OVP denunció fallecimiento de tres presos en cárceles distintas y exigió explicaciones al narcorégimen

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este pasado miércoles la muerte de tres privados de libertad en distintos centros penitenciarios del país, por lo que exigió una rendición de cuentas por parte del narcorégimen interino acerca de estos hechos.

El OVP alertó que los decesos ocurrieron tras complicaciones graves de salud que no recibieron atención médica oportuna, evidenciando el deterioro de las condiciones sanitarias dentro de los penales y el incumplimiento del deber de custodia por parte del Estado.

Uno de los fallecidos fue Anthony José Portillo Gómez, recluido en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito, quien murió el pasado 20 de julio en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera tras presentar graves complicaciones de salud asociadas a un cuadro neurológico y enfermedad arterial hipertensiva.

El segundo caso corresponde a Víctor José Salgado, quien se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo IV y falleció en el Hospital Dr. Domingo Luciani por razones de salud.

El tercer fallecido fue Adrián Felipe, privado de libertad en el Centro Penitenciario Fénix Lara. El OVP indicó que murió en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo.

La ONG instó directamente a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a los jueces de ejecución para que ejerzan las atribuciones constitucionales que les exigen supervisar los penales, y aplicar medidas humanitarias antes de que los reclusos lleguen a estados terminales.

Asimismo, la organización exigió la apertura formal de investigaciones para determinar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o negligencia administrativa por parte de las autoridades penitenciarias en estos tres nuevos casos.

Finalmente, el OVP exigió “respuestas, actuaciones verificables y responsabilidades”, porque proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad “no es una concesión ni un acto de buena voluntad, sino una obligación del Estado”.

Acuerdo entre narcorégimen interino e ilegítima AN 2015: recuperar reservas internacionales y renovar al TSJ

Caracas. – La ilegítima Asamblea Nacional (AN) de 2015 y el narcorégimen interino anunciaron este miércoles los primeros acuerdos logrados en la mesa de diálogo que sostienen: iniciarán gestiones conjuntas para recuperar reservas internacionales de oro en el Banco de Inglaterra bajo auditoría, y pactaron una renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante la reforma de su ley y un nuevo proceso de postulación.

El comunicado, firmado por el jefe de la delegación del narcochavismo, Jorge Rodríguez, y la representante de la vencida Asamblea Nacional 2015 (AN2015), Dinorah Figuera, señala que durante este primer ciclo se instalaron dos mesas técnicas y se realizaron cinco sesiones de trabajo, además de cinco reuniones plenarias entre ambas delegaciones.

Uno de los acuerdos está relacionado con la atención a los afectados por los sismos. Ambas partes acordaron trabajar en el fortalecimiento de programas de atención en materia de vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros.

Igualmente, acordaron unir esfuerzos para gestionar la recuperación de activos de las reservas internacionales en el Banco de Inglaterra, garantizando transparencia y auditoría para destinarlos a programas de vivienda, electricidad, salud y los estragos causados por el doble terremoto. También, pactaron reformar el sistema de justicia incluyendo la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otras normas del Poder Judicial.

Cabe señalar que las acciones incluyen «renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales. Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ».

En este sentido, conformarán un consejo encargado de revisar las credenciales y los requisitos de los postulados y postuladas al máximo tribunal, con el objetivo de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, las leyes y el baremo de evaluación.

Según el comunicado, el cronograma para ejecutar estos acuerdos comenzará durante agosto, con anuncios oficiales y acciones concretas bajo un mecanismo de trabajo continúo, destinado a garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas delegaciones.

Ofrecimiento de ayuda hacia Colombia de Delcy Rodríguez fue duramente criticado por venezolanos

Caracas. – El anuncio de envío de ayuda hacia Colombia tras el sismo que afectó a ese país, casi de inmediato tras presentarse la tragedia, ha sido calificado en redes sociales como un gesto cínico y descarado por parte de Delcy Rodríguez, pue, mientras que en Venezuela tardo entre cuatro y cinco días para desplegar a los organismos de emergencia, el ofrecimiento a Colombia tardó solo cuatro horas.

