Rehén político militar denunció en una carta las torturas sufridas a manos del DGCIM

Caracas. – El rehén político militar de la Narcotiranía interina, Darwin Antonio Solís Benítez, logró difundir esta semana una carta en la cual denunció las torturas sufridas bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), desde su detención en 2017.

En la misiva, difundida por la abogada Tamara Suju en redes sociales, el sargento detalló las torturas que, aseguró, fueron ordenadas por Iván Hernández Dala, entonces director de la DGCIM, y el coronel Franco Quintero, director de investigaciones para la fecha. Los funcionarios del organismo lo llamaron un «trato especial».

En el texto describe golpizas, asfixia, agresiones físicas y otros presuntos tratos crueles sufridos tras su detención en Carabobo y posterior traslado a Caracas.

Solís explicó que fue detenido el 6 de agosto de 2017 por una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y la DGCIM en Naguanagua, estado Carabobo. Desde ese momento fue «golpeado, pateado, arrastrado y azotado con objetos contundentes (maderos y culatas de armas), incluso después de que ya me habían amarrado de manos y pies».

Debido a su estado de salud lo trasladaron al Hospital Carabobo, donde recibió suturas. Luego lo llevaron a la sede del DGCIM en Boleíta. Allí, según denunció, lo recibieron con golpiza y lo obligaron a permanecer en cuclillas toda la noche.

Afirmó que el 8 de agosto lo obligaron a firmar documentos sin poder leerlos. Después fue trasladado en helicóptero a Fuerte Paramacay, donde el director de la DGCIM, Hernández Dala, y el coronel Quintero habrían ordenado un “trato especial”.

Ese «trato especial» fue descrito por el militar: «Me golpeaban con una tabla por la planta de los pies, las rodillas, los codos y los glúteos, cortaban por debajo del tabique de mi nariz con un plástico y lo estiraban hasta la frente, me asfixiaron hasta perder la conciencia, creo que más de diez veces».

Luego, fue arrojado en un montón de basura, cubierto de moscas. Al oscurecer lo sacaron y «martillaron las uñas de mis manos con los cañones de los fusiles». Dos días después, el 10 de agosto, fue trasladado nuevamente a Caracas y presentado ante el Tribunal Militar 3° de Control «descalzo, en shorts, ensangrentado, con el cuerpo cubierto de hematomas y apenas pudiendo caminar».

Solís también denunció episodios de tortura en Ramo Verde. Señaló hechos ocurridos en octubre de 2017, enero de 2018 y mayo de 2018, que incluyeron uso de gas pimienta, golpizas, descargas eléctricas y ataques con perros contra los detenidos.

Movilizaron 931 presos del Internado Judicial de Barinas tras el motín

Caracas. – Un total de 932 reos fueron trasladados desde Internado Judicial de Barinas (Injuba), hacia otros centros penitenciarios del país, luego del motín que se extendió por varios días en ese penal.

El balance ofrecido por las autoridades chavistas de la entidad llanera precisan que la movilización sumó a 818 hombres y 113 mujeres. El informe también reveló que se logró el restablecimiento del orden institucional dentro de las instalaciones del penal.

Las autoridades también confirmaron la designación de Sanin Omar Colmenares Cocho como nuevo director titular de Injuba, nombramiento realizado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario tras la salida de Macuare Guerrero en medio de las denuncias por abusos, torturas y requisas violentas dentro del recinto.

El funcionario perteneciente al ente del narcorégimen interino, quien arribó procedente de Caracas, Distrito Capital, ya asumió las riendas de la institución para iniciar una nueva etapa administrativa en el penal de la capital barinesa.

El motín en Injuba involucró a cerca de 1.200 privados de libertad, muchos de ellos sobre los techos y torres del recinto denunciando maltratos y condiciones inhumanas de reclusión.

Un defensor público nacional fue también asignado para revisar los expedientes judiciales, acompañado por jueces de ejecución del Circuito Judicial Penal de Barinas, con el objetivo de agilizar trámites procesales de la población reclusa que permanece en el penal.

Se espera que se dicten normativas para permitir nuevamente la restitución de visitas, el levantamiento de castigos en celdas de aislamiento, entrega de alimentos, paquetería, agua potable y medicinas.

