La ICE activa una alerta contra «Niño Guerrero» calificándolo de terrorista

Caracas. – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) emitió este pasado jueves, una alerta de máxima prioridad contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», calificándolo formalmente bajo el rótulo de «terrorista».

La agencia estadounidense señaló que el líder del «Tren de Aragua» es buscado por delitos federales de extrema gravedad, que incluyen asesinato, secuestro, crimen organizado y apoyo material al terrorismo bajo las leyes RICO y VICAR.

La intervención directa del ICE en este 2026 ha encendido las alarmas sobre la ubicación del criminal venezolano. Aunque el Departamento de Estado ofrece una recompensa de USD$ 5 millones desde 2024, esta nueva alerta sugiere que las autoridades estadounidenses manejan sospechas fundadas de que Guerrero podría estar intentando cruzar la frontera o, incluso, que ya se encuentre operando en la clandestinidad dentro de territorio estadounidense.

Bajo el mando del «Niño Guerrero», el «Tren de Aragua» ha dejado de ser una banda carcelaria para convertirse en una organización terrorista extranjera con tentáculos en todo el hemisferio occidental. Con órdenes de captura vigentes en EE. UU., Chile, Perú y Venezuela, Guerrero Flores se consolida como el objetivo prioritario de la justicia transnacional, representando una de las mayores amenazas a la seguridad regional en la actualidad.

ICE publicó el jueves en su cuenta de X un mensaje en el que recordó la búsqueda del criminal venezolano, quien enfrenta en ese país cargos por la Ley RICO y es solicitado por brindar apoyo material al terrorismo y por su participación en asaltos, secuestros y asesinatos.

Fiscales estadounidenses han afirmado que Guerrero Flores dirigía desde Venezuela, actividades que incluyen extorsión, secuestro, asesinatos, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

EE. UU. emitió licencia para que sus empresas puedan explotar y comerciar crudo venezolano

Caracas. – El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido este viernes una licencia para autorizar a empresas estadounidenses ciertas actividades de explotación y comercialización de petróleo venezolano, un sector sancionado por Washington.

Esta medida supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

El departamento dirigido por Scott Bessent levantó las sanciones para la explotación, venta, transporte y almacenamiento de petróleo venezolano y sus refinados siempre que sea importado a EE. UU. por compañías de ese país.

La autorización incluye transacciones en las que estén involucrados el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA. La licencia estipula que cualquier contrato debe regirse por la legislación estadounidense y las disputas resolverse ene territorio estadounidense.

En otra licencia, el Departamento del Tesoro especificó que no están permitidas transacciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y ciertos actores de China, ni tampoco con personas sancionadas por Washington.

La semana pasada, el Gobierno de Trump emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.

El Frente Institucional Militar pide la restitución de la constitución nacional

El Frente Institucional Militar, una asociación civil legalmente constituida según las leyes de Venezuela, a través de un comunicado ha exigido respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio del 2024, donde el país rechazó el mandato del chavismo que encabezaba Nicolás Maduro. Con ello, pide el respeto a la constitución venezolana.

El comunicado en concreto expresa:

«Nosotros, oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional e integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), en ejercicio del deber ciudadano consagrado en la Constitución de la República de Venezuela, como ciudadanos militares formados bajo el amparo de las leyes de la República, invocando la autoridad moral que confiere el cumplimiento del deber ciudadano y el respeto absoluto a la voluntad popular, fijamos una posición histórica e irreversible frente a la crisis de legitimidad que fractura nuestra nación.

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (Art. 5). El 28 de julio de 2024, esa soberanía se manifestó de forma inequívoca en las mesas electorales de cada rincón del país. Este mandato no es una sugerencia política, es una orden constitucional. Ya hemos avanzado significativamente en la consecución de esa victoria gracias a la inapreciable ayuda proporcionada por la actual administración de los Estados Unidos de América, pero debemos consolidarla. En las horas más oscuras de nuestra historia republicana, la verdad no puede ser objeto de transacción ni la soberanía materia de negociación.