Las reacciones en redes sociales han sido contundentes al respecto y, en líneas generales, muchos internautas concuerdan en que el gesto demuestra un gran desprecio hacia el pueblo venezolano, al cual abandonó en horas cruciales tras el doble terremoto.

El anuncio rápidamente generó cuestionamientos en redes sociales debido a la situación que todavía se presenta en Venezuela tras los sismos registrados en junio.

Críticos del régimen venezolano cuestionaron la rapidez con la que Caracas ofreció recursos para atender la emergencia en Colombia y la compararon con el avance de las labores de recuperación dentro de Venezuela.

De acuerdo con el balance citado en la información, los terremotos de junio habrían dejado más de 6.100 personas fallecidas, miles de personas cuyo paradero aún no ha sido establecido y un avance limitado en el retiro de los escombros.

También, la publicación realizada por el ilegítimo canciller Félix Plasencia generó críticas de usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron el ofrecimiento de ayuda a Colombia y recordaron la respuesta tras los terremotos de junio en La Guaira.

Algunos señalaron que, durante la emergencia nacional, familiares y sobrevivientes denunciaron demoras en las labores de rescate y falta de asistencia durante las primeras horas.

Juan Barreto y Mario Silva protagonizan enfrentamiento y revelan pugna entre facciones del narcorégimen

Caracas. – Un enfrentamiento marcado por acusaciones y descalificaciones entre los narcochavistas Juan Barreto y Mario Silva revela desde este el enfrentamiento entre facciones ya alejadas de la actual cúpula interina, así como una aparente disputa sobre quien tendrá el liderazgo para enfrentar a Delcy Rodríguez.

Mientras Barreto acusa a Silva de añorar el retorno del narcotirano Nicolás Maduro para que éste le devuelva los privilegios que le privó Delcy Rodríguez, el propagandista del narcorégimen amenaza a Barreto con tomar acciones judiciales.

En un programa transmitido por el Centro de Estudios para la Democracia Socialista (CEDES), Barreto arremetió contra Silva calificándolo de oportunista y de no querer reconocer los desmanes que la tiranía a la cual defendía, cometía antes de la captura lograda por los estadounidenses el 3 de enero.

«Antes no pasaba nada, y se llevaban presos a adolescentes. Ahora «Silva» perdió su quinta, sus 24 escoltas, sus pagos por PDVSA y MPPE, y en este último tenía póliza de HCM, algo que se lo quitaron hasta los propios docentes», dijo.

Para referirse al propagandista ahora desechado por el interinato chavista, Barreto empleó un juego de palabras con el apellido de este, al manifestar «hay que personajes que antes no decían nada, pero ahora sí ‘Silvan'».

Al igual que con Silva, Barreto también señaló a otros personajes del narcorégimen por defender intereses y negocios propios o de mostrar nostalgia por la pérdida de privilegios, prebendas y cargos oficiales tras criticar o acomodar su discurso político actual.

Ahora, en respuesta, Mario Silva anunció este pasado domingo formalmente su intención de emprender acciones legales, por difamación contra el exalcalde mayor chavista de Caracas.

En una transmisión pública, Silva rechazó categóricamente los señalamientos sobre su presunto vínculo como asesor en PDVSA y en el Ministerio de Cultura, así como las afirmaciones respecto a la pérdida de una propiedad residencial. Calificó estas aseveraciones como falsas y aseguró que utilizará el contenido de su programa como respaldo probatorio en un eventual proceso judicial.

También, Silva cuestionó la narrativa de los llamados «chavistas originarios» —]grupo del cual forma parte Barreto— y defendió su trayectoria política, rememorando su papel como miembro fundador y parte de la primera dirección nacional del PSUV.

En su mensaje, Silva enfatizó que no ha recibido aún notificaciones sobre una posible expulsión de la organización política, señalando que, desde inicios de año, ha intentado mantener canales de comunicación interna con la directiva de del movimiento de la narcoizquierda para aclarar su posición.

Chile espera reabrir consulado en Venezuela este mismo mes

Caracas. – Para este mismo mes se espera que el consulado chileno en Venezuela vuelva a operar, según lo anunció este pasado viernes el ministro de Relaciones Exteriores del país austral, Francisco Pérez, desde Colombia.

