El Tribunal Supremo de EE. UU. ha autorizado la suspensión de USD$ 4.000 millones destinados a cooperación y ayuda exterior que el presidente de EE. UU., Donald Trump, había retenido de los fondos federales y que ya había sido aceptada de manera provisional a principios del mes de septiembre por la misma institución.

«Hoy, la Corte Suprema falló 6-3 a favor de respaldar el uso histórico que hizo el presidente Trump de una rescisión de bolsillo para cancelar cerca de USD$ 5.000 millones asistencia extranjera y gastos en organizaciones internacionales considerados derrochadores, ideológicos (‘woke’) e instrumentalizados», ha anunciado el Departamento de Estado en una publicación en la red social X.

En este sentido, el Departamento de Estado ha presentado el fallo como «otra gran victoria para la agenda de política exterior de ‘America First».

Tras la decisión del inquilino de la Casa Blanca de acometer un recorte de hasta USD$ 30.000 millones de estas ayudas nada más llegar al poder en enero, un tribunal federal de apelaciones sentenció que el Gobierno estadounidense debía realizar un gasto de USD$ 10.000 millones antes del 30 de septiembre.

Apenas unos días más tarde y después de que la Administración del país solicitara por la vía de urgencia la suspensión de esta sentencia, el Tribunal Supremo dio la razón al mandatario estadounidense de manera cautelar. La misma corte ha refrendado este viernes la suspensión de la decisión del tribunal de apelaciones para el montante de USD$ 4.000 millones.

«Después de que el Tribunal de Distrito y la Corte de Apelaciones del Circuito de (Washington) D.C. denegaran suspender esa orden, el Gobierno presentó esta solicitud de suspensión. La solicitud, presentada al presidente del Tribunal Supremo y por él referida al Tribunal, es concedida», reza el auto emitido por la Corte Suprema.

Sin embargo, el mismo documento refleja que «esta orden no debe interpretarse como una decisión final sobre el fondo» sino que es una «visión preliminar».

El tribunal ha contado con la posición a favor de seis jueces frente a tres que han mostrado su desacuerdo con la decisión final. Los magistrados disidentes han esgrimido que se debería haber «permitido que los tribunales inferiores avanzaran y garantizado que esta importante cuestión recibiera la consideración que merece».

La Justicia de EE. UU. ha imputado a un hombre de 33 años acusado de apuntar con un láser al Marine One, el helicóptero en el que viajaba el sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, un delito que podría acarrear hasta cinco años de prisión.

El joven, identificado como Jacob Samuel Winkler, apuntó primero a un agente del servicio secreto de EE. UU. después de que este hallara a Winkler cerca de la pista de aterrizaje, sin camiseta y hablando solo, tal y como indican los documentos judiciales.

Posteriormente, el sospechoso apuntó a la aeronave, lo que «aumentó las posibilidades de que se produjera un accidente». «Esto puso en riesgo el Marine One», ha aseverado, si bien el detenido afirmó que debía «disculparse» con el propio Trump una vez pasado el incidente.

No obstante, ha asegurado que generalmente «usa el láser para apuntar a cualquier parte» y no era consciente de que se trataba del helicóptero en el que volaba el presidente, si bien los agentes incautaron un cuchillo que estaba entre sus pertenencias.

La Administración Federal de Aviación ha indicado que estos láseres suponen una «amenaza grave para la seguridad» de las aeronaves porque «pueden incapacitar a los pilotos». Así, ha cifrado en 5.913 los incidentes de este tipo registrados en lo que va de año, unos 28 al día de media.

El fiscal general electo de Washington D. C., Brian Schwalb, ha anunciado este jueves que ha presentado una demanda contra la Administración Trump, argumentanto que éste ha violado la llamada Ley de Autonomía del Distrito de Columbia de 1973 tras el despliegue «ilegal» de alrededor de 2.300 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad.

«La ocupación militar forzosa en el Distrito de Columbia viola nuestra autonomía local y nuestras libertades fundamentales. Debe terminar. D. C. no solicitó ni consintió el despliegue de tropas de la Guardia Nacional», ha indicado en un comunicado.

Schwalb ha detallado que la Administración Trump ha otorgado a estos efectivos de la Guardia Nacional autoridad para ejecutar órdenes judiciales y realizar arrestos, así como portar armas y llevar a cabo patrullas en zonas residenciales.

«No hay una fecha clara para el fin de este despliegue ilegal: más tropas han llegado a DC esta semana», ha denunciado Schwalb, agregando que si estos efectivos se llegan a retirar en algún momento «podrían volver a ser desplegados en cualquier momento».

Schwalb ha destacado que las unidades de la Guardia Nacional operan «sin autoridad» para hacer cumplir la ley. «Crean confusión, siembran el miedo, erosionan la confianza, inflaman tensiones y dañan la relación crucial entre la Policía y las comunidades a las que sirven», ha sentenciado.

Asimismo, ha afirmado que el despliegue «no solo socava la seguridad pública» de Washington D. C., sino que también daña la economía y perjudica a sectores «vitales» como el turismo, especialmente a restaurantes y hoteles.

El despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional fue justificado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como una medida necesaria para frenar una criminalidad supuestamente elevada, pese a que la alcaldesa, Muriel Bowser, ha insistido en que no hay datos oficiales que lo avalen.

Cabe señalar que la demanda se produce después de que un juez federal de California fallara que la Administración Trump violó una ley del siglo XIX, conocida como Posse Comitatus, que prohíbe el despliegue de fuerzas militares en suelo estadounidense para cuestiones internas de seguridad tras el envío de efectivos de la Guardia Nacional y los Marines a la ciudad de Los Ángeles para contener las protestas en contra de las redadas migratorias.

Además, en la víspera, Trump aseguró que la Guardia Nacional podría intervenir en Chicago, en el estado de Illinois, y en Baltimore, en el estado de Maryland, así como en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. «Tengo una obligación de proteger a este país», dijo.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado este lunes que desplegará la Guardia Nacional en Washington D.C y usará a la Policía de la capital en un esfuerzo por «restablecer la ley, el orden y la seguridad públicas».

«Hoy es el Día de la Liberación en D.C y vamos a recuperar nuestra capital», ha subrayado en una rueda de prensa celebrada desde la Casa Blanca, en la que ha catalogado esta medida, que tiene como objetivo «rescatar a la capital» del crimen, de «histórica».

Para ello, Trump ha invocado la Ley de Autonomía de 1973, que permite tomar el control de la Policía si se determina que existen «condiciones especiales consideradas de emergencia» y ha nombrado al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), Terry Cole, como comisionado federal interino del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington D. C.

Cabe destacar que Trump ha definido Washington como «un santuario para los criminales» y ha cargado contra el Partido Demócrata, asegurando que la ciudad está llena actualmente de «bandas violentas y criminales sanguinarios, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar».

Asimismo, ha explicado que los efectivos de las fuerzas de seguridad pertinentes llevarán a cabo «operaciones dirigidas contra a pandillas conocidas, traficantes de drogas y redes criminales». «Traeremos a los militares si es necesario», ha asegurado.

Por ello, ha anunciado que propondrán cambios a la ley sobre fianzas para que «alguien que asesina» a otra persona no quede «libre sin fianza en efectivo antes de que acabe el día», mientras que ha planteado que se reemplazará a aquellos jueces que no cumplan con sus responsabilidades y dejen libres a los delincuentes.

De la misma forma, ha indicado que se llevarán a cabo una serie de medidas para «embellecer» la ciudad, como por ejemplo asfaltar las calles y reparar baches, mientras que también «eliminarán» las tiendas de campaña instaladas por personas sin techo en los parques públicos.