VEPPEX pide ampliar las investigaciones por tortura a toda la estructura de poder venezolana

La reciente ampliación de los cargos penales por parte de la justicia de EE. UU. contra el genocida dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores representa un punto de inflexión decisivo en el cerco judicial internacional contra los altos mandos del régimen venezolano.

Tras años de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tratos crueles, las autoridades norteamericanas han formalizado acusaciones directas por conspiración para cometer tortura de forma sistemática contra disidentes políticos y civiles.

Este desarrollo judicial no solo refuerza las investigaciones previas por narcoterrorismo, sino que sitúa los abusos sistemáticos contra los derechos humanos en el centro de la acción penal penalizando directamente la cadena de mando.

Ante esta coyuntura, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha emitido un posicionamiento institucional para fijar su postura sobre el alcance de estas acciones judiciales.

La organización enfatiza la necesidad de extender el foco de las investigaciones hacia los operadores clave del aparato estatal y de seguridad que han garantizado la sostenibilidad del modelo represivo en el país.

Asimismo, rechaza de manera categórica que cualquier eventual proceso de diálogo, acuerdo diplomático o transacción política internacional pueda utilizarse como moneda de cambio para garantizar la impunidad de los responsables.

El comunicado en concreto expresa:

Miami, 9 de octubre de 2026.— La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) considera que la nueva acusación presentada por autoridades estadounidenses contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración para cometer tortura constituye un hecho de enorme importancia para las víctimas de la represión en Venezuela.

La acusación describe graves métodos de tortura y un presunto sistema utilizado contra opositores y detenidos. Estos cargos deberán ser probados ante los tribunales. Para VEPPEX, la investigación no puede detenerse en Nicolás Maduro y Cilia Flores. Si se investiga la existencia de un aparato de represión y tortura, corresponde determinar las responsabilidades individuales de quienes ocuparon posiciones fundamentales dentro de las estructuras políticas y de seguridad del poder venezolano.

Por esta razón, VEPPEX solicita al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar las posibles responsabilidades de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, así como de cualquier otro funcionario respecto del cual existan elementos probatorios. Debe establecerse quién ordenó, quién facilitó, quién ejecutó y quién encubrió actos de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos.

VEPPEX considera igualmente que ninguna negociación política, económica o diplomática puede convertirse en un mecanismo de impunidad. Los acuerdos sobre el futuro de Venezuela no pueden construirse sacrificando el derecho de las víctimas a obtener verdad y justicia. La tortura no se negocia. La justicia no puede ser selectiva. Quien resulte responsable debe responder ante la justicia, independientemente de su nombre, cargo o posición política.

José Antonio Colina,
Presidente de VEPPEX,
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.
En Dios Confiamos.

Grupo guerrillero habría tomado por asalto población de Rubio en Táchira

Caracas. – Una fuerte incursión de un grupo guerrillero colombiano estaría ocurriendo desde hace tres días en la población de Rubio, ubicado en el municipio Junín de Táchira, donde los subversivos ya tendrían el control de varias zonas de esa localidad fronteriza, mientras que el narcoestado chavista brilla por su ausencia.

Según reportes de ciudadanos compartidos en medios como YouTube, como es el caso del creador de contenidos Edixon Manuel, hombres fuertemente armados pertenecientes a un grupo irregular tomaron el control de varias zonas de Rubio.

De acuerdo con los reportes, residentes de esa población denunciaron que los irregulares desarmaron a funcionarios locales y comenzaron a exigir el pago de «vacunas» (extorsiones) a comerciantes y residentes tras la presunta muerte de uno de sus miembros.

Aún las informaciones no definen que grupo subversivo lleva a cabo la invasión a Rubio, aunque se sospecha que podría pertenecer al ELN (Ejército de Liberación Nacional), debido a un hecho reciente ocurrido justamente en el municipio Junín.

A principios de octubre presente, se registró un fuerte combate armado entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el ELN en la línea limítrofe entre Norte de Santander (Colombia) y Junín. Habitantes de sectores de Rubio como La Palmita y Escaleras confirmaron haber escuchado las ráfagas de disparos del enfrentamiento, el cual dejó al menos un muerto y cinco heridos que fueron trasladados a centros asistenciales de Rubio.

Pese a que este hecho fue ampliamente conocido en toda la zona, fuentes oficiales del narcochavismo interino guardaron silencio al respecto. Llamó la atención de expertos en materia fronteriza, analistas, periodistas y politólogos, que la GNB haya enfrentado a irregulares, debido a que han sido considerados por el chavismo como aliados desde hace casi dos décadas.

El enfrentamiento parece demostrar un cambio drástico en las políticas que el narcoestado, ahora bajo control de Delcy Rodríguez, aplica ahora en relación a la presencia de guerrilleros colombianos en territorio venezolano.

Los datos también indican, que en esta ocasión se habla de la muerte de un miembro de los insurrectos habría sido asesinado en Rubio, y en represalia tomaron por asalto la población.Las denuncias de los residentes destacan la ausencia y el no pronunciamiento del supuesto gobernador chavista de la entidad, Freddy Bernal, quien se mantiene al margen de lo que ocurre.

