Presos en sede de PoliMiranda iniciaron huelga de hambre para reclamar mejoras

Caracas. – Una huelga de hambre iniciaron desde la noche de este pasado domingo secuestrados por la narcotiranía chavista, que se encuentra recluidos en la sede de la Policía de Miranda, ubicada en Los Teques, para exigir mejoras en los procesos judiciales y en las condiciones de reclusión que tienen.

A través de un acta suscrita por los internos, los reclusos manifestaron que la protesta busca llamar la atención de las autoridades sobre diversas problemáticas que, según denuncian, afectan sus derechos y el estado en el cual se encuentran dentro de ese penal.

Según lo que dijo uno de los reclusos, esperan que los funcionarios respeten a las visitas bien sea de familiares o de personas no consanguíneas que se acerquen al recinto; que se les garantice salir diariamente de las rejas y que se les deje realizar actividades culturales y de recreación, mientras cumplen sus estadías en el IAPEM, ya que denuncian que se les trata “como prisioneros de guerra”.

Además, piden a brevedad que se les dote de insumos como cocina eléctrica, colchonetas, sábanas y artículos personales. También exhortan a que les cumplan con la entrega de alimentos a través de un censo con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

También, entre las principales exigencias planteadas se encuentran el respeto a los derechos humanos de la población privada de libertad, el cumplimiento del debido proceso, la agilización de las causas judiciales para reducir el retardo procesal y la realización de traslados oportunos hacia los centros penitenciarios correspondientes. Hasta ahora no hay pronunciamiento por parte de la directiva de PoliMiranda ni de autoridades del sistema penitenciario.

Edmundo González pidió crear condiciones para celebrar nuevas elecciones

Caracas. – Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela en 2024, instó este sábado a crear las condiciones necesarias para la celebración de unos comicios presidenciales, a fin de lograr la transición política que el país requiere en estos momentos.

En un video difundido por redes sociales, el exdiplomático de 76 años, ratificó la vigencia del mandato popular expresado el 28 de julio de 2024 y subrayó la necesidad de crear las condiciones, para concretar la verdadera transición.

En su alocución, dijo sobre las pasadas elecciones: “Ese mandato es real, está documentado, está en las actas y nadie, ningún fraude, ninguna amenaza, ninguna presión puede borrarlo de la historia de Venezuela. A la fecha soy el último presidente electo de Venezuela”.

En este sentido, argumentó que su responsabilidad histórica es proteger el deseo de cambio manifestado por los ciudadanos, indicando que el camino para resolver la crisis institucional pasa de forma obligatoria por una nueva convocatoria a las urnas.

También, en su mensaje, González Urrutia enumeró los elementos indispensables para garantizar un proceso electoral auténtico. Propuso la construcción de condiciones orientadas a unas elecciones presidenciales que funcionen como instrumento ciudadano para el cambio y la “reinstitucionalización democrática”.

Entre los aspectos irrenunciables, mencionó la necesidad de árbitros independientes, un registro electoral que refleje la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a medios independientes.

Piden liberar a 13 militares secuestrados en Fuerte Guaicaipuro que ya cumplieron sentencias

Caracas. – Familiares de 13 militares secuestrados arbitrariamente en el Fuerte Guaicaipuro, Miranda, denunciaron que siguen presos pese a haber cumplido ya sus respectivas condenas. A través de un video difundido en las redes sociales, una joven allegada a uno de ellos, exigió a las autoridades chavistas revisar los casos.

Según lo expuesto por la denunciante, los uniformados continúan bajo custodia debido a una nueva imputación, la cual fue calificada por los familiares como una maniobra sin base legal y carente de veracidad.

La joven instó a la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez, a intervenir de manera inmediata en esta situación. La denunciante enfatizó que se están presentando violaciones flagrantes al debido proceso y a los derechos fundamentales de los detenidos.

“Le solicitamos la revisión urgente del caso de los 13 militares con pena cumplida que se encuentran en el Fuerte Guaicaipuro. Estos 13 militares siguen detenidos bajo una nueva acusación falsa. Una acusación sin sustento legal basada en mentiras”, expresó.