Cualquier arquitectura de poder, sea mediante la usurpación fáctica consolidada el 10 de enero de 2025, o mediante la ficción de interinatos designados sin base electoral directa, constituye una violación al hilo constitucional. La soberanía no se delega en despachos ni se hereda por nombramientos; se ejerce en las urnas y se defiende en las instituciones.

Reivindicamos la figura de los Militares presos de Conciencia, hoy secuestrados y torturados por el aparato de inteligencia. Su actuación no es un acto de rebeldía, sino de obediencia superior en cumplimiento de los Artículos 333 y 350, el militar no es un verdugo de la Constitución, sino su primer custodio. Quienes hoy están cautivos lo están por negarse a ser cómplices de la ruptura del orden democrático. Rechazamos categóricamente cualquier «Ley de Amnistía» que pretenda ser impuesta como una concesión graciosa de la usurpación. La amnistía implica el olvido de un delito; pero defender la Constitución y la voluntad popular no es un delito, es un honor. Exigimos la Libertad Inmediata por Restitución de Justicia, no por olvido político.

Los eventos del 3 de enero, cuando una proporción alarmante, dos terceras partes de las bajas en defensa del régimen, fueron efectivos extranjeros, demuestran que la usurpación ya no cuenta con el respaldo de las armas de la República, sino con el auxilio de fuerzas mercenarias e ideológicas externas. Un Estado que requiere de botas extranjeras para someter a su pueblo ha dejado de ser un Estado soberano para convertirse en un territorio de ocupación, demostración palpable de que la soberanía nacional ha sido mancillada.

No habrá paz mientras se pretenda sustituir la realidad de las actas por la ficción de la fuerza. El camino a la estabilidad nacional solo tiene una vía:

Reconocimiento de los elegidos: El llamado inmediato a quienes recibieron el mandato popular el 28J para que asuman sus obligaciones de gobierno

Cese de la Tortura, la Represión y el Secuestro: Liberación inmediata de civiles y militares procesados por defender el orden constitucional.

Garantía incondicional para el regreso de los exiliados: Apertura de fronteras para permitir su reinserción como ciudadanos con todos sus derechos.

LA REPÚBLICA NO SE NEGOCIA; LA CONSTITUCIÓN SE RESTITUYE

Trabajadores del portal chavista Venezuela News denuncian despidos masivos y pagos atrasados

Caracas. – Trabajadores del portal chavista Venezuela News están exigiendo sus pagos, tras haber sido despedidos masivamente, situación por la cual están amenazando a sus empleadores, a través de las redes sociales, con revelar informaciones delicadas sobre el trabajo que realizaban.

La situación ocurre paralelamente a la desaparición de varios influencers del narcorégimen en diversas plataformas, así como la perdida de la verificación en la red X de muchas cuentas que defendían a la narcorevolución.

La información, aún no confirmada por fuentes de la Narcotiranía, se comenzó a revelar este pasado jueves en varias plataformas, principalmente en X. Los datos indican que los reclamos recaen sobre Pedro Carvajalino, Roi López Rivas, Lennin Medina, y otros funcionarios de la tiranía, quienes eran financiados por Alex Saab para realizar sus labores de propaganda.

En las redes están circulando capturas de los mensajes enviados por los empleados Venezuela News, quienes aparte de exigir sus pagos por el trabajo «sucio» que se han visto obligados a realizar, también advierten a Carvajalino y a López Rivas, con revelar información sensible sobre las labores que realizaban.

Las revelaciones que se han dado a conocer hasta el momento señalan que todos estos empleados recibían equipos iPhone 15 o 16, con pagos que iban de 50 a 250 dólares semanales. El monto dependía de la cantidad de seguidores y métricas que tuvieran, además de que les pagaban el verificado en X.