Exrehén político pudo recuperar su apartamento ocupado ilegalmente por un funcionario policial

Caracas. – El exrehén político uruguayo-venezolano José Breijo (73) pudo recuperar su apartamento este miércoles, luego que el funcionario policial que lo ocupaba ilegalmente se vio obligado a desalojarlo debido a la presión mediática que se generó en torno al caso.

La periodista Maryorin Méndez informó en su cuenta de X que «el funcionario llegó acompañado de otros y, tras un intercambio de palabras, se le entregó el apartamento a Breijo». El hecho ocurrió en un inmueble del edificio Pasquiareli, ubicado en el sector Bello Monte, en Caracas, y el funcionario que lo había habitado a la fuerza pertenece al Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) de la PNB.

También, el dirigente vecinal Carlos Julio Rojas informó, a través de redes sociales, que el procedimiento habría contado con la participación de funcionarios vinculados a la Presidencia, con el objetivo de devolver el inmueble al adulto mayor, quien fue excarcelado recientemente y, al llegar a su vivienda, se topó con la sorpresa de que estaba habitada por el efectivo policial.

Breijo se vio obligado a dormir en el pasillo del edificio durante los días que se mantuvo la ocupación ilegal. Luego de la recuperación del inmueble, habitantes de la zona exigieron la devolución de los objetos que aseguran fueron sustraídos durante el período de ocupación, así como una investigación formal sobre lo ocurrido.

Cabe señalar que Breijo estuvo recluido por más de dos años en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, luego de ser acusado de terrorismo por haber tomado una fotografía en una oficina relacionada con ciudadanos de Medio Oriente en 2023. Esta detención del ciudadano con doble nacionalidad fue calificada como arbitraria por activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Este 27 de mayo se cumplen 19 años del cierre de RCTV

Caracas. – Este miércoles se cumplen ya 19 años de uno de los hitos, en la historia de los medios de comunicación en Venezuela durante la Narcotiranía chavista: el cierre de la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal con mayor arraigo y más de 53 años de trayectoria para ese entonces.

Se trata de uno de los episodios más recordados y polémicos de la historia contemporánea de Venezuela, luego que el narcorégimen de Hugo Chávez decidiera no renovar la concesión del canal en señal abierta en 2007.

La salida de RCTV del aire marcó un antes y un después para la libertad de expresión en el país. A las 11:59 de la noche del 27 de mayo de 2007, la pantalla del canal se apagó tras 53 años de transmisión ininterrumpida, en medio de protestas estudiantiles, manifestaciones ciudadanas y fuertes críticas nacionales e internacionales.

En el set de Radio Caracas Televisión (RCTV), sus trabajadores gritaban “Libertad” mientras aplaudían, lloraban y se abrazaban. La señal del canal, uno de los más populares del país, estaba a punto de salir del aire por órdenes directas de Chávez.

La acción arbitraria e injustificada marcó un punto de inflexión, en el ecosistema mediático del país, y abrió una etapa de restricciones, cierres y transformaciones forzadas en medios de comunicación tradicionales.

Aquel domingo del 27 de mayo de 2007, los titulares de los principales medios del país ya advertían que el cierre del histórico canal era inevitable. RCTV no solo era uno de los canales más antiguos de Venezuela, sino también un símbolo de la televisión nacional. Producciones como novelas, programas humorísticos, concursos y espacios informativos marcaron generaciones enteras y formaron parte de la cultura popular venezolana.

Durante semanas, miles de venezolanos salieron a las calles para rechazar la medida, considerada por distintos sectores como un acto de censura contra uno de los medios más críticos del chavismo. El cierre también generó preocupación en organismos internacionales defensores de derechos humanos y libertad de prensa.

Luego, durante las horas posteriores al cierre desataron lo que la prensa denominó una «noche de sirenas y cacerolas». Las principales arterias viales del país se convirtieron en el escenario de manifestaciones reprimidas por los cuerpos de seguridad, mientras organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunciaban lo que consideraban un abuso de poder y un atropello antidemocrático.

Casi dos décadas después, el cierre de RCTV es recordado por analistas y defensores de los derechos humanos como el «kilómetro cero» del desmantelamiento del ecosistema de medios independientes en Venezuela.

De hecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) sostiene que el impacto de aquella decisión trasciende el hecho histórico y sigue teniendo consecuencias en el presente, en un contexto donde persisten denuncias de censura, bloqueos digitales y limitaciones para el ejercicio periodístico.

Diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa han señalado que, desde el cierre de RCTV, el panorama mediático venezolano ha experimentado una reducción progresiva de espacios críticos, así como el aumento de la autocensura entre comunicadores.

Este aniversario del cierre del canal, uno de los más emblemáticos de la televisión venezolana, vuelve a reabrir el debate sobre el estado de la libertad de prensa y el acceso a la información en el país.

Liberaron a rehenes políticos militares del caso Baduel o «Paracaidistas»

Caracas. –  Ocho rehenes políticos militares del llamado caso Baduel o “Paracaidistas” salieron en libertad este pasado lunes, luego que el Tribunal 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, decidiera otorgarles libertad plena.La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú, así como el Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), confirmaron la liberación de los siete sargentos de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista (con sede en Maracay, Aragua) y del general Ramón Lozada Saavedra.

Los uniformados habían sido detenidos en enero de 2017 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Entre ellos están los efectivos castrenses Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero.

Suju reportó, a través de su cuenta en la red X, que la decisión alcanza a la totalidad de los militares procesados en este expediente, uno de los casos más emblemáticos de persecución contra oficiales disidentes.

En enero de 2018 los militares fueron devueltos a su comando en Maracay tras haber sido detenidos inicialmente, pero mientras esperaban una reunión con el entonces general Juan Carlos Du Boulay fueron apresados por otros efectivos de la DGCIM Aragua con una supuesta orden de captura girada desde Caracas.

Tras la captura, los paracaidistas fueron sometidos a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos a un supuesto intento de golpe de Estado que encabezaba el exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel.

En el caso del general retirado Ramón Lozada Saavedra fue detenido el 21 de enero de 2017 por traición a la patria e instigación a la rebelión. En 2018 se le otorgó una medida sustitutiva de libertad, aunque un año más tarde fue detenido nuevamente y vinculado a una conspiración para, presuntamente, «asesinar» a Nicolás Maduro.

La liberación se produce en medio de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos anunciado por las autoridades desde inicios de 2026. Familiares y defensores de derechos humanos celebraron la noticia, aunque exigieron justicia por las irregularidades y las condiciones sufridas durante casi una década.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial detallado por parte del Ministerio Público ni del Ministerio de Defensa sobre las causas del sobreseimiento o archivo del caso.

Hugo Carvajal estaría negociando ofrecer a EE. UU. información sobre manejos ilícitos de Rodríguez Zapatero

Caracas. – El exjefe de inteligencia del chavismo, Hugo «el Pollo» Carvajal, estaría negociando ofrecer información a EE. UU., relacionada con el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y presuntas comisiones vinculadas a negocios en Venezuela.

Así lo dio a conocer este martes el periodista español David Alandete, de la cadena ABC, al indicar que el exjefe de la inteligencia chavista, estaría tratando de modificar varios puntos del escrito de inculpación, mientras mantiene conversaciones con los fiscales estadounidenses.

Si bien «falta que haya interés de los fiscales en Nueva York», tal como apunta el comunicador, su testimonio podría ofrecer datos relevantes sobre la relación del exmandatario español con el régimen venezolano.

El exmilitar venezolano, que ya se encuentra bajo el foco judicial en EE. UU., continúa su proceso de cooperación con la Fiscalía en el marco de varias causas abiertas. Su situación procesal ha estado marcada por su extradición desde España en 2023 y por su implicación en investigaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.

Las informaciones apuntan a que Carvajal habría ampliado su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses aportando datos sobre diferentes supuestas operaciones económicas vinculadas al entorno político venezolano. Dentro de ese material se incluirían referencias a figuras internacionales, aunque por el momento no han trascendido detalles oficiales confirmados por la justicia.

Por su parte, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha negado en distintas ocasiones cualquier relación con el cobro de comisiones o la participación en actividades irregulares vinculadas a Venezuela. El exdirigente socialista ha defendido públicamente la legalidad de sus actividades y su papel en procesos de mediación internacional.

En un reciente video publicado tras su imputación, Zapatero volvió a rechazar las acusaciones relacionadas con supuestas operaciones económicas, asegurando que nunca ha recibido pagos ilícitos ni ha participado en negocios irregulares con el país sudamericano.

