Extraoficial: EE. UU. estaría exigiendo a Delcy Rodríguez entregar a siete figuras claves, comenzando por «Nicolasito»

Caracas. – EE. UU. habría exigido a la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez, la entrega de siete fichas importantes del chavismo incluyendo al hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, alias «Nicolasito», según lo reveló el periodista español David Alandete.

De acuerdo con el periódico español ABC, la Casa Blanca exige cooperación en las investigaciones que se siguen contra «Nicolasito», el exvicepresidente detenido por la trama Pdvsa-Cripto, Tareck El Aissami y una lista integrada por: Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López, Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares.

De acuerdo con el artículo, EE. UU. considera a Maduro Guerra una persona con amplio conocimiento del entramado de corrupción y tráfico de drogas que supuestamente habría dirigido su padre, Nicolás Maduro Moros.

Lo que EE. UU. estaría pidiendo a Delcy Rodríguez no sería la extradición de “Nicolasito” ni de los otros ocho presuntos involucrados, sino el acceso a documentación que permita indagar en su presunto conocimiento de las redes criminales presuntamente operadas desde el chavismo.

Desde Washington piden acceso a entrevistas, registros financieros y una verificación conjunta, evitando mencionar la palabra extradición, un término prohibido por la Constitución venezolana.

Según Alandete «se contemplan expulsiones administrativas, salidas pactadas, traslados por razones de seguridad, detenciones temporales con entrevistas y entrega de documentación. O, en caso de que los objetivos viajen fuera del país, también su captura, como ocurrió con Saab, detenido en Cabo Verde en 2020».

También, indica que la lista de señalados «no es pública», y además, el acuerdo con las autoridades estadounidenses «se mide en actos verificables, interrogatorios ya realizados, documentación entregada, cuentas rastreadas, sociedades identificadas, activos congelados y, si se llega a esa fase, un traslado».

También, el periodista español indicó, que Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, piezas clave del chavismo y aliados del expresidente Nicolás Maduro, estarían fuera de la lista debido a “un cálculo operativo” de la Casa Blanca. 

Veppex rechaza la mal llamada «Ley de Amnistía y Reconciliación» aprobada por la Asamblea Nacional

Esta semana, la Asamblea Nacional chavista, encabezada por el jerarca del genocida narcorégimen que somete a Venezuela, Jorge Rodríguez, aprobó una supuesta Ley de Amnistía, en la que decía venir trabajando para liberar a los presos políticos e ir a una reconciliación nacional.

No obstante, el panfleto presentado y aprobado por el chavismo no contempla la liberación de absoutamente todos los presos, especialmente los militares disidentes, además de ignorar la gran cantidad de irregularidades que se han presentado en los procesos penales y, por tanto, mantienen cautivos en sus mazmorras a muchos venezolanos.

Ante esto, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha emitido un comunicado de rechazo categórico a lo aprobado por la Asamblea chavista, por considerarla no genuina y discriminatoria.

El comunicado en concreto expresa:

«Comunicado oficial de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX).
Miami, Florida – 20 de febrero de 2026

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), fundada en 2008 para dar voz y protección a miles de venezolanos víctimas de la persecución política del régimen chavista y sus herederos, rechaza categóricamente la denominada “Ley de Amnistía y Reconciliación” recientemente aprobada por la Asamblea Nacional.

Esta ley, presentada como un gesto de reconciliación nacional tras décadas de represión, no es completa ni genuina. Lejos de representar un verdadero acto de justicia y reparación para las víctimas del autoritarismo, constituye una medida parcial, selectiva y discriminatoria que deja fuera a uno de los sectores más golpeados por la persecución política: los militares venezolanos perseguidos, presos y exiliados.Durante más de 25 años, el régimen ha utilizado sistemáticamente los delitos de rebelión, conspiración, homicidio y terrorismo como instrumentos para criminalizar falsamente a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que se opusieron a la destrucción de la democracia, al robo de elecciones, a la represión violenta y al saqueo del país.

