Perú captura a 31 presuntos integrantes del Tren de Aragua

Este miercoles, unas 31 personas, presuntamente pertenecientes a una facción del Tren de Aragua, fueron capturadas en un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía del Perú en 42 locales e inmuebles en varios distritos de Lima, según informó el órgano policial en su cuenta de X.

La República refiere que entre los aprehendidos está Yomar José Delgado Palacios, alias ‘Nino’, presunto jefe del grupo delictivo Dinastía Alayon-Tren de Aragua, al que se sindica de organizar, junto a otros miembros de la banda recluidos en cárceles peruanas, extorsiones, secuestros y homicidios contra empresarios y profesionales sanitarios, así como de trata de personas y explotación sexual en perjuicio de mujeres colombianas y venezolanas.

Cabe recordar que esto ocurre en un escenario donde, el pasado 24 de septiembre, el narcorégimen venezolano tomó el control de la cárcel de Tocorón, que servía de centro de operaciones para el Tren de Aragua, y anunció la supuesta desarticulación de la estructura delictiva.

Sin embargo, varios de los cabecillas fueron alertados de la acción militar-policial y lograron escabullirse. Por ello, aparentemente la dictadura coordina acciones con otros países suramericanos para localizar y capturar a los fugados.

El Gobierno de Perú aprueba decretos para expulsar a extranjeros que cometan delitos

El Gobierno de Perú aprobó este lunes dos decretos que permitirán la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos, según informó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

El funcionario explicó que las medidas del Ejecutivo modifican el Código Penal peruano con el objetivo de sancionar además a los extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas o el reingreso al país de manera fraudulenta de sentenciados.

«El primer decreto legislativo modifica el Código Penal y permite la expulsión de los extranjeros, al término de su pena, cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata, entre otros», indicó el funcionario en una rueda de prensa.

En tanto, el segundo decreto legislativo amplía el control de la identidad de los extranjeros, de 4 a 12 horas, a fin de contar con el tiempo suficiente para la verificación de antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o en cualquier otro.

Así, la ampliación del tiempo para la identificación de los ciudadanos extranjeros evitará que se produzcan situaciones de «impunidad», como ocurre cuando no se pueden acreditar los datos de las personas, dijo el jefe de Gabinete.

«Con estos dos decretos legislativos, este grupo de extranjeros que causa daño a la sociedad peruana merecerá una acción inmediata por parte de nuestras autoridades», sentenció.

Perú aprueba una ley que legaliza el asesinato en legítima defensa

Este viernes, el Parlamento de Perú aprobó una ley que exime de toda responsabilidad penal a ciudadanos que actúen en defensa propia.

De este modo, el Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para eximir de responsabilidad penal en caso del uso de la fuerza, incluso letal, en una situación de legítima defensa.

La norma fue propuesta por la congresista Patricia Chirinos, del partido Avanza País, y aprobada en tiempo récord tras recibir 82 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones del pleno.

Al respecto, la presidente de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, precisó que se modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, que trata sobre Inimputabilidad en Perú, donde quedó exento de responsabilidad “el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal”.

Cabe destacar que en la norma se incorpora un literal referido a casos de “situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o la integridad propia o de terceros» y establece que «no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero conforme a ley”.

«Salvo la presencia de antecedentes o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentenciada firme condenatoria”, agregó.

En este sentido, sentenció que «La legítima defensa es un derecho que nos brinda la posibilidad de protegernos y proteger a nuestra familia”.

Congreso de Perú otorga facultades al Gobierno de Boluarte para legislar en materia de seguridad

El Congreso de la República aprobó el miércoles el dictamen que faculta al Poder Ejecutivo a legislar, durante 90 días, en temas de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.

Así, con 80 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, el pleno autorizó el proyecto de ley, exonerado de una segunda votación, por lo cual será promulgado por la presidente de Perú, Dina Boluarte.

Cabe resaltar que, con esto, Boluarte queda facultada para «establecer modificaciones al marco normativo referido a la prevención, combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles, recuperación de bienes perdidos y delitos conexos».

También podrá «modificar el nuevo código procesal penal (…) con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público».

Además, estará capacitada para «actualizar el marco normativo sobre crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, control e investigación de insumos químicos y delitos conexos».

Perú: alcalde advierte que Sendero Luminoso «sigue dando temor»

Este martes, el alcalde del distrito de Putis (Perú), Rogelio Cusichi Ricra, alertó este que la organización terrorista Sendero Luminoso «sigue dando temor» en la zona, un día después de que el último reducto de la banda se enfrentara con las Fuerzas Armadas.

En este sentiro, cabe decir que la madrugada del lunes se registró un combate en Putis, parte de la provincia de Huanta, en el valle cocalero más importante del país, donde al menos cuatro integrantes del Ejército perdieron la vida, tres efectivos resultaron heridos y dos delincuentes fueron abatidos.

En una entrevista por la emisora local Exitosa, Cusichi Ricra señaló que luego de 39 años de «una cruel matanza» perpetrada en la localidad, «por parte del Ejército y Sendero Luminoso», el clima de terror se mantiene.

Cabe recordar que en diciembre de 1984 se produjo la llamada masacre de Putis, que arrojó 123 víctimas de una ejecución arbitraria llevada a cabo por efectivos del Ejército, como consignó la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Además, Cusichi Ricra denunció que su distrito no cuenta con seguridad ni de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas, «porque está abandonado del Estado», al punto de que solo reciben alrededor de 11.000 dólares, para atender todas sus necesidades.

Juez del Supremo recula y dice que «nunca» abogó por aplicar el modelo Bukele en Perú

El presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo Vela, aseguró este jueves que «nunca» se manifestó a favor de adoptar el modelo de seguridad que utiliza el mandatario salvadoreño Nayib Bukele para reducir la criminalidad en El Salvador.