También recordó que, al momento de la detención de los militares, Delcy Rodríguez no estaba al frente de las responsabilidades actuales del Ejecutivo, pero subrayó que en la actualidad “sí es su responsabilidad velar por el cumplimiento de las leyes”.

Asimismo, rememoró que la aprehensión inicial ocurrió el pasado 3 de noviembre y, a pesar de haber transcurrido el tiempo dictaminado por la justicia, los militares no han recuperado su libertad. «Hoy, 29 de mayo de 2026, los derechos de estos 13 militares siguen siendo vulnerados. Exigimos su liberación inmediata, pues ya deberían estar compartiendo con sus familias», concluyó.

Soldado guyanés resultó herido en tiroteo con grupo armado desde Venezuela

Caracas. – Un soldado guyanés resultó herido este pasado viernes, en un tiroteo con hombres armados en Venezuela, enfrentamiento que ocurrió a lo largo de la frontera entre ambos países, informaron las autoridades de Guyana.

En un comunicado, la Fuerza de Defensa de Guyana indicó que una lancha patrulla fue atacada a tiros el viernes en la noche, en el río Cuyuní, en la frontera con Venezuela. El incidente registró un soldado herido.

La patrulla escoltaba civiles por el río Cuyuní, en la frontera con Venezuela, cuando fue blanco del ataque, pero logró garantizar el paso seguro de los ciudadanos. El militar recibió atención médica en el lugar y luego fue trasladado a Georgetown, donde quedó internado en estado estable.

El tiroteo se inscribió en una escalada de violencia fronteriza que afectó a la región Siete de Guyana. Durante 2025, la frontera ya vivió ataques atribuidos por las autoridades de Guyana a grupos criminales venezolanos, con saldo de varios militares heridos.

El pasado 4 de mayo, otro soldado de la GDF resultó herido de bala en un ataque perpetrado contra una lancha que patrullaba también en el río Cuyuní. Dos días después, la GDF denunció que una de sus patrullas enfrentó «fuego hostil dos veces» cuando realizaba operaciones de seguridad en la misma zona fronteriza.

Mientras, la Cancillería chavista emitió un comunicado en el que desmiente la denuncia de Guyana a la que calificó como una supuesta «operación de manipulación» con la presunta finalidad de «fabricar una narrativa falsa de conflicto mediante la difusión irresponsable de supuestos incidentes armados (…)».

Desde hace años se conoce la presencia, en territorio venezolano, y a lo largo de toda la frontera tanto con Guyana como con Brasil, de grupos irregulares -varios vinculados al «Tren de Aragua»- que se dedican a la minería ilegal. También figuran facciones de la FARC o el ELN, implicadas en narcotráfico, contrabando y secuestros, entre otros delitos.

José Guerra fue crucificado por haber dicho no querer prisión para Cabello o Maduro

Caracas. – Una de las figuras políticas que ha llamado la atención en los últimos días es la del economista José Guerra, exrehén político que retornó hace dos días al país, y sobre quien se han puesto circular declaraciones ofrecidas hace seis años, en las cuales manifestaba que no deseaba la prisión para Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, sino que prefería verlos haciendo política en la calle en situación de desventaja.

Guerra, quien logró un escaño en la AN electa en 2015 gracias al apoyo de Primero Justicia, retornó al país el pasado miércoles, y está considerado como uno de los diputados «alacranes» por sus acuerdos y favores al narcochavismo.

De hecho, en las redes recordaron las declaraciones que emitió en 2020, en una entrevista ofrecida al periodista vinculado al narcorégimen, Vladimir Villegas, a quien le manifestaba claramente que su deseo no era ver ni a Diosdado Cabello, Nicolás Maduro o Jorge Rodríguez tras las rejas, aseveración que realizó pese a ser él mismo víctima de la feroz persecución librada por el sistema criminal, al cual ellos representan.