 Estas acusaciones han sido fabricadas en procesos judiciales sin garantías, con pruebas inexistentes o manipuladas, y han servido para justificar detenciones arbitrarias, torturas, exilios forzados y la separación de familias enteras.La ley aprobada excluye o limita gravemente la amnistía para quienes han sido acusados precisamente de estos delitos —conspiración, homicidio y terrorismo—, que son los cargos más recurrentes y falsos utilizados contra los militares políticos. De esta forma, se perpetúa la injusticia contra un grupo numeroso de presos políticos y exiliados que han pagado con su libertad y su vida el precio de defender la Constitución y el pueblo venezolano.

VEPPEX exige:

Una amnistía plena, irrestricta y sin exclusiones que abarque todos los delitos políticos imputados desde 1999 hasta la fecha, incluyendo expresamente rebelión, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, homicidio en contexto político y terrorismo de Estado imputado a las víctimas.

La liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares, sin condiciones ni distingos.
El retorno seguro de los exiliados políticos con plenas garantías de no persecución.La investigación independiente y sanción de los verdaderos responsables de violaciones masivas a los derechos humanos, incluyendo a quienes han fabricado causas penales contra inocentes.

No aceptaremos medias tintas ni leyes que pretendan blanquear la impunidad de los victimarios mientras mantienen en la sombra a las verdaderas víctimas. La reconciliación nacional solo será posible cuando se haga justicia real, no cuando se perpetúe la discriminación contra quienes más resistieron al régimen.

José Antonio Colina,
PresidenteOrganización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX),
En Dios Confiamos.»

Rick Scott advirtió a la Narcotiranía chavista que rehenes políticos debían ser liberados

Caracas. – El senador republicano Rick Scott, envió este viernes una serie advertencia al narcorégimen chavista, al recordarle en un mensaje que el trato acordado es liberar, sin excepción, a todos los rehenes políticos a más tardar este mismo 20 de febrero.

Así lo aseguró en su cuenta de la red social X, en la cual respondió y felicitó la liberación del dirigente político Juan Pablo Guanipa, quien recibió definitivamente libertad plena, luego que la Narcotiranía aprobara la ley de amnistía.

En el mensaje Scott publicó: “Me alegra saber que [Juan P. Guanipa] está libre, pero no era el único detenido injustamente por el brutal régimen de Maduro. Todos los presos políticos inocentes deben ser liberados sin condiciones, HOY.”

La declaración del senador republicano reafirma las demandas internacionales y de sectores de la oposición venezolana para que la amnistía no se limite a casos puntuales, sino que abarque a todos los presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

Rumores difundidos por redes sociales hablan sobre las presuntas negociaciones, presiones y órdenes, que la cúpula dirigida por Delcy Rodríguez estaría recibiendo desde la captura de Nicolás Maduro, para liberar a todos los rehenes políticos en el país.

Algunas de estos datos extraoficiales y no confirmados, hablaban de un lapso de tiempo determinado que se refería incluso al pasado viernes 13 de febrero, día en el cual se esperaba fueran excarceladas las víctimas, tal como lo había prometido Jorge Rodríguez, quien preside el ilegítimo parlamento chavista.

Ahora, Scott parece apuntar que ese lapso vencía este viernes 20, y que podría haber estado secundado por un pacto, en el cual se contemplaba sacar de los centros de torturas a más de 600 ciudadanos ilegalmente privados de libertad.

Magalli Meda denunció que 16 esbirros allanaron e incautaron su vivienda en Caracas

Caracas. – La coordinadora política del partido Vente Venezuela, Magalli Meda, denunció este viernes, que 16 esbirros armados irrumpieron violenta e ilegalmente durante la noche del jueves en su casa en Caracas, donde dejaron colocados carteles con los mensajes “Asegurado” e “Incautado”.

A través de su cuenta en X, Meda aseguró que los hombres llegaron en seis camionetas y entraron a la residencia para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”. Al parecer, el objetivo era sustraer pertenencias y tomar control del inmueble.

«¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones? (…) El mensaje real está claro: aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la ‘ley’ y el ‘perdón'», expuso Meda en su publicación, quien está considerada como la mano derecha de María Corina Machado.