Nueva acusación contra Maduro revela cómo ordenaba y disfrutaba las torturas

Caracas. – Los testimonios contenidos en la nueva acusación presentada este jueves contra el narcotirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, describen patrones de tortura, desaparición forzada y represión a la disidencia similares a los recogidos en los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas.

Entre los cinco cargos que se le imputan, figura la «conspiración para cometer tortura», la cual describen como «actos bajo color de ley, fuera de EE. UU. para infligir dolor físico y mental severo a personas bajo su custodia, incluidos ciudadanos estadounidenses».

En uno de los señalamientos más resaltantes del escrito de 35 páginas, la Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de haber tenido una participación personal y directa en decisiones relacionadas con detenciones, interrogatorios y tortura. La pena estipulada por ello es de hasta 20 años, o cadena perpetua si de esa conducta resulta la muerte. La conspiración no admite pena de muerte, pero en la acusación mencionan que Maduro personalmente ordenó el asesinato de personas.

En los relatos del documento revela como en noviembre de 2013 ordenó el secuestro de un oficial militar, para presionar a un opositor. Agentes de la DGCIM lo electrocutaron unas 20 veces con un cable vivo, después de mojarle la espalda para que doliera más. Lo golpearon con puños, un cinturón y un tubo; lo colgaron de manos y pies hasta que perdía el conocimiento; le sumergieron la cabeza en agua unas 30 veces para simular ahogamiento; luego lo llevaron a un campamento de las FARC en Colombia, le amenazaron con secuestrar y violar a su hija y le mostraron ropa interior de mujer diciendo que era de ella. En todo esto, Maduro preguntó por el caso, fue informado del trato y, a petición suya, vio el video de la confesión forzada.

A principios de 2014, en una reunión con Cilia Flores, Maduro propuso secuestrar a cinco o siete militares y “sacarles la información” mediante tortura. Flores estuvo de acuerdo. Cuando uno no se quebraba, Maduro hizo un gesto con las manos, atornillando una contra la otra, luego dijo: “apriétenlos más”.

También, a un dirigente opositor arrestado en febrero de 2014 le aplicaron golpizas, privación de sueño, aislamiento y luces y ruidos durante días, parte de ello por instrucciones específicas de Maduro, que preguntaba si todavía se sentía “arrogante” y ordenaba más abuso.

El patrón que describe la fiscalía es que Maduro decidía a quién detener y torturar, preguntaba qué le estaban haciendo, sugería “no los dejen dormir” o “échales agua”, y a veces se reía al oír el relato. Hacia 2010, según el escrito, ordenó torturar a un agente de su propia seguridad sospechoso de deslealtad: lo ataron, lo golpearon con una pala y con las culatas de los fusiles, lo patearon en la ingle, le dispararon en la pierna y lo violaron con el palo de una escoba.

A ciudadanos estadounidenses, por su parte, les atribuyen electrochoques en genitales, asfixia, palizas, privación de comida y agua, e inyecciones que provocaban convulsiones. Un alto oficial de la DGCIM se rio mientras observaba una electrocución.

Una de estas víctimas estadounidenses, mencionado como “víctima 9”, narra que fue detenido alrededor del 29 de enero de 2025, cuando agentes llegaron a su vivienda buscando a otra persona, y permaneció detenido durante un año. Luego de ser detenido lo llevaron encapuchado al sótano de lo que describió como un cuerpo policial y fue golpeado durante 48 horas. Por ello, de acuerdo con la Fiscalía, sufrió una lesión permanente en un ojo.

La acusación presentada también expone que ordenó asesinar a un capo de Caracas que se atrasó en el pago de la droga que él mismo le había ayudado a surtir. Y por si fuera poco, después de morir Chávez, Maduro se sentó con Timochenko, Iván Márquez y Jesús Santrich a saldar la deuda de la coca. Parte del pago fueron minas explosivas, incluidas minas hechas en Cuba.

En 2021 armó en televisión la “revolución judicial” y puso a Cilia de vicepresidenta. A los jueces les ofreció 1.000 dólares al mes y les dijo que las órdenes se cumplen. Una se negó a inhabilitar opositores. Le agarraron a un familiar: agua de letrina, gas en la celda y un cuarto frío llamado “el Congelador”, con luz y música las 24 horas. La jueza cedió. Los opositores no salieron en la boleta electoral.

En 2018 un alto oficial le dijo a un detenido que si no hablaba lo iba a “volver loco” matándole al hijo, y nombró el color del pelo del niño. Lo electrocutaban mientras Maduro miraba el teléfono.

También, un opositor que acababa de volver de la ONU apareció “suicidado” en el piso 10 del SEBIN. Antes habían ordenado darle corriente. Cabe señalar que esta descripción encaja con lo ocurrido al exconcejal Fernando Albán, cuya muerte intentaron hacer parecer un suicidio.

A uno de los estadounidenses secuestrado le metieron un arma en la boca y le dijeron que se despidiera. Siguió vivo solo porque servía para un canje. A otro, liberado en enero de 2026, le advirtieron que no contara lo que le hicieron, y así con otros casos más.

Inundaciones, árboles caídos y vías anegadas dejaron fuertes lluvias en Caracas y Miranda

Caracas. –  Anegaciones, inundaciones, caída de árboles y complicaciones viales en distintos sectores de Caracas y Miranda, provocaron las fuertes lluvias registradas desde la madrugada de este miércoles en varias zonas del país.