La misión era crear cuentas falsas y desprestigiar al liderazgo opositor, sobre todo a María Corina Machado. También confirma que tenían una nómina de falsos opositores dedicados a vilipendiar y atacar a la oposición.

Aparentemente, este viernes les pidieron que se calmaran —debido a lo contundente de las amenazas— y les prometieron que, presuntamente, tan solo están «reorganizando a la llamada guerrilla comunicacional» para reanudar sus andanzas.

También, en X, muchos internautas, entre analistas y comunicadores, han podido verificar la desaparición de cuentas de influencers pro-chavismo, además de que otras cuentas «sospechosas» quedaron sin verificación en esa red, lo cual sería un indicativo de que el financiamiento les estaría fallando.

Narcorégimen aumentó a $150 bono de guerra, pero trabajadores siguen exigiendo incremento del salario mínimo

Caracas. – El narcorégimen chavista aumentó este pasado jueves el monto del bono “Ingreso Contra la Guerra Económica”, de los trabajadores de la administración pública a 150$, sin embargo, el sector obrero continúa exigiendo el incremento del salario mínimo, el cual continúa en apenas 130 bolívares.

De acuerdo con información publicada por el Canal Patria Digital en sus redes sociales el monto otorgado al personal activo es de 66.450 bolívares aproximadamente, de acuerdo con el cambio fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV), para la divisa estadounidense.

A pesar de este ajuste nominal, el beneficio tiene un alcance sumamente limitado en la economía familiar, considerando que la Canasta Alimentaria Familiar en Venezuela ya se ubica en 677 dólares mensuales, según las últimas mediciones del Cendas-FVM.

Bajo esta realidad, el incremento de 30 dólares apenas permite cubrir una fracción mínima de las necesidades nutricionales básicas —equivalente, por ejemplo, a unos 5 kilos de pollo entero dado el precio promedio actual de 6 dólares por kilo— y resulta insuficiente para costear servicios esenciales o imprevistos, como una consulta médica privada o la reparación de una avería en el hogar.

Sin embargo, hasta los momentos, las autoridades gubernamentales no han realizado un anuncio oficial sobre el aumento.

Cabe señalar que, este 12 de marzo, sindicatos de trabajadores públicos encabezaron marchas en diversos estados del país en exigencia de mejoras en sueldos y salarios, y la derogación del Instructivo Onapre.

Los trabajadores venezolanos esperaban, en realidad, para esta quincena el anuncio de un aumento de sueldo, como se venía rumorando en el país. Lo único que pudieron confirmar, fue el ajuste mínimo en el bono de guerra.

Sindicalistas y empleados consultados en las protestas recientes coinciden en que la medida deja mucho que desear. Representantes gremiales calificaron el bono como insuficiente y ajeno a las necesidades reales.

“No queremos más bonos, exigimos salario digno”, expresaron dirigentes de la Red Sindical Venezolana este jueves durante la protesta, quienes agregaron que el narcorégimen insiste en bonificaciones porque estas no generan obligaciones adicionales para el Estado.

Un salario real integrado elevaría de manera automática esos montos y protegería a los trabajadores en caso de despido o jubilación. En cambio, el bono contra la Guerra Económica, junto con el cestaticket de 40 dólares, suma alrededor de 160 dólares mensuales para el sector público, pero permanece fuera del cómputo legal y se evapora con la inflación.

Misión de ONU sobre Venezuela denuncia que «maquinaria represiva» del chavismo «está mutando»

Caracas. – La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, afirmó este jueves que «la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa», y aparte de ello, denunció que esas estructuras «están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder».

“La extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta”, afirmó la experta María Eloísa Quintero, durante la presentación oral que hizo la misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “No puede decirse que Venezuela se encamine hacia una reforma en materia de derechos humanos mientras ese aparato represivo no sea desmantelado”, afirmó.