Meda, quien se encuentra en el exilio tras permanecer asilada en la Embajada de Argentina, detalló que el grupo estuvo durante varias horas dentro de la vivienda. La dirigente «opositora» alertó sobre la naturaleza del procedimiento. Aseguró que los hombres entraron con el objetivo de destruir, robar o “sembrar” elementos que justifiquen acciones legales posteriores. Esta práctica es común en operativos contra figuras de la disidencia venezolana que actualmente residen fuera del país por razones de seguridad.

«Esto es lo que le pasará o le volverá a pasar, a todo el que no les obedezca, sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea… Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte» advirtió finalmente.

Vicepresidente de Foro Penal advierte que ley de amnistía omite más de 14 años de violaciones de DD. HH.

Caracas. – El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, advirtió este pasado jueves que la recién aprobada ley de amnistía del chavismo, obvia a más de 14 años de violaciones de Derechos Humanos en la historia del país.

A través de su cuenta oficial en X, Himiob ofreció un primer análisis preliminar sobre la normativa, cuya publicación en Gaceta Oficial se espera para este mes de febrero de 2026. En su mensaje explicó que, en teoría, la Ley de Amnistía debería abarcar un período de casi 28 años, comprendido entre enero de 1999 y la fecha de su publicación oficial.

Sin embargo, señaló que más de 14 años de ese lapso quedarían completamente excluidos del beneficio.»De los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera», advierte el experto.

Himiob detalló además, que de los otros 13 años que sí estarían incluidos en la ley, únicamente se contemplan meses y momentos muy puntuales. “A vuelo de pájaro (y esto amerita un análisis más detallado), de esos 13 años restantes (156 meses en total) sólo se consideran más o menos 20 meses”, indicó.

En este sentido, el vicepresidente de Foro Penal advirtió que este cálculo preliminar requiere una revisión exhaustiva del texto definitivo de la normativa, una vez sea publicado oficialmente.

Igualmente, Himiob alerta que la ley también excluye de manera expresa determinados delitos y hechos, lo que podría limitar aún más su alcance real.

“Cabe además hacer otras consideraciones sobre los delitos y hechos expresamente excluidos. Cuando disponga del texto definitivo presentaré un análisis más detallado”, agregó.

Prometió, que una vez tenga acceso al texto completo aprobado por la ilegítima AN chavista, hará una análisis más detallado al respecto: «Cuando disponga del texto definitivo presentaré un análisis más detallado», publicó.

Juan Pablo Guanipa recibió libertad plena tras aprobación de ley de amnistía

Caracas. – El dirigente político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, recibió libertad plena durante la noche de este pasado jueves, luego que fuera aprobada la ley de amnistía por parte del narcorégimen chavista.

«Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena», dijo Guanipa en X, donde también pidió poner el «foco» para que Venezuela vuelva a ser «libre».

El también exdiputado considera que la ley aprobada en el Parlamento «no es ninguna amnistía», sino un documento que pretende «chantajear a muchos venezolanos inocentes» y que excluye a gente que todavía se encuentra encarcelada.

También confirmó que le fue retirado el grillete electrónico con el que lo confinaron en su casa, en Maracaibo.

Asimismo, reitero que todos los presos políticos, civiles y militares, deben ser liberados inmediatamente y todos los exiliados deben volver, para que puedan por fin abrazar a sus familias y vivir en paz y la tranquilidad que se merecen como héroes de este país.

«Quiero agradecer a todos los venezolanos y amigos de Venezuela por pelear por mi liberación y la de todos los presos políticos. Gracias a los EE. UU. y a la comunidad internacional por acompañar este proceso», manifestó en su mensaje.

Guanipa afirmó que está de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero con la verdad por delante. “Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio”, dijo y agregó que “no existe reconciliación bajo coerción”.

Con muchas dudas, ilegítima AN chavista aprobó la ley de amnistía

Caracas. – Bajo una serie de «lagunas» y «vacíos legales», además de no ofrecer las garantías que se esperan de un reglamento de su nivel, este pasado jueves la ilegítima AN chavista aprobó este pasado jueves la esperada ley de amnistía, que no logra convencer a muchos expertos.