Las precipitaciones también provocaron un aumento considerable en el nivel de varios ríos y quebradas. Uno de los principales puntos de atención es el río Guaire, cuyo caudal aumentó de manera significativa a la altura de Bello Monte.

Entre las zonas afectadas se encuentra Prado de María, en El Cementerio, donde se reportó una inundación en la calle El Colegio que habría afectado aproximadamente a 80 viviendas. También se registraron importantes acumulaciones de agua en la calle Cajigal, en la parroquia El Valle, dificultando el tránsito de vehículos y peatones.

Además, informaron sobre la anegación de la carretera Panamericana, específicamente en el tramo correspondiente a Los Teques, estado Miranda, como consecuencia de las fuertes lluvias.

En la parroquia La Vega, por su parte, la quebrada Los Cangilones se desbordó y provocó el desplazamiento de agua, lodo y sedimentos sobre la vía.

Igualmente, en los Altos Mirandinos, específicamente en Montañalta, la corriente generada por una quebrada alcanzó tal fuerza que arrastró dos vehículos.

Según las autoridades, actualmente la Onda Tropical n.º 55 está transitando por el territorio venezolano, desplazándose desde el centro hacia el occidente del país, y expertos agregan que el sistema interactúa de manera directa con la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en altura, lo que refuerza la formación de mantos nubosos.

Exmagistrada del TSJ confesó que fue amenazada para inhabilitar a María Corina

Caracas. – Una exmagistrada del TSJ servil a la Narcotiranía, Bárbara Gabriela César Siero, confesó este pasado martes que fue amenazada por el chavismo para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de María Corina Machado, a quien se le impidió ser candidata presidencial en las elecciones del 28 de julio de 2024.

A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, César Siero relató que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación, que le impuso la Contraloría años antes.

“Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)”, añadió.

La presión ejercida sobre su persona y cargo, incluyó el encarcelamiento de sus hermanos y cuñada, militares condenados en el marco del caso conocido como «brazalete blanco». César Siero detalló que uno de sus hermanos fue condenado a doce años por conspiración política, mientras que su otro hermano y su cuñada recibieron sentencias de tres años por encubrimiento.

«Fue una coacción en mi contra, teniendo como rehenes a mis hermanos», explicó la exmagistrada, quien describió cómo fue víctima de «falta de acceso a la justicia, violación al debido proceso, violación del derecho a la defensa» mientras ejercía como representante de la legalidad en Venezuela.

Reveló que sus familiares fueron detenidos arbitrariamente, mantenidos incomunicados y sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos. Asegura, además, que ella y otros miembros de su familia, incluidos adultos mayores y niños, padecieron violencia institucional, psicológica y patrimonial.

Además, la jueza desconocía el lugar de reclusión de sus parientes, no tuvo comunicación con ellas y dijo desconocer los delitos que se les imputaban.

“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, subrayó.

A parte de la inhabilitación a Machado, también fue obligada a firmar las de Henrique Capriles, Pablo Pérez, Daniel Ceballos, Leoseni García y Rosa Brandonicio de Escarano. «En mi concepto, como magistrada, bajo la forma en cómo se obtuvieron estas sentencias, están viciada de nulidad, son un fraude”, dijo.

La exmagistrada calificó el proceso como un «fraude procesal», argumentando que «una integrante del Tribunal Supremo de Justicia fue coaccionada para realizar esas sentencias. Inclusive no se siguió el procedimiento establecido para llegar a estas conclusiones».»El régimen todavía sigue instalado aquí bajo ciertas prácticas, esto no ha terminado para nosotros”, advirtió.

Seis rehenes políticos, incluyendo tres militares, siguen presos pese a cumplir condenas

Caracas. – Seis rehenes políticos del narcorégimen chavista, entre los que figuran tres militares, continúan todavía tras las rejas, pese a haber cumplido ya las injustas condenas a las cuales fueron sometidos.

La denuncia fue realizada por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la cual expuso que mientras unos ya completaron sus años de cárcel, otros cuentan incluso con boletas de excarcelación que no han sido ejecutadas por los centros de reclusión.

De acuerdo con los datos revelados por la JEP, uno de los casos corresponde al teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, detenido en 2018 y condenado a 7 años y 6 meses; cumplió su pena en septiembre de 2025 pero sigue preso tras sumársele un cargo por motín.

De acuerdo con la información suministrada, la nueva acusación fue presentada pese a que Soto Méndez no habría participado en alteraciones del orden durante su reclusión. Una situación similar es la del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, también fue detenido el 2 de marzo de 2018, luego de exigir mejoras de equipamiento para la tropa y denunciar presuntas irregularidades internas mientras comandaba un batallón en Fuerte Tiuna.

Cumplió en septiembre de 2025 una condena de siete años y medio por instigación a la rebelión, pero posteriormente fue vinculado al denominado caso de “La Viñeta”.

La nueva acusación lo señala por supuestos delitos cometidos en un período en el que, según el registro, ya se encontraba detenido e incomunicado.Igual ocurre con el teniente coronel Deibis Esteban Mota Marrero fue detenido también el 2 de marzo de 2018, señalado de participar en el denominado “Caso de los Comandantes”.