El caso por el que está siendo investigado Zapatero se enfoca en el presunto lavado de dinero opaco procedente de Venezuela, y está además vinculado con el rescate público de USD$ 61.5 millones, que el Gobierno de Pedro Sánchez entregó a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia por coronavirus.

La Audiencia Nacional detalla que el expresidente y personas de su entorno, habrían recibido de forma presuntamente alrededor de USD$ 2,26 millones, producto de negocios bajo cuerda. Acá es donde la información en manos del ‘Pollo’ Carvajal podría ser útil.

María Corina califica escándalo de Rodríguez Zapatero como parte del “saqueo más cruel» de Venezuela

Caracas. – Como parte del “saqueo más cruel de la historia” de Venezuela, la dirigente política María Corina Machado calificó este pasado lunes, al escándalo judicial que involucra al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

En una entrevista concedida al diario español El Mundo, Machado dijo no estar nada sorprendida por la imputación de Rodríguez Zapatero, como presunto líder de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra, caso que conecta con Venezuela por varias vías.

La líder política recordó que, durante la llamada “década prodigiosa” de Zapatero en Venezuela, advirtió y criticó sus maniobras mientras otros negociaban o guardaban silencio. El tiempo, según la opositora, le dio la razón.

«Lamentablemente todas estas investigaciones y escándalos terminan llevando a Venezuela», admitió la también ganadora del Nobel de La Paz 2025. Igualmente, Machado aseveró que el devenir de los hechos ha terminado por convalidar sus advertencias previas.

«Tengo la convicción de que todo saldrá a flote, que toda la verdad se sabrá pronto», manifestó de forma contundente, reiterando un pronunciamiento que ya había esbozado meses atrás cuando anticipó que «la historia será implacable» frente a los hechos de corrupción, que han afectado el patrimonio público venezolano.

Asimismo, criticó la figura de Zapatero como mediador y cuestionó: “¿Mediador entre quién?”.Sobre la situación actual del país, Machado describió una realidad compleja: anaqueles repletos de productos importados que la mayoría no puede pagar, hambre persistente y una población que alterna esperanza con desesperación.Insistió que la meta, por los momentos, es exigir elecciones presidenciales limpias.

“Las elecciones son inevitables. Y mientras antes ocurran, mejor para Venezuela, mejor para Estados Unidos, mejor para la región y también mejor para los Rodríguez”, señaló.

“Evidentemente el rodrigato, como les dicen, por supuesto que no quieren elecciones, se quieren quedar para siempre, al final son comunistas. Ellos no están liberando a los presos políticos porque tuvieron una reflexión en su conciencia de los crímenes que han cometido. Han actuado así ante las instrucciones muy firmes y muy claras de EE. UU. con consecuencias inmediatas si no lo hacen”, aseveró la dirigente.

Fiscalía de EE. UU. inició segundo caso penal contra Maduro por blanqueo de capitales

Caracas. – La Fiscalía federal de EE. UU. inició esta semana una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, esta vez enfocada en delitos de blanqueo de capitales y operaciones financieras vinculadas al chavismo.

Se trata de un nuevo caso judicial desarrollado en Miami, bajo la coordinación del Distrito Sur de Florida, una de las oficinas con mayor experiencia en procesos relacionados con corrupción venezolana y lavado de dinero internacional.

Las pesquisas, según fuentes conocedoras del caso, llevan varios meses en marcha y fueron activadas formalmente alrededor de marzo, cuando el dictador venezolano ya estaba bajo custodia en EE. UU. tras la operación militar ordenada por Donald Trump en enero de este año.

Maduro enfrenta actualmente juicio por el caso abierto en Nueva York, donde está acusado de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. Aunque se declaró “no culpable”.

Ahora, según las fuentes este nuevo caso es dirigido por el fiscal Michael Berger, con participación de agentes del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Fiscales y agentes mantuvieron en marzo una reunión para revisar expedientes relacionados con Maduro y Alex Saab, empresario colombiano nacionalizado venezolano señalado de ser operador financiero del chavismo.

Cabe señalar que el caso se inicia, justamente luego que Saab fuera extraditado a EE. UU. y acusado de participar precisamente en una conspiración de lavado de dinero, relacionada con un programa público de asistencia alimentaria venezolano.