Como una muestra de ello, sostuvo que funcionarios de alto nivel y militares que fueron identificados en investigaciones de esta misma misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ejerciendo importantes cargos en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.

En su informe, Quintero mencionó, entre otras cosas, la captura de Maduro y la designación por parte de la Corte Suprema de Justicia de Rodríguez como “presidenta encargada”. La Misión dice que se “requiere un cambio mucho más profundo y duradero para que la ciudadanía pueda confiar en que los largos años de represión y violencia han llegado a su fin”.

Y añadió que el país vive un “escenario incierto y convulso”.Igualmente, el equipo de expertos prometió que “continuará su labor para identificar a los actores y mecanismos involucrados en las graves violaciones y delitos que obstaculizan el retorno al Estado de Derecho, siempre de conformidad con su mandato de investigación”.

Trump ordena supervisión militar sobre la gestión de Delcy Rodríguez

Caracas. – El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha pedido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que participe en la supervisión de Delcy Rodríguez y ejerza control sobre los mecanismos del régimen chavista en Venezuela, un rol que hasta ahora recaía principalmente en el secretario de Estado Marco Rubio, pero que ahora será también militar con la entrada de Hegseth en el escenario.

Según información publicada por el diario español ABC, Hegseth participará en llamadas periódicas con Caracas para reforzar el control estadounidense sobre la transición política, la seguridad interna, el desmantelamiento de grupos armados y la coerción en temas clave como el petróleo, el narcotráfico y la liberación de presos políticos.

El movimiento supone una ampliación del círculo de funcionarios estadounidenses implicados directamente en la gestión de la transición venezolana.

Desde que Delcy Rodríguez comenzó a cooperar con EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro, Washington ha mantenido una relación ambigua, pero funcional, con la dirigente chavista. Rubio fue el principal interlocutor en esa etapa inicial, diseñando lo que describió como un plan por fases para estabilizar Venezuela.

Hegseth ya había elogiado el efecto disuasorio de la operación militar estadounidense en Venezuela durante una reunión de gabinete, lo que apuntaba a su creciente protagonismo en los asuntos venezolanos. Su incorporación formal a la supervisión de Rodríguez confirma que el Pentágono gana peso en la estrategia de Washington hacia Caracas.

De esta forma, asegura el portal español, la influencia de EE. UU. deja de limitarse al ámbito político y diplomático y adquiere una dimensión militar clara. El reporte de ABC detalla que Hegseth ya formaba parte del grupo de altos funcionarios que siguen el expediente venezolano en la Casa Blanca.

Su ingreso al canal directo con Rodríguez fortalece la supervisión del Pentágono en un proceso donde Washington busca no solo orientar decisiones de poder, sino también controlar aspectos de seguridad y coerción.

Denuncian traslado arbitrario de 12 rehenes políticos desde la Zona 7

Caracas. – La ONG  Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClIPPVE) denunció este miércoles el traslado arbitrario de 12 rehenes políticos, que estaban recluidos en un penal conocido como Zona 7, y quienes fueron enviados a penales ubicados en el estado Miranda.

Según la organización, el traslado se llevó a cabo durante la madrugada del 11 de marzo «sin notificación previa a los familiares». De acuerdo con el reporte, 11 de los detenidos habrían sido llevados al penal de Yare y una mujer al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ambos en el estado Miranda.

Testimonios de los familiares en la madrugada, indicaron que vieron salir una “furgoneta negra” de Zona 7, donde iban los rehenes. «Necesitamos apoyo, unir fuerzas, para poder lograr la liberación de nuestros familiares. Necesitamos que Zona 7 se llene de familias», manifestaron los parientes, que consideraron a los detenidos como inocentes.

La ONG apuntó que los familiares «temen que funcionarios de orden público reciban instrucciones para desmantelar el campamento en el que continúan pernoctando las familias» y desestimar «las razones legítimas de su protesta pacífica» al argumentar que «no pueden permanecer en la zona», dado que sus seres queridos ya no se encuentran en esta estación policial.

