Caracas. – Una información que circula de manera extraoficial por diversas plataformas y redes sociales, alerta sobre un nuevo mecanismo de control social aplicado por el narcorégimen chavista, de manera secreta durante estas navidades, que consistiría en la unificación de las datas del SAIME, banca pública y sistema Patria, para mantener a los familiares de los venezolanos que forman parte de la diáspora supervisados, y además poder confiscar desde sus ahorros hasta sus propiedades.
La información fue revelada por la web La Gran Aldea, la cual documenta una migración masiva y coordinada de servidores estatales, que fue ejecutada entre el 24 y 26 de diciembre en una operación tecnológica de gran escala.
Especialistas en ciberseguridad que monitorearon el tráfico de red, de acuerdo con el reportaje, detectaron picos anómalos de actividad, reindexación de bases de datos y latencia selectiva en portales oficiales, justo en días de mínimo uso ciudadano por el asueto navideño.
La Gran Aldea explicó que la lentitud e intermitencia que muchos usuarios experimentaron al intentar acceder a páginas gubernamentales en ese periodo no respondía a “mantenimiento rutinario”, sino a una operación de fusión de millones de registros en tiempo real.
Uno de los objetivos es obligar a los arrendatarios a tener registrados para tales efectos cuentas en esa «banca pública», para forzar la geolocalización y los pagos por esas vías. Además, si alguien está fuera del país y emite una transferencia desde un banco público a otro banco de ese nivel, por ejemplo, del «Banco de Venezuela» al «Banco de Trabajadores», y resulta que esa persona beneficiada con esa transferencia no tiene «carnet de la patria», el régimen desde el SAIME puede decir que esa persona está recibiendo «recursos» para «desestabilizar al país», y confiscar su dinero.
De este modo, la nueva arquitectura elimina la fragmentación que existía entre los tres organismos chavistas, y crea un nodo central que valida, cruza y actualiza datos de manera automática.
En términos prácticos, advierte el medio, el Estado adquiere la capacidad técnica de bloquear o inhabilitar la identidad civil de cualquier ciudadano desde un solo sistema, sin necesidad de procesos judiciales ni trámites administrativos tradicionales. Así, un error, inconsistencia o señal considerada “irregular” en un área podría traducirse de inmediato en el bloqueo de servicios bancarios, trámites de identidad o acceso a beneficios públicos.
También, la investigación advierte sobre la posibilidad de congelar o impedir transferencias de propiedades mediante bloqueos digitales, lo que denomina un “corralito patrimonial” ejecutado desde plataformas tecnológicas.