El Tribunal Supremo de Justicia estableció que su sentencia de siete años y seis meses por instigación a la rebelión culminaba el 9 de septiembre de 2025.

Pese a ello, el tribunal militar encargado de la ejecución de la pena no concretó su liberación. Dos meses después, Mota Marrero fue trasladado desde Ramo Verde hasta Fuerte Guaicaipuro, donde quedó sometido a un nuevo procedimiento penal.

Otro de los casos corresponde a un funcionario de seguridad detenido el 2 de marzo de 2018 en el Distrito Capital, quien permanece recluido pese a tener la pena cumplida. Otro efectivo, arrestado el 8 de enero de 2020 en Táchira, se encuentra en una situación similar.

El sexto caso corresponde a un civil detenido el 2 de agosto de 2024 en Carabobo y recluido actualmente en El Rodeo I. Según el registro, cuenta con una boleta de excarcelación emitida por un tribunal que no ha sido acatada por el penal.

Los seis casos documentados por JEP muestran que el cumplimiento formal de una condena no necesariamente deriva en la excarcelación de presos políticos en Venezuela, mientras familiares y defensores continúan exigiendo que se ejecuten las decisiones judiciales y se garantice el derecho a la libertad.

ONU renovó por dos años Misión de Investigación de DD. HH. en Venezuela

Caracas. – El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este pasado martes una resolución, que prorroga dos años el mandato de la Misión Independiente de Investigación para Venezuela, días después de que ésta señalara en su último informe, que la maquinaria represiva del narcorégimen chavista seguía «intacta» tras la captura de Nicolás Maduro.

La resolución obtuvo 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra, correspondientes a China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi. El bloque de naciones que impulsó activamente este mandato regional, estuvo encabezado por los Estados patrocinadores de la iniciativa (entre ellos Chile, Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay), complementado por el voto favorable de las potencias de Europa Occidental, América Latina y Asia aliadas con la defensa de los derechos humanos que integran el periodo correspondiente del Consejo.

La decisión mantiene durante otros dos años (2028) un equipo de expertos, encargado de recopilar información, establecer responsabilidades y presentar sus conclusiones ante el Consejo. La misión fue creada en septiembre de 2019 para investigar las violaciones cometidas desde 2014 y ya había recibido una extensión anterior que llevaba su mandato hasta octubre de 2026.

Antes de la votación, la delegación chavista enviada por Delcy Rodríguez ante el Consejo se mostró contraria a que la misión continuara su mandato, subrayando que «ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido».

«Consideramos igualmente necesario que cualquier renovación de este mecanismo contemple una perspectiva clara para su terminación. Los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática», agregó la delegación.

En días previos, la experta Sofía Macher, presidenta de la misión, había argumentado que la labor de esta era más importante que nunca, para poder acreditar si se producen cambios efectivos en Venezuela, particularmente frente a un eventual escenario de transición política.

El Frente Institucional Militar exige respeto a la constitución de Venezuela

El Frente Institucional Militar, una asociación civil legalmente constituida según las leyes de Venezuela, a través de un comunicado ha exigido respeto a la Carta Magna del país y a la «soberanía popular», reconociendo que la misma fue expresada el 28 de julio del 2024, donde el país rechazó el mandato del chavismo que encabezaba Nicolás Maduro.

Todo ello en el marco del tutelaje que ejerce EE. UU. en el país, ante lo cual la organización recuerda que «la soberanía del pueblo no se negocia, no se condiciona y no admite interpretaciones acomodaticias. Las decisiones sobre nuestras actividades políticas las tomamos únicamente los venezolanos; no aceptamos la intromisión ni la planificación de las mismas por parte de entes ajenos o mandatarios de potencias externas.».

Por ello, a pesar de su posición al respecto de las elecciones del 2024, entendiendo el contexto actual en el que se encuentra el país, exige «la inmediata ejecución de todos los pasos constitutivos, legal e institucionalmente requeridos, para la materialización de un proceso electoral con verdaderas garantías democráticas.»

El comunicado en concreto expresa:

«RESPETO A NUESTRA CARTA MAGNA

​Nosotros, oficiales profesionales en situación de retiro de la Fuerza Armada Nacional e integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), en ejercicio del deber ciudadano consagrado en la Constitución de la República nos dirigimos al país con la firmeza histórica que nos exige el momento actual, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la democracia, la justicia y la voluntad soberana del pueblo venezolano, para reafirmar que ​la soberanía popular y las garantías electorales están categóricamente establecidas en el Artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica de forma clara e inapelable: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”

​Le recordamos a quienes han sido designados para coordinar la transición que la soberanía del pueblo no se negocia, no se condiciona y no admite interpretaciones acomodaticias. Las decisiones sobre nuestras actividades políticas las tomamos únicamente los venezolanos; no aceptamos la intromisión ni la planificación de las mismas por parte de entes ajenos o mandatarios de potencias externas. Es inadmisible que desde el exterior se pretenda dictar cuándo y cómo debe llevarse a cabo un proceso electoral, vulnerando abiertamente nuestra libertad y soberanía. Especialmente grave en estos momentos, cuando no existe la figura del Presidente de la República elegido por el pueblo.