En sus palabras: «Nunca he dicho que se aplique el plan Bukele al Perú, lo que yo he dicho es que las experiencias extranjeras se pueden tomar para adecuarse a la realidad, recibir la información», declaró Arévalo Vela, entrevistado por la emisora local Exitosa.

Cabe recordar que, este lunes, Arévalo avivó la polémica cuando habló de los «países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad» y puso como ejemplo a El Salvador. En esa línea, se preguntó:

«¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?»

Esta pregunta generó un aluvión de opiniones en Perú. Varios alcaldes abogaron por replicar la estrategia de Bukele, con la incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, y otros congresistas también estuvieron de acuerdo.

De hecho, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró que «se podría» evaluar la incorporación de ciertas medidas salvadoreñas.

Por su parte, la presidente Dina Boluarte afirmó que la situación de El Salvador tenía «su propia particularidad» y consideró que no era homologable a la coyuntura peruana.

Perú: Juez supremo pide copiar el modelo de Bukele y el premier responde que «se podría» evaluar

El presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo Vela, abogó por implementar medidas de seguridad que se han aplicado en otros países, mencionando puntualmente a El Salvador, donde el mandatario Nayib Bukele ha emprendido una guerra frontal contra las pandillas.

En este sentido, Arévalo expresó este lunes que «Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador.»

Así, preguntó en manera reflexiva que «¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?».

Tras esas declaraciones, la prensa consultó este martes la opinión del titular del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, mano derecha de Dina Boluarte —presidente de Perú—, quien destacó los logros de la gestión de Bukele en seguridad.

«El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad», dijo. «Yo creo que la lucha contra las pandillas organizadas ha sido eficiente. Hay algunas atingencias de algunas organizaciones internacionales, pero a nosotros nos preocupa la agenda del Perú, fundamentalmente», remarcó Otárola.

Inmediatamente un periodista le preguntó si era posible evaluar la aplicación de algunos métodos que se realizan en El Salvador y respondió que «Se podría, ciertamente se podría».

Perú: Boluarte será interrogada por abogados de familiares de las víctimas de la represión

La Fiscalía de la Nación de Perú decidió no presentar un recurso de apelación para evitar que la presidente Dina Boluarte fuese interrogada por los familiares de los muertos durante las protestas en su contra, ocurridas entre fines de 2022 y el inicio de 2023, en las que 67 personas perdieron la vida.

Por lo tanto, los letrados podrán avanzar en ese procedimiento, según publican medios locales.

En este sentido, el Ministerio Público desistió de realizar ese trámite durante una audiencia realizada el martes 15 de agosto. Además, la medida también involucra a su jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Ambos están acusados de los delitos de genocidio y homicidio calificado.

Sin embargo, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, rechazó la acusación y aseguró que «no tiene sentido la participación de la presidenta por genocidio».

«De ninguna manera hay genocidio y la responsabilidad política no existe, porque las instrucciones fueron específicas y desarrolladas de acuerdo a ley», expresó.

En tanto, tras la decisión de la Fiscalía, el abogado Carlos Rivera Paz, quien representa a los familiares, anunció que buscará realizar los interrogatorios lo más pronto posible.

De las 67 muertes que dejaron las protestas, 49 se dieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ni el Gobierno ha sancionado a militares o policías ni la Fiscalía ha imputado a ningún responsable.

Perú: Fiscalía presenta una nueva denuncia contra el expresidente Pedro Castillo

La Fiscalía de Perú ha presentado una nueva denuncia constitucional contra el expresidente del país, Pedro Castillo, y el exministro de Defensa, Walter Ayala, por el caso denominado «ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú».

El Ministerio Público ha detallado en su cuenta de Twitter —ahora X— que «se les imputa por ser presuntos autores de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, entre otros.

Esto responde a la denuncia que realizó el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, sobre presiones desde el Gobierno para el ascenso de dos oficiales cercanos al exmandatario, según ha informado el periódico peruano ‘El Comercio’.

También el excomandante general de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), Jorge Chaparro, demostró injerencias parecidas para la promoción de otros tres oficiales.

Según las pesquisas de la Fiscalía, el excomandante de la Policía, Javier Gallardo, habría sido el presunto cabecilla del esquema de cobros ilícitos para que oficiales de la institución fueran ascendidos y al que se le imputan delitos de organización criminal y cohecho.

En total, alegan que nueve generales que estaban en activo habrían pagado hasta 40.000 dólares (unos 36.000 euros) para ascender.

Perú: la ‘toma de Lima’ registró disparos de la policía, periodistas heridos y prohibiciones

La nueva jornada de protestas contra la presidente peruana Dina Boluarte logró movilizar a 21.000 personas en todo el país.

En este escenario, la represión policial, que quedó registrada en varios videos, volvió a ser protagonista, llegando a registrar los hechos unos 11 heridos, entre ellos varios periodistas.

Cabe mencionar que la tercera ‘Toma de Lima’ no solo concentró a manifestantes en la capital, pues hubo movilizaciones en 64 provincias de las 195 peruanas, según el reporte de la Defensoría del Pueblo.

Además, las autoridades elogiaron ampliamente la actuación policial, a pesar de las imágenes que dieron cuenta de uso excesivo de la fuerza para repeler la protesta y de los disparos de balas de goma contra quienes manifestaban.

Los choques entre manifestantes y policías, reportados por la Defensoría de Pueblo, se registraron principalmente en la Plaza de Armas de Huancavelica, capital del departamento homónimo, donde los funcionarios lanzaron lacrimógenas.

Por otro lado, frente al Congreso hubo momentos de tensión cuando los manifestantes intentaron romper el cerco policial y los uniformados respondieron con bombas lacrimógenas y perdigones.