“Respecto de Venezuela, traemos buenas noticias. Ayer formalizamos nuestras relaciones consulares con Venezuela y tenemos a nuestro equipo en Caracas desplegado”, comenzó diciendo el canciller.

A lo anterior, agregó que el director general consultar ya está en suelo venezolano hace varias semanas. “Nuestra expectativa es que dentro del mes de agosto podamos estar operando con nuestro consulado en Venezuela”, dijo.

El Consulado General de Chile en Caracas no se encuentra operativo desde el 31 de enero de 2025, fecha en que el chavismo ordenó el cese de funciones de las representaciones consulares chilenas en Caracas y Puerto Ordaz.

Recordemos que la medida ocurrió en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de que Venezuela decidiera suspender los vínculos con Chile tras los cuestionamientos del gobierno del entonces presidente Gabriel Boric a las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

Desde esa fecha, las oficinas consulares chilenas en territorio venezolano dejaron de atender al público, afectando la realización de trámites y servicios para ciudadanos chilenos residentes en ese país.

Tercera jornada de negociaciones abordó temas del CNE, TSJ y respuesta ante terremotos

Caracas. – En la tercera jornada de negociaciones de este sábado 8 de agosto en el Hotel Meliá Caracas, las delegaciones de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) de 2015 y del narcorégimen interino, centraron su agenda en tres puntos clave: la estructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la respuesta a los daños provocados por los sismos.

La mesa de trabajo entre representantes continuó en el Hotel Meliá Caracas, donde también se desarrollaron las reuniones durante la jornada del pasado viernes.

Según las discusiones preliminares, se ha puesto sobre la mesa un cronograma que contempla la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el mes de noviembre y la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para el mes de diciembre.

Este planteamiento sugiere una hoja de ruta que, de concretarse, situaría la realización de posibles elecciones nacionales para el año 2027. No obstante, diversas voces y organizaciones de la sociedad civil han señalado que estos plazos contrastan con los tiempos establecidos en la legislación venezolana, tales como la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), la cual, bajo una aplicación estricta, permitiría completar los procedimientos necesarios en un lapso mucho menor, situando el posible arbitraje electoral incluso para el mes de octubre.

El tercer punto buscó abordar la respuesta a una tragedia que todavía mantiene a miles de familias afectadas. Los daños causados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio causaron gran impacto en el país, principalmente en el estado Vargas, entidad más golpeada, y donde miles de familias quedaron nuevamente sin hogar, tal como ocurrió durante el deslave de 1999.

Este pasado viernes, las discusiones se centraron directamente en el terreno de la reinstitucionalización del país, y la búsqueda de mecanismos para retomar la democracia en Venezuela.

Denunciaron ante la CIDH que el sistema represivo del chavismo continúa intacto

Caracas. – Varias organizaciones de la sociedad civil venezolana denunciaron el pasado jueves, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en Venezuela continúan vigentes estructuras del narcochavismo vinculadas a la represión y la impunidad, pese a los aparentes cambios que se anuncian a través de los medios.

Esta denuncia se realizó en el marco del 196.° Período de Sesiones de la CIDH, acto en el cual estuvieron presentes representantes de ONG como Acceso a la Justicia, Aula Abierta, Caleidoscopio Humano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Justicia Encuentro y Perdón, Lateral, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Provea y Voto Joven, entre otros.

La comisionada Gloria De Mees, relatora para Venezuela, abrió la sesión destacando la ausencia del Estado y advirtió que, aunque en la prensa se reportan reformas y diálogos, la información aportada por las organizaciones “sugiere que muchas de las estructuras subyacentes de represión siguen intactas” y que “los derechos humanos no pueden medirse por anuncios sino por resultados”.

Uno de los puntos centrales fue la presentación del Termómetro de Justicia y Verdad, herramienta elaborada por consenso de 20 organizaciones venezolanas. Beatriz Borges, directora de Cepaz, explicó que el instrumento se basa en “el seguimiento de recomendaciones de organismos internacionales y en el monitoreo constante de la situación después del 3 de enero de 2026. Está integrado por cuatro pilares temáticos, quince indicadores y diez recomendaciones orientadas a evaluar el avance hacia la recuperación del Estado de derecho”.