El fin de semana al menos 25 personas fueron excarceladas de Zona 7, informó el Clippve, que subrayó entonces que quedaba un grupo de presos políticos acusados de presuntamente planificar la colocación de explosivos en una plaza de Caracas con el objetivo de cometer «actos terroristas».

Ministra chavista de salud confirma muertes por fiebre amarilla, pero no revela cifras

Caracas. – La ministra de Salud del chavismo, Nuramy Gutiérrez, confirmó este pasado martes, que durante 2025 se registraron muertes por fiebre amarilla en el país, aunque evitó precisar el número de fallecidos para no generar “pánico” en la población.

«El año pasado tuvimos algunos decesos por fiebre amarilla, pero insisto, si esos datos nosotros los damos de esa manera, generamos pánico y alerta y no tiene ningún sentido», respondió al ser consultada en una entrevista con el canal del narcorégimen Venezolana de Televisión (VTV), sobre si ha habido fallecimientos por ese motivo.

En relación a 2026, mencionó que se han detectado “solamente siete casos” positivos, aunque remarcó que la prioridad es “insistir en la prevención de la enfermedad” antes que difundir cifras. Gutiérrez aseguró que Venezuela enfrenta una «alerta epidemiológica», por lo que las autoridades tienen como objetivo alcanzar un nivel de vacunación del 95 % de toda la población.

En ese sentido, señaló que alrededor de 49.000 personas han sido inmunizadas recientemente, que se suman a los «tres millones de venezolanos ya vacunados (…) en el decenio anterior». Además, anunció que se evalúa instalar puntos de vacunación en aeropuertos internacionales del país en caso de que aumente la afluencia de turistas.

Las autoridades sanitarias han advertido que desde mediados de 2025 se ha registrado un incremento de contagios de fiebre amarilla en Venezuela. De acuerdo con datos oficiales, 36 casos fueron confirmados entre junio de 2025 y febrero de 2026, lo que llevó a la cúpula del narcorégimen a declarar una alerta sanitaria preventiva.

EE. UU. reconoce legalmente a Delcy Rodríguez como «jefa de Estado»

Caracas. – El Departamento de Estado de EE. UU. remitió una carta oficial, al Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. en la que formaliza su postura legal y diplomática sobre Venezuela: Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la «única jefa de Estado» con potestad de actuar en representación de la nación suramericana.

El documento fechado el 10 de marzo de 2026 y firmado por Michael G. Kozak, alto funcionario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, fija ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York la nueva posición oficial de Washington sobre Venezuela.

La carta señala que EE. UU. dejó de reconocer a Nicolás Maduro desde 2019 y sostiene que ahora reconoce a Delcy Rodríguez como la “única” autoridad con capacidad para actuar en nombre del Estado venezolano, en el marco de la normalización de relaciones bilaterales.

La comunicación fue presentada por el Departamento de Justicia en respuesta a una solicitud de la corte federal, dentro de procedimientos relacionados con litigios que involucran bienes de la República en EE. UU.

Con esta notificación, Washington establece que la administración encabezada por Rodríguez será la instancia con capacidad de representar legalmente al Estado venezolano ante los tribunales estadounidenses.

El texto repasa la posición histórica de Washington: desde 2019, EE. UU. no reconoció a Maduro como presidente legítimo tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas, y respaldó a Juan Guaidó como presidente interino hasta su remoción por la Asamblea Nacional en 2022, y desde 2023 mantuvo a esa Asamblea como la última institución democrática.

Sin embargo, el 5 de marzo de 2026, el Departamento de Estado anunció la reanudación de relaciones diplomáticas y consulares con las «autoridades interinas» venezolanas. El presidente Donald Trump confirmó el 7 de marzo, durante una cumbre con líderes latinoamericanos, que EE. UU. reconoce formal y legalmente al gobierno bajo Rodríguez.