezolana, tales como la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), la cual, bajo una aplicación estricta, permitiría completar los procedimientos necesarios en un lapso mucho menor, situando el posible arbitraje electoral incluso para el mes de octubre.

El tercer punto buscó abordar la respuesta a una tragedia que todavía mantiene a miles de familias afectadas. Los daños causados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio causaron gran impacto en el país, principalmente en el estado Vargas, entidad más golpeada, y donde miles de familias quedaron nuevamente sin hogar, tal como ocurrió durante el deslave de 1999.

Este pasado viernes, las discusiones se centraron directamente en el terreno de la reinstitucionalización del país, y la búsqueda de mecanismos para retomar la democracia en Venezuela.

Denunciaron ante la CIDH que el sistema represivo del chavismo continúa intacto

Caracas. – Varias organizaciones de la sociedad civil venezolana denunciaron el pasado jueves, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en Venezuela continúan vigentes estructuras del narcochavismo vinculadas a la represión y la impunidad, pese a los aparentes cambios que se anuncian a través de los medios.

Esta denuncia se realizó en el marco del 196.° Período de Sesiones de la CIDH, acto en el cual estuvieron presentes representantes de ONG como Acceso a la Justicia, Aula Abierta, Caleidoscopio Humano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Justicia Encuentro y Perdón, Lateral, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Provea y Voto Joven, entre otros.

La comisionada Gloria De Mees, relatora para Venezuela, abrió la sesión destacando la ausencia del Estado y advirtió que, aunque en la prensa se reportan reformas y diálogos, la información aportada por las organizaciones “sugiere que muchas de las estructuras subyacentes de represión siguen intactas” y que “los derechos humanos no pueden medirse por anuncios sino por resultados”.

Uno de los puntos centrales fue la presentación del Termómetro de Justicia y Verdad, herramienta elaborada por consenso de 20 organizaciones venezolanas. Beatriz Borges, directora de Cepaz, explicó que el instrumento se basa en “el seguimiento de recomendaciones de organismos internacionales y en el monitoreo constante de la situación después del 3 de enero de 2026. Está integrado por cuatro pilares temáticos, quince indicadores y diez recomendaciones orientadas a evaluar el avance hacia la recuperación del Estado de derecho”.

“La apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, señaló Borges.

Las organizaciones enfatizaron la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Martha Tineo, de Justicia Encuentro y Perdón, señaló que este grupo “atraviesa todos los estratos sociales e incluye mujeres separadas de sus hijos, funcionarios, sindicalistas, ciudadanos comunes, extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad”. También denunció la impunidad en casos como el de Fernando Albán, con al menos 18 personas fallecidas bajo custodia estatal.

También, en la sesión participaron familiares de víctimas de la represión, así como de los rehenes políticos que están aún en manos de la Narcotiranía chavista. Estos brindaron sus testimonios, para exigir ante la CIDH que se haga justicia en los casos, como ocurrió con el exconcejal Fernando Albán, asesinado al ser lanzado desde la sede del SEBIN, y cuya viuda, Meudy Osio, denunció que hasta la fecha no existe una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido.

Igualmente, los allegados de los rehenes políticos elevaron su voz, para expresar que existen personas con enfermedades graves, adultos mayores y ciudadanos que enfrentan consecuencias físicas y psicológicas derivadas de las condiciones de reclusión.

Otorgaron libertad plena a exjueza María Lourdes Afiuni y familiares piden cerrar el caso

Caracas. – La ex jueza venezolana María Lourdes Afiuni recibió libertad plena tras años de prisión domiciliaria por razones políticas, informó este viernes su familia, que la víspera pidió el cierre de su caso por la grave enfermedad que ella padece.

«La familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad», según un comunicado publicado en X por su hermano Nelson Afiuni.

El anuncio se produce apenas un día después de que la familia de la exjueza informara que le fueron detectadas tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo, tras ser hospitalizada de emergencia el fin de semana pasado, y de que solicitara con carácter urgente el cierre definitivo del proceso judicial para permitirle recibir tratamiento médico especializado, incluso fuera del país.

Cabe recordar que María Lourdes Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009 por orden de Hugo Chávez, luego de ordenar la libertad bajo fianza del empresario Eligio Cedeño, decisión que tomó acatando una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

Permaneció recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) entre 2009 y 2011, y desde entonces ha estado sujeta a un régimen de libertad condicional que, pese a que su defensa sostenía que la condena ya había sido cumplida, le impedía salir de su ciudad de residencia y declarar a la prensa o en redes sociales.

Para la familia, este es un caso “que nunca debió existir” y confían en que esta decisión marque “el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse”.