​A pesar de que ratificamos la plena validez y vigencia de la expresión popular demostrada en los comicios del 28 de julio de 2024, y en aras de alcanzar una solución pacífica frente al afianzamiento de una perversa usurpación, exigimos la inmediata ejecución de todos los pasos constitutivos, legal e institucionalmente requeridos, para la materialización de un proceso electoral con verdaderas garantías democráticas. Para ello, demandamos de forma impostergable:

​Garantía del voto en el exterior: La habilitación e instrumentación técnica y logística necesaria para garantizar el derecho al sufragio de todos los venezolanos residentes en el extranjero, respetando su condición de ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos.
​Actualización integral del Padrón Electoral: La apertura e instalación inmediata de puntos de inscripción y actualización del Registro Electoral Permanente (REP), tanto dentro como fuera del territorio nacional, asegurando la inclusión de los jóvenes y de toda la población no registrada.
​Regreso y participación plena de nuestros líderes naturales: El retorno seguro y sin persecución de todos los líderes políticos y sociales, garantizando su plena habilitación política y su participación en condiciones de igualdad, libres de inhabilitaciones arbitrarias, restricciones o amedrentamiento.

​La liberación de los presos políticos no admite negociación. ​Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela, ya se encuentren sentenciados, en proceso judicial o secuestrados sin orden judicial alguna. ​Nuestros compatriotas detenidos o secuestrados por sus ideas y opiniones son inocentes. Su único proceder ha sido ejercer y defender de manera pacífica lo consagrado en el texto constitucional, en especial apego al Artículo 333 —el cual impone a todo ciudadano, investido o no de autoridad, el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución— y al Artículo 350, que consagra el derecho inalienable del pueblo de Venezuela a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.

​Luchar por la libertad, defender la Constitución y velar por el respeto de la voluntad popular no constituye delito alguno: es un deber patriótico.

​Exigimos el cese inmediato de la persecución, así como el restablecimiento del respeto a la soberanía popular y al orden constitucional en nuestra patria.

En el vigésimo sexto aniversario de la fundación del Frente Institucional Militar en Caracas el 06 de octubre de 2026.

