Caracas. – La ex jueza venezolana María Lourdes Afiuni recibió libertad plena tras años de prisión domiciliaria por razones políticas, informó este viernes su familia, que la víspera pidió el cierre de su caso por la grave enfermedad que ella padece.

«La familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad», según un comunicado publicado en X por su hermano Nelson Afiuni.

El anuncio se produce apenas un día después de que la familia de la exjueza informara que le fueron detectadas tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo, tras ser hospitalizada de emergencia el fin de semana pasado, y de que solicitara con carácter urgente el cierre definitivo del proceso judicial para permitirle recibir tratamiento médico especializado, incluso fuera del país.

Cabe recordar que María Lourdes Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009 por orden de Hugo Chávez, luego de ordenar la libertad bajo fianza del empresario Eligio Cedeño, decisión que tomó acatando una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

Permaneció recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) entre 2009 y 2011, y desde entonces ha estado sujeta a un régimen de libertad condicional que, pese a que su defensa sostenía que la condena ya había sido cumplida, le impedía salir de su ciudad de residencia y declarar a la prensa o en redes sociales.

Para la familia, este es un caso “que nunca debió existir” y confían en que esta decisión marque “el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse”.

Caracas. – El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la intimidación contra la periodista Deisy Martínez, del medio Efecto Cocuyo, quien fue abordada este pasado jueves por “unos seis hombres en motocicletas, con armas y vestidos de negro”, en medio de la cobertura del inicio del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición.

El gremio periodístico señaló, que el hecho ocurrió luego de que a los periodistas les negaran el acceso a la reunión, pese a haber sido convocados inicialmente para cubrir el evento. Según el SNTP, al retirarse del lugar, Martínez fue abordada por los sujetos armados y movilizados en motocicletas, quienes le exigieron entregar su teléfono celular.

El sindicato aseguró que los hombres revisaron el dispositivo de la periodista, eliminaron las fotografías que había tomado y fotografiaron su credencial de prensa. Asimismo, indicó que durante el procedimiento los funcionarios discutieron por radio la posibilidad de trasladarla a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), aunque finalmente recibió autorización para retirarse.

Martínez informó que los participantes del diálogo se reunieron sin presencia de la prensa. Solo se permitió el ingreso de fotógrafos, a quienes se les impidió usar sus teléfonos durante el acto para evitar la grabación de videos. Ante la negativa de acceso al salón de convenciones donde estaban las delegaciones encabezadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, los periodistas se ubicaron cerca de la carpa instalada en el Parque Simón Bolívar, dentro de la Base Aérea La Carlota.

En respuesta, el SNTP exigió en un comunicado, que la libertad de expresión y el derecho a la información formen parte central de cualquier proceso de diálogo orientado a una transición democrática en el país.

Ante el inicio de un nuevo proceso de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno interino, el gremio periodístico subrayó que ambos derechos son indispensables para que una transición tenga legitimidad social, sustento político y capacidad de producir cambios duraderos.

El sindicato recordó que durante años ha documentado detenciones, procesos judiciales, restricciones de cobertura, revisión de dispositivos, bloqueo de medios, cierre de emisoras, confiscación de equipos y exclusión de fuentes oficiales, prácticas que han afectado el pluralismo y la transparencia.