El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado este martes la firma de una «nueva y contundente» orden ejecutiva en aras de poner fin al «fraude» y «revertir la inmigración ilegal masiva», por medio de la cual pretende impedir el acceso de personas migrantes indocumentadas a los sistemas financieros del país.

«He firmado una nueva y contundente orden ejecutiva, que será dirigida por el Departamento del Tesoro, para impedir que los bancos, las tarjetas de crédito y las instituciones financieras sean utilizados para facilitar el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la inmigración ilegal y a los cárteles criminales que orquestan estas actividades», ha señalado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red social.

En dicha publicación, Trump ha defendido que «los inmigrantes ilegales y los estafadores extranjeros roban miles de millones cada año a los contribuyentes estadounidenses», por lo que ha justificado la nueva medida signada como «parte del esfuerzo histórico» de su Administración para «acabar con el fraude y revertir la inmigración ilegal masiva».

Según ha manifestado, el acceso a los sistemas financieros nacionales «debe limitarse a quienes tienen el derecho legal de estar» en el país y «se dedican al comercio legal y legítimo». «Las cuentas bancarias que se utilicen para facilitar la inmigración ilegal, o para almacenar las prestaciones sociales recibidas por los extranjeros ilegales, serán cerradas, y los fondos acabarán siendo embargados y confiscados para que puedan ser devueltos a los contribuyentes», ha agregado.

A juicio de Trump, «no es ridículo» sino «profundamente peligroso» el hecho de que «cualquier extranjero ilegal pueda simplemente presentar un carné de conducir de un estado azul —demócratas— o un documento fronterizo [del expresidente Joe] Biden y tener acceso sin restricciones al sistema financiero de EE. UU.».

Con esta orden ejecutiva, ha celebrado el presidente norteamericano, también aspira su Administración a «impedir que miles de millones salgan del país a través de todo tipo de actividades delictivas», al tiempo que se «revierte la invasión fronteriza de Biden».

Las autoridades de EE. UU. han informado de que más de 2,5 millones de migrantes han sido deportados o han abandonado de forma voluntaria el territorio estadounidense a lo largo de 2025, unos datos que han calificado como un «logro monumental».

«Unos 600.000 inmigrantes ilegales han sido deportados de nuestro país en menos de 365 días y otros 1,9 millones se han autodeportado, lo que suma un total de más de 2,5 millones de inmigrantes ilegales desaparecidos. ¡Un logro monumental!», ha indicado el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) en un comunicado.

Este anuncio llega tan solo unos días después de que el Departamento de Justicia anunciara que contará con decenas de jueces para «agilizar las deportaciones» en el marco de las duras políticas migratorias puestas en marcha por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha provocado numerosas redadas contra inmigrantes en todo el país.

«Apenas estamos empezando», recoge el texto del DHS respecto a unas operaciones que han sido tildadas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como «posibles violaciones de los Derechos Humanos».

Trump, por su parte, insiste en «eliminar las millones de admisiones de inmigrantes ilegales que fueron aprobadas por (Joe) Biden» y expulsar así a «cualquiera que no sea un activo neto para EE. UU.» o «sea incapaz de amar a este país».

El presidente sigue acusando a los inmigrantes de la alta tasa de criminalidad del país, el deterioro de los centros urbanos, la falta de servicios y los problemas de vivienda, entre otras cuestiones.

El Gobierno de EE. UU. ha confirmado este miércoles que desplegará efectivos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) durante el próximo espectáculo de la Super Bowl, en febrero de 2026, que amenizará el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien ya ha cancelado su gira en este país ante el temor de que se produzcan redadas migratorias en sus conciertos.

Así lo ha confirmado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Corey Lewandowski, durante una intervención en un programa radiofónico en el que ha asegurado que «no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente».

«Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos», ha agregado al ser preguntado por la presencia de agentes de migración durante la actuación del puertorriqueño que tendrá lugar el 8 de febrero de 2026 en el Levi’ Stadium de Santa Clara, en California.

Las declaraciones de Lewandowski llegan apenas tres días después de que se haya anunciado la actuación de Bad Bunny, causando un gran revuelo, puesto que el artista ha decidido suspender su gira en EE. UU. por la preocupación de que agentes del ICE puedan atacar a su público, mayoritariamente latino.