Por el Frente Institucional Militar

General de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Betancourt. Presidente.
General de División (EJ) Rafael Ángel Montero Revette. Vicepresidente.
General de Brigada (GN) Rafael Vera Ruiz. Secretario de Organización.
General de Brigada (EJ)Juan Ferrer Barazarte. Representante del Ejército.
Contralmirante Elías Buchszer Cabriles. Representante de la Armada.
General de Brigada (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez. Representante de la Aviación.
General de Brigada (GN) Simón Figuera Pérez, Representante de la GN.
Vicealmirante Rafael Huizi Clavier, Expresidente.
General de División (AV) Manuel Andara Clavier, ExPresidente.
General de Brigada (GN) Miguel Aparicio Ramírez, ExPresidente.
General de División (AV) Raúl Ramón Morales.
General de División (EJ) Vicente Luis Narváez Churión.
General de División (GN) Luis Felipe Nery Arrieta Ávila.
General de División (AV) Julio García Pino.
General de División (EJ) Simón Luis Virgilio Tagliaferro.
General de División (GN) Marcos Pacheco Melgarejo.
General de División (EJ) Carlos Julio Peñaloza.
Vicealmirante Antonio Pérez Criollo, Miembro Fundador.
General de División (AV) Jesús Hung Abreu, Miembro Fundador.
General de División (EJ) Fernando Ochoa Antich, Miembro Fundador.
General de División (EJ) Jorge Tagliaferro De Lima.
General de División (AV) Fernando Graterol Calles.
General de División (AV) Freddy Yánez Méndez.
General de División (AV) José Agustín Borges Blasco.
Vicealmirante Efraím Díaz Tarazón.
Vicealmirante Carlos Ramos Flores.
Vicealmirante Jesús Enrique Briceño García.
Vicealmirante Julio Chacón Hernández.
General de División (GN) Gerardo Briceño García.
General de División (AV) Luis Enrique Amaya Chacón.
General de División (AV) Wladimir Filatov Riabkov.
General de División (AV) Pablo Pérez Pérez.
General de División (GN) Rafael Damiani Bustillos.
Vicealmirante Héctor Ramírez Pérez.
General de División (GN) Luis Camacho Kairuz.
General de División (EJ) Gonzalo García Ordoñez.
General de División (EJ) José Félix Ruíz Guzmán.
General de División (AV) Carlos Seijas García.
General de Brigada (EJ) Teodoro Tomás Díaz Zavala, Miembro Fundador.
General de Brigada (GN) Antonio Contreras Escalante.
General de Brigada (GN) Raúl Cepeda.
General de Brigada (GN) Humberto Seijas Pittaluga.
General de Brigada (EJ) Gustavo Salas Paredes.
General de Brigada (EJ) José E Godoy Peña.
General de Brigada (GN) Domingo Rojas García.
General de Brigada (EJ) Juan de Dios Vierma Fuentes.
Contralmirante Félix Antonio García Zambrano.
Contralmirante José Velasco Collazo.
General de Brigada (EJ) Ennio Torres Izarra.
Contralmirante Cesar Manzano Zavala.
Contralmirante Jorge Alberto Bustamante Cáceres.
Contralmirante Raúl Bustamante Pulido.
Contralmirante Gregorio Molleja Rodríguez.
Contralmirante Eddy Guerra Conde.
General de Brigada (AV) Gonzalo Gómez García.
General de Brigada (AV) Frank Ramón Lares Rodríguez.
General de Brigada (GN) Orlando Hernández Villegas.
General de Brigada (GN) Carlos Gibbs Salazar.
Contralmirante Eddie Ramírez Poveda.
General de Brigada (EJ) Rafael Peña Pereira.
General de Brigada (EJ) Cesar Ramos Álvarez.
General de Brigada (AV) Hugo Blanco Padrón.
General de Brigada (AV) Omar Cartaya Parra.
Contralmirante Oscar Betancourt Patiño.
General de Brigada (GN) Ramón Rodríguez Mayol.
General de Brigada (GN) Antonio Alizo Castillo.
General de Brigada (GN) Héctor Rodríguez Brito.
General de Brigada (EJ) Henry Lugo Peña.
General de Brigada (EJ) Néstor González González.
Contralmirante Edgar Morillo González.
General de Brigada (EJ) Luis Felipe Párraga Barrios.
General de Brigada (AV) Román Aquiles Gómez Ruíz.
General de Brigada (AV) Néstor Sánchez Toro.
General de Brigada (AV) Martin Lon Blanco.
General de Brigada (AV) Héctor Valencia Sanoja.
General de Brigada (EJ) Ángel Vivas Perdomo.
General de Brigada (AV) Jorge Luis Guerrero Barrios.
General de Brigada (AV) Eduardo Báez Torrealba.
Contralmirante Daniel Comisso Urdaneta.
General de Brigada (EJ) Antonio Rivero.
General de Brigada (AV) Carlos Rodríguez Vieira.
General de Brigada (AV) Juan Alexander Aparicio Pernía.
Coronel (GN) Hidalgo Antonio Valero Briceño.
Coronel (EJ) Vidal Montiel Maestre.
Coronel (EJ) Adolfo Pastrán Matute, Miembro Fundador.
Coronel (AV) Juan López Cordero.
Coronel (EJ) José Otoniel Arellano Pérez, Miembro Fundador.
Coronel (EJ) Manuel Antonio Ledezma Hernández.
Coronel (EJ) Jesús Enrique Contreras Guerrero.
Coronel (GN) Alirio Miguel Cabrera.
Coronel (EJ) José Rafael D’ Lacoste Parra.
Coronel (GN) Luis Hernández Cohén.
Coronel (GN) Leopoldo Saavedra Balza.
Coronel (GN) Asdrúbal Ramos Balza.
Coronel (EJ) Azael Valero.
Capitán de Navío Carlos Rodríguez Bártoli.
Capitán de Navío Asdrúbal Becerra Rivas.
Capitán de Navío Luis Guillermo Ramos Castillo.
Capitán de Navío Roger Castro Rodríguez.
Capitán de Emilio De Rogatis Pórrega.
Coronel (AV) Douglas Napoleón Araujo Agudo.
Capitán de Navío Javier Sánchez Pereira.
Capitán de Navío Juan Rivas Ramírez.
Capitán de Navío Gerardo Vivas Castillo Miembro Fundador.
Capitán de Navío Carlos Lavado Móttola.
Capitán de Navío Luis Salas Marcano.
Capitán de Navío Omer Enrique Hevia Araujo.
Capitán de Navío Marco Tulio Pino Lares.
Coronel (EJ) Blas Daboín Mazzei.
Coronel (GN) Jesús Alarcón Hernández.
Coronel (EJ) Antonio Varela.
Coronel (GN) Juan Bautista Savelli Carrera.
Coronel (EJ) Betulio Nucete Rios.
Coronel (EJ) Carlos Barito Grana.
Coronel (GN) Nelson Padilla Carrera.