Guerra dijo que no quiere que Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello vayan presos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron hasta ahora. En cambio, el también economista quiere que, en una hipotética transición en el país, que estos violadores de DD. HH. hagan política entre las minorías.

«Yo creo que hay que hacer una ley de amnistía general (?) hay gente que quiere ver a Diosdado preso, yo no lo quiero ver preso; a Maduro en La Haya, yo no lo quiero ver en La Haya; quieren ver a Jorge Rodríguez en un psiquiátrico, yo no lo quiero ver allí», explicó a Villegas. Al respecto, manifestó que su deseo es ver a estos personajes, acusados internacionalmente por narcoterrorismo y crímenes de lesa humanidad, en las calles haciendo política para las minorías sin ningún apoyo, y con las restricciones que fueron impuestas a la supuesta oposición.

En 2020 las declaraciones de Guerra generaron polémica, y ahora, a dos días de su retorno, vuelven a encender las redes sociales, ya que muchos venezolanos insisten en recordarle a la población las «costuras» de este personaje, a quien le atribuyen el mismo rechazo que a Roberto Marrero, Lester Toledo, Juan Pablo Guanipa, quienes también regresaron al país, o a Juan Guaidó y Leopoldo López, que aún se encuentran en el exterior.

DGCIM robó USD$ 2 millones durante el allanamiento a una sucursal de Bancamiga

Caracas. – Durante una audiencia del caso PDVSA-Cripto celebrada el pasado miércoles, se denunció que una gerente de Bancamiga lleva tres años detenida tras negarse inicialmente a abrir la bóveda de la sucursal, cuando se realizaba un allanamiento irregular por la DGCIM. Ante las amenazas de los esbirros, accedió a abrir la caja fuerte, y estos sustrajeron cerca de USD$ 2 millones en efectivo.

El caso fue revelado por el exfiscal general chavista, Zair Mundaray, quien en su cuenta de X expuso que el dinero extraído no figura en las actas oficiales del proceso judicial. En su lugar, la trabajadora fue detenida y posteriormente acusada por cinco delitos, incluyendo terrorismo y obstrucción a la justicia.

Según Mundaray, todos los cargos le fueron imputados a la empleada —cuyos datos son mantenidos en reserva— por órdenes del entonces fiscal general del narcorégimen, Tarek William Saab. «El dinero no figura en ninguna de las actas del proceso, pero se supo que hay videos en los que este atraco quedó registrado», indicó en su publicación el exfuncionario chavista.

A pesar de que existen videos que captaron el robo, las autoridades judiciales del caso han optado por silenciar. «Ni la juez ni el fiscal indagaron sobre este tema a pesar de estar obligados a hacerlo, por lo que optaron por callar», denunció el exfiscal.

Mundaray asegura en su mensaje que las sospechas de este atraco recaen sobre un alto cargo del organismo de inteligencia militar. «En pasillos del tribunal se menciona como autor a un alto funcionario de DGCIM en la mira de justicia», advirtió el exfuncionario del narcorégimen.

Rehén político militar denunció en una carta las torturas sufridas a manos del DGCIM

Caracas. – El rehén político militar de la Narcotiranía interina, Darwin Antonio Solís Benítez, logró difundir esta semana una carta en la cual denunció las torturas sufridas bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde su detención en 2017.

En la misiva, difundida por la abogada Tamara Suju en redes sociales, el sargento detalló las torturas que, aseguró, fueron ordenadas por Iván Hernández Dala, entonces director de la DGCIM, y el coronel Franco Quintero, director de investigaciones para la fecha. Los funcionarios del organismo lo llamaron un «trato especial».

En el texto describe golpizas, asfixia, agresiones físicas y otros presuntos tratos crueles sufridos tras su detención en Carabobo y posterior traslado a Caracas.

Solís explicó que fue detenido el 6 de agosto de 2017 por una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y la DGCIM en Naguanagua, estado Carabobo. Desde ese momento fue «golpeado, pateado, arrastrado y azotado con objetos contundentes (maderos y culatas de armas), incluso después de que ya me habían amarrado de manos y pies».

