El presidente estadounidense, Joe Biden, ha prorrogado este martes un año más las sanciones contra Rusia por representar una «amenaza» para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos en el marco de la guerra de Ucrania.

En concreto, la Administración Biden cita como razones para la prórroga las «actividades dañinas» por parte de Moscú «para socavar la celebración de elecciones democráticas, libres y justas» tanto en Estados Unidos como en países aliados.

Asimismo, alude a las «actividades cibernéticas maliciosas» por parte de Rusia; la «corrupción transnacional para influir en gobiernos extranjeros; las acciones «extraterritoriales contra disidentes o periodistas», así como «socavar la seguridad en países o regiones importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos».

Finalmente, la Administración apunta en una orden ejecutiva a la violación de los principios establecidos en el marco del Derecho Internacional, «incluido el respeto por la integridad territorial de los Estados», en alusión a la guerra de Ucrania.

Las autoridades de Estados Unidos han impuesto este miércoles sanciones contra dos individuos y dos empresas rusas vinculadas a una campaña de desinformación impulsada desde el exterior y cuyo objetivo es «engañar a los electores y socavar la confianza en las instituciones».

El Departamento del Tesoro ha reafirmado en un comunicado el «compromiso a exponer las extensas campañas de manipulación dirigidas por el Gobierno de Rusia y que tienen como objetivo socavar la confianza en las instituciones democráticas en Estados Unidos y en todo el mundo».

«Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, se mantiene firme en la defensa de nuestros principios democráticos y la credibilidad de nuestras elecciones», ha indicado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

En este sentido, el Tesoro ha detallado que las sanciones afectan a Ilia Gambashidze y Nikolai Tupikin, así como las empresas que ambos encabezan, la Social Design Agency y el grupo Structura Llc de Moscú, respectivamente.

«Moscú cuenta con una gran variedad de herramientas, incluidas campañas de influencia maligna y actividades cibernéticas ilícitas, para socavar los intereses de Estados Unidos y sus aliados y socios, incluso en Latinoamérica, Oriente Próximo y Europa», ha alertado el Tesoro.

Así, ha puntualizado que los «actores influyentes de Rusia han adaptado cada vez más sus métodos para ocultar su participación mediante el desarrollo de un ecosistema de sitios web, personas y organizaciones que dan la falsa apariencia de ser fuentes de noticias independientes».

De este modo, tanto Gambashidze como Tupikin se han visto involucrados en una «continuada campaña de influencia extranjera bajo la dirección de la Administración del presidente ruso».

Sus empresas han sido identificadas como «actores clave de la campaña, responsables de brindar una variedad de servicios, incluida la creación de sitios web diseñados para hacerse pasar por organizaciones gubernamentales y medios de comunicación legítimos en Europa».

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha señalado que estas dos empresas habían creado al menos 60 páginas web para «suplantar» medios de comunicación europeos.

«Las acciones de hoy son un reflejo de nuestros esfuerzos para poner fin a estas operaciones del Kremlin», ha manifestado antes de aclarar que Estados Unidos «sigue comprometido a disuadir y desbaratar los repetidos intentos del Kremlin de socavar la democracia».

Las autoridades rusas han prohibido este jueves la entrada a 227 ciudadanos estadounidenses en el marco de una serie de medidas de restricción impuestas contra aquellos que ejercen una «política antirrusa», y entre ellos el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

El Ministerio de Exteriores ha indicado que todos los estadounidenses sancionados se han visto implicados en las acciones contrarias a Moscú y ha matizado que los afectados están involucrados en el «desarrollo, implementación y justificación del rumbo rusófobo de la actual Administración estadounidense, así como en acciones antirrusas».

Es por ello que han introducido sanciones contra altos cargos del Gobierno y miembros del sector empresarial, así como personas relevantes del mundo académico y los medios de comunicación que «regularmente difunden mentiras y calumnias descaradas sobre la política interior y exterior de Rusia».

La expansión de esta lista, ha señalado el Gobierno, trata de enviar el mensaje a Estados Unidos de que «cualquier acción agresiva contra Rusia no quedará impune y recibirá su respuesta correspondiente», según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Cabe resaltar que entre los afectados se encuentran, además, el que fuera embajador de Estados Unidos en Rusia John Sullivan, la exvicesecretaria adjunta de Estado Wendy Sherman, el presidente de la empresa multinacional militar Lockheed Martin, el fundador de la compañía militar Blackwater —actualmente conocida como Constellis— y varios periodistas, entre otros.

Las autoridades de EE. UU. han impuesto este jueves un paquete de sanciones contra una naviera y varios buques vinculados al transporte de petróleo ruso.

De este modo, la acción se convierte en la primera medida restrictiva impuesta este año por la violación del tope al precio del crudo de origen ruso.

El Departamento del Tesoro del país ha indicado en un comunicado que las sanciones afectan a la naviera Hannesa Holdings Limited, radicada en Arabia Saudí, y varios buques de bandera liberiana.

«Las acciones de hoy demuestran una vez más que aquellos que violen el límite de precio se toparán con consecuencias», ha señalado el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

«Nadie debe dudar del compromiso de nuestra coalición a la hora de detener a aquellos que ayuden al Kremlin», ha aseverado.

Cabe recordar que EE. UU. forma parte de una coalición internacional de países, entre ellos los miembros del G7, la Unión Europea y Australia, que han acordado prohibir la importación de crudo y productos derivados del petróleo procedentes de Rusia.

Asimismo, han pactado restringir una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo de crudo y productos derivados del petróleo originarios de Rusia a menos que ese petróleo se compre y venda a precios por debajo de los precios máximos establecidos por la coalición.