Coronel ( GN) Nelson Arteaga Mora.
Coronel (AV) Félix Edgardo Quiñones.
Coronel (AV) Jaime Salcedo Galvis.
Coronel ((AV) Carlos Hernando Morales Jurado.
Coronel (AV) Omar Emigdio Parra Pérez.
Coronel (AV) Alberto José Pérez Barrios.
Coronel (GN) José Rangel Terán.
Coronel (AV) Humberto Álvarez Acosta.
Coronel (AV)Marco Tulio Salas Vivas.
Coronel (AV) Pedro Soto Fuentes.
Coronel (GN) Artemio Rafael Boada Díaz.
Coronel (GN) Ángel Eduardo Jiménez Pérez.
Coronel (AV) Antonio Ortega Brouzes.
Coronel (AV) Alejandro Malpica Pérez.
Coronel (AV) Alexis González Cordero.
Coronel (GN) Luis Lara Santamaría.
Coronel (GN) Osmán López Lampe.
Coronel (EJ) Orlando Martínez Ugueto.
Coronel (EJ) Enrique Sosa Segnini.
Coronel (EJ) Henry Antonio Gutiérrez.
Coronel (EJ) Widman Olaf Alcalá González.
Coronel (EJ) Romualdo Gilberto Rodríguez Mijares.
Coronel (EJ) Orlando Suarez Galeano.
Coronel (AV) Ramón Francisco Guzmán Díaz.
Coronel (AV) Campo Elías Flores Zerpa.
Coronel (AV) Pablo Collazo Jiménez.
Coronel (AV) Juan Faría Molero.
Coronel (AV) Dairis Granadillo Romero.
Coronel (AV) Juan González González.
Coronel (GN) Carlos Emiro Méndez Jiménez.
Coronel (GN) Isaac Bouchard Gómez.
Coronel (GN) Alex Montenegro Méndez.
Coronel (GN) Guillermo José Bonacia Cardona.
Coronel (GN) José Luis Quintana.
Coronel (EJ) Castor Torcat.
Coronel (EJ) Máximo Marchán.
Coronel (EJ) Nelson Salcedo López.
Coronel (EJ) Miguel Schmilinsky París.
Coronel (EJ) Valmore Loaiza Baduel.
Coronel (EJ) Raimundo Rodríguez.
Coronel (AV) Oswaldo Martínez González.
Coronel (AV) Inés María Camacho Freitez.
Coronel (AV) Emmanuel Calles Manzano.
Coronel (AV) José Luis Hernández Veroes.
Coronel (AV) José González Hidalgo.
Coronel (EJ) Rafael Arteaga Romero.
Coronel (EJ) Rafael Pazos.
Coronel (AV) Arturo Gilberto Bello Delgado.
Teniente Coronel (EJ) Luis Eduardo Varela Contreras.
Teniente Coronel (EJ) Marco Antonio Mangarret.
Teniente Coronel (AV) José Guevara Gutiérrez.
Teniente Coronel (EJ) Manuel Lugo Tovar.
Teniente Coronel (EJ) Joaquín Añez Fajardo.
Teniente Coronel (GN) Antonio Rafael Pérez Bello.
Teniente Coronel (AV) Rodrigo Mijares Seminario.
Teniente Coronel (EJ) Julio César Moreno.
Teniente Coronel (EJ) Ovidio José Rodríguez Rodríguez.
Teniente Coronel (AV) Guillermo Beltrán Vielma.
Teniente Coronel (AV) Yarony Enrique Morales.
Teniente Coronel (AV) Moisés Brunstein Reina.
Teniente Coronel (AV) Oneida Colmenares de Morales.
Teniente Coronel (EJ) Jesús López Planchart.
Teniente Coronel (EJ) Cesar Augusto Becerra Luján.
Teniente Coronel (GN) Esteban Chacón Juan Jorge.
Capitán de Fragata Emiro Padilla Álvarez.
Capitán de Fragata José Rafael Linares Badillo.
Capitán de Fragata Alonso Sader Castellanos.
Capitán de Fragata Reinaldo Ramírez Dala.
Capitán de Fragata Leopoldo Salas Romer.
Capitán de Fragata Ramón Guerrero Ramírez.
Capitán de Fragata Federico Pohl Constanti.
Capitán de Fragata Vincenzo Parravano Marino.
Teniente Coronel (EJ) Pedro Tarcisio Donaires Lozada.
Teniente Coronel (EJ) Antonio Torres Alvarado.
Teniente Coronel (EJ) Isaac Antonio Tirado Gómez.
Teniente Coronel (EJ) Augusto González Torre.
Teniente Coronel (GN) Edgar Rodríguez Vicentelli Miembro Fundador.
Teniente Coronel (GN) Richard González.
Teniente Coronel (GN) Francisco Modesto Ignacio Serra.
Teniente Coronel (AV) Iván Ballesteros Peña.
Teniente Coronel (AV) Arichuna Silva Romero.
Teniente Coronel (GN) Raymundo Guyón Celis.
Teniente Coronel (GN) Elbis Fernando Quiñones.
Mayor (EJ) José Ramón Salas La Riva.
Mayor (EJ) Federico José Ventura Infante.
Mayor (EJ) Ángel Landaeta Yánez.
Mayor (EJ) Hugo Parra Martínez.
Capitán de Corbeta Ali Boscán.
Capitán de Corbeta Nelson Viloria.
Mayor (AV) Luis Hartmann Ruiz.
Mayor (GN) Mario Douglas Serrano.
Mayor (AV) Gonzalo Armando González Pérez.
Mayor (AV) Raynell Mayela Martínez Mujica.
Mayor (AV) Mario Márquez Ramírez.
Mayor (GN) José Augusto Chirinos Piña.
Mayor (GN) Jesús Enrique Fuentes.
Mayor (EJ) Roffe Abel Ramírez Contreras.
Capitán (GN) José Antonio Carrero Marquina.
Capitán (EJ) Jesús Rojas Díaz.
Capitán (EJ) Jerry Suarez.
Capitán (EJ) Alfredo Bohórquez.
Capitán (EJ) Ricardo Salazar Bohórquez.
Capitán (EJ) Zaib Raner Sánchez Carrera.
Capitán (EJ) Wismerck Martínez Medina.
Capitán (EJ) Carlos Blondell Tineo.
Capitán (EJ) Víctor Rafael Salas Estupiñan.
Capitán (EJ) Freddy David Salazar Guedez.
Capitán (EJ) Reinaldo Pazos Arreaza.
Teniente de Navío Antonio Ríos Rojas.
Teniente de Navío Carlos Rodríguez.
Teniente de Navío Carlos Villalobos Franchi.
Teniente de Navío Henry Clemant.
Teniente de Navío Isaac Solórzano Guerrero.
Teniente de Navío Pedro Pedrosa.
Capitán (AV) Freddy Fernández Mata.
Capitán (EJ) Danny José Durán Ramírez.
Capitán (GN) Orlando Velasco.
Capitán (GN) Pedro José Flores Rivero.
Capitán (GN) Leonardo Enrique Carrero Araujo.
Capitán (GN) Rafael Alejandro Jiménez Goudeth.
Capitán (EJ) Henry Parra Morillo.
Teniente (AV) Beltrán Molina Núñez.
Teniente (EJ) Daniel Eduardo Morales.
Teniente (EJ) Carlos García.
Teniente de Fragata Carlos Rodríguez Briceño.
Teniente de Fragata Rafael Figueredo Cassini.
Teniente de Fragata Alexander Orozco.
Teniente (AV) Jorge Santa Cruz Terrazas.
Teniente (GN) José Antonio Colina.
Teniente (EJ) Yaniré Mantecón Orán.
Teniente (GN) Manuel Alejandro Prieto Sánchez.
Primer Teniente (GN) José Freddy Faria Briceño.
Primer Teniente (GN) Erick Molina.
Primer Teniente (GN) Juan Moisés Becerra.
Primer Teniente (AV) Rafael Stiwarth Hernández Parra.
Teniente (GN) Falcón Salazar Luis Antonio.»

