Caracas. – El comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Luis Emilio Cardozo, negó de manera categórica que existan contactos entre militares colombianos y el narcotirano de Venezuela, Nicolás Maduro, luego que este afirmara mantener supuestos contactos con altos mandos del vecino país, que aparentemente lo estarían respaldando en sus intenciones de repeler una intervención militar estadounidense.

Durante una entrevista con el medio colombiano Blu Radio, el general Cardozo fue enfático en que las Fuerzas Militares de Colombia actúan bajo el marco constitucional. “Somos un Ejército constitucional que cumple la Constitución de Colombia. Ese es nuestro norte”, aseguró el alto oficial.“

Cuando los colombianos eligen al presidente de la República, eligen también al comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia. El norte nuestro es la Constitución Política de Colombia, de ahí no nos salimos y eso es lo que estamos en este momento haciendo”, afirmó.

Cardozo explicó que cualquier asunto de relacionamiento con otros países corresponde exclusivamente a la Cancillería colombiana. En ese sentido, señaló que el Ejército mantiene su enfoque en los problemas internos y en el cumplimiento de su misión institucional.

Hay que destacar, que Cardozo evitó nombrar a Maduro en sus declaraciones, aunque su mensaje hizo clara referencia al mensaje que el líder del «Cartel de los Soles» envió recientemente.

Maduro reiteró llamados a militares colombianos y habló de una supuesta “unión perfecta” entre Colombia y Venezuela, asegurando que mantiene conversaciones con altos mandos del país. Frente a esos pronunciamientos, Cardozo insistió en que el Ejército está concentrado únicamente en su misión constitucional.

Caracas. – La ONG venezolana Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes que cinco rehenes políticos de la cárcel Rodeo I (Miranda) acumulan 49 días bajo un «régimen de castigo», que les impide recibir visitas y paquetería, incluyendo alimentos y medicinas, de sus familiares.

De acuerdo con lo referido por la organización, durante al menos cuatro semanas, los presos políticos fueron mantenidos en el piso 4 de Rodeo I, un área destinada a sanciones disciplinarias.

Sobre el origen de las represalias, el OVP señala que existen dos versiones no confirmadas oficialmente: una apunta a un intercambio verbal tras comentarios intimidatorios de un custodio, mientras que la otra indica que el conflicto se produjo luego del uso de gas pimienta dentro de las celdas y en el patio del penal, lo que derivó en una discusión con funcionarios penitenciarios. Hasta el momento, no hay información oficial que esclarezca lo ocurrido.

De acuerdo con la denuncia, los presos han sido obligados a permanecer esposados de forma permanente, en condiciones de desnudez y con acceso limitado a agua potable y alimentación, una situación que, según el OVP, compromete seriamente su estado de salud física y mental.

Las personas afectadas fueron identificadas como Henryberth Rivas, Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios, Rafael Castro y un quinto detenido conocido como Franco, cuya identidad completa aún no ha sido confirmada por la organización.

Caracas. – A 30 años de prisión fueron injustamente sentenciados en la madrugada de este viernes los acusados de participar en el asalto armado al Fuerte Paramacay, situado en el estado Carabobo, hecho ocurrido en 2017.

La denuncia fue realizada por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la cual publicó la medida tomada por la justicia chavista, en una publicación que envió en su cuenta de X.Según la ONG, 17 de los condenados permanecían detenidos desde hace más de ocho años, mientras que otras seis personas se encontraban bajo medidas cautelares, las cuales quedaron sin efecto tras la sentencia.

JEP denunció que la decisión judicial se produjo “en medio de un proceso que desatendió en todas sus partes las normas del debido proceso”, de acuerdo con testimonios de familiares de los acusados.

Mientras, según la ONG Foro Penal, la condena, dictada por el juez militar Luis Ovalle Landaeta, alcanzó a todos los acusados, incluidos aquellos que gozaban de medidas cautelares e incluso a acusados civiles.

Su director, Alfredo Romero, señaló en la red social X que el fallo afectó incluso a quienes no estaban privados de libertad.

Entre los condenados figuran el excapitán Juan Carlos Caguaripano Scott, líder visible del grupo que irrumpió en la 41ª Brigada Blindada del Ejército, así como otros nombres como Jefferson García, José Gregorio Sevilla y Víctor Cisneros, entre los privados de libertad, y el coronel Jordán Arias, entre quienes tenían medidas cautelares.

También están incluidos en la lista Alberto Polo, Darwis Solís, Larry Briceño, Dirimo Pernía, Robert Salas, Cristian Estrada, Gabriel Barrios, Luis Mariño, Guilianny, Juan Ubencio, Jorge Alayeto, Oswaldo Gutiérrez, Dixon Giménez.

Caracas. – A 10 años de injusta prisión fue condenado este pasado martes el adolescente Gabriel Rodríguez, de 17 años, en un proceso denunciado como arbitrario y desproporcionado por organizaciones de derechos humanos.

El joven fue secuestrado por la Narcotiranía el 9 de enero de 2025 en Cabudare (Lara), en el marco de las protestas pos-electorales causadas por el robo de las elecciones presidenciales, y fue acusado sin evidencias comprobables, por el presunto delito de terrorismo.

La Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) rechazó la sentencia, indicando en sus redes sociales, que «esta decisión judicial se inserta en un patrón más amplio de criminalización de adolescentes mediante tipos penales desproporcionados, incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de justicia penal juvenil».

Mientras, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció: «Con profundo pesar recibimos la información por parte de la madre de Gabriel Rodríguez, detenido el pasado 9 de enero de 2025, de que el joven de 17 años ha sido condenado a 10 años de prisión por el delito de terrorismo», en un mensaje a través de su cuenta en la red social X.

Rodríguez fue apresado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando se dirigía a un ambulatorio local debido a que presentaba fiebre alta. Al momento de su arresto, familiares del adolescente denunciaron que el joven venía de su trabajo vacacional en una panadería artesanal de la localidad. Organizaciones de derechos humanos denuncian que fue detenido arbitrariamente por «tener pinta de guarimbero».

El día de la detención del adolescente coincide con la ilegítima toma de posesión de Nicolás Maduro, cuando se registraron detenciones arbitrarias en varias regiones del país.