En este marco, cabe señalar que el asesor del presidente Donald Trump ha considerado además la elección de Bad Bunny como «una vergüenza», alegando que el cantante «parece odiar» al país.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado este lunes una demanda contra el estado de Minnesota, su fiscal general, Keith Ellison, y las ‘ciudades gemelas’ de Minneapolis y St. Paul, «por las políticas de ciudad refugio» al considerar que «interfieren con la aplicación de las leyes federales de inmigración».

Según la entidad dirigida por la fiscal general, Pam Bondi, tales políticas «no solo son ilegales» a nivel federal, sino que la «negativa a cooperar» de las autoridades denunciadas, que incluyen también al condado de Hennepin y la sheriff del mismo, Dawanna Witt, «resulta en la liberación (…) de delincuentes peligrosos que, de otro modo, estarían sujetos a la deportación, incluyendo inmigrantes indocumentados condenados por agresión agravada, robo, tráfico de drogas y tráfico de personas».

«Las autoridades de Minnesota están poniendo en peligro la seguridad de sus ciudadanos al permitir que los inmigrantes indocumentados eludan el proceso legal», ha declarado Bondi en el comunicado difundido al respecto por su cartera, que, según sus propias palabras, «seguirá presentando demandas contra cualquier jurisdicción que utilice políticas de ciudad refugio para desafiar la ley federal y socavar la aplicación de la ley».

De este modo, el Gobierno de EE. UU. ha sostenido que «proteger a los inmigrantes indocumentados de la aplicación de la ley federal es una flagrante violación de la ley con consecuencias peligrosas», según el fiscal general adjunto, Brett Shumate, que ha afirmado que la División Civil que dirige «responsabiliza plenamente a las jurisdicciones que implementan estas políticas» de ciudad refugio.

En respuesta, el fiscal Ellison ha negado que las leyes de Minnesota impidan al Gobierno federal procesar a sus infractores. «Esta demanda infundada es simplemente otra represalia política contra Minnesota, y responderemos en los tribunales», ha asegurado en declaraciones al diario ‘Minnesota Star Tribune’. «Mientras tanto, Minnesota seguirá utilizando sus recursos de seguridad pública para mejorar la seguridad ciudadana», ha asegurado.

Los alcaldes de las conocidas como Ciudades Gemelas, Minneapolis y St. Paul, también han respondido a la demanda. «Minneapolis no se rendirá», ha afirmado su gobernante, Jacob Frey, que ha prometido «luchar con todas nuestras fuerzas por nuestros vecinos inmigrantes». «Y, como siempre, venceremos a Donald Trump en los tribunales», ha agregado.

El juez federal estadounidense Sparkle L. Sooknanan, quien fue nombrado por el expresidente Joe Biden, ha ordenado paralizar provisionalmente los planes de la Administración del presidente Donald Trump para deportar a diez menores no acompañados guatemaltecos.

«La parte demandada quiere expulsar de EE. UU. a diez menores no acompañados de Guatemala de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años en clara violación de las protecciones inequívocas que el Congreso les proporciona como niños vulnerables», ha argumentado el juez, según la sentencia recogida por medios estadounidenses.

Los abogados habían pedido al tribunal «una orden de paralización temporal para preservar el status quo a la espera de los procedimientos». En respuesta, el juez «dadas las exigentes circunstancias», ha decidido «emitir una orden inmediata para mantener el status quo hasta que se pueda fijar una vista».

«Como los demandantes han cumplido con las cuatro condiciones para la concesión, el Tribunal ordena, por tanto, aceptar la moción de los demandantes y que los demandados no expulsen a ningún individuo de EE. UU. durante 14 días si no hay otra orden judicial al respecto», ha añadido.

Cabe señalar que el senador demócrata Ron Wyden había denunciado la intención de la Administración de expulsar a casi 700 menores guatemaltecos «vulnerables» que llegaron a EE. UU. sin sus familiares.

Desde la Administración Trump reivindican sus medidas para expulsar a inmigrantes y esta misma semana la secretaría de Seguridad Interior, Kristi Noem, ha revelado que desde el inicio del último mandato presidencial de Trump hay 1,6 millones de inmigrantes sin documentación menos.

«Es tremendo. Esto implica calles más seguras, ahorro para los contribuyentes, menos presión sobre escuelas y hospitales y mejores oportunidades de empleo para los estadounidenses», ha sostenido Noem.