Según abogados, juristas, defensores de los derechos humanos y actores políticos, el texto aprobado no cumple los parámetros de una amnistía, puesto que contiene vacíos y mantiene condiciones a los beneficiados, que no se corresponden con los de una reconciliación, una maniobra que se materializó con la incorporación de un nuevo artículo.

Por ejemplo, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, aseveró que “la amnistía es un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones” y no se podrá alcanzar la reconciliación y la reunificación del país “sin que como condición previa se liberen todos los presos políticos”.

Según cifras del Foro Penal, en Venezuela “hay más de 11.000 personas con medidas restrictivas a su libertad que estuvieron encarceladas” y son numerosos los mayores de 70 años presos pese a que la legislación contempla medidas sustitutivas de libertad basadas en el principio humanitario.

Los activistas advirtieron también que el futuro de muchos de los potenciales beneficiarios de la amnistía está “todavía amenazado por la persecución política” como consecuencia de que la ley está sujeta a “una discrecionalidad excesiva”.

Una jugada de última hora que tomó a muchos por sorpresa fue la incorporación de un nuevo artículo 16 —el proyecto aprobado en primera discusión tenía 15 artículos—, el cual establece que quienes «reincidan» después de la entrada en vigencia de esta ley serán procesados conforme a la legislación ordinaria, lo que para muchos representa una extorsión.

Para los expertos, en el mejor de los casos puede hablarse de una falsa Ley de Amnistía, la aprobada este jueves para su sanción definitiva y promulgación.

Al respecto, la doctora Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla, realizó la siguiente crítica en su cuenta de X:

La norma se aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.La nueva ley excluye a los condenados por homicidio, tráfico de drogas, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

Se incluyó a los detenidos durante los mandatos de Chávez (1999-2013) y Maduro (2013-2026) en 12 momentos específicos, lo que deja por fuera a cientos de detenidos.

Organizaciones locales e internacionales como Human Rights Watch han denunciado desde hace años la falta de independencia judicial en Venezuela, y expertos en la materia advierten que esto se podría estar reflejando en la aprobación de esta nueva ley, por los alcances condiciones que presenta.

Familiares de rehenes políticos superaron 96 horas en huelga de hambre y empiezan a presentar problemas

Caracas. – Los familiares de los rehenes políticos recluidos en el comando policial en Boleíta (Caracas), conocido como Zona 7, superaron este miércoles 96 horas en huelga de hambre, y varios de ellos empiezan a presentar serios problemas de salud.

El paso de los días sin alimentos está provocando entre los huelguistas dramáticas descompensaciones y desmayos. Incluso algunos de los afectados han tenido que ser trasladados del lugar para ser atendidos.

«Esto es cosa de las autoridades que pueden hacer algo», dijo con la voz débil y entrecortada una de las manifestantes. La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró que durante este período de tiempo, cinco familiares se han descompensado como consecuencia del ayuno prolongado, «sumado a más de 40 días pernoctando a la intemperie en un entorno de alta tensión».

Sandra Rosales (36) y Carolina Carrizo (30) sufrieron descompensaciones este martes «tras más de 80 horas en huelga de hambre y 40 días de protesta en el campamento instalado en las inmediaciones de Boleíta, Zona 7».

También, la ONG informó sobre un tercer caso. Se trata de Evelin Quiaro, madre de Joel Bravo, quien tuvo que ser retirada temporalmente del sitio debido al grave deterioro de salud.

La huelga de hambre fue iniciada el pasado sábado, para exigir la liberación inmediata de los rehenes políticos y la celeridad en las excarcelaciones, en medio del proceso anunciado por el régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro.

La protesta ocurre, además, en vísperas de que la Asamblea Nacional chavista retome el debate sobre una ley de amnistía que los expertos consideran limitada.

A la fecha, el Legislativo no publica la agenda de su sesión del jueves en la que se prevé que retome el debate para aprobar el proyecto que impulsa la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez.

Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de vender pasaportes a narcotraficantes mexicanos

Caracas. – La venta de pasaportes venezolanos a narcotraficantes que operaban en México, será una de las fuertes acusaciones que ahora tendrá que enfrentar Nicolás Maduro, en la próxima audiencia, postergada del 17 al 26 de marzo, a la que deberá comparecer en una corte federal en Nueva York.