Trascendió que funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca mantienen dudas sobre la solidez del expediente en Nueva York, entre otras razones porque no contempla cargos por blanqueo de capitales y dependerá de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein.

En ese sentido, la investigación en Miami podría convertirse en una alternativa si surgen obstáculos legales en Nueva York. 

Samark López confesó que Tarek William Saab lo obligó a involucrar a Diosdado en conspiración contra Maduro

Caracas. – Durante la tercera audiencia del caso PDVSA-Cripto celebrada este pasado lunes, el empresario Samark López, testaferro del exministro Tareck El Aissami, reveló que el exfiscal general Tarek William Saab lo obligó a grabar videos en los cuales debía involucrar a varias figuras de conspirar, entre ellas Diosdado Cabello, en contra de Nicolás Maduro.

Así lo reveló el exfiscal chavista, Zair Mundaray, a través de su cuenta en la red X, al exponer que la revelación más impactante, que dejó la sala en silencio, fue que el primer nombre en la lista de Saab era el de Cabello.

De acuerdo con el testimonio de Samark López, el exfiscal quería que acusara a Cabello de estar recabando dinero y comprando voluntades para tumbar a Maduro. Además de Cabello, Saab habría insistido en incluir en esa supuesta conspiración a Julio Borges y Leopoldo López, entre otros.

Según el testimonio de López, el exfiscal quería que acusara a Cabello de estar recabando dinero y comprando voluntades para tumbar a Maduro. Además de Cabello, Saab habría insistido en incluir en esa supuesta conspiración a Julio Borges y Leopoldo López, entre otros.

La estrategia de Saab tenía dos objetivos: «quitarlos del medio en caso de ser obstáculos para su sostenimiento en el poder» y, en otros casos, «extorsionarlos», tal como lo explicó López, quien también reiteró en esta audiencia las torturas que dijo haber sufrido a manos del propio exfiscal.

Murió la quinta madre de un rehén político en lo que va de 2026

Caracas. – Este lunes se conoció del fallecimiento de la madre de otro rehén político de la Narcotiranía interina. Se trata de María Concepción Sánchez, madre del trabajador petrolero Joan Enrique Cruz Sánchez, secuestrado por el caso PDVSA-Obrero.

Sánchez murió tras sufrir un ACV, luego de conocer que su hijo no fue incluido en las recientes excarcelaciones del citado caso judicial. La mujer padeció el accidente cerebrovascular el pasado jueves 21 de mayo, y fue recluida con pronóstico reservado en el Hospital de San Juan de los Morros, estado Guárico.

La tragedia de María Concepción Sánchez refleja una realidad alarmante dentro de la crisis penitenciaria nacional. Al menos cinco madres de presos políticos han muerto este año producto del dolor y el desgaste físico. El patrón de fallecimientos muestra el impacto devastador del encierro sobre los entornos familiares más cercanos. Las mujeres sufren afecciones cardíacas y derrames cerebrales mientras exigen la libertad de sus hijos.

Los registros de las organizaciones civiles muestran casos dramáticos. Yarelis Salas, madre de Kevin Orozco, murió de un infarto el 21 de enero tras participar en vigilias en Tocorón. Carmen Dávila, progenitora del médico Jorge Yéspica, falleció por insuficiencia respiratoria dos días después de la liberación de su hijo. Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, sufrió un ACV mortal tras acompañar al comunicador a su primera audiencia judicial.

El caso más connotado y reciente es el de Carmen Teresa Navas, quien pereció nueve días después de enterarse que su hijo, Víctor Hugo Quero, murió preso bajo custodia estatal. La mujer pasó un año peregrinando por instituciones del gobierno que ocultaron la información del deceso ocurrido en julio de 2025.

Sobre el caso de Sánchez se conoce, que Joan Cruz, su hijo, permanece detenido bajo el expediente PDVSA-Obrero. Alrededor de 170 empleados de la estatal petrolera terminaron tras las rejas por denunciar corrupción o exigir mejoras laborales.

Aunque el narcorégimen interino liberó recientemente a 27 técnicos en el estado Falcón, el joven sigue recluido en la cárcel de Yare II. Esta exclusión quebrantó la salud de su madre de forma definitiva.