Caracas. – Varios reportes difundidos en redes sociales informan, desde este pasado martes, que estaría en marcha un despliegue policial en Caracas principalmente, con el objetivo de localizar y dar captura al líder del colectivo chavista «La Piedrita», Valentín Santana.

Diversas cuentas en las redes, especialmente en X, han señalado que el CICPC estaría a cargo del operativo para apresar a Santana, quien ha mantenido su base de operaciones en la parroquia caraqueña 23 de Enero.

Las informaciones indican, que Santana tendría órdenes de aprehensión vinculadas con cuatro homicidios, solicitadas desde 2014. Señalan, además, que en esos expedientes, el Ministerio Público determinó su presunta autoría directa.

Al parecer, varios de los fiscales que participaron en esas investigaciones actualmente se encuentran en el exilio y, debido a que habrían recibido amenazas de parte de los colectivos de «La Piedrita», situación que los obligó a escapar del país por seguridad.

Cabe recordar que durante décadas, este colectivo ha sido uno de los rostros más visibles y radicales de los grupos armados vinculados a la llamada «Revolución Bolivariana».

«La Piedrita» se originó en el 23 de Enero, un sector popular ubicado en el municipio Libertador de Caracas (capital de Venezuela). El grupo nació con el objetivo de combatir la delincuencia y la violencia dentro de esa propia barriada al oeste de Caracas.

No obstante, con el paso de los años y el surgimiento de los ‘Círculos Bolivarianos’, la organización se transformó en un colectivo armado de tendencia oficialista y pro-narcochavismo. Este pasado lunes, el propia Santana difundió un audio en el cual advertía estar «asediado» por comisiones del CICPC, específicamente de las divisiones de Homicidios y Terrorismo.

También, hizo un llamado a sus secuaces a estar alertas, y advirtió que de intentarse su captura, los integrantes de «La Piedrita» no se entregarían y darían «la batalla», es decir, se enfrentarían con los funcionarios del organismo detectivesco.

Caracas. – La estructura política que Delcy Rodríguez, actualmente encargada del narcochavismo interino, diseñó desde el rol que jugó en la Narcotiranía durante el período de Nicolás Maduro, no se limitó a labores de propaganda, sino al establecimiento de alianzas institucionales en el exterior financiadas con fondos públicos del «Estado», para legitimarse internacionalmente.

Así lo revela un documental difundido por la Fundación Disenso, un centro de pensamiento originario de España, que ha abordado el tema de la corrupción en su país, enfocándolo desde el punto de vista de las conexiones con el chavismo, específicamente con Rodríguez.

En un video, la fundación no solo hace un recuento de la vida política de la principal vocera del interinato, sino que descubre cómo, además de esculpir su imagen dentro del narcorégimen y ayudar en la distribución de propaganda política, también, de manera secreta, diseñó toda una estructura de alianzas internacionales, comprada con recursos pertenecientes a los venezolanos, para sostenerse y sobrevivir fuera del país.

«Recorrió el mundo defendiendo al régimen en organismos multilaterales, mientras Venezuela entraba en una de las peores crisis humanitarias de la historia contemporánea del continente. Durante esos años negó la existencia de presos políticos, negó la crisis migratoria, negó el colapso sanitario, negó el amor y acusó constantemente a gobiernos democráticos de participar en conspiraciones internacionales contra Venezuela», indica el material de Fundación Disenso.

A esto, añade: «Utilizando recursos del Estado venezolano, el chavismo financió durante años operadores políticos, consultores, empresas y redes de influencia en Iberoamérica y Europa. Parte de esta estructura internacional, sigue vigente hoy para legitimar a Delcy Rodríguez y normalizar al chavismo como un actor político. Mientras que en Venezuela Rodríguez no sólo ha ayudado a consolidar la oligarquía chavista, también ha ejercido fuertes chantajes sobre todo al empresariado para obligarlos a acatar las órdenes del régimen».

Lo expuesto en el audiovisual está documentado en investigaciones realizadas tanto por la ONG Transparencia Venezuela, como por importantes agencias de investigación de EE. UU.

En el caso de la ONG venezolana, las evidencias revelan que Rodríguez consolidó un amplio control en los sectores comercial, energético y diplomático de la nación. De acuerdo con la organización, este entramado le permitió tejer redes estratégicas con aliados internacionales —como Rusia y China— gestionando recursos públicos bajo una política institucional caracterizada por la opacidad y el secreto de Estado.

Mientras, organismos estadounidenses, principalmente la DEA, han expuesto que Delcy ha estado bajo escrutinio internacional debido a presuntos vínculos con tramas de lavado de dinero, adjudicación de contratos corruptos a empresarios aliados y el uso de redes financieras externas.

En este sentido, el documento expone «uno de los episodios más escandalosos de su trayectoria internacional ocurrió en enero del 2020, durante el llamado Delcy Gate. A pesar de tener prohibida la entrada a territorio europeo por las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE), Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. La visita fue inicialmente ocultada y minimizada por el gobierno de Pedro Sánchez, pero pronto comenzaron a llegar las autoridades con las contradicciones».

Asimismo, el material denuncia que «bajo su gestión económica, permitió el crecimiento de oligarquías chavistas y el nacimiento de una nueva élite corrupta vinculada a la expoliación del país. En ese sentido, Delcy no puede dar confianza a los inversionistas, porque fue en gran parte la arquitecta del nuevo estado de corrupción sostenido en oligarquías y saqueo del Estado».

Sin embargo, Fundación Disenso denuncia que la encargada del chavismo interino «continúa intentando vender una imagen internacional de estabilidad y normalidad democrática. Hoy, el chavismo intenta reinventarla. Las actuaciones recientes de Delcy Rodríguez demuestran que no existe en ella ninguna intención de garantizar confianza para inversionistas extranjeros ni de facilitar una transición democrática en Venezuela».