Reportaron incendio en la refinería de Cardón: la instalación paralizó operaciones

Caracas. – Durante la tarde de este martes, a las 15:35 horas, se reportó un incendio en las instalaciones internas de la refinería Cardón, ubicada en el municipio Carirubana del estado Falcón, que obligó a detener las operaciones de esa central petrolera.

El incendio comenzó en una línea de gas que conecta con la unidad de hidrotratamiento de diésel de la refinería, lo que obligó a detener por completo las operaciones de la instalación, incluidas las calderas, según dos de las fuentes.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por varios medios. El incendio fue extinguido menos de una hora después, luego de que se produjeran algunas explosiones y se evacuara al personal, según las fuentes y residentes de la zona. No se han reportado trabajadores heridos.

Cardón cuenta con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 310.000 barriles de petróleo por día y forma parte del Centro de Refinación de Paraguaná (CRP), operado por PDVSA y considerado uno de los principales complejos de refinación de Venezuela, con una capacidad conjunta de alrededor de 955.000 barriles diarios.

Videos difundidos en redes sociales mostraron grandes columnas de llamas y humo provenientes de las instalaciones, y varias fuentes locales afirmaron a los medios haber observado fuego y humo en la refinería.

La producción de una de las unidades de destilación de crudo de Cardón, y de su unidad de craqueo catalítico fluidizado, también había sido paralizada el mes pasado debido a la falta de materia prima.

OVP denunció muerte de cuatro adultos mayores en prisión bajo custodia del narcoestado

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes que cuatro adultos mayores murieron en cárceles venezolanas y en custodia del narcoestado chavista, entre el 19 y el 30 de septiembre.

Las víctimas, dos mujeres y dos hombres, eran reos cuyas edades superaban los 60 años. El 19 de septiembre murió Carmen Rodríguez, de 66 años, en el anexo femenino de Tocuyito, en Carabobo, a causa de un infarto agudo al miocardio. Cinco días después, el 24 de septiembre, falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, recluida en el Centro Penitenciario de Occidente I, estado Táchira, por un paro cardiorrespiratorio.

Luego, se registró el deceso de Hermes Carrero, de 63 años, quien falleció de un infarto el 30 de septiembre dentro del Internado Judicial de Barinas. El 26 de septiembre murió César López, de 68 años, en los calabozos de la Policía del municipio Juan Germán Roscio, estado Guárico.

De acuerdo con el observatorio, la muerte de Carrero ocurrió cinco días después de que una Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal visitara la cárcel para verificar tanto su funcionamiento como las condiciones de la población privada de libertad.

El OVP ha exigido investigaciones sobre las circunstancias de estos fallecimientos y ha reclamado que las autoridades garanticen atención médica oportuna a quienes permanecen bajo custodia.

“Una verdadera supervisión penitenciaria no consiste en recorrer instalaciones frente a una cámara, tomarse fotografías y luego difundirlas como evidencia del funcionamiento del sistema. Implica entrar a las áreas de reclusión, escuchar a los presos, revisar sus condiciones de vida e identificar a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, recordó.

La ONG también recordó los resultados de una investigación previa según la cual 7.414 personas permanecen detenidas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). De ese total, 181 tienen más de 65 años.

Asimismo, advirtió que estas personas permanecen incluso durante períodos prolongados en espacios diseñados para detenciones preventivas y no para funcionar como centros penitenciarios.

Según el OVP, mantener a adultos mayores privados de libertad sin una evaluación individual de su estado de salud, necesidades médicas y situación jurídica puede aumentar los riesgos asociados a la reclusión.