“La apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, señaló Borges.

Las organizaciones enfatizaron la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Martha Tineo, de Justicia Encuentro y Perdón, señaló que este grupo “atraviesa todos los estratos sociales e incluye mujeres separadas de sus hijos, funcionarios, sindicalistas, ciudadanos comunes, extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad”. También denunció la impunidad en casos como el de Fernando Albán, con al menos 18 personas fallecidas bajo custodia estatal.

También, en la sesión participaron familiares de víctimas de la represión, así como de los rehenes políticos que están aún en manos de la Narcotiranía chavista. Estos brindaron sus testimonios, para exigir ante la CIDH que se haga justicia en los casos, como ocurrió con el exconcejal Fernando Albán, asesinado al ser lanzado desde la sede del SEBIN, y cuya viuda, Meudy Osio, denunció que hasta la fecha no existe una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido.

Igualmente, los allegados de los rehenes políticos elevaron su voz, para expresar que existen personas con enfermedades graves, adultos mayores y ciudadanos que enfrentan consecuencias físicas y psicológicas derivadas de las condiciones de reclusión.

Otorgaron libertad plena a exjueza María Lourdes Afiuni y familiares piden cerrar el caso

Caracas. – La ex jueza venezolana María Lourdes Afiuni recibió libertad plena tras años de prisión domiciliaria por razones políticas, informó este viernes su familia, que la víspera pidió el cierre de su caso por la grave enfermedad que ella padece.

«La familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad», según un comunicado publicado en X por su hermano Nelson Afiuni.

El anuncio se produce apenas un día después de que la familia de la exjueza informara que le fueron detectadas tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo, tras ser hospitalizada de emergencia el fin de semana pasado, y de que solicitara con carácter urgente el cierre definitivo del proceso judicial para permitirle recibir tratamiento médico especializado, incluso fuera del país.

Cabe recordar que María Lourdes Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009 por orden de Hugo Chávez, luego de ordenar la libertad bajo fianza del empresario Eligio Cedeño, decisión que tomó acatando una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

Permaneció recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) entre 2009 y 2011, y desde entonces ha estado sujeta a un régimen de libertad condicional que, pese a que su defensa sostenía que la condena ya había sido cumplida, le impedía salir de su ciudad de residencia y declarar a la prensa o en redes sociales.

Para la familia, este es un caso “que nunca debió existir” y confían en que esta decisión marque “el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse”.

Número de presos muertos bajo custodia del narcoestado chavista asciende a 51

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes la muerte de dos reos, esta vez en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Dr. Francisco Delgado, conocido como El Marite (Zulia), casos con los cuales asciende a 51 el número de presos fallecidos bajo custodia del narcoestado chavista.

Las víctimas que se suman a esta lista fueron identificadas como Leonel Alberto Rincón Cumares y John Jairo Vargas. De acuerdo con el reporte del OVP, los «decesos» habrían ocurrido por «complicaciones de salud y falta de atención médica» durante el mes de julio.

Para el Observatorio, «la crisis humanitaria en los penales condena a pena de muerte a la población», al tiempo que consideró que, tras 15 años de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, «se han vulnerado sistemáticamente los derechos de los privados de libertad».

La ONG también señaló que ambos fallecimientos ocurrieron durante el mes de julio y se suman al de Yoandry Medina González, registrado previamente en el mismo recinto, con lo que ascienden a tres las muertes reportadas en ese centro penitenciario en ese período.

Según el OVP, estas muertes elevan a 51 el número de personas privadas de libertad fallecidas por falta de atención médica en cárceles venezolanas entre abril y julio de 2026.

Igualmente, el Observatorio denunció el hacinamiento en El Marite al señalar que el penal fue diseñado para albergar a 700 reclusos, pero actualmente mantiene una población superior a las 1.000 personas, lo que representa una ocupación superior al 143% y un hacinamiento de más del 43%.