Caracas. – Durante la segunda audiencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los representantes del narcorégimen de Nicolás Maduro, no les quedó más remedio que admitir avances en apenas un 4% de los casos considerados como crímenes de lesa humanidad.

Los representantes de la tiranía en esta audiencia, el abogado británico Ben Emmerson, el letrado Aitor Martínez Jiménez, y el canciller Yván Gil, ofrecieron resultados sobre unos 124 casos que documentaron ante la corte.

Sobre esta muestra, Jiménez detalló que «113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados».

Es decir, el porcentaje de casos realmente investigados suma apenas un 4%, ya que de 124 hechos punibles, solo cinco registran condenas. Ante los cuestionamientos de la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, la delegación del régimen debió confesar, finalmente, que ninguno de los casos ha sido concluido con una condena definitivamente firme.

Por su parte, la Fiscalía de la CPI argumentó que, de 62 casos de crímenes examinados por esa instancia, «47 de ellos no se identificaron a los perpetradores, es decir tres cuartas partes. También 57 casos estaban en la fase preparatoria, [que] es la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada”.

Pero, por otra parte, el juez Marc Perrin de Brichambaut hizo un llamado de atención a los voceros del narcorégimen por el lenguaje «inadecuado» empleado en estas dos sesiones, para referirse tanto a la Corte como a otros organismos.

Varios portales indicaron que esta reprimenda es el resultado de las descalificaciones realizadas principalmente por Gil, quien en su intervención de este miércoles, que se atrevió a afirmar que el aparato de justicia de la tiranía madurista era más efectiva que la CPI.