La información fue revelada por el diario mexicano Reforma, según el cual la Fiscalía estadounidense sostiene que el depuesto dictador, cuando fue ministro de Exteriores de Hugo Chávez (2006 – 2008), vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes que operaban en México y que habrían usado vuelos oficiales desde territorio de ese país para trasladar ingresos por venta de drogas.

Según el escrito de imputación de 25 páginas de la Fiscalía estadounidense al que tuvo acceso Reforma, «Maduro y sus cómplices se aliaron con narcoterroristas del cártel de Sinaloa y los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en EE. UU.».

Esta «alianza» no solo involucraba el transporte de cocaína de Venezuela hasta México, sino que también se basaba en una «cultura de corrupción». Las acusaciones hacen señalamientos directamente a Maduro y al actual ilegítimo ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como cabecillas de una trama de tráfico de cocaína desde su país hasta EE. UU. Dicha red pasaba también por México, donde tenía amplias ramificaciones criminales y políticas.

Los fiscales estadounidenses señalan que Los Zetas sobornaban a Diosdado Cabello para organizar el transporte de la droga de Venezuela a México. En tanto, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ahora preso en EE. UU., financiaba las instalaciones de narcolaboratorios en Colombia para luego enviar la producción a EE. UU.

El expediente muestra que el territorio mexicano era un punto de enlace financiero, marítimo y operativo, con participación indirecta de organizaciones locales y redes transnacionales, como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y Los Zetas.

Todos ellos, dice el escrito, trabajaban con el Cartel de los Soles, el cual, describe el texto, opera desde el aparato del Estado venezolano usando estructuras diplomáticas, empresas fachada y protección institucional para mover drogas y dinero.

Hugo Carvajal confesó a CPI que Maduro ordenó reprimir protestas en Venezuela

Caracas. – Se reveló en redes sociales un audio en el cual se escucha al exjefe de inteligencia del narcochavismo, Hugo «el Pollo» Carvajal, confesar ante la Corte Penal Internacional (CPI) que fue Nicolás Maduro el responsable directo de ordenar la represión contra las protestas entre 2014 y 2017.

El exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) reveló su declaración ante la máxima corte internacional, mientras estaba detenido preventivamente en España. En ellas admitió que las órdenes de reprimir protestas como las de 2014 y 2017 provenían directamente de Nicolás Maduro, ahora capturado por EE. UU. bajo acusaciones de narcotráfico.

El audio fue dado a conocer inicialmente por el periodista David Placer, pero luego se viralizó su contenido en diversas plataformas digitales. De acuerdo con la confesión del «Pollo», el control de las protestas sociales en Venezuela «tiene dos variables: en primer lugar, está el control formal usando los organismos encargados de atender la situación de orden público según la ley; y, en segundo lugar, existe un control informal, operado al margen de la ley y ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares».

Cuando la CPI le pidió que señalara a las personas responsables o con mayor participación en los crímenes, Carvajal enumeró a «Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala, y como integrantes del ‘comando antigolpe’, Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal. Además de los comandantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del año 2014 y 2017, de los cuales no tengo los nombres a la mano».

“Más aún, en términos prácticos la estrategia en esa materia de orden público la decidió Maduro desde que llegó al poder y comunicó al ministro, públicamente, que cualquier protesta debía ser reprimida. Necesita demostrar que su poder y fuerza están por encima de cualquier intento político o civil para resolver reclamos de la sociedad, sin importar las consecuencias”, expresó Carvajal en su declaración.

También, el exjefe de Inteligencia chavista subrayó que tales políticas son un ataque generalizado y sistemático contra la población civil venezolana por motivos políticos. Nicolás Maduro tenía un solo objetivo: quedarse con el poder que perdió el 3 de enero; y la estrategia, según Carvajal, incluía poner al pueblo bajo sumisión con fraudes electorales, uso de la fuerza con el control de las protestas, forzando a la gente a migrar y persiguiendo a líderes políticos hasta lograr su encarcelación, su exilio, la sumisión a su proyecto político o su eliminación física.