Debido a su estado de salud lo trasladaron al Hospital Carabobo, donde recibió suturas. Luego lo llevaron a la sede del DGCIM en Boleíta. Allí, según denunció, lo recibieron con golpiza y lo obligaron a permanecer en cuclillas toda la noche.

Afirmó que el 8 de agosto lo obligaron a firmar documentos sin poder leerlos. Después fue trasladado en helicóptero a Fuerte Paramacay, donde el director de la DGCIM, Hernández Dala, y el coronel Quintero habrían ordenado un “trato especial”.

Ese «trato especial» fue descrito por el militar: «Me golpeaban con una tabla por la planta de los pies, las rodillas, los codos y los glúteos, cortaban por debajo del tabique de mi nariz con un plástico y lo estiraban hasta la frente, me asfixiaron hasta perder la conciencia, creo que más de diez veces».

Luego, fue arrojado en un montón de basura, cubierto de moscas. Al oscurecer lo sacaron y «martillaron las uñas de mis manos con los cañones de los fusiles». Dos días después, el 10 de agosto, fue trasladado nuevamente a Caracas y presentado ante el Tribunal Militar 3° de Control «descalzo, en shorts, ensangrentado, con el cuerpo cubierto de hematomas y apenas pudiendo caminar».

Solís también denunció episodios de tortura en Ramo Verde. Señaló hechos ocurridos en octubre de 2017, enero de 2018 y mayo de 2018, que incluyeron uso de gas pimienta, golpizas, descargas eléctricas y ataques con perros contra los detenidos.

Movilizaron 931 presos del Internado Judicial de Barinas tras el motín

Caracas. – Un total de 932 reos fueron trasladados desde Internado Judicial de Barinas (Injuba), hacia otros centros penitenciarios del país, luego del motín que se extendió por varios días en ese penal.

El balance ofrecido por las autoridades chavistas de la entidad llanera precisan que la movilización sumó a 818 hombres y 113 mujeres. El informe también reveló que se logró el restablecimiento del orden institucional dentro de las instalaciones del penal.

Las autoridades también confirmaron la designación de Sanin Omar Colmenares Cocho como nuevo director titular de Injuba, nombramiento realizado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario tras la salida de Macuare Guerrero en medio de las denuncias por abusos, torturas y requisas violentas dentro del recinto.

El funcionario perteneciente al ente del narcorégimen interino, quien arribó procedente de Caracas, Distrito Capital, ya asumió las riendas de la institución para iniciar una nueva etapa administrativa en el penal de la capital barinesa.

El motín en Injuba involucró a cerca de 1.200 privados de libertad, muchos de ellos sobre los techos y torres del recinto denunciando maltratos y condiciones inhumanas de reclusión.

Un defensor público nacional fue también asignado para revisar los expedientes judiciales, acompañado por jueces de ejecución del Circuito Judicial Penal de Barinas, con el objetivo de agilizar trámites procesales de la población reclusa que permanece en el penal.

Se espera que se dicten normativas para permitir nuevamente la restitución de visitas, el levantamiento de castigos en celdas de aislamiento, entrega de alimentos, paquetería, agua potable y medicinas.

Exrehén político pudo recuperar su apartamento ocupado ilegalmente por un funcionario policial

Caracas. – El exrehén político uruguayo-venezolano José Breijo (73) pudo recuperar su apartamento este miércoles, luego que el funcionario policial que lo ocupaba ilegalmente se vio obligado a desalojarlo debido a la presión mediática que se generó en torno al caso.

La periodista Maryorin Méndez informó en su cuenta de X que «el funcionario llegó acompañado de otros y, tras un intercambio de palabras, se le entregó el apartamento a Breijo». El hecho ocurrió en un inmueble del edificio Pasquiareli, ubicado en el sector Bello Monte, en Caracas, y el funcionario que lo había habitado a la fuerza pertenece al Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) de la PNB.

También, el dirigente vecinal Carlos Julio Rojas informó, a través de redes sociales, que el procedimiento habría contado con la participación de funcionarios vinculados a la Presidencia, con el objetivo de devolver el inmueble al adulto mayor, quien fue excarcelado recientemente y, al llegar a su vivienda, se topó con la sorpresa de que estaba habitada por el efectivo policial.

Breijo se vio obligado a dormir en el pasillo del edificio durante los días que se mantuvo la ocupación ilegal. Luego de la recuperación del inmueble, habitantes de la zona exigieron la devolución de los objetos que aseguran fueron sustraídos durante el período de ocupación, así como una investigación formal sobre lo ocurrido.

Cabe señalar que Breijo estuvo recluido por más de dos años en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, luego de ser acusado de terrorismo por haber tomado una fotografía en una oficina relacionada con ciudadanos de Medio Oriente en 2023. Esta detención del ciudadano con doble nacionalidad fue calificada como arbitraria por activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Este 27 de mayo se cumplen 19 años del cierre de RCTV

Caracas. – Este miércoles se cumplen ya 19 años de uno de los hitos, en la historia de los medios de comunicación en Venezuela durante la Narcotiranía chavista: el cierre de la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal con mayor arraigo y más de 53 años de trayectoria para ese entonces.

Se trata de uno de los episodios más recordados y polémicos de la historia contemporánea de Venezuela, luego que el narcorégimen de Hugo Chávez decidiera no renovar la concesión del canal en señal abierta en 2007.

La salida de RCTV del aire marcó un antes y un después para la libertad de expresión en el país. A las 11:59 de la noche del 27 de mayo de 2007, la pantalla del canal se apagó tras 53 años de transmisión ininterrumpida, en medio de protestas estudiantiles, manifestaciones ciudadanas y fuertes críticas nacionales e internacionales.

En el set de Radio Caracas Televisión (RCTV), sus trabajadores gritaban “Libertad” mientras aplaudían, lloraban y se abrazaban. La señal del canal, uno de los más populares del país, estaba a punto de salir del aire por órdenes directas de Chávez.

La acción arbitraria e injustificada marcó un punto de inflexión, en el ecosistema mediático del país, y abrió una etapa de restricciones, cierres y transformaciones forzadas en medios de comunicación tradicionales.

Aquel domingo del 27 de mayo de 2007, los titulares de los principales medios del país ya advertían que el cierre del histórico canal era inevitable. RCTV no solo era uno de los canales más antiguos de Venezuela, sino también un símbolo de la televisión nacional. Producciones como novelas, programas humorísticos, concursos y espacios informativos marcaron generaciones enteras y formaron parte de la cultura popular venezolana.

Durante semanas, miles de venezolanos salieron a las calles para rechazar la medida, considerada por distintos sectores como un acto de censura contra uno de los medios más críticos del chavismo. El cierre también generó preocupación en organismos internacionales defensores de derechos humanos y libertad de prensa.

Luego, durante las horas posteriores al cierre desataron lo que la prensa denominó una «noche de sirenas y cacerolas». Las principales arterias viales del país se convirtieron en el escenario de manifestaciones reprimidas por los cuerpos de seguridad, mientras organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunciaban lo que consideraban un abuso de poder y un atropello antidemocrático.

Casi dos décadas después, el cierre de RCTV es recordado por analistas y defensores de los derechos humanos como el «kilómetro cero» del desmantelamiento del ecosistema de medios independientes en Venezuela.

De hecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) sostiene que el impacto de aquella decisión trasciende el hecho histórico y sigue teniendo consecuencias en el presente, en un contexto donde persisten denuncias de censura, bloqueos digitales y limitaciones para el ejercicio periodístico.

Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han señalado que, desde el cierre de RCTV, el panorama mediático venezolano ha experimentado una reducción progresiva de espacios críticos, así como el aumento de la autocensura entre comunicadores.

Este aniversario del cierre del canal, uno de los más emblemáticos de la televisión venezolana, vuelve a reabrir el debate sobre el estado de la libertad de prensa y el acceso a la información en el país.