Caracas. – Un comerciante de origen sirio fue detenido este pasado miércoles en el estado Bolívar, tras haber amenazado con un arma de fuego al alcalde de El Callao y a trabajadores de esa entidad, cuando realizaban un trabajo de asfaltado en la zona.

El hecho tuvo lugar en la calle Heres, diagonal a la plaza Bolívar de El Callao, donde MaKlad Mohamed -como fue identificado el comerciante- posee una panadería.

Justo cuando los trabajadores de la Alcaldía de El Callo procedían a realizar el asfaltado de la vía, el hombre salió con un revólver y los amenazó para que se retiraran del lugar. Se desconocen los motivos por los cuales actuó así.

Benito Torrealba, alcalde de ese municipio, se presentó y trató de disuadir al sirio, pero este también lo amenazó.

Tras realizar la denuncia ante el Ministerio Público, la fiscalía de esa región ordenó que Mohamed fuera detenido. Este pasado jueves fue presentado ante un tribunal de la entidad donde fue acusado por resistencia a la autoridad, amenazas, porte ilícito y lesiones genéricas.

Caracas. – Un informe publicado hoy viernes, 24 de junio, por la organización Amnistía Internacional (AI) revela que, en la narcotiranía dirigida por Nicolás Maduro en Venezuela, continúa la impunidad en los casos de violaciones de Derechos Humanos.

El documento, denominado Dossier Tortura 2022, y elaborado debido a la celebración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el cual será este próximo domingo 26 de junio, también dio a conocer sobre nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.

«Se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y malos tratos contra personas a las que se consideraba críticas con el Gobierno», precisa el texto difundido por Amnistía Internacional.

«En 67 de los 183 casos que documentaba, las personas presas habían comparecido ante el tribunal con señales visibles de malos tratos. En algunos casos, las denuncias de tortura no figuraban en las actas judiciales, en otros se ordenaba al Ministerio Público abrir una investigación formal», acotó igualmente.

En este sentido, la organización recordó el caso del capitán (Ar) Rafael Acosta Arévalo, quien falleció luego de un supuesto juicio que le realizaron, a causa de las torturas que sufrió en 2019.

AI enfatiza en el dossier, que la cadena de mando implicada en este abominable hecho, no ha sido siquiera citada por el aparato de justicia en Venezuela, es decir, se mantiene la impunidad a los verdaderos responsables del homicidio.

Igualmente, el documento cita a la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos, cuyo estudio realizado en 2021 concluyó que, el régimen de Maduro acostumbra a no investigar nunca a las cadenas de mando, implicadas en los hechos de violación de Derechos Humanos.

Caracas. – Un nuevo derrame petrolero se produjo esta semana en la Península de Paraguaná, al norte del estado Falcón, afectando a la actividad pesquera y turística de la zona.

Se trata del undécimo derrame de crudo registrado en esa zona costera, durante los dos últimos años, según la denuncia de los habitantes.

Este último incidente se registra específicamente en la Bahía de Amuay desde el pasado 20 de junio, al parecer proveniente de una avería en un oleoducto submarino de Pdvsa. También ocurre a pocos días, de haberse producido una fuga de gas en esa misma área.

La mancha ya abarca unos cinco kilómetros de largo, lo cual preocupa mucho a los pescadores, quienes temen que esta se pueda extender aún más, afectando enormemente a la fauna marina y al trabajo que ellos realizan a diario.

Pero, a pesar de las denuncias realizadas, en Pdvsa no se pronuncian al respecto ni ordenan iniciar una averiguación sobre el derrame.

Los trabajadores del mar alertan, que ya en las playas de la bahía comienzan a verse restos del crudo. Varias aves han sido contaminadas, lo cual ya podría estar ocurriendo con los peces.

Caracas. – Un abogado detenido por la DGCIM, y a quien ya le habían librado una boleta de excarcelación, logró fugarse esta semana de la sede del organismo de inteligencia.

El caso fue dado a conocer por la defensora de los DDHH y abogada Tamara Suju, quien en un hilo de su cuenta en Twitter expuso el caso de Carlos Eduardo Garrido Bustamante, quien se encontraba injustamente detenido por el citado cuerpo represor desde el 28 de julio de 2021.Tal como lo explicó Suju, Garrido tenía ya tres boletas de excarcelación, todas ignoradas por la DGCIM, razón por la cual se considera que se encontraba secuestrado por ese organismo desde hace 11 meses.

Fue detenido por los presuntos cargos de supuesta falsificación de documento y asociación para delinquir. Incluso, le sembraron una cédula de identidad falsa para justificar su aprehensión.

El abogado dejó una carta explicando que expuso su vida, para lograr evadir el cerco que le habían impuesto. También advierte sobre el peligro en el cual se podrían encontrar sus familiares y allegados, debido a las represalias del narco régimen.

En torno a esta advertencia, Suju ya reveló que la DGCIM lleva a cabo allanamientos desde la madrugada de este viernes, a las viviendas de varios familiares de Garrido.

Como consecuencia de esos procedimientos, los funcionarios detuvieron a un primo suyo, el médico oftalmólogo Jorge Pérez.

Suju advirtió, ante la la CPI y la Comisión de DDHH de la ONU, que la narco tiranía vuelve a implementar el método de secuestrar a familiares de presos políticos, para obligarlos a entregarse de nuevo.

Caracas. – A penas que oscilan entre los cuatro y 15 años de prisión, fueron sentenciados los 24 sargentos de la GNB que se sublevaron en la comandancia de Cotiza, contra la narcotiranía de Nicolás Maduro en 2019.

Las condenas fueron dictadas en un juicio que culminó en la madrugada de este pasado jueves, el cual se llevó a cabo en el Centro para Procesados Militares (Cenapromil), ubicado en Ramo Verde (Miranda).

El sargento Luis Bandres, quien lideró el alzamiento en esa unidad militar, recibió una condena de 15 años y seis meses de cárcel, mientras que sus 23 compañeros fueron sentenciados a penas de cuatro y hasta siete años con seis meses de cárcel cada uno.

Fueron acusados por los supuestos cargos de rebelión, motín, sustracción de efectos pertenecientes a la FANB, ultraje y desobediencia.

El proceso estuvo en manos del Tribunal de Juicio conducido por el general Luis Galaviz.

El hecho provocó reacciones en redes sociales, y en Twitter recibió muchas críticas